El Grupo Parlamentario Popular pedirá en el próximo pleno de las Cortes el «inicio inmediato» de las negociaciones entre el Ejecutivo central con el Gobierno de la República Portuguesa para adaptar el contenido y efectos del conocido como ‘Convenio de Albufeira’ ante el «rotundo» cambio de las bases económicas y sociales desde que se firmó en el año 1998. De hecho, los ‘populares’ no descartarían la posibilidad de denunciar este convenio, que se aplica a las cuencas de los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana, en el caso de que las negociaciones entre los países vecinos resultasen insatisfactorias.
Así consta en la propuesta de resolución de una de las proposiciones no de ley (PNL) que llevarán los ‘populares’ al próximo pleno ante el «masivo desembalse» decidido por el Gobierno de la nación desde el mes de julio «sin diálogo con los afectados y sin tener en cuenta sus consecuencias con un «importante malestar» en las comunidades de regantes de León, Zamora y Salamanca y en otros sectores económicos, como el turístico, «que necesitan de un volumen mínimo en los pantanos y embalses para el desarrollo de su actividad».
«Los sectores afectados y la sociedad, en general, merecen una urgente explicación y que se adopten las medidas correctoras necesarias», exige el Grupo Popular que pide establecer «los mecanismos necesarios» para paliar las pérdidas que han causado los últimos desembalses al sector agrícola y al resto de sectores afectados «por la reducción drástica del nivel del agua en los embalses y pantanos principalmente de León y Zamora».
El PP también aboga por articular «las medidas cautelares necesarias» para corregir los «efectos negativos» sobre la situación de los embalses y dotaciones de agua para riego y otros usos y un replanteamiento urgente del nuevo Plan Hidrológico Nacional orientado al uso eficiente del agua y a la creación de reservas hídricas que se puedan utilizar en periodos de carencia, junto al compromiso de aprobar unos planes hidrológicos de cuenca, incluido el correspondiente al Duero, «más y mejor regulados y gestionados».
A esto añaden la necesidad de nuevas infraestructuras que aumenten las reservas y almacenamiento de agua y garanticen la cobertura de necesidades de riego y otros usos, «todo ello de acuerdo con la resolución aprobada en el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado el 20 y 21 de septiembre de 2022», reivindican.
