A poco menos de un mes de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas el Personal Laboral en el Exterior (PLEX) destacado en el Reino Unido han decidido emprender una protesta para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que cumplan con los aumentos salariales que han sido pactados con antelación y que hasta la fecha no han sido honrados por parte del Ejecutivo.
Se refieren principalmente a una subida del 8,75% que fue pactada tras una huelga que hicieron el año pasado los trabajadores de ministerios que tiene oficinas en el Reino Unido , en especial a las oficinas de Comunicación dependientes de la Presidencia, por lo que quieren aprovechar la presión que están ejerciendo también los jueces y fiscales para sumarse a la ola de protestas contra el Gobierno, con miras a obtener reivindicaciones salariales.
Así lo dieron a conocer a través de un comunicado que fue compartido con los medios de comunicación, en el cual señalaron además que exigen que se haga efectiva la subida de otro 3,5% que aparece contemplado en el Acuerdo marco para la Administración del Siglo XXI para todo el personal laboral en el exterior y no solo el que está en Reino Unido, sino en todos los países del mundo, pues alegan que están esperando esta reivindicación desde 2022 y que ya han transcurrido cuatro meses del 2023 sin que se les haya dado una respuesta.
Otra de las demandas de estos empleados de la administración pública tiene su origen en la falta de personal que tienen en esa delegación diplomática, para poder atender a los votantes españoles que quieran ejercer el derecho al voto en ese país, sobre todo este año, en que habrá dos procesos electorales.
En el comunicado que enviaron a los medios de comunicación el personal diplomático de Reino Unido señaló que a esta fecha no han sido convocadas las 300 plazas solicitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores para reforzar la plantilla en las oficinas consulares, a raíz de la Ley de Memoria Democrática y que ya han sido aprobadas por el Ministerio de Hacienda, además de otras 150 plazas que habían sido prometidas para hacerle frente al fin del voto rogado.
Los empleados diplomáticos denuncian que el Gobierno está apelando al uso de los «falsos autónomos» con contratos temporales en diversas oficinas consulares, a manera de colaboración, para atender las contingencias del año electoral y el volumen de personas tratando de solicitar la nacionalidad española a partir de la aprobación de la recién aprobada Ley de nietos.
Otra de las denuncias hechas por los trabajadores diplomáticos españoles que están en el Reino Unido es que sigue pendiente el traslado de la sede del Consulado General de Londres a otra oficina , que está en espera desde hace varios años, debido a que el edificio donde actualmente funciona esta sede diplomática no cuenta con los espacios de trabajo adecuados y mínimos para poder brindar atención adecuada a las personas que acuden allí a hacer trámites.
«Ha pasado más de un año desde el inicio de la huelga del personal laboral en el exterior (PLEX) en Reino Unido y de las reivindicaciones en Alemania, de los lunes negros a nivel mundial y de las preguntas parlamentarias y proposiciones no de ley de los distintos grupos parlamentarios en el Congreso. Tras todas las situaciones anteriormente denunciadas, únicamente nos llegan palabras bonitas por parte del Ministerio de Exteriores y de sus altos cargos, pero totalmente vacías; así como se están quedando algunas oficinas de estos servicios centrales en España y en el exterior», expresaron los trabajadores diplomáticos en un comunicados publicado en las redes sociales de la organización.
Todo parece indicar que este último mes antes de las elecciones, muchos funcionarios del Gobierno aprovecharán el deseo del PSOE de mantenerse en el poder para presionar y lograr reivindicaciones salariales, porque saben que desde el Ejecutivo están dispuestos a ceder, por la necesidad que tienen de garantizarse los votos, al menos del sector público, así como se han esforzado por beneficiar a los pensionados, donde saben que también hay un nicho importante de votantes que en este momento son necesarios para tratar de ganar en las próximas elecciones generales que se celebrarán en noviembre.
Ante toda esta situación el Gobierno ha guardado silencio y solo la ministra de Justicia, Pilar Llop ha señalado que no estaban en un momento económico óptimo para ceder a las peticiones que están haciendo jueces y fiscales. Falta ver cuál será la respuesta del ministro José Manuel Albares ante esta situación.
