El todopoderoso ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños encara el nuevo año con demasiados frentes abiertos y, a cada cual, más complicado. Con los partidos de la oposición en contra (PP, Vox y UPN) tiene muy difícil avanzar en sus objetivos: renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); sacar adelante la ley de la amnistía una vez haya pasado los trámites del Congreso y el Senado tendrá que lidiar con las estancias judiciales para su aplicación caso por caso y, por último, la reforma de algunos artículos de la Constitución, con solo uno consensuado desde la anterior legislatura, el artículo 49 para que desaparezca la palabra «disminuidos».
Al tomar posesión de la cartera de Justicia se mostró optimista asegurando que intentaría que la Justicia sea «más eficiente, más accesible y mejor preparada para abordar los retos que plantea de la disrupción tecnológica». Poco se imaginaba que se iba a encontrar con toda la judicatura en pie de guerra. Casi todos los jueces parecen haberse unido contra la ley de amnistía. Sánchez deberá afrontar la lucha en el Congreso y en el Senado, pero Bolaños deberá lidiar con todos los estamentos jurídicos.
El frente es tan amplio que Bolaños ya empezó poco después de tomar posesión del cargo a dar todo lujo de explicaciones a las instancias europeas. El PP ha llevado el problema ante el Consejo de Justicia Europeo, pero tiene previsto llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hasta que éste no resuelva (y pueden pasar meses), Puigdemont y todos los amnistiados no podrán pasear libremente por las calles de Cataluña. Bolaños deberá hacer uso de toda su influencia y maestría para que no se produzca un incumplimiento de lo acordado con Junts y ERC. De no lograrlo, se pondrá en peligro la propia legislatura de Pedro Sánchez.
Y en paralelo, deberá ir adaptando todos los cambios que se introduzcan en la Constitución derivados de los acuerdos parlamentarios con los socios del Gobierno, o nuevas reformas del Código Penal como sería por ejemplo la iniciativa presentada a final de año por Sumar para eliminar el enaltecimiento del terrorismo y las ofensas a la Corona. Los socios de Sánchez pretenden que pasen a formar parte de la libertad de expresión.
LA RENOVACIÓN DEL CGPJ, UN OBJETIVO IMPOSIBLE ANTE LA FALTA DE SIINTONÍA ENTRE SÁNCHEZ Y FEIJÓO
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el segundo frente abierto. No puede hablarse de cuál es más importante. La ley de amnistía afecta totalmente al poder legislativo; la renovación del órgano de los jueces, al poder judicial, y éste lleva cinco años sin renovarse, con la pérdida de credibilidad y de la misma agilidad de la Justicia. De continuar sin renovarse esta legislatura, cumpliría nueve años sin variar, excepto por las jubilaciones que se irán produciendo. No sería de extrañar ante el bloqueo de la situación que los propios miembros del CGPJ decidieran dimitir en bloque.
Si cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a liderar el PP, Bolaños estuvo a punto de cerrar un acuerdo que, de forma incomprensible, quedó frustrado. En 2024 ese cambio se antoja como totalmente imposible, toda vez que las relaciones entre Pedro Sánchez y Feijóo no existen. Y si los dos principales partidos del arco político no se ponen de acuerdo, la renovación es inviable. El PP ya se lo ha dejado claro a Sánchez, el cambio de los miembros del CGPJ tiene que producirse al mismo tiempo que la reforma del órgano y el modelo de su elección.
Pero las prisas de Sánchez por cambiarlo no son compatibles con negociar un cambio de modelo de elección, que llevaría mucho más tiempo. El incumplimiento de lo que dice la Constitución es flagrante, y el prestigio de las instituciones públicas comienza a deteriorarse. Por su fuera poco, y antes de que estuviera redactado el propio borrador de la ley de amnistía, los jueces conservadores del CGPJ ya tildaron la ley como «la abolición del Estado de Derecho».
BOLAÑOS DEBERÁ DEFENDER A JUECES Y FISCALES ANTE LOS ARREBATOS DE LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES
Para complicar aun más las cosas en 2024, Bolaños deberá apaciguar a gran parte de la judicatura, atacada desde Junts y con el ‘lawfare’ del acuerdo de investidura planeando sobre sus cabezas. Si lograra la renovación del CGPJ comenzarían a alejarse las sombras sobre la credibilidad de la justicia que desde las instancias independentistas catalanes han empezado a desplegar. Y para rizar aún más el rizo, serán las propias instancias judiciales las que deberán caso por caso aplicar la ley de amnistía una vez sea aprobada por las Cortes.
Y al mismo tiempo en este 2024, Bolaños deberá lograr el equilibrio de su defensa, como se ha comprometido, a todos los miembros de la judicatura, jueces y fiscales y, por otro lado, no confrontar con los socios independentistas de Sánchez que van a por todas aupados por los 7 votos que necesitará Sánchez en cualquier iniciativa legislativa que emprenda, con los Presupuestos Generales del Estado como primera prueba de fuego.
Otro de los frentes abiertos que le dejó su antecesora Pilar Llop fue la subida salarial de los funcionarios. Los sindicatos ya han empezado a calentar motores para que este asunto quede despejado cuanto antes, ya que jueces, fiscales y demás miembros de la judicatura ya tuvieron su subida salarial. Los sindicatos de los funcionarios de la Administración de Justicia están dispuestos a paralizar todos los juicios y procesos abiertos hasta que se les reconozca su subida salarial y haya un compromiso de aumentar la plantilla.
