Varios agentes de la Guardia Civil adscritos a la Unidad Central Orgánica (UCO) de la Benemérita entraban durante la mañana de este miércoles en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y en el domicilio particular del expresidente de la misma, Luis Rubiales, en Granada.
Los agentes buscaban pruebas de los pagos y actas de los acuerdos firmados entre la RFEF, la empresa Kosmos del exjugador del Barça y la selección española, Gerard Piqué, y la empresa SELA, la empresa estatal saudí encargada de la organización de eventos deportivos, sobre todo fútbol, en aquel país. Los investigadores también buscan rastro de los acuerdos firmados por Rubiales en China y otros contratos menores como la remodelación del estadio sevillano de La Cartuja en 2020 por parte de la constructora Gruconsa.
Los registros se iniciaron por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), después de que sus requerimientos sobre contratos y números de cuenta fuese ignorada por las partes. La querella contra Piqué y Rubiales fue interpuesta el 30 de mayo de 2022 por la asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presidida por Miguel Ángel Galán Castellanos por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Fue admitida a trámite el 27 de junio por la magistrada Delia Rodrigo, que ordenó los registros y detenciones.
Entonces la Fiscalía Anticorrupción inició su propia investigación sobre la gestión de Rubiales para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, con la intermediación de Kosmos Global Holding, la empresa de Gerard Piqué. Tras la publicación de una serie de audios entre Piqué y Rubiales la asociación de Galán decidió ampliar la denuncia, acusando a ambos de obtener una comisión de 24 millones de euros, que habrían tratado de ocultar a la RFEF.
REGISTROS EN LA VIVIENDA DE RUBIALES
En un informe fechado el 18 de octubre de 2022 la Fiscalía Anticorrupción sólo hacía referencia a «diversos contratos celebrados con motivo de la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí y el «arrendamiento por la RFEF de una vivienda para uso de su presidente».
En el primero de los asuntos Fiscalía sostenía que el acuerdo con Sela, firmado el 11 de septiembre de 2019, consistía en la cesión por parte de la RFEF de los derechos de organización de tres partidos de esta competición, en concreto «dos partidos de semifinales y un partido final» de la Supercopa durante 6 años a partir de 2020, así como los «derechos exclusivos de retransmisión para el Medio Este de Asia y el Norte de África. La cantidad a percibir por la RFEF es de 30.000.000 millones de euros por año (estipulación 6ª)».
Las partes pactaron en ese contrato una comisión de tres millones de euros anuales como prima de éxito para el agente o tercera parte, en este caso la empresa de Piqué. «The parties agree that a Commision Fee of Euro Three Million per year shall be paid by SELA to a third-party Agent», según recoge ese acuerdo. Asimismo, establecieron que este pago «era una obligación esencial del acuerdo y que, en caso de que Sela no pagase el total importe de la tarifa de éxito a la tercera parte, agente, la RFEF tendría derecho a rescindir este acuerdo sin penalización y con el derecho a conservar cualquier cantidad percibida», según el informe de la Fiscalía para el Juzgado.
Además, el 11 de septiembre de 2019, se firmó un nuevo acuerdo entre las mismas partes «en el que a cambio de una serie de servicios que le proporcionaría la RFEF, ésta recibiría una cantidad de 10.000.000 euros anuales en el mismo período del contrato anterior, es decir, 6 años».
Este documento se suscribió, además de por RFEF y Sela por Kosmos Football y en el mismo se manifestaba únicamente «que el agente al que se referían las estipulaciones 6.5 y 6.3, (…) era Kosmos Football» y añaden que «la redacción de estas dos estipulaciones sólo tiene sentido si la prestación de los servicios se ha realizado por el agente a la RFEF y Sela asume el pago al agente por cuenta de la RFEF, ya que en otro caso a la RFEF le sería indiferente que Sela cumpliera el supuesto contrato que pudiera haber firmado por Kosmos.
Además, de las citadas estipulaciones y del acuerdo adicional del 11 de septiembre, que también firmó Kosmos, se deduce que la relación entre la RFEF y Kosmos se quiso mantener oculta».
El miércoles a primera hora de la tarde la UCO detenía a Tomás González Cueto, abogado y asesor jurídico de la RFEF desde la llegada de Rubiales a la presidencia en 2018. También fueron detenidos José Javier Giménez, director de RRHH de la RFEF, Pedro González Segura, director jurídico de la RFEF, Ramón Caravaca, de la oficina de Tomás González, Ángel González Segura, hermano de Pedro González y director de la zona sur de la constructora Gruconsa y un amigo de Rubiales, cuya identidad no ha trascendido hasta el momento, del equipo jurídico. Además, nada más pisar suelo español Luis Rubiales será detenido.
LA CARTUJA REGISTRADA
A consecuencia de las mismas investigaciones la UCO registró también el miércoles la sede del Estadio de la Cartuja, en Sevilla, que albergó la final de la Copa del Rey en 2020. Pero el estadio se encontraba en situación precaria y la RFEF inyectó algo más de 1.000.000 de euros para modernizar el campo. Rubiales también consiguió celebrar algunos partidos de España para la fase de clasificación de la Eurocopa. Los investigadores de la Guardia Civil sospechan de la elección a dedo de la constructora que hizo ese trabajo.
Caravaca habría sido una de las personas que usó una sociedad inmobiliaria para espiar supuestamente a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), según publicó el diario El Confidencial. Mientras tanto, Rubiales está en República Dominicana asistiendo como testigo privilegiado a estos acontecimientos, aunque ya ha anunciado que volverá a España lo antes posible.
