La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, el desglose completo de los 300 millones de euros que el Gobierno central asegura haber transferido a las comunidades autónomas en materia sanitaria desde 2018. La exigencia, plasmada en una carta de la consejera Matute, llega después de que Madrid calculase que apenas recibe 1,20 euros por ciudadano para dos de los retos más acuciantes de la salud pública: la atención a la salud mental y la prevención del suicidio.
Qué esconde la cifra de 300 millones: 1,20 euros por madrileño para salud mental
En la misiva, la Consejería de Sanidad desmenuza las cuentas. Según el reparto aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a la Comunidad de Madrid le correspondieron 5.846.809,31 euros para salud mental y 2.673.041,28 euros para prevención del suicidio. En total, 8.519.850,59 euros. Traducido a población, eso equivale a 0,82 euros por madrileño para salud mental y 0,38 euros para prevención del suicidio. La suma apenas alcanza los 1,20 euros por persona, según los cálculos que maneja el Gobierno autonómico.
La exigencia de transparencia no es un capricho. La Comunidad de Madrid advierte de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recortó el gasto sanitario en 1.500 millones de euros entre 2023 y 2024, un dato que contradice la narrativa de un esfuerzo presupuestario récord. «Por eso resulta difícil sostener esa afirmación sin un respaldo documental completo, verificable y desglosado», se lee en la carta remitida a la ministra.
La huelga médica como telón de fondo y la acusación de ‘falta de liderazgo’
Matute aprovecha la ocasión para cargar contra la gestión del conflicto sanitario que mantiene en vilo a las consultas desde el pasado diciembre. La consejera denuncia la «falta de liderazgo» del Ministerio y la «ausencia de una voluntad real de diálogo» para poner fin a una huelga que se ha extendido una semana al mes de forma ininterrumpida. En su opinión, no se pueden abordar nuevos debates en un Consejo Interterritorial mientras el propio Ministerio elude su responsabilidad de encauzar el conflicto con los facultativos.
La misiva reclama documentación concreta: los informes técnicos, jurídicos y la memoria económica del nuevo Estatuto Marco que, según aseguró la propia ministra en el seno del Consejo, ya se habían trabajado con los Ministerios de Hacienda, Función Pública y Trabajo. «Si esos trabajos existen, deben ponerse inmediatamente a disposición de las comunidades autónomas; y si no existen, convendría aclararlo con la misma transparencia», exige Matute.
Madrid recibe menos de lo que cuesta un café por ciudadano para enfrentar dos de los mayores retos sanitarios del momento.
Por qué la pelea por las transferencias es en realidad una batalla preelectoral
La tensión entre Sol y Sanidad trasciende lo presupuestario. Mónica García, exlíder de Más Madrid y hoy ministra, es señalada en el PP madrileño como la más que probable candidata de la izquierda a la Presidencia regional en 2027. A menos de un año de las autonómicas, cada cruce de cifras se convierte en munición electoral. La propia Ayuso ya ha utilizado el andamiaje de la financiación sanitaria para diferenciar su modelo del que, a su juicio, promueve el Gobierno central.
La estrategia no es nueva. Madrid ha denunciado históricamente que el reparto de fondos sanitarios por parte del Ejecutivo central beneficia a comunidades afines. En esta ocasión, el hecho de que el plan de salud mental y prevención del suicidio apenas otorgue 1,20 euros por madrileño alimenta el discurso de agravio. La comparación con otras autonomías que, con menor peso poblacional, reciben partidas proporcionalmente más generosas, es inevitable.
El próximo Consejo Interterritorial será la primera prueba de fuego. Si el Ministerio no facilita el desglose reclamado, Madrid tendrá el argumento perfecto para sostener que los 300 millones anunciados son más propaganda que dinero real. Una carta que, más allá de los números, retrata la anatomía de un pulso político que se librará en las urnas dentro de un año.
