El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha citado a Begoña Gómez el próximo 9 de junio para que escuche las acusaciones que se formulan contra ella.
Mediante un auto judicial dictado recientemente, el instructor ha requerido la comparecencia obligatoria de Gómez para que asista a una audiencia preliminar fijada para el próximo 9 de junio. Esta decisión no afecta en exclusiva a la mujer del jefe del Ejecutivo, ya que el juez ha extendido la citación a las otras dos personas que figuran como investigadas en la causa penal: Cristina Álvarez, asistente personal de Gómez en el Palacio de la Moncloa, y el empresario aragonés Juan Carlos Barrabés.
En juez Peinado explicita claramente que «dichos acusados comparezcan personalmente» a la cita del 9 de junio. Además, el magistrado ha incluido una advertencia formal y contundente, señalando que la convocatoria se realiza «con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública» en caso de que decidan no presentarse de forma voluntaria.
El objetivo primordial de esta comparecencia física y obligatoria es celebrar el acto procesal con las máximas garantías legales y, según detalla el propio documento, valorar si procede la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal que sirvan para evitar o mitigar el riesgo latente de que los investigados intenten eludir la acción de la justicia.
Esta fase del proceso llega después de que el propio instructor planteara formalmente la conveniencia de juzgar a Begoña Gómez mediante un tribunal de jurado popular. Los cargos y presuntos delitos que pesan sobre ella en el marco de esta investigación abarcan la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias, la corrupción en los negocios y la apropiación indebida de marca, relacionada esta última con el software de la Universidad Complutense.
Para justificar la rigidez de las medidas, el juez Peinado enfatiza en su escrito que, «dada la extensión de la pena que pudiera serles impuestas», existe una sospecha fundada de que la gravedad del castigo penal «podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados tendente a eludir la acción de la justicia», motivando así el estricto blindaje de la vista.
La trascendencia de la audiencia preliminar del 9 de junio queda reflejada también en la lista de partes convocadas. Además de los tres acusados principales y sus respectivos equipos de defensa letrada, están llamados a personarse los representantes de la Fiscalía, las distintas acusaciones populares personadas en la causa (como Vox o el sindicato Manos Limpias) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que actúa en el proceso en calidad de acusación particular al considerarse perjudicada institucionalmente.
Por el contrario, la estrategia legal de Begoña Gómez se mantiene firme en la reclamación de su total inocencia. En el escrito de defensa remitido por su abogado, se solicita formalmente su libre absolución en el caso de que la causa termine desembocando finalmente en un juicio oral. La defensa de la esposa del presidente sostiene firmemente que los hechos por los que se la viene investigando «no son constitutivos de delito alguno» y argumenta de forma directa que existe una manifiesta «mala fe» por parte de las acusaciones que impulsan el caso.
En este sentido, la defensa de Gómez ha denunciado públicamente la «temeridad de las acusaciones» vertidas contra ella, asegurando que dicha falta de rigor legal se ha evidenciado a lo largo de todo el procedimiento judicial debido a que, a su juicio, ha existido una «inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente» desde el inicio de las pesquisas.
Fiscalía pide el archivo
Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid reclamó a la Audiencia Provincial de Madrid que archive el caso al «no ser los hechos constitutivos de infracción penal», según informó el Ministerio Público en una nota.
Fiscalía solicitó que estime su recurso de apelación, «dictando resolución por la que se acuerde, respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal», explica.
Y en otro escrito, dirigido a Peinado, la Fiscalía volvió a pedir al juez que archive el caso y avanzó que reclamaría la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.
24 años de prisión
Las acusaciones populares piden hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por «evidente riesgo de fuga».
Así lo pidió Hazte Oír en representación de las diversas acusaciones populares de la causa, en la que también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España.
Hazte Oír también pide 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta malversación y por ser «cooperadora necesaria» en el resto de delitos que también atribuyen a la esposa del presidente.
Asimismo, solicita seis años de cárcel para el empresario Juan Carlos Barrabés por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
