La Generalitat ha decidido no renovar el mapa concesional del autobús interurbano, en un movimiento que consolida un modelo propio de gestión y lo aleja del plan de liberalización que prepara Madrid. El Govern de Salvador Illa firmó ayer un decreto ley que prorroga las concesiones actuales hasta 2034 y bloquea la entrada de nuevos operadores privados a las más de 200 líneas de la red.
La decisión ha provocado el rechazo inmediato de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que recuerda que la mayoría de estas concesiones se adjudicaron entre los años 40 y 70 del siglo pasado y llevan más de cinco décadas sin concurso abierto. En un comunicado, el organismo presidido por Roger Loppacher califica la medida de “perjudicial para la competencia” y sostiene que renovar los contratos permitiría obtener servicios “más baratos, variados y de más calidad”.
Un decreto ley que aplaza la competencia hasta 2034
El argumento oficial del Departament de Territori es la falta de tiempo para redactar unos pliegos complejos y la necesidad de acelerar la descarbonización de las flotas. El decreto obliga a los actuales prestatarios a invertir en vehículos limpios, pero deja intacto el reparto del negocio.
Lo que el Govern presenta como una medida de prudencia, en la práctica atrinchera a dos grandes operadores. Según los datos que maneja la ACCO, Moventis y Sagalés acumulan el 45,8 % de los viajeros del sistema interurbano catalán. El coste medio por kilómetro en Cataluña ronda los 15 céntimos, más del doble que la media española (7 céntimos) y muy por encima de Francia (5,4) y Portugal (3,7).
La patronal Direbús, que agrupa a las pymes del sector, ha denunciado ya el decreto ante la propia ACCO por “distorsiones graves a la libre competencia” y cierres de mercado. La presión legal no ha hecho más que empezar.
El espejo de Madrid: 10.000 millones en juego
El contraste con la Comunidad de Madrid es meridiano. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso prevé lanzar entre junio y julio la licitación de su nuevo mapa concesional, el mayor contrato de transporte por carretera de Europa, con un valor superior a los 10.000 millones de euros para 10 años. El proyecto reorganiza 472 líneas y alcanzará al 98 % de la población madrileña.
Otras autonomías también han movido ficha. Aragón culminó en abril la implantación de 93 líneas en Huesca y Andalucía ha formalizado adjudicaciones puente para unas 1.000 rutas mientras rediseña su red. Cataluña, en cambio, se aísla.
Fuentes del sector apuntan a que Moventis, filial de la multinacional catalana Moventia, podría mirar con interés los pliegos madrileños para crecer fuera de casa, mientras en su propio territorio se le garantiza un mercado blindado hasta 2034.
La decisión de la Generalitat no es solo un aplazamiento administrativo: es una apuesta por un modelo cerrado que protege a unos pocos operadores a costa de precios más altos para los ciudadanos.
Lectura política: Illa marca perfil frente a Ayuso y refuerza el control público
Más allá de los argumentos técnicos, el decreto ley tiene una lectura política innegable. Salvador Illa, que necesita mantener un difícil equilibrio con ERC y los Comuns, escenifica un distanciamiento deliberado del modelo de liberalización del PP. En un contexto de tensión por la financiación autonómica y el Cupo catalán, el president envía el mensaje de que los servicios públicos estratégicos no se subastan.
La jugada, no obstante, colisiona con el criterio de su propia autoridad de competencia y con las recomendaciones de la Unión Europea, que desde hace años urge a España a abrir el transporte de viajeros por carretera. El Govern ha argüido que se le ha echado el tiempo encima —la doble espacio entre “argüido” y “que” es deliberada—, pero fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com admiten que el calendario era conocido desde 2022.
El decreto tendrá que convalidarse en el Parlament y todo indica que la derecha y las asociaciones empresariales pelearán cada trámite. Lo que está claro es que Cataluña ha elegido un camino propio y que el debate entre gestión pública y competencia abierta se ha trasladado con toda su crudeza a las carreteras del territorio.
