La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, exige al Gobierno central que active los 110 expedientes de repatriación de menores extranjeros no acompañados que, según sus investigaciones, sí cuentan con familias en sus países de origen. La reclamación se formaliza este miércoles, coincidiendo con el Consejo de Gobierno, en el que la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, presentará un informe detallado sobre la situación.
Los 110 expedientes que el Gobierno mantiene paralizados
Según el Ejecutivo autonómico, estos menores afirmaron al llegar a Madrid que carecían de red familiar para acogerse al sistema de protección. Sin embargo, tras ser examinados por los servicios de la Consejería, se constató que todos ellos tienen familia localizada en sus países de origen. La Comunidad defiende que la reunificación es «la opción más adecuada» para el interés superior del menor.
Este mismo miércoles, la presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, remitirá un escrito al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el que exige la activación inmediata de los procedimientos de retorno. En la misiva, la Comunidad recuerda al Estado su competencia en materia de repatriación y advierte que, de persistir la inactividad o una negativa injustificada, se reserva el derecho a emprender acciones judiciales.
Mayoría de edad sin retorno y 16 denuncias por estafa
El bloqueo de la Delegación del Gobierno ha tenido consecuencias directas, según fuentes de la Comunidad consultadas por Merca2.es. De los 110 menores afectados, 40 han cumplido ya los 18 años mientras seguían bajo la tutela autonómica sin que se hubiera iniciado ningún trámite de vuelta a su país. La administración regional denuncia que este retraso ha permitido que permanezcan en España de forma irregular.
De forma paralela, la Consejería de Familia ha presentado 16 denuncias contra supuestos falsos menores por un presunto delito de estafa agravada, al entender que se beneficiaron ilegalmente de recursos públicos destinados a la protección de menores. Estas actuaciones han derivado ya en las primeras detenciones, como los tres arrestados en marzo, todos ellos mayores de edad con nacionalidad de Mali, Marruecos y Argelia.
«El sistema de protección no puede convertirse en un coladero», sostienen fuentes del Gobierno regional. La presión se recrudece a las puertas de un verano en el que la región prevé nuevas llegadas.
La Comunidad ha optado por llevar la presión a los tribunales: o el Gobierno tramita los expedientes o será un juez quien le obligue.
Un pulso judicial que escala en pleno debate migratorio
El conflicto no es nuevo. Desde el verano de 2025, Sol ha denunciado el colapso de los centros de internamiento, y la falta de colaboración de la Delegación del Gobierno para repatriar a estos jóvenes. De hecho, la Ley Orgánica 4/2000, en su artículo 35, establece que la Administración del Estado es la responsable de ejecutar las resoluciones de repatriación acordadas por las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid argumenta que no se trata de una cuestión de voluntad política, sino de un mandato legal que, a su juicio, se está incumpliendo.
Más allá de Madrid, otras autonomías como Cataluña o Andalucía han vivido tensiones similares. Sin embargo, en el caso madrileño, la judicialización de la estancia de los menores y las denuncias por estafa añaden una capa inédita de confrontación. La decisión de llevar el pulso a los tribunales puede sentar un precedente sobre la capacidad de las regiones para forzar al Estado a cumplir sus obligaciones. Mientras, algunas entidades del tercer sector advierten de que se está primando el retorno sobre la integración, aunque no hay una alternativa firme para los jóvenes que ya son adultos.
La carta que se firma hoy abre una ventana de negociación, pero la amenaza de acciones judiciales es clara. Mientras el Gobierno central guarda silencio, en Sol se preparan para lo que consideran una batalla legal de largo recorrido. El dique político entre ambas administraciones no tiene visos de rebajarse a corto plazo.
