EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la reforma laboral de 2021 (Real Decreto-Ley 32/2021) impulsada por el Gobierno de coalición. La sentencia rechaza el recurso de Vox contra la norma.
- ¿Quién está detrás? La ponencia ha correspondido a la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y ha contado con el respaldo de los once magistrados que integran el pleno.
- ¿Qué impacto tiene? Se consolida el giro hacia la contratación indefinida y se refuerza la capacidad del Ejecutivo para legislar por decreto-ley en contextos de crisis. Solo se anulan dos disposiciones adicionales —sobre el estatuto del becario y un estudio de seguridad laboral para menores— sin trascendencia práctica.
El Tribunal Constitucional ha respaldado este miércoles la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en diciembre de 2021, rechazando de plano el recurso presentado por Vox. La sentencia, cuyo ponente ha sido la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, dictamina que la utilización del decreto-ley estaba plenamente justificada ante «la necesidad de aprobar normativamente medidas estructurales sobre el mercado de trabajo en un contexto de un ciclo económico especialmente regresivo».
Los once magistrados han avalado la constitucionalidad del grueso de la norma, al entender que las modificaciones introducidas —desde la prioridad aplicativa de los convenios hasta la generalización del contrato indefinido— no inciden en los elementos esenciales del derecho al trabajo ni de la negociación colectiva. El fallo subraya que el Real Decreto-Ley 32/2021 no estableció el régimen general de esos derechos, sino que se limitó a ajustar aspectos concretos dentro del margen que la propia jurisprudencia constitucional había delimitado previamente.
Los argumentos de Vox y la respuesta unánime del tribunal
Vox impugnó la totalidad del decreto-ley alegando, en primer lugar, que no existía una situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilitara al Gobierno para recurrir a esta figura legislativa. El tribunal, sin embargo, ha considerado que la gravedad del momento económico —con la pandemia aún golpeando el empleo— hacía imprescindible una intervención inmediata que no podía demorarse a una tramitación parlamentaria ordinaria.
Además, el partido de Santiago Abascal sostenía que el contenido del decreto-ley desbordaba los límites materiales de la legislación de urgencia al afectar al núcleo de los derechos fundamentales al trabajo y a la negociación colectiva. La sentencia lo descarta de forma nítida: «ninguna de las dimensiones constitucionales de tales derechos» se ve comprometida por las medidas adoptadas.
Otro de los ejes del recurso fue el voto telemático del entonces diputado del PP Alberto Casero, cuyo error informático resultó determinante para la convalidación del decreto en el Congreso. Vox pretendía que la Presidencia de la Cámara hubiera debido permitirle rectificar su sentido. El Constitucional se remite a su propia doctrina anterior y zanja que «no era exigible» esa rectificación, ya que al parlamentario no le asistía un derecho en ese sentido.
La unanimidad del Constitucional blinda el principal legado laboral del Gobierno de coalición y deja sin recorrido cualquier intento de socavar la contratación indefinida.
Pese al rotundo respaldo al núcleo de la reforma, la corte de garantías ha declarado inconstitucionales y nulas dos disposiciones accesorias: la adicional segunda, que mandataba al Gobierno a convocar el diálogo social para elaborar un estatuto del becario, y la final quinta, que le encomendaba un análisis de la normativa de seguridad y salud aplicable a los menores. Los magistrados entienden que ambas previsiones carecían de urgencia y no podían ampararse en el decreto-ley. En la práctica, se trata de un varapalo menor: el Ejecutivo podrá retomar ambas iniciativas a través de proyectos de ley ordinarios.
El Eje del Poder Socialista
La decisión del Tribunal Constitucional trasciende lo jurídico y tiene un hondo calado político. De un lado, desautoriza con un fallo unánime la estrategia de Vox de utilizar los tribunales para tumbar la acción legislativa del Gobierno. De otro, refuerza la posición de Ferraz y de Moncloa en un momento en que la oposición de derechas cuestiona el uso de los reales decretos-leyes como instrumento de gobierno.
Fuentes de la dirección federal consultadas por Moncloa.com apuntan que el PSOE interpreta la sentencia como una validación «rotunda» de la política laboral del Ejecutivo, y confían en que servirá para desactivar futuros intentos de impugnar otras normas aprobadas por la misma vía durante la legislatura. El fallo, además, pone en valor una reforma que —pese a las tensiones iniciales en el seno del Consejo de Ministros— se ha convertido en uno de los pilares del legado socioeconómico de la coalición.
El respaldo del tribunal llega en un contexto en que las cifras de temporalidad han caído de forma drástica desde la entrada en vigor de la norma, pasando por debajo del 15% por primera vez en la historia reciente. Este dato, citado habitualmente por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ha sido hoy esgrimido en redes sociales para celebrar la decisión: «Vox quiere dilapidar los derechos laborales. Han puesto todo su empeño en hacerlo. No lo han conseguido, ni lo conseguirán. Hoy España es mejor, a pesar de ellos», ha escrito.
Las dos disposiciones anuladas no empañan el triunfo político y jurídico que supone para el Gobierno y para el Grupo Parlamentario Socialista. De hecho, el PSOE ya había registrado meses atrás iniciativas parlamentarias para avanzar por la vía ordinaria en el estatuto del becario, lo que resta dramatismo a la anulación. La lectura que se impone en el entorno de Pedro Sánchez es clara: el Constitucional ha blindado la reforma laboral y, con ella, la capacidad del Ejecutivo para gobernar con herramientas de urgencia cuando la situación lo exige.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Defensa de los derechos laborales y solvencia constitucional de la acción de Gobierno frente a los intentos de bloqueo de la oposición.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Tramitación del Estatuto del Becario como proyecto de ley, previsiblemente antes del verano, para suplir la disposición anulada por el Constitucional.
