El delegado del Gobierno en Madrid tachó ayer de «racista» a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por exigir la repatriación de 110 menores extranjeros no acompañados (menas). La respuesta de Francisco Martín no solo calienta aún más unas relaciones institucionales ya rotas, sino que pone a los menores en el centro de una guerra política que no parece tener fin.
El ultimátum de la Comunidad: 110 expedientes y una amenaza judicial
El Consejo de Gobierno de la Comunidad conoció ayer un informe de la consejera de Familia, Ana Dávila, sobre las solicitudes de repatriación dirigidas al Gobierno central. Según el ejecutivo regional, hay 110 expedientes de reunificación familiar de menores tutelados que la Delegación del Gobierno mantiene paralizados, en lo que interpretan como una inacción injustificada.
La presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia, Silvia Valmaña, remitió un escrito al delegado en el que le recuerda esas obligaciones y le avisa de que, si persiste la parálisis, la Comunidad se reserva el derecho a emprender acciones legales. El texto acusa al Gobierno de Sánchez de ignorar sus competencias en materia de repatriación y de bloquear la reagrupación familiar de los menores.
La Delegación replica: “No hay bloqueo, hay cumplimiento de la ley”
La respuesta de la Delegación del Gobierno llegó horas después, cargada de dureza. “No existe bloqueo o inacción por parte del Gobierno de España”, afirmó. Según su versión, la Comunidad de Madrid pretende ocultar sus propias responsabilidades con los menores que tiene bajo tutela. La Delegación subrayó que la legislación exige una tramitación individualizada basada en el interés superior del menor y que no se puede ordenar una expulsión automática.
En concreto, ya se han solicitado los informes preceptivos a las representaciones diplomáticas de los países de origen de esos menores, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. “Sin esos informes, no puede adoptarse una decisión con las garantías que exige la ley”, insistió Martín.
El delegado fue más allá: acusó al Gobierno autonómico de «hipocresía e inhumanidad al utilizar a menores tutelados como instrumento de confrontación política». Y cerró su declaración con un dardo directo a la presidenta: le pidió que actúe “como presidenta de la Comunidad de Madrid, abandonando su lucha con Vox para ver quién es más racista”.
El pulso entre Ayuso y Sánchez desgasta las instituciones y convierte a los menores en moneda de cambio política.
Un patrón de desgaste institucional que desangra Madrid
El choque de ayer no es una novedad, sino el último capítulo de una escalada que comenzó con la pandemia y se ha cebado con la política migratoria. Ya en 2021, la Comunidad de Madrid denunció el “colapso” de sus centros de acogida y rechazó acoger más menas procedentes de Canarias. Aquel enfrentamiento acabó en los tribunales. Ahora, con 110 menores de por medio, Ayuso vuelve a afilar un discurso duro que le reporta réditos ante el electorado más conservador y que, de paso, le sirve para marcar territorio frente a Vox.
Desde esta redacción entendemos que, más allá de la bronca, el trasfondo administrativo es claro: la ley fija que la repatriación debe estudiarse caso por caso y que la Administración General del Estado tiene la última palabra. La Comunidad de Madrid acusa de inacción, pero la Delegación defiende que sin informes diplomáticos no puede proceder. La pregunta que queda en el aire es si esa tramitación avanzará en las próximas semanas o si el rifirrafe político volverá a paralizarlo todo.
Mientras tanto, los 110 menores siguen bajo la tutela de la Comunidad en centros repartidos por toda la región, que soportan una presión asistencial creciente. Este conflicto, lejos de apagarse, apunta a enquistarse al menos hasta que el Gobierno central emita los informes diplomáticos, algo que, según fuentes consultadas, podría demorarse meses.
