El Pacto de Migración y Asilo de la UE entrará en vigor este viernes, 12 de junio, dos años después de su aprobación. La nueva arquitectura legal pretende unificar por primera vez los procedimientos de asilo, los controles fronterizos y las condiciones de acogida en los Veintisiete, pero llega lastrada por promesas de reubicación muy por debajo de lo previsto y con la sombra del próximo Reglamento de Retorno, que endurecerá aún más el marco migratorio.
Las normas que cambian el tablero del asilo
El Pacto cubre todo el ciclo migratorio: desde el control en las fronteras exteriores hasta el mecanismo de solidaridad que obliga a los Estados miembros a contribuir a la reubicación de solicitantes de protección internacional. Por primera vez, una persona que llega a Grecia tendrá un itinerario legal similar al de quien alcanza Alemania. Se acaba el mosaico de legislaciones nacionales que Bruselas siempre consideró ineficaz e injusto.
El sistema pivota sobre dos ejes: un cribado obligatorio en frontera para identificar a quienes llegan y un procedimiento acelerado de asilo que puede resolverse en semanas. Los Estados que no alberguen centros de acogida deberán ofrecer «contribuciones solidarias»: plazas de reubicación o apoyo financiero. Este modelo busca repartir la carga entre los países de primera entrada —España, Italia, Grecia, Malta— y los destinos finales del norte y centro de Europa.
21.000 plazas de reubicación: el compromiso que no llega ni a la mitad
El talón de Aquiles del Pacto está en las cifras. El objetivo de reubicación para 2026 era de 21.000 personas, pero los Estados miembros solo se han comprometido a acoger algo menos de la mitad. Hungría y Eslovaquia no han ofrecido ni una sola plaza. La solidaridad europea sigue siendo una promesa sobre el papel.
Para España, cuarta economía del euro y puerta sur de la UE, este déficit tiene consecuencias directas. Las llegadas por la ruta canaria y el Mediterráneo no se distribuirán en proporción a las necesidades, y el Gobierno de Sánchez tendrá que redoblar la presión en el Consejo Europeo para que la reubicación obligatoria sea real. De lo contrario, el Pacto se convierte en un nuevo reglamento sin músculo.
La solidaridad europea sigue siendo una promesa sobre el papel: los Estados miembros ofrecen menos de la mitad de las plazas necesarias.
La Comisión Europea realizará una primera evaluación del cumplimiento ya en julio. Esa radiografía desnudará cuáles son los países que aplican las normas y cuáles siguen retrasando los compromisos. El comisario de Asuntos de Interior, Magnus Brunner, ya ha advertido que no habrá tolerancia con los bloqueos sistemáticos.
El Eje del Poder Europeo
La entrada en vigor del Pacto reactiva la vieja fractura entre los Estados miembros. Los países del sur —encabezados por Italia y España, con Grecia y Malta como altavoces— reclaman desde hace años una reubicación obligatoria de los llegados por mar. Frente a ellos, el bloque de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia) ha utilizado todas las herramientas jurídicas y políticas para torpedear cualquier mecanismo de cuotas. En el centro, Alemania y los frugales del norte aceptan repartir refugiados pero a condición de que se blinden las fronteras exteriores y se aceleren los retornos.
Para Madrid, el equilibrio es complejo. Sánchez necesita mostrar a la opinión pública española que la UE es solidaria, pero al mismo tiempo debe garantizar el control de las rutas migratorias y la cooperación con Marruecos y Mauritania. La falta de plazas de reubicación le obliga a buscar contrapartidas económicas o un mayor despliegue de Frontex en el Estrecho y Canarias. Si el Pacto fracasa en su primer año, la credibilidad de Bruselas se resiente y los gobiernos nacionales más expuestos —el español entre ellos— pagarán el coste político.
Más al norte, los países bálticos y nórdicos observan con recelo cualquier cesión que pueda interpretarse como puerta abierta. En Berlín, la coalición progresista no quiere tensiones con Roma o Madrid, pero la presión de la oposición conservadora y de la AfD fuerza un discurso cada vez más restrictivo. Y en Varsovia, el primer ministro Morawiecki mantiene el veto de facto a las cuotas, aunque Polonia haya cuadruplicado su contribución financiera a Frontex.
El Pacto es solo la primera pata de la reforma migratoria. Bruselas ultima el Reglamento de Retorno, la iniciativa más dura de las últimas décadas: centros de retorno fuera de la UE, detención de hasta dos años para quienes resistan la expulsión, duplicación de las prohibiciones de entrada y eliminación del efecto suspensivo automático de los recursos judiciales. Más de 250 organizaciones de la sociedad civil han denunciado que la medida legitima «prisiones extraterritoriales» y la detención de menores, pero la Comisión defiende que solo así se corregirá el dato más bochornoso: actualmente, solo el 28 % de los migrantes que reciben una orden de salida abandonan efectivamente el territorio comunitario.
Ese reglamento entrará en vigor en 2027, pero su negociación ya enrarece el clima político. El sur teme que los centros de retorno se concentren en países como Túnez, Marruecos o Albania, presionando a los corredores migratorios que afectan directamente a España. Moncloa, de momento, mantiene silencio sobre los detalles, consciente de que necesita el paraguas de la UE para gestionar los flujos pero también de que las medidas más extremas pueden resultar impopulares en casa.
El viernes 12 de junio el Pacto se convierte en ley viva. La pregunta no es si los Veintisiete estarán a la altura del reglamento, sino si el reglamento estará a la altura de la realidad que ya desborda las fronteras del sur.
