La Agencia Tributaria atraviesa la crisis más profunda de su historia. La dimisión en bloque de la cúpula directiva —incluida la directora general, Soledad Fernández— ha dejado al descubierto un malestar interno que las fuentes consultadas por Moncloa.com atribuyen directamente a la fragmentación del organismo para ceder competencias a la Agència Tributària Catalana. La reunión del pasado lunes entre el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la consellera de Economía, Alicia Romero, fue el detonante que precipitó unas salidas que la plantilla no cree pactadas.
Una dimisión que la Agencia no esperaba
El lunes, Gascón se desplazó a Barcelona para cerrar los últimos flecos de la propuesta de financiación autonómica que el Gobierno quiere llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera en las próximas semanas. Al día siguiente, Soledad Fernández y los directores de Inspección y Recaudación presentaban su renuncia. Varias fuentes internas consultadas por esta redacción aseguran que fue una decisión repentina, no un relevo programado. «La directora ni siquiera comunicó su salida al personal», apunta una funcionaria de la AEAT que prefiere el anonimato. En un relevo pactado, lo habitual sería un mensaje de agradecimiento a la plantilla.
La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, defiende a la exdirectora como «una gran profesional» y reconoce que el giro hacia la cesión de competencias a Cataluña ha sido «un punto de inflexión importante». La lectura dentro del organismo es clara: Soledad Fernández no quiso pasar a la historia por haber roto la Agencia Tributaria. «Da una sensación de estampida antes de que caiga el Gobierno», detalla otra fuente.
El papel de la Agència Tributària Catalana: la línea roja del personal
Para buena parte de los funcionarios de la AEAT, la cesión de recaudación a la Agència Tributària Catalana supone el mayor riesgo de fractura del organismo en democracia. Nunca antes se había planteado la pérdida de una parte significativa de sus funciones. El corporativismo del colectivo ha florecido en estas semanas y el temor ahora es que el ministro de Hacienda, Arcadi España, nombre un director general con un perfil muy político, sin la independencia técnica que exige la institución.
De hecho, los inspectores ya han solicitado blindar los altos cargos: que el director sea un funcionario A1 con mandato superior a una legislatura y respaldo parlamentario. Pero ni siquiera tienen cita con el ministro. «Nos ha convocado el Govern, pero no el ministro», ironiza una fuente. Las expectativas de que el nombramiento recaiga en un técnico profesional e independiente son, hoy por hoy, mínimas.
La Agencia Tributaria nunca había vivido la amenaza de perder una parte significativa de sus competencias: la cesión a Cataluña ha encendido un malestar que nadie recuerda en la historia de la institución.
El Gobierno pretende acelerar la tramitación de la reforma de la financiación autonómica, que incluye la cesión a Cataluña de esas competencias. La intención es llevarla al Consejo de Política Fiscal y Financiera en breve —no en la reunión del próximo lunes—, aprobarla en Consejo de Ministros y que entre en el Congreso a la vuelta del verano. Mientras tanto, la sensación dentro de la AEAT es que el próximo director general tendrá que elegir entre plantar cara al Ejecutivo o «pasar a la historia por haber roto la Agencia».
Lectura política: una Agencia fracturada que desgasta al Govern y a Moncloa
La crisis de la AEAT no es un simple movimiento de personal. La fragmentación del organismo se ha convertido en un símbolo del malestar que la negociación de la financiación autonómica genera entre los técnicos de Hacienda. Para el Govern, la cesión es un triunfo político que acerca las cuentas de la Generalitat a un modelo de gestión tributaria propia; para el Gobierno central, es una moneda de cambio necesaria para asegurar la estabilidad parlamentaria. Pero en los pasillos de la AEAT se respira un ambiente de «deriva muy delicada», según la asociación de inspectores.
El precedente más cercano podría ser la creación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 1992, que unificó competencias dispersas, pero nunca se ha planteado el camino inverso: trocear la agencia para devolver funciones a comunidades autónomas. El movimiento despierta recelos no solo en Cataluña, sino en otros territorios que observan la operación como un agravio comparativo. El PP ya ha anunciado que recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional, y barones socialistas como García-Page han expresado sus dudas en privado.
Lo que observamos es un pulso entre la integridad técnica del sistema tributario y las urgencias del calendario político. El nuevo director general —sea quien sea— asumirá el cargo con la espada de Damocles de una cesión que la plantilla considera una amenaza existencial. Mientras tanto, los inspectores siguen sin respuesta del ministro y la cúpula dimitida observa desde fuera cómo el organismo que defendieron se encamina hacia una transformación que pocos ven con buenos ojos. La próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera marcará el ritmo de una crisis que, de momento, solo acaba de empezar.
