La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha confirmado que el Govern analiza la supresión de hasta 15 impuestos propios, aunque ha descartado cualquier modificación del IRPF. La reforma, condicionada por el pacto de investidura con ERC y los Comuns, busca simplificar un sistema fiscal con una recaudación residual pero una notable carga política en plena negociación del nuevo modelo de financiación con Moncloa.
En una entrevista en La Vanguardia, Romero explicó que algunos de esos tributos propios «han dejado de tener el sentido para el que se crearon». Su departamento está estudiando, junto a los impuestos cedidos, si cabe algún ajuste. La consellera subrayó que los 15 tributos en revisión apenas generan masa recaudatoria, lo que relativiza su impacto en las cuentas del Govern.
La maniobra de la conselleria no se explica sin las ataduras del acuerdo de investidura de Salvador Illa. Aquel texto prohíbe expresamente una «bajada masiva de impuestos», línea roja que los republicanos y los Comuns vigilan de cerca. Romero descarta tocar el IRPF —el principal instrumento recaudatorio— y cualquier subida generalizada, insistiendo en que «no es la voluntad del Govern pujar impuestos, tampoc baixar‑los», según la traducción de sus palabras.
Una poda selectiva en los impuestos propios
El análisis que está llevando a cabo el equipo de Romero es, según fuentes del departamento, casi una auditoría de supervivencia. «Tal vez algunos han dejado de tener el sentido por el que se crearon», insistió la consellera. La idea es suprimir aquellos que ya no responden al motivo original o que cuestan más en gestión que lo que ingresan. No hay un listado cerrado, pero fuentes de la Conselleria consultadas por Moncloa.com admiten que el examen se centra en las figuras más marginales, algunas heredadas de los años del tripartit o del gobierno de Artur Mas.
Pese a su escaso peso recaudatorio, estos 15 impuestos propios son un símbolo recurrente en el debate catalán. Catalunya mantiene, junto con el tramo autonómico del IRPF y los tributos cedidos, una batería de figuras propias como el canon del agua o el impuesto sobre emisiones contaminantes, a las que ahora se suman las discusiones sobre posibles peajes en autopistas. Romero ligó este debate a la insuficiencia de la red viaria y a la necesidad de un «consenso político y social amplio», pero en este artículo nos centramos en la dimensión fiscal directa.
El encaje político: entre ERC, los Comuns y la sombra de Junts
La consellera argumentó que, comparada con la media europea, Catalunya se sitúa «tres puntos por debajo en presión fiscal», lo que a su juicio da margen para no incrementar la carga pero tampoco para rebajarla de forma drástica. El recuerdo de la modificación del IRPF de 2025 —que benefició a rentas inferiores a 35.000 euros— sirve ahora de precedente y de mensaje a sus socios: el Govern no subirá impuestos a clases medias y bajas, pero tampoco desmantelará la progresividad.
La Generalitat persigue una reforma de guante blanco: eliminar tributos residuales sin tocar el IRPF. La batalla fiscal real se librará con el nuevo sistema de financiación.
El movimiento de Romero deja también un recado a Junts y al PP, a quienes ha emplazado a «intentar mejorar el modelo» de financiación en lugar de bloquearlo. La consellera calificó de «barbaridad» renunciar a los 4.700 millones que, según el Govern, supondría rechazar el nuevo sistema en el Congreso. Este dato, deslizado en la entrevista, es probablemente el más relevante de la comparecencia porque conecta el ajuste fiscal doméstico con la negociación crucial de las próximas semanas.
La financiación singular, la verdadera batalla de fondo
El calendario aprieta: antes de que acabe julio de 2026 está previsto un Consell de Política Fiscal i Financera para aprobar el nuevo modelo, que pasará después al Consell de Ministres y al Congreso de los Diputados. El objetivo del Govern es superar el debate de totalidad para empezar a negociar enmiendas, una fase en la que la reforma de los impuestos propios puede convertirse en moneda de cambio o, por el contrario, en un elemento de distracción.
Analizamos este paso del Ejecutivo de Illa como una operación de perfil bajo, pensada para mostrar movimiento sin alterar los equilibrios del bloque de investidura. Eliminar algunos tributos propios es hoy menos una decisión técnica que una señal política: se demuestra que el Govern «hace sus deberes» en casa mientras defiende en Madrid los 4.700 millones del nuevo sistema. La experiencia de 2025, cuando la rebaja fiscal en el IRPF fue presentada casi como un gesto hacia los Comuns, prueba que cualquier reforma tributaria en Catalunya se lee en clave parlamentaria antes que económica.
La decisión final sobre los 15 impuestos propios se conocerá en los próximos meses, probablemente cuando se concrete el diseño del nuevo modelo de financiación. Hasta entonces, la Conselleria mantendrá un perfil discreto para no tensar en exceso las costuras del pacto con ERC. Pero una cosa está clara: la irrelevancia recaudatoria de estos tributos no los hace políticamente inocuos. Cada uno que se suprima será leído como una victoria del ala liberal del Govern; cada uno que se mantenga, como un guiño a la izquierda del hemiciclo. Así funciona el Parlament.
