La secretaria general de Esquerra Republicana y candidata a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany, ha depositado toda su confianza en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Alamany aseguró este domingo que espera que el fallo del alto tribunal europeo obligue a aplicar la ley de amnistía y, con ello, restituir los derechos civiles y políticos del presidente de ERC, Oriol Junqueras. Pero su mensaje iba más allá de la cuestión jurídica: la dirigente republicana lanzó una advertencia clara contra un posible giro a la derecha en el Gobierno central, que consideró una amenaza real para los consensos alcanzados en Cataluña.
El caso de la amnistía lleva meses empantanado en Luxemburgo. La cuestión prejudicial planteada por el magistrado del Tribunal Supremo español, que consideró que la norma podría chocar con el derecho de la Unión, ha sumido en la incertidumbre a todo el proceso independentista. Alamany, sin embargo, se mostró optimista: ‘confío en que la sentencia dictamine que se debe aplicar’, afirmó, en línea con la tesis que sostienen los letrados de ERC y del Govern sobre la adaptación de la ley al marco comunitario.
Para la número dos del partido, el fallo no es solo un trámite. En sus palabras, debería permitir que Oriol Junqueras recupere plenamente sus derechos políticos. Una restitución que, en la práctica, devolvería al presidente de ERC la posibilidad de presentarse a cualquier cargo electo y, de paso, fortalecería internamente su liderazgo de cara al congreso que la formación celebrará en otoño. Alamany ha subrayado la importancia de recuperar los derechos civiles, y políticos de quienes siguen sin poder ejercer su plena ciudadanía.
Pero Alamany también quiso modular el tono. ‘Desde el dramatismo no se construye nada’, dijo, en clara alusión a las voces más agoreras del soberanismo que ven cada revés judicial como un fin de trayecto. La secretaria general reclamó una actitud más pragmática para tejer mayorías estables en el Congreso y en el propio Parlament, donde los republicanos sostienen al president Illa.
No menos relevante fue su lectura sobre el panorama nacional. La posibilidad de un gobierno PP-Vox, advirtió, pondría en peligro los derechos lingüísticos, el autogobierno y la convivencia territorial. Un escenario que, en su opinión, refuerza la necesidad de que las fuerzas soberanistas aparquen diferencias y actúen como dique ante la derecha.
Alamany sabe que el fallo del TJUE no solo resuelve una cuestión jurídica, sino que rediseña el tablero de alianzas y el espacio de la izquierda soberanista frente a la amenaza de un Ejecutivo reaccionario.
El horizonte judicial de la amnistía y la recuperación de Junqueras
La expectativa de los republicanos se centra en los próximos meses. El TJUE podría emitir su dictamen antes de que finalice 2026, un calendario que ERC maneja con discreción pero que condiciona toda su estrategia de negociación con Moncloa. Recuperar la plena capacidad política de Junqueras no solo normalizaría su figura de cara a las urnas, sino que además enviaría un mensaje de desagravio al conjunto del independentismo, especialmente tras la inhabilitación de otros dirigentes.
La estrategia de ERC ante un posible gobierno PP-Vox
La advertencia sobre el giro a la derecha no es casual. Alamany vincula directamente la necesidad de que el soberanismo ejerza de contención en Madrid, replicando el papel que ERC ya asumió al investir a Pedro Sánchez a cambio de avances en el autogobierno. En conversaciones con esta redacción, fuentes del partido reconocen que la hipótesis de un Ejecutivo del PP con Vox es cada vez más real y que por eso la sentencia del TJUE se ha convertido en una baza de presión para blindar ciertas políticas de carácter progresista, como la ley de vivienda o la reforma del sistema de financiación autonómica.
Interpretación desde Moncloa.com: ERC tensa la cuerda con inteligencia
En Moncloa.com analizamos este doble movimiento como una jugada de anticipación que persigue tres objetivos: primero, asegurar que Junqueras pueda volver al ruedo político sin mácula judicial; segundo, situar a ERC como el interlocutor más sólido entre la izquierda estatal, capaz de poner coto a la derecha; y tercero, marcar distancias con el discurso de Junts, más beligerante y menos dado a la cooperación institucional. Alamany, con su tono contenido, evita el dramatismo que otros sectores del independentismo consideran necesario, pero a la vez deja claro que la paciencia tiene límites si se consolidara un cambio de signo en el Gobierno de España.
La secretaria general ha apuntado a un cambio de ciclo. Si el TJUE le da la razón, ERC ganaría una legitimidad renovada para negociar no solo la amnistía, sino también el impulso de una mesa de diálogo que trascienda la legislatura. Si, por el contrario, Luxemburgo rechaza la aplicación de la ley, los republicanos tendrán que rearmarse en un escenario en el que la amenaza de PP-Vox cobrará una dimensión diferente. Lo que ha quedado claro es que ERC no se resigna y está dispuesta a usar todas las herramientas, incluido el tribunal europeo, para condicionar la política catalana y la española.
