El PP y Vox han registrado este lunes en el Congreso una enmienda a la totalidad que busca tumbar la reforma del modelo de financiación autonómica pactada entre el PSC y Esquerra Republicana. La iniciativa, una enmienda de devolución sin texto alternativo, pretende que el proyecto de ley sea devuelto al Gobierno antes de iniciar su debate en comisión, un movimiento que las dos formaciones justifican por el trato singular que, a su juicio, recibe Cataluña en el nuevo sistema.
Qué dice Vox: un ‘cupo catalán’ que rompe la solidaridad territorial
Para Vox, el modelo diseñado por socialistas y republicanos instaura un ‘cupo catalán’ que vacía la caja común y quiebra la solidariad y perjudica a las regiones con menor capacidad fiscal, según ha reiterado en los últimos meses la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Pepa Millán. El acuerdo, que inyectaría más de 4.000 millones de euros adicionales a las arcas de la Generalitat, detrae recursos de las comunidades que más necesitan la redistribución, agravando las desigualdades territoriales.
La formación que lidera Santiago Abascal sostiene que la financiación autonómica debe regularse mediante una ley que garantice la igualdad de todos los españoles, sin excepciones ni conciertos económicos al margen de los que ya ampara la Constitución para los territorios históricos. En ese sentido, el partido ha insistido en que la reforma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez no es más que una cesión al independentismo que pone en riesgo los servicios públicos esenciales en el resto de España.
Fuentes del GPVOX consultadas por Moncloa.com subrayan que la presentación de esta enmienda conjunta con el PP es coherente con el compromiso de Vox de oponerse a cualquier modelo fiscal que «privilegie a unos territorios frente a otros» y que consideran el texto actual un nuevo paso hacia un trato asimétrico que vacía la Hacienda común.
El laberinto parlamentario: la postura vacilante de Junts puede salvar la reforma
Pese a que la mayoría de la Cámara es contraria al nuevo sistema, la fractura táctica entre los grupos opositores puede hacer descarrilar el bloqueo. La razón es el peculiar procedimiento de las enmiendas a la totalidad (más detalles en la entrada de Wikipedia): primero se votan las de devolución —como la presentada por PP y Vox—, y después las que llevan aparejado un texto alternativo. Junts ha anunciado que presentará una enmienda con texto propio —un concierto económico para Cataluña—, lo que de facto impide que sume sus votos al bloque de devolución puro.
Si PP y Vox no logran convencer a los posconvergentes de que apoyen su moción de devolución, o si Junts se abstiene, la reforma superará el primer filtro por el voto escalonado. Así, bastaría con que los votos del PSC y ERC se impusieran en la primera votación a los de PP y Vox —si Junts no se suma— para que el proyecto de ley pase a tramitarse, aunque la mayoría contraria sea patente.
La reforma, tal y como la han diseñado PSC y ERC, supone un agravio fiscal que Vox no está dispuesto a tolerar.
La apuesta estratégica de Vox: marcar distancias con los conciertos territoriales
Más allá de lo que ocurra en la votación, la presentación de esta enmienda refuerza el perfil de Vox como única formación que rechaza de raíz cualquier fórmula de concierto económico que se aleje del régimen común. Mientras que el PP, en algunos territorios, ha mostrado históricamente cierta ambigüedad sobre los sistemas forales, Abascal y su equipo quieren dejar claro que no admitirán excepciones al modelo de solidaridad.
El movimiento también tensa la soga con el PP: si finalmente la reforma prospera por la vía del texto alternativo de Junts —algo que Vox considera una cesión—, el partido de Abascal podrá agitar el discurso de la traición fiscal y presionar para que los populares se desmarquen con claridad de cualquier concierto catalán en futuras negociaciones. Las fuentes del partido insisten en que «la unidad del frente constitucional pasa por rechazar sin matices este modelo».
El debate sobre las enmiendas de totalidad está previsto para la vuelta del verano, en el arranque del nuevo periodo de sesiones. Hasta entonces, Vox intensificará su campaña de fiscalización en el Congreso y en los parlamentos autonómicos para subrayar el riesgo que, a su juicio, supone para la igualdad de los españoles cualquier reforma que conceda privilegios a Cataluña.
