Alfonso Rueda insiste en que la AP-9 se transfiera a coste cero y anuncia que lo exigirá incluso si Feijóo preside el Gobierno.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PPdeG), ha reiterado este lunes su rechazo a asumir la gestión de la autopista del Atlántico si no va acompañada de una financiación completa por parte del Estado. La advertencia llega tras el debate abierto en el Congreso, donde PSOE, Sumar y BNG aprobaron una ley de transferencia que contó con el voto en contra del PP y Vox.
Rueda no solo mantiene su exigencia de coste cero sino que ha ido más allá: ha asegurado que mantendrá esa postura aunque Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y expresidente gallego, acceda a la presidencia del Gobierno central. “De lo contrario, yo no puedo aceptarla”, afirmó.
La AP-9, que recorre los más de 200 kilómetros entre Ferrol y Tui, es una de las infraestructuras más sensibles de Galicia. Su concesión a Audasa fue prorrogada por el Gobierno de José María Aznar en 1999, una decisión que posteriormente fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las consecuencias económicas de esa sentencia aún no han sido cuantificadas.
El ministro de Hacienda, Arcadi España (PSOE), abrió un nuevo frente al señalar que la Xunta debería gestionar la autopista “con su presupuesto, sus recursos y sus políticas”. Rueda le respondió con dureza: acusó al ministro de dejar en mal lugar a los partidos que aprobaron la ley, al desvelar que no hay garantía financiera.
La AP-9 se ha convertido en un campo de batalla donde se cruzan las contradicciones del Partido Popular, las demandas históricas del nacionalismo gallego y el tacticismo del Gobierno de Sánchez.
El debate sobre la AP-9 trasciende la política autonómica. La insistencia de Rueda en el coste cero anticipa la postura del PP gallego ante una posible etapa de Feijóo en Moncloa. Si el expresidente de la Xunta llegara a gobernar España, se enfrentaría a un presidente gallego de su propio partido que no está dispuesto a ceder en financiación. Esa tensión no es menor: por primera vez, un líder del PP desde Madrid tendría que lidiar con la reclamación de su propia casa territorial.
El Parlamento de Galicia había reclamado por unanimidad en varias ocasiones el traspaso de la autopista, pero el PP gallego alega ahora que la norma estatal aprobada en el Congreso no respeta aquellos acuerdos. BNG y PSdeG defienden lo contrario: la ley fija una división de responsabilidades por la que el Estado asume las decisiones anteriores a la transferencia y la Xunta las posteriores, y remiten a la Comisión Mixta de Transferencias para concretar las condiciones económicas.
El Laboratorio Gallego
La posición del presidente de la Xunta no es solo un pulso con el Gobierno de Sánchez. Revela el patrón de negociación que el PPdeG quiere imponer ante cualquier poder central, incluso si lo ocupa su propio partido. La exigencia de competencias con “coste cero” se ha convertido en un mantra que Feijóo reprodujo cuando presidía Galicia y que ahora, desde la oposición nacional, utiliza contra Pedro Sánchez: las transferencias a Cataluña, repite, no pueden ser cheques en blanco.
Si Feijóo llega a La Moncloa, la AP-9 pondrá a prueba la coherencia de ese discurso. Galicia es uno de los territorios con mayor déficit en inversión estatal y sus peajes están entre los más caros de España: una familia que use a diario la autopista puede desembolsar cerca de 900 euros al año. Rueda sabe que un traspaso sin los recursos necesarios lastraría las finanzas autonómicas y se ha blindado con un compromiso público que condiciona cualquier futuro entendimiento con Madrid, sea quien sea el inquilino.
El BNG, principal partido de la oposición en Galicia, aprovecha la contradicción para acusar al PPdeG de hipocresía: impulsó la demanda en el Parlamento pero después la bloqueó en las Cortes. Mientras, la Comisión Mixta de Transferencias tiene por delante un encaje difícil. Cualquier acuerdo sobre la AP-9 será leído como un precedente para las grandes infraestructuras que otras comunidades reclaman al Estado, especialmente en un contexto preelectoral que podría situar a Feijóo como favorito. La legislatura gallega, que expira en 2028, cruza ahora sus fechas con una eventual alternancia nacional.
Ficha del Caso
- El caso: El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantiene su exigencia de transferencia de la autopista AP-9 a coste cero, incluso si Alberto Núñez Feijóo accede a la presidencia del Gobierno.
- Datos importantes: La ley de transferencia fue aprobada en el Congreso con el voto en contra del PP y Vox; la concesión a Audasa fue prorrogada por Aznar y declarada ilegal por la UE; los peajes están entre los más altos del país.
- Resumen: La AP-9 se convierte en un laboratorio de las tensiones entre la financiación autonómica y la lealtad partidista, con un posible Gobierno de Feijóo en el horizonte que obligaría al PP a casar su discurso de coste cero con la realidad presupuestaria.
