El PP y Vox aprobarán este viernes en Les Corts Valencianes la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2026, que convertirá a la Comunitat Valenciana en la segunda autonomía española con un concepto de ‘prioridad nacional’ para el acceso a ayudas sociales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PP y Vox pactaron incluir la ‘prioridad nacional’ en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2026, que se votará este viernes.
- ¿Quién está detrás? El president Juanfran Pérez Llorca (PP) y su socio Vox, con la oposición frontal de PSPV y Compromís.
- ¿Qué impacto tiene? Se exigirán 3 años de empadronamiento continuo o 10 en los últimos 30 para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión y se excluye a inmigrantes irregulares de prestaciones estructurales. La oposición recurrirá al Constitucional.
La nueva ley: arraigo prolongado y exclusión de los irregulares
La reforma modifica la Ley de Renta Valenciana de Inclusión y la de Servicios Sociales para incorporar el principio de prioridad nacional. Se entenderá cumplido el requisito de residencia habitual cuando conste un empadronamiento en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana de al menos 3 años de manera continuada antes de la solicitud, o 10 años dentro de los 30 inmediatamente anteriores, ya sea de forma continuada o interrumpida. El texto pactado entre PP y Vox endurece notablemente los plazos actuales, que desde la actualización de abril solo pedían 15 meses de empadronamiento continuado o 5 años en los últimos 10.
Además, el acuerdo recoge que el Consell aprobará disposiciones reglamentarias para desarrollar condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas ‘inspiradas en el principio de prioridad nacional’, con un período mínimo reforzado de arraigo y, expresamente, ‘la exclusión del acceso a prestaciones estructurales para personas en situación administrativa irregular, salvo urgencia vital’. Esta cláusula afecta directamente a los inmigrantes sin papeles, que quedan fuera de la red de protección social permanente.
Con esta norma, la Comunitat Valenciana se convierte en la segunda autonomía que legisla explícitamente la prioridad nacional, un concepto impulsado por Vox a nivel estatal. La primera fue Cataluña, y ahora el acuerdo en Valencia refuerza la estrategia del partido de extender este tipo de medidas por toda España.
La oposición eleva el tono y recurre al Constitucional
Los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, han acusado al PP de ‘deriva racista y xenófoba’ y han anunciado que llevarán la ley al Tribunal Constitucional. El PSPV ya avanzó tras la aprobación de los presupuestos que estudiaría un recurso, y Compromís ha confirmado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento. Para los socialistas, el pacto supone ‘un paso más’ en lo que califican de ‘apartheid institucionalizado’, al extender ‘la mal llamada prioridad nacional’ a leyes sociales. Compromís, por su parte, denuncia que el PP ‘se arrastra ante Vox’ y pacta medidas que ‘van contra los consensos más básicos’.
La prioridad nacional no es solo una cuestión de plazos: es una barrera de entrada que, a juicio de la oposición, rompe el principio de igualdad en el acceso a derechos sociales.
El PP no ha hecho declaraciones tras registrar las enmiendas pactadas con Vox, mientras que Vox ha afirmado que valorará el acuerdo el lunes en la comisión de Presupuestos. La votación definitiva en el pleno del viernes pondrá fin al curso parlamentario, que se ha prolongado para aprobar las cuentas, y las Cortes entrarán en vacaciones hasta el 10 de septiembre.
El Escenario Valenciano
La aprobación de esta ley reafirma la solidez del pacto PP-Vox en la Generalitat, que ya ha permitido sacar adelante los tres presupuestos de la legislatura. El president Juanfran Pérez Llorca consolida su perfil de gestor dispuesto a ceder ante Vox para mantener la estabilidad, incluso en medidas que tensan al PP a nivel nacional. La prioridad nacional es una bandera de Vox que el PP valenciano asume sin apenas resistencia pública, lo que podría generar fricciones con la dirección nacional del partido, que en otros territorios evita estas políticas identitarias.
A nivel estatal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su rechazo reiterado a cualquier medida que discrimine por origen. El recurso de inconstitucionalidad que preparan PSPV y Compromís tiene recorrido: el TC ya anuló en 2023 parte de una norma similar en Cataluña. Si se materializa, la decisión del tribunal podría fijar doctrina sobre hasta dónde pueden llegar las comunidades autónomas en materia de extranjería y prestaciones sociales. La cuestión va más allá de Valencia: varios parlamentos autonómicos observan con atención para replicar o bloquear la medida.
El curso político valenciano se reanudará en septiembre con un Consell que, tras este golpe legislativo, deberá gestionar las reacciones en las calles, la eventual suspensión cautelar del TC y el desgaste ante las urnas. Las próximas encuestas medirán si el giro social del pacto PP-Vox castiga o premia a los partidos que lo sustentan.
Ficha del Caso
- El caso: El PP y Vox han pactado la inclusión de la ‘prioridad nacional’ en la ley de acompañamiento de los Presupuestos 2026 de la Generalitat, norma tramitada en Les Corts Valencianes.
- Datos importantes: Se exigen 3 años de empadronamiento continuo o 10 en 30 años para ayudas como la Renta Valenciana de Inclusión. Se excluye a inmigrantes irregulares de prestaciones estructurales. Es la segunda ley autonómica de este tipo en España.
- Resumen: La medida, que entrará en vigor tras su aprobación el 31 de julio, ya ha sido tachada de inconstitucional por la oposición y probablemente será recurrida ante el TC, abriendo un nuevo frente en la política valenciana y nacional.
