La justicia investiga al concejal de Urbanismo de Cangas, Antón Iglesias (BNG), acusado de prevaricación y malversación por pagar un rescate de 200.000 euros en bitcoins tras un ciberataque en 2023.
La titular del juzgado de Instancia número 2 de Cangas do Morrazo ha citado a Iglesias como investigado, en un caso que también tiene imputado al responsable de la empresa informática que negoció con los atacantes.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La jueza investiga al concejal de Urbanismo de Cangas, Antón Iglesias (BNG), por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos.
- ¿Quién está detrás? El caso nace de una denuncia de la Fiscalía de Pontevedra, tras una denuncia del PP local sobre la gestión del ciberataque.
- ¿Qué impacto tiene? La instrucción podría determinar si el pago del rescate vulneró la legalidad, con implicaciones penales para el edil y la empresa, y un coste político para el BNG en el municipio.
El ciberataque de 2023 y el pago del rescate
Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando el Ayuntamiento de Cangas, gobernado entonces por una coalición de BNG y PSOE, sufrió un ataque ransomware que bloqueó sus archivos. El nuevo gobierno municipal, liderado por la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) desde junio, contrató a una empresa informática por 5.000 euros para evaluar el ataque, sin éxito en la recuperación de datos. Posteriormente, volvió a contratar a la misma empresa para una auditoría de descifrado, y según la investigación, fue esa empresa la que negoció con los atacantes y abonó el rescate en bitcoins.
La Fiscalía Provincial de Pontevedra presentó denuncia en octubre de 2024 al apreciar indicios de delito en la gestión del pago. Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el caso se sigue por prevaricación y malversación de caudales públicos, y también por daños informáticos y coacciones, aunque estos últimos no figuran en la imputación principal.
La instrucción judicial y el papel del concejal
Antón Iglesias ocupa actualmente la concejalía de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, pero en el momento de los hechos no estaba al frente de ese departamento. La jueza tratará de aclarar si la contratación de la empresa y el pago del rescate respetaron la ley, y si existió un uso irregular de fondos públicos.
La denuncia del Partido Popular de Cangas, que presentó la querella inicial, puso en marcha la investigación fiscal. El PP local sostiene que el pago del rescate supuso una grave irregularidad en la gestión de los recursos municipales y ha pedido responsabilidades políticas a la alcaldesa.
Un rescate de 200.000 euros en bitcoins, pagado desde un ayuntamiento gallego, pone a prueba los controles del gasto público en la era del ransomware.
Según el TSXG, la causa sigue abierta a la espera de nuevas diligencias y de la declaración de los investigados. No hay fecha fijada para la comparecencia del edil, pero fuentes judiciales indican que la instrucción podría prolongarse varios meses.
El Laboratorio Gallego
El caso de Cangas tiene un escenario político regional muy definido. El PPdeG gobierna la Xunta de Galicia con mayoría absoluta desde 2009, y el BNG se ha consolidado como principal partido de la oposición, aunque conserva alcaldías en municipios como Cangas. La investigación al concejal nacionalista puede dañar la imagen de gestión del BNG en un momento en el que la formación de Ana Pontón busca proyectarse como alternativa seria al PPdeG de cara a las próximas elecciones autonómicas.
La dimensión nacional del asunto no es menor. El pago de rescates a ciberdelincuentes con dinero público es un tema que incomoda a todas las administraciones, y el Gobierno central está impulsando protocolos de ciberseguridad para los ayuntamientos. Lo que ocurra en Cangas podría acelerar la exigencia de controles más estrictos sobre el gasto municipal en emergencias informáticas. El PP nacional, que ha criticado duramente la gestión del BNG en esta localidad, podría utilizar el caso como ejemplo de los riesgos de gobernar con partidos nacionalistas.
En el corto plazo, la instrucción determinará si hubo delito, pero el desgaste político ya está en marcha. El BNG deberá decidir si mantiene a Iglesias en su cargo si la investigación avanza, y el PP local aprovechará cada paso judicial para erosionar al gobierno de Gestido.
Ficha del Caso
- El caso: Concejal del BNG investigado por prevaricación y malversación tras el pago de un rescate en bitcoins para recuperar archivos municipales tras un ciberataque en Cangas.
- Datos importantes: Rescate de 200.000 euros, contratos a empresa informática, denuncia fiscal de 2024, investigación en el TSXG.
- Resumen: La justicia busca determinar responsabilidades penales y políticas en una gestión que buscó restaurar los servicios, pero pudo vulnerar la legalidad. El caso afecta a la credibilidad del BNG en un municipio clave.
