La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pisado el freno en algunas de las grandes apuestas del Pacto Verde durante su segundo mandato. La presión de la industria, de grandes Estados miembros y del Partido Popular Europeo (PPE) ha obligado a Bruselas a suavizar objetivos climáticos que hace solo un año parecían intocables.
El giro se produce en un verano marcado por incendios que han devorado masas forestales en Francia y Bélgica, una ola de calor que dejó miles de muertos en Europa y un Mediterráneo a temperaturas récord. Aun así, la agenda climática ha dejado de ser prioridad en el Berlaymont. La extrema derecha en Estrasburgo, más numerosa y ruidosa que nunca, trabaja sin descanso para desmantelar la agenda verde, su obsesión junto a la reducción de la inmigración.
El informe Draghi lo dejó por escrito: el exceso de regulación está detrás de la pérdida de competitividad europea frente a Estados Unidos y China. A eso se suma el encarecimiento energético derivado de la guerra de Ucrania y del cierre del estrecho de Ormuz tras la ofensiva de Donald Trump contra Irán. La industria europea pide aire y Bruselas ha decidido dárselo.
El giro industrial: del motor de combustión al comercio de emisiones
Berlín y Roma, gobernadas por Friedrich Merz y Giorgia Meloni, empujan sin disimulo para flexibilizar la transición energética, sobre todo en el sector del automóvil. En diciembre, la Comisión ya dio marcha atrás en el calendario que prohibía los coches con motor de combustión a partir de 2035. Los grandes fabricantes europeos respiraron aliviados.
La última polémica llegó en julio, hace un mes, con la reforma del comercio de emisiones (ETS), el peaje que obliga a las grandes industrias contaminantes a comprar permisos por emitir CO₂. Italia, Polonia y República Checa quieren desmantelarlo. Bruselas optó por un mecanismo de flexibilidad: permite contaminar durante más tiempo, pero ofrece apoyo financiero para invertir en tecnologías limpias.
La descarbonización ya no marca el ritmo de la política comunitaria: ahora es la regulación climática la que se negocia como moneda de cambio industrial.
El año pasado, la Comisión aprobó un paquete para reducir la carga burocrática que recortaba exigencias medioambientales, retrasaba entradas en vigor y reducía multas. En la misma línea, se ha pospuesto la ley que impide importar café, cacao, soja, madera o aceite de palma vinculados a la deforestación.
La portavoz comunitaria Arianna Podestà defendió esta semana que se trata de ‘una iniciativa de simplificación intensa’, no de desregulación, y que ‘mantenemos nuestras ambiciones y contamos con objetivos climáticos muy claros’. La realidad es que los compromisos se revisan a la baja, por mucho que Bruselas se niegue a usar la palabra retroceso.
España y Dinamarca, la resistencia descarbonizadora
Moncloa observa con preocupación el giro. España y Dinamarca son, en este momento, las dos capitales que con más claridad defienden que la descarbonización es la única vía para que la economía europea sea más competitiva a medio plazo. En las últimas reuniones del Consejo Europeo, las tensiones se han hecho visibles y el debate se ha enconado.
El eje Berlín-Roma presiona para dar un respiro a las fábricas y al sector del automóvil. España, con una posición exportadora en Europa y una dependencia menor de la producción automovilística tradicional, ve en la relajación climática un peligro: Bruselas puede acabar cediendo ante quienes tienen más músculo industrial y dejando la transición energética en un segundo plano. La batalla no es solo industrial; es también sobre qué modelo productivo saldrá reforzado de esta legislatura.
El Eje del Poder Europeo
El pulso climático es hoy la mejor radiografía de la geometría variable en la Unión Europea. Alemania y Italia lideran el bloque pro-industria y pro-flexibilidad. Merz necesita proteger las fábricas germanas de coches y componentes; Meloni, la industria italiana. Del otro lado, España, Dinamarca y otros países nórdicos apuestan por mantener el rumbo.
La lectura estratégica es clara: Von der Leyen ha elegido gobernar con una mayoría parlamentaria que pasa por el PPE y, cuando conviene, por la extrema derecha. En Estrasburgo, el grupo de los Conservadores y Reformistas presiona sin pausa para desmantelar la agenda verde; y la Comisión, que depende de ese bloque para sacar adelante sus iniciativas, ha empezado a asumir el coste. Observamos un patrón: cada cesión climática a la industria se presenta como simplificación administrativa, nunca como lo que es en el fondo.
En el plano histórico, esta batalla recuerda a la crisis del euro de 2010-2012: entonces, el eje Berlín-París dictó la política de austeridad y los países del sur tuvieron que adaptarse. Ahora la disputa es distinta pero la lógica se repite: los Estados con mayor potencia industrial marcan el paso, y el resto se posiciona entre el cálculo económico y la urgencia climática. La diferencia es que esta vez España no está sola; Dinamarca y los nórdicos comparten su diagnóstico.
El riesgo para España es doble. Por un lado, la relajación del ETS y la flexibilización de los calendarios pueden retrasar la transición energética en la que ha invertido buena parte de los fondos Next Generation. Por otro, si el grupo industrial europeo consigue ralentizar la descarbonización, España perderá competitividad como productora de energía limpia y como destino de inversiones ligadas al nuevo modelo productivo. De hecho, Moncloa ya ha trasladado a Bruselas su malestar por lo que considera una marcha atrás en los compromisos verdes.
La próxima ventana crítica será el pleno del Parlamento Europeo de otoño, cuando se debata formalmente la reforma del ETS. Hasta entonces, el tablero sigue abierto y el Pacto Verde, con la segunda Von der Leyen, ya no es el paquete sagrado que fue. La incógnita es cuánto margen queda para revertir el freno antes de que el modelo industrial europeo se consolide en su versión más contaminante.
