EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La EPA tenía 421 avisos de químicos nuevos pendientes el 1 de septiembre, con un plazo legal de 90 días por sustancia. El Congreso prorrogó hasta el 11 de diciembre su autoridad para cobrar tasas al sector.
- ¿Quién está detrás? La administración de Donald Trump, el administrador de la EPA Lee Zeldin y los comités de Energía y Comercio de la Cámara y de Medio Ambiente del Senado.
- ¿Qué impacto tiene? Fabricantes de chips y baterías llevan producción a Francia y a otros mercados; los polos petroquímicos españoles y las plantas de baterías de Sagunto y Zaragoza miran esa ventana.
La EPA acumula 421 químicos nuevos pendientes de aprobación: la espera mediana ya alcanza los 469 días que denuncia la industria.
El plazo legal de 90 días y una espera mediana de 469
Los datos los publica la propia agencia. El 1 de septiembre había 421 avisos de químicos nuevos sin resolver: 267 seguían en manos de la EPA y 154 en manos de las empresas que los habían presentado. La Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA), disponible en el portal de la agencia, concede 90 días para revisar cada solicitud antes de que pueda fabricarse o importarse en el país. La práctica va por otro camino.
El tracker público del American Chemistry Council (ACC), la patronal química estadounidense, sostiene que 409 de los 446 químicos en revisión han superado el umbral de los 90 días y que 307 llevan un año o más en cola. La mediana se situó en 469 días en el primer trimestre de 2026, por debajo de los 520 días de 2025. El atasco se estrecha, pero quintuplica el plazo legal. La cola es la factura.
El Congreso ha dado un balón de oxígeno parcial. La ley de gasto que Donald Trump firmó el 2 de septiembre prorroga hasta el 11 de diciembre la autoridad de la agencia para cobrar tasas a los fabricantes de de productos químicos, el mecanismo que sostiene buena parte del programa. Esas tasas cubren alrededor de un cuarto del coste del sistema de revisión, según el despacho Bergeson & Campbell. Sin ellas, revisar sale más caro.
La patronal de los fabricantes pequeños, SOCMA, publicó el 13 de agosto una encuesta sectorial: más del 60% de las empresas consultadas reportó esperas superiores a un año, el 82% dijo haber perdido oportunidades y el 70% haber cancelado proyectos. Casi el 93% aseguró que un proceso más rápido y predecible les haría más probable volver a producir en Estados Unidos. La política de reindustrialización choca con su propio calendario regulatorio.
Chips, baterías y el enfriamiento que acabó fabricándose en Francia
Los avisos publicados en el Federal Register el 28 de julio y el 27 de agosto dibujan la lista de espera real: once solicitudes corresponden a componentes o materiales de baterías, a las que se suman dos fluidos de transferencia de calor, un químico para componentes electrónicos y un ingrediente de la fotorresina con la que se graban los chips. La mayoría de las empresas de baterías reclamó la confidencialidad de su nombre; entre las que sí figuran está Quino Energy, que busca aprobación para un electrolito capaz de almacenar energía.
El atasco de la EPA no es un accidente burocrático: es el peaje de un sistema que exige revisar cada químico nuevo antes de que llegue al mercado.
El caso más elocuente lo puso el propio ACC: una compañía decidió fabricar en Francia un químico avanzado de refrigeración para chips ante la lentitud del proceso estadounidense. La patronal no dio su nombre. Su argumento, trasladado al español, es que un fabricante no puede comercializar con confianza un producto que sigue bajo revisión más de un año después de su plazo legal, ni escalar producción, ni comprometer las inversiones de largo plazo. Nadie mueve una fábrica por gusto.
Para España, ese cuello de botella abre una rendija. Los polos petroquímicos de Tarragona, y el País Vasco, las plantas de baterías de Sagunto y Zaragoza y el programa PERTE Chip compiten por el mismo tipo de proveedor que Washington tiene en cola. Cada trimestre de retraso en Washington es un trimestre de ventaja para quien tenga el producto listo. Francia ya ha pescado un caso.
La Lógica de Washington
Washington no improvisa.
Antes de medir el daño conviene entender qué problema intenta resolver la administración. La TSCA nació en 1976 y estuvo cuatro décadas sin retocar. La reforma de 2016 —la Ley Frank R. Lautenberg, aprobada con apoyo de los dos partidos y firmada por Barack Obama— cerró un agujero histórico: hasta entonces la agencia no podía exigir datos de seguridad de decenas de miles de sustancias antiguas. El precio de aquel rigor es la cola actual. A eso se suma que cerca del 25% de la plantilla de la oficina de químicos se ha marchado en el último año, según el testimonio recogido en una audiencia del Senado.
La coalición que empuja la reforma es la misma que sostiene el reshoring: las patronales químicas, los republicanos de los comités de Energía y Comercio y de Medio Ambiente y Obras Públicas —cuyos borradores para reautorizar las tasas siguen sin presentarse formalmente— y el ala industrial del Partido Republicano que quiere reducir la dependencia de China en materiales avanzados. La Sound Science Act (S. 4397) del senador por Nebraska Pete Ricketts apunta en esa dirección.
Enfrente, la Alliance for Health and Safe Chemicals sostiene que el borrador del Senado facilitaría la entrada de tóxicos en hogares y escuelas. El demócrata Sheldon Whitehouse, miembro de mayor rango de la minoría en el comité de Medio Ambiente, advierte de que algunas provisiones debilitarían la autoridad de la agencia justo cuando le faltan datos.
El reloj corre.
La agencia mantiene abierto hasta el 28 de septiembre el periodo de comentarios públicos sobre su aviso del 27 de agosto. La autoridad para cobrar tasas expira el 11 de diciembre: si el Congreso no la renueva, el programa pierde una cuarta parte de su financiación. Los borradores legislativos tendrían que presentarse formalmente, pasar por comité y superar el filtro del Senado antes de mover un solo plazo. La administración que promete acelerar permisos y repatriar fábricas depende de un Congreso que aún no ha decidido si su agencia puede seguir cobrando por revisar lo que esas fábricas necesitan.
Ficha del Caso
- El caso: La EPA arrastra cientos de revisiones de químicos nuevos por encima del plazo legal de 90 días, un cuello de botella que empuja a fabricantes de chips y baterías a producir fuera de Estados Unidos.
- Datos clave: 421 avisos pendientes el 1 de septiembre (267 en la agencia y 154 en las empresas); mediana de 469 días en el primer trimestre de 2026 frente a los 90 legales; 19 químicos autorizados sin restricciones en el año fiscal 2026 hasta el 1 de septiembre, frente a 267 en 2019.
- Para España: ventana para los polos petroquímicos de Tarragona y el País Vasco, las plantas de baterías de Sagunto y Zaragoza y el PERTE Chip, con los comentarios públicos abiertos hasta el 28 de septiembre y la autoridad de tasas expirando el 11 de diciembre.
