EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento Europeo ha dejado en el aire la ratificación del acuerdo comercial con Marruecos después de que una resolución de Estrasburgo calificara los hechos del 30 y 31 de julio en Ceuta como una ‘invasión’.
- ¿Quién está detrás? El PPE, con la eurodiputada española Dolors Montserrat al frente, exige que Rabat rinda cuentas. El socialista Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio, reprocha a la Comisión de von der Leyen la opacidad de la negociación.
- ¿Qué impacto tiene? La reforma incluye aranceles preferentes para frutas y hortalizas del Sáhara Occidental. Asaja sostiene que el pacto ‘socava la equidad del mercado’ frente al campo español.
El Parlamento Europeo ha aparcado la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Marruecos después de la crisis de Ceuta. No hay decisión formal de aplazamiento ni fecha nueva en el calendario, pero la votación que la Comisión daba por descontada para este otoño no reuniría hoy mayoría. El Partido Popular Europeo no mueve ficha, y sin el PPE no hay ratificación posible.
La resolución que salió adelante en Estrasburgo la semana pasada no tenía efectos jurídicos. Ni comerciales ni diplomáticos. Era un pronunciamiento político y, sin embargo, pesa hoy más que muchos reglamentos. Calificó los hechos del 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma como ‘una invasión’ y dejó abierta la responsabilidad de Marruecos por ‘acción u omisión’ durante la avalancha migratoria.
Ese texto cae justo encima del expediente más sensible que la UE mantiene abierto con Rabat. La reforma del tratado comercial, firmada por la Comisión Europea y los Veintisiete en 2025, sigue pendiente de ratificación por la Eurocámara. Mientras no llegue ese voto, se aplica de forma provisional. De ahí la paradoja: Marruecos ya disfruta del acuerdo, pero su blindaje definitivo depende de una cámara que ahora mismo no se lo daría.
Qué contiene exactamente la reforma que queda en el aire
El texto incorpora dos disposiciones sobre el Sáhara Occidental, el territorio que Marruecos controla y cuyo estatus sigue pendiente en Naciones Unidas. La primera es la preferencia arancelaria para las frutas y hortalizas originarias de la antigua colonia española. La segunda es un mecanismo de etiquetado que, en la práctica, no distingue el producto saharaui del marroquí.
La reforma añade un intercambio anual de información en el Comité de Asociación, el órgano que vigila la aplicación del pacto, para medir cómo llegan a la población saharaui los beneficios de la relación comercial y pesquera. El texto íntegro está disponible en la base de datos oficial EUR-Lex.
Las cifras explican por qué nadie quiere dar el paso en falso. Según datos de la Comisión Europea, las importaciones de la UE desde Marruecos superaron el año pasado los 5.200 millones de euros, mientras que las exportaciones comunitarias hacia el país magrebí rondan los 3.800 millones. Rabat es socio prioritario en comercio, en lucha antiterrorista y en control migratorio, y esa mezcla convierte cualquier voto en un asunto de Estado.
Rabat es demasiado importante para la UE como para castigarla, y demasiado incómoda como para defenderla en público sin pagar un precio político.
La arquitectura jurídica tampoco ayuda. El acuerdo llegó tras un intercambio discreto de cartas entre las autoridades comunitarias y la monarquía alauí, y después de que la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE estableciera que el consentimiento del pueblo saharaui sobre un pacto comercial no siempre debe expresarse de forma directa. La Comisión y los Estados miembros dieron luz verde y lo pusieron en marcha. La Eurocámara conserva la última palabra, y ese es exactamente el problema.
Feijóo tiene la llave en Madrid y el PPE la tiene en Estrasburgo
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convertido la gestión de la crisis migratoria en Ceuta en un arma contra Pedro Sánchez, y plantea sin rodeos si lo ocurrido responde a incompetencia o a un engaño. La delegación española del PPE en la Eurocámara, encabezada por Dolors Montserrat, empuja en la misma dirección: que Marruecos responda por lo sucedido. El PP evita pronunciar la palabra ruptura, pero deja claro que no piensa avanzar en la relación mientras la opinión pública observe a Mohamed VI con desconfianza.
Del otro lado, el socialista alemán Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio de la Eurocámara, ha criticado el oscurantismo de la negociación conducida por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen y su decisión de aplicar el tratado a la espera de un pronunciamiento judicial. La pugna no es solo política, es institucional, y deja a la Comisión defendiendo un acuerdo que su propio socio parlamentario cuestiona por el procedimiento.
Para España el asunto tiene dos caras. La primera es agraria: Marruecos compite directamente con el tomate de Almería, la fresa de Huelva, el pepino, la judía verde, la berenjena, y los cítricos de la Comunidad Valenciana y Murcia. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) lo dice sin matices: la medida prioriza la estabilidad diplomática con Rabat a costa de la supervivencia de las explotaciones familiares españolas.
La segunda cara es la migratoria. Marruecos ha demostrado en dos ocasiones —mayo de 2021 y julio de este año— que puede abrir o cerrar el grifo de la presión sobre Ceuta en cuestión de horas. Ese es su principal activo negociador, y explica por qué Moncloa insiste en separar la avalancha migratoria de la relación diplomática: cualquier gesto de Bruselas que Rabat lea como castigo se acaba pagando en la frontera.
El Eje del Poder Europeo
Madrid y París comparten posición de fondo: ambos reconocen el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como base de la solución. Berlín mira el expediente por el lado del comercio y de la estabilidad del Magreb, sin entrar en el fondo del contencioso. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia— no tienen interés directo y prefieren no gastar capital político. Y en el hemiciclo, el PPE ha normalizado lo que hace una legislatura era tabú: armar mayorías con la extrema derecha cuando la aritmética lo exige.
Conviene recordar el precedente. La crisis de Ceuta de mayo de 2021 pareció un punto de no retorno y se desactivó en semanas, porque la lógica del interés mutuo terminó imponiéndose aunque el contencioso del Sáhara siguiera sin resolverse. Lo que ha cambiado ahora no es la posición de Rabat, sino la del hemiciclo. Con la doctrina del TJUE sobre el consentimiento saharaui todavía coleando, la vía de menor resistencia para Europa ya no es firmar, sino no ratificar. Una Eurocámara que bloquea el acuerdo deja el tratado en el limbo durante años y convierte el Sáhara en un precedente reutilizable en cualquier otro territorio disputado.
El riesgo inmediato es de aritmética parlamentaria. Si el PPE mantiene el pulso y los socialistas no rebajan su crítica al procedimiento, la ratificación no saldrá adelante, y Rabat responderá donde más duele: cooperación policial, readmisiones y presión migratoria. Para España el coste es doble, porque es el único Estado miembro con frontera terrestre con Marruecos y el que más ha invertido en una relación que ahora depende del voto de eurodiputados alemanes, franceses o polacos.
No hay fecha oficial para la votación, y eso también es una forma de presión: el expediente vive en el limbo mientras las partes miden fuerzas. La próxima ventana realista apunta al pleno de octubre en Estrasburgo, aunque fuentes comunitarias consultadas por este medio, sin confirmación oficial, admiten que el calendario puede deslizarse. Antes, el Consejo tendrá que cerrar filas en torno a un acuerdo que ya no controla, y la Comisión deberá decidir si mantiene la aplicación provisional sine die, una prórroga con coste jurídico. Mientras tanto, España hace equilibrios: necesita a Rabat en la frontera y a la Eurocámara en Bruselas, y hoy no puede satisfacer a los dos.
