EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Compromís ha registrado en la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de València una iniciativa para controlar y limitar el precio del alquiler de los bajos comerciales.
- ¿Quién está detrás? El concejal Ferran Puchades, que acusa a la Concejalía de Comercio de once meses de retraso en las ayudas al sector.
- ¿Qué impacto tiene? Los alquileres han subido hasta un 35% en zonas céntricas y barrios gentrificados, y el área dejó sin adjudicar 1,3 millones de euros.
Compromís propone topar el alquiler de los bajos comerciales de València y denuncia 1,3 millones en ayudas sin adjudicar.
Once meses de espera y 1,3 millones que no llegaron al comercio
El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Ferran Puchades, ha llevado a la Comisión de Patrimonio municipal una iniciativa para controlar y limitar los precios del alquiler de los locales comerciales. El diagnóstico que maneja su grupo es contundente: en zonas céntricas y barrios en proceso de gentrificación los alquileres han subido hasta un 35%. El objetivo declarado es proteger al comercio de proximidad de una escalada que, en la práctica, expulsa a los negocios de toda la vida.
«El cierre de negocios históricos y de barrio es una realidad constante ante la imposibilidad de asumir unos costes de alquiler prohibitivos», ha advertido el edil. Puchades sostiene que los propietarios están disparando los precios porque saben que hay inversores turísticos dispuestos a pagar lo que sea por un local bien situado. Y remata: «cada tienda que cierra es un trozo de barrio que desaparece».
El segundo frente de la denuncia apunta directamente a la Concejalía de Comercio. Según el concejal, el área ha tardado cerca de once meses en resolver convocatorias clave de ayudas y ha dejado sin adjudicar más de la mitad del presupuesto previsto para el sector, unos 1,3 millones de euros. De esa cantidad, alrededor de 700.000 euros acabaron desviados hacia otras partidas, entre ellas Fallas, y deportes. Las cifras no cierran.
«Es inadmisible que se dejen dinero sin gastar mientras las tiendas cierran las persianas por no poder pagar el alquiler. Ese dinero era para salvar comercios, no para tapar agujeros en otras concejalías», ha insistido. Por eso Compromís exige al gobierno municipal que cualquier remanente de las ayudas al sector se destine de forma íntegra a la modernización de los establecimientos, a programas de digitalización y a reforzar campañas con recorrido probado como la de Bo Comerç.
Hay 1,3 millones sin repartir mientras el comercio de barrio se apaga persiana a persiana, calle a calle.
Del Bono Comerç a una bolsa de locales: qué pide Compromís al Ayuntamiento
A la limitación de alquileres se suman otras dos medidas. Por un lado, una bolsa de locales comerciales y un paquete de incentivos fiscales que faciliten el traspaso de negocios históricos a jóvenes emprendedores. Por otro, evitar que la actividad económica de los barrios quede reducida al monocultivo turístico. «El comercio de proximidad no es un decorado para la foto, es el que da vida a nuestras calles», ha zanjado Puchades.
El margen municipal para una medida así es estrecho. El marco estatal permite limitar la renta del alquiler en zonas residenciales declaradas tensionadas, pero no contempla los locales comerciales: una intervención sobre los bajos exigiría respaldo normativo autonómico o estatal. El debate tampoco nace aquí. Otras ciudades españolas llevan años buscando fórmulas contra la pérdida de comercio de barrio, y en Francia existen mecanismos de ese tipo sobre alquileres comerciales en calles concretas desde hace más de una década. A eso se suma la demanda ciudadana: la web del Bono Comercio llegó a colapsarse con más de 250.000 personas intentando acceder a un sistema preparado para 50.000 visitas.
El Escenario Valenciano
La iniciativa aterriza en un Ayuntamiento gobernado por el PP con el respaldo de Vox y con María José Catalá al frente. Compromís, que también ejerce la oposición en las Corts Valencianes frente al Consell de Pérez Llorca, ha convertido la defensa del comercio de barrio en una de sus banderas más reconocibles, y cada convocatoria de ayudas que se queda a medias alimenta ese relato. En el pleno, PP y Vox suman mayoría suficiente para frenar cualquier propuesta del grupo valencianista si no media un acuerdo previo. Las persianas, mientras tanto, siguen bajando.
El eco de esta discusión supera el ámbito municipal. El precio de la vivienda y la presión turística son hoy uno de los ejes de confrontación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las administraciones del PP, y el pulso sobre quién puede regular los alquileres ha acabado en los tribunales y en el Congreso. Lo que ocurre en València funciona como laboratorio: si un ayuntamiento no puede topar los alquileres comerciales con las herramientas actuales, la pregunta que viaja a Madrid es qué marco estatal hace falta para que las ciudades protejan su comercio sin depender de la voluntad de cada gobierno local.
La propuesta no tiene recorrido garantizado. La Comisión de Patrimonio es el primer filtro administrativo y el texto tendrá que superar más pasos antes de llegar al pleno, si es que llega. Con las próximas elecciones municipales en el horizonte de 2027, el gobierno de Catalá prefiere exhibir gestión —ayudas repartidas, campañas con tirón— antes que abrir un debate regulatorio de resultado incierto.
Ficha del Caso
- El caso: Compromís registra en la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de València una propuesta para limitar el alquiler de los bajos comerciales y frenar el cierre del comercio de proximidad.
- Datos importantes: subidas de alquiler de hasta el 35% en zonas céntricas y barrios gentrificados; 1,3 millones de euros sin adjudicar en ayudas al sector; 700.000 euros desviados a otras partidas; once meses de retraso en las convocatorias.
- Resumen: la iniciativa sitúa el comercio de barrio en el centro del debate municipal y añade presión al gobierno de PP y Vox, en un contexto estatal de discusión sobre los límites a los precios del alquiler.
