Los juzgados de Ourense resolvieron 38.319 asuntos en 2025 y rebajaron en 780 los casos pendientes, pese a la falta de personal.
Ourense resuelve más expedientes de los que entran: 38.319 salidas frente a 37.321 entradas
La provincia consiguió sacar más expedientes de los que entraron durante todo el ejercicio. Los órganos judiciales ourensanos resolvieron 38.319 asuntos frente a los 37.321 registrados, lo que deja casi un millar de asuntos más resueltos que registrados. Al cierre del año, la carga pendiente se situó en 16.972 procedimientos, 780 menos que un año antes, según los datos de la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG, el máximo órgano judicial de la comunidad), publicada esta semana.
Ourense firmó así la segunda mayor reducción de Galicia, solo por detrás de Pontevedra. El resultado combina dos factores: una menor entrada de pleitos y una mayor capacidad de respuesta de jueces y magistrados. El volumen de asuntos resueltos creció un 4,3 % respecto al año anterior, lo que evidencia el esfuerzo de unas plantillas que llevan años reclamando refuerzos.
Eso sí, el descenso de los expedientes pendientes no significa que los tribunales sean más rápidos. En el conjunto de Galicia aumentaron las duraciones medias estimadas, tanto en primera como en segunda instancia. La memoria no desglosa este indicador por provincias, así que no permite saber si los tiempos de espera crecieron también en Ourense. El alivio estadístico tiene letra pequeña.
Aunque las cifras conceden un respiro, los problemas de fondo siguen intactos. La Sección Primera de la Audiencia Provincial y el Juzgado de Primera Instancia número 6 de la ciudad, especializado en familia, estuvieron entre los órganos gallegos que recibieron jueces de refuerzo en algún momento de 2025. Esos profesionales trabajaron junto a los titulares para aliviar la carga y rebajar los asuntos en trámite.
Ourense resuelve más de lo que recibe, pero el alivio es estadístico: la falta de personal sigue marcando los tiempos de la justicia gallega.
Un refuerzo civil para 2027 y un Registro Civil digital ya completo en toda la provincia
El refuerzo permanente de la jurisdicción civil ya está aprobado. El Gobierno incluyó en un real decreto publicado en julio una nueva plaza para la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ourense. Su incorporación elevará de seis a siete el número de magistrados y se hará efectiva el 1 de junio de 2027. La medida llegó después de que la comisión mixta del TSXG y la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) solicitase en febrero ampliar la dotación civil de la ciudad.
La falta de personal ya había sido advertida por Ana María del Carmen Blanco Arce cuando tomó posesión como primera presidenta de la Audiencia Provincial el pasado verano. La magistrada situó entre las prioridades de su mandato la implantación de la nueva organización judicial y reclamó «plantillas estables y reforzadas, no reducidas». Blanco Arce aseguró conocer de cerca las carencias de los órganos ourensanos y se comprometió a trasladarlas a la Sala de Gobierno del TSXG.
En paralelo, la implantación del nuevo Registro Civil digital (Dicireg) quedó completada en la provincia durante 2025. El sistema llegó a las oficinas de Verín, O Carballiño, O Barco de Valdeorras, Xinzo de Limia, Celanova, y Ribadavia. Con esas seis incorporaciones, la herramienta pasó a estar disponible en los nueve partidos judiciales de Ourense.
La herramienta sustituye la organización basada en libros y archivos separados por un registro electrónico común. Cada ciudadano dispone ahora de un expediente individual donde se incorporan nacimientos, matrimonios, defunciones y otros hechos relativos a su estado civil. La información puede consultarse desde distintas oficinas, sin quedar vinculada al lugar donde se realizó la inscripción. Dicireg conecta además las oficinas generales con las municipales, ubicadas en los antiguos juzgados de paz, lo que permite resolver trámites sin desplazarse hasta las cabeceras judiciales.
El Laboratorio Gallego
La Justicia gallega avanza por debajo de sus posibilidades, y eso convierte a Ourense en un observatorio útil de lo que ocurre en el resto de España. La comunidad está gobernada por el PPdeG con mayoría absoluta desde 2009, con el BNG como primera fuerza de la oposición y el PSdeG en tercera posición, y el reparto competencial en materia judicial —medios materiales para la Xunta, Administración de Justicia para el Estado— recorre cada legislatura sin distinción de colores.
El nuevo refuerzo civil aprobado por real decreto muestra hasta qué punto la respuesta a la congestión de los juzgados exige coordinar a las dos administraciones. La comisión mixta del TSXG y la Xunta reclamó la plaza en febrero; el Gobierno la incluyó en julio; y no será efectiva hasta el 1 de junio de 2027. Esa demora de más de un año entre la petición y la entrada en servicio resume el problema: la maquinaria administrativa avanza más despacio que la carga de trabajo.
La misma lógica puede trasladarse al conjunto del país. Galicia registra duraciones medias al alza en primera y segunda instancia, igual que otras comunidades, y el debate sobre las plantillas judiciales —refuerzos temporales frente a plazas estructurales— ocupa hoy un lugar central en la política nacional de Justicia. La incógnita está en si la nueva plaza civil bastará para sostener el descenso de pendientes o si volverá a comportarse como un parche temporal, tal y como ocurrió con los jueces de refuerzo. La próxima memoria del TSXG, previsiblemente en septiembre de 2027, dará la respuesta.
Ficha del Caso
- El caso: Los juzgados de Ourense resolvieron 38.319 asuntos en 2025 y recortaron en 780 los procedimientos pendientes, hasta los 16.972, pese a la falta de personal.
- Datos importantes: 38.319 asuntos resueltos frente a 37.321 registrados; 16.972 pendientes; +4,3 % de resoluciones; nueva plaza civil efectiva el 1 de junio de 2027; Dicireg completo en los nueve partidos judiciales.
- Resumen: La mejora estadística no oculta el problema estructural de plantillas ni el alza de duraciones en Galicia. El caso ilustra cómo Xunta y Estado comparten la respuesta a la congestión judicial.
