La AEB y la CECA reclaman ampliar el mandato del BCE a la competitividad y el Ministerio de Economía responde que no. La secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, cerró esa puerta el miércoles en nombre del Gobierno: ‘Nos inclinamos por no ampliar mandatos’.
El escenario era un encuentro en Cunef organizado por IEBF, pero el asunto excede el aula. Los bancos españoles, y con ellos buena parte de la banca europea, sostienen que el Banco Central Europeo se ha quedado con una sola herramienta en un mundo que exige cuatro. El Banco de Inglaterra incorpora desde 2023 un objetivo ligado a la competitividad internacional. La Reserva Federal persigue dos metas a la vez, precios estables y máximo empleo. Aquí, solo una.
Nadie discute que el BCE haya cumplido su parte. Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB, puso cifras sobre la mesa: Europa necesita 1,4 billones de euros anuales de inversión en sectores estratégicos, cerca de un tercio de todo el crédito bancario concedido en la zona euro. ‘El 70% de la financiación europea continúa dependiendo del crédito bancario’, advirtió, antes de avisar del riesgo de caer en ‘la estabilidad del cementerio’. La expresión no es un adorno: describe lo que ocurre cuando un supervisor prioriza que nada se mueva.
Antonio Romero, director general de la CECA, fue más lejos. Defendió la ampliación y enumeró alternativas: extender el mandato de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para incluir la competitividad, aplicar lo que llamó ‘la teoría del mandato implícito’ —entender que la estabilidad también incluye competir— o crear un board independiente junto al BCE dedicado a estas materias. Ese foro lo respaldan España, Francia e Italia. ‘Me resultaría difícil entender que se niegue el debate’, dijo.
La base jurídica que esgrimen las entidades está en el Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión. Su artículo 4.3 obliga al BCE a aplicar toda la legislación pertinente de la Unión cuando ejerce de supervisor. La AEB apunta además al artículo 32, a su juicio la palanca que fuerza a la Comisión a revisar el reglamento cada tres años. De ahí deducen que existe margen. De ahí, y de un informe de Bruselas que no menciona la ampliación ni una sola vez.
El BCE no necesita un mandato nuevo para mirar la competitividad, pero sí lo necesita para poder ignorarla sin coste político.
El mandato que nació en Maastricht en 1992 nadie se atreve a reabrir
El texto consolidado de los Tratados sitúa la estabilidad de precios como objetivo primordial del BCE en su artículo 127 y subordina todo lo demás a ese fin. Se redactó con el recuerdo de la hiperinflación alemana y con una obsesión: que ningún Gobierno pudiera presionar al banco central para financiar su déficit.
Reabrir ese artículo exige unanimidad de los Veintisiete y ratificación posterior en cada capital. El último intento serio, el Tratado de Lisboa, se cerró en 2007 tras años de bloqueos, un ‘no’ irlandés y una repetición de referéndum en Dublín. Nadie repite aquello.
En Fráncfort la idea se recibe con distancia. El Banco Central Europeo ha sostenido en sus comparecencias ante la Eurocámara que su mandato ya permite atender la competitividad por la vía del análisis y de la supervisión, sin necesidad de un objetivo nuevo. Traducido: no quiere un baremo político que alguien de fuera pueda usar para medirle.
El Gobierno se desmarca y Bruselas enfría: quién paga la factura de la ambigüedad
Conthe introdujo un matiz que conviene no perder: el problema, dijo, no es concentrar funciones de supervisión, sino recogerlas bien en la legislación. Tras una consulta con 200 propuestas, la Comisión se ha comprometido a poner sobre la mesa a comienzos de 2027 una gran propuesta legislativa de simplificación y competitividad financiera. En ese paquete, hoy, no hay ni una línea sobre el mandato.
Para la banca española el cálculo es incómodo. Las entidades que integran la AEB y la CECA, los grandes bancos cotizados del país, son las que más dependen del crédito para financiar a pymes y autónomos, y las que más notarían una agenda europea que priorizase competitividad sin relajar la disciplina de capital. España defiende el board de competitividad junto al BCE. No defiende tocar el mandato. Es una posición coherente y, a la vez, una forma elegante de no elegir.
Hay un elemento de política interior que el sector no pasa por alto. El Ministerio de Economía se ha alineado con la Comisión justo cuando la Comisión arrastra los pies, de modo que el coste de la ambigüedad lo asume la banca y no el Ejecutivo comunitario. A eso se suma el gravamen que España mantiene sin socios en la UE. El resultado es un sector que negocia solo.
El Eje del Poder Europeo
El eje franco-alemán llega a este debate con intereses cruzados. Berlín mira su industria y quiere un BCE que no estorbe, pero no está dispuesta a abrir el Tratado ni a dar a Fráncfort un objetivo que suene a política industrial dirigida desde Bruselas. París empuja más: respalda el board de competitividad porque necesita que alguien ponga el acento en el crecimiento. Ninguno de los dos quiere, eso sí, que el mandato deje de ser único. La razón es sencilla. Mientras sea único, cada vez que el BCE hace algo discutible se le puede recordar para qué existe.
Los frugales —Países Bajos, Austria Dinamarca, Suecia y Finlandia— son el bloque más previsible. Su miedo histórico no es la inflación, es la politización: recuerdan julio de 2012, cuando Mario Draghi prometió hacer ‘lo que haga falta’ para salvar el euro y varios ministros de Finanzas del norte escribieron cartas airadas. Un BCE con un objetivo de competitividad es un BCE con permiso para discrepar de los Gobiernos en más terrenos. A Budapest y a Varsovia el asunto les resbala: su pelea se libra en los fondos de cohesión y en el Estado de Derecho.
España, Francia e Italia sostienen ese foro junto al BCE, y ahí está la paradoja. Madrid pide instrumentos nuevos sin tocar el marco y lo presenta como prudencia. La lectura a cinco años es otra: si la vía del mandato implícito prospera, el BCE acabará aplicando criterios de competitividad en su supervisión sin que ningún Tratado lo haya aprobado. El día en que esos criterios perjudiquen a la banca española —menos concentrada y con un modelo más expuesto al crédito a pymes que sus homólogas nórdicas—, reclamar el mandato único ya no servirá de nada.
El riesgo inmediato no es un Tratado, es un reglamento. La propuesta prometida por Bruselas para los primeros meses de 2027 puede incluir la competitividad como objetivo de la EBA —la autoridad con sede en París— sin mencionar el mandato del BCE, y producir el mismo efecto por la puerta de atrás. Ahí se verá si el Gobierno mantiene la prudencia o si, como pide la CECA, se limita a explorar alternativas. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
