La UE ha abierto en Bruselas la discusión sobre un Protocolo de Seguridad de Emergencia frente a los ataques híbridos rusos. Los ministros de Defensa de los Veintisiete se sentaron este lunes por primera vez a hablar del asunto. No hay texto articulado, ni votación, ni calendario.
El mecanismo lo propuso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y está diseñado a imagen de el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte: el resorte que permite a cualquier aliado pedir consultas urgentes cuando considera amenazada su seguridad, sin que eso active de forma automática una respuesta militar.
Un protocolo sin texto: qué se debatió y qué sigue siendo un deseo
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, calificó la reunión de ‘discusión muy preliminar’ y fijó el marco: ‘No estamos creando nada adicional, sino que debe funcionar de la mano’ de la OTAN. El mensaje no era retórico. Responde al recelo de varios Estados miembros, que temen que Bruselas levante una estructura paralela a la Alianza Atlántica y que la duplicidad acabe debilitando la respuesta en lugar de reforzarla.
El secretario de Estado alemán, Sebastian Hartmann, lo dijo a su llegada: ‘Está claro que es necesario un enfoque conjunto OTAN-UE’. Berlín no quiere sorpresas. Y menos en un terreno donde la planificación militar sigue dependiendo casi por completo de la estructura aliada. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, empujó el jueves en la dirección contraria a la que algunos temen: más apoyo a Ucrania si los europeos quieren enviar un mensaje con cada incidente.
El diagnóstico no lo firma Bruselas, sino las capitales. La inteligencia militar danesa advirtió el jueves de que Rusia probablemente llevará a cabo más ataques híbridos contra objetivos occidentales y añadió que una invasión de un país de la OTAN es ‘improbable’, aunque no descartable. El primer ministro polaco, Donald Tusk, alertó de amenazas que incluyen drones y misiles contra los aliados de Ucrania. El ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen, resumió la posición nórdica: ‘Debemos abordar este asunto con calma pero con firmeza’.
¿Qué busca Moscú? Un funcionario europeo lo describió sin ambages: impacto psicológico. El objetivo no es ganar una guerra, sino desestabilizar a los países que sostienen a Kiev y erosionar la confianza ciudadana en las instituciones. Esa asimetría es el problema de fondo. La UE suma 27 servicios de inteligencia, 27 marcos legales y ninguna doctrina común para responder a un sabotaje, a una campaña de desinformación o a un dron que cruza una frontera.
El Protocolo de Seguridad de Emergencia nace como un deseo político: sirve para nombrar la amenaza, pero todavía no para responder a ella.
El flanco este marca el ritmo y el sur exige entrar en el mapa
Quién empuja y quién frena. Polonia, los bálticos y Finlandia quieren una respuesta tangible y rápida, porque son el blanco cotidiano de la presión rusa. Los frugales —Países Bajos, Austria, Irlanda— aceptan el diagnóstico pero desconfían de cualquier mecanismo que abra la puerta a nuevos compromisos financieros comunes fuera del Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de siete años de la UE ya cerrado y negociado hasta el último euro. Nadie quiere pagar la fiesta.
España juega en otro tablero. Moncloa respalda el marco, pero su prioridad es que el protocolo no se convierta en una obligación de gasto encubierta ni en un reparto de tareas sin financiación. El Ejecutivo insiste en que cualquier instrumento de defensa común se costee con capacidad extrapresupuestaria, sin detraer fondos del Marco Financiero Plurianual, donde España tiene comprometidos los desembolsos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y hay un segundo matiz: Madrid, Roma y Atenas reclaman que la amenaza híbrida no se escriba mirando solo al Báltico.
La razón es geográfica. Los cables submarinos que conectan la Península con América y con el norte de África, los gasoductos, y los flujos migratorios instrumentados desde el Sahel son infraestructuras expuestas, y el sur europeo lleva meses pidiendo que entren en el catálogo. Para la industria española, traducción contable: si el protocolo genera demanda de sistemas antidrón, ciberdefensa y vigilancia marítima, compañías como Indra, Navantia o Telefónica Tech compiten por contratos que hasta ahora se adjudicaban casi en bloque a proveedores alemanes, franceses e italianos. El programa europeo de industria de defensa que gestiona la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión será la puerta de entrada.
A eso se suma el pulso interno. El PP lleva meses exigiendo a Sánchez que acelere el gasto militar y cumpla el objetivo del 5% del PIB pactado en la cumbre de la OTAN de La Haya en 2025, un listón que el Ejecutivo firmó con matices. La Moncloa defiende que el 2% está garantizado para 2029 y que la discusión real no es cuánto se gasta, sino en qué se gasta.
El Eje del Poder Europeo
Lo que se negocia en Bruselas no es un instrumento técnico: es un cambio de naturaleza de la UE. Francia lleva una década predicando la autonomía estratégica y ve en cada crisis híbrida un argumento para dotar a Bruselas de capacidades propias. Alemania responde con la fórmula de Hartmann: complementariedad con la OTAN y nada que genere desconfianza en Washington. Los frugales calculan la factura. El flanco este exige dureza. Y el sur, España incluida, quiere que el mapa de amenazas no se dibuje solo con la frontera rusa en el centro. Geometría variable, como casi siempre.
El precedente más cercano está en la Brújula Estratégica de 2022, el documento que alumbró por primera vez una doctrina de seguridad común y que, cuatro años después, sigue pendiente de buena parte de sus promesas. Antes hubo otra lección: durante la crisis del euro, la UE reaccionó a cada embate con retraso, siempre por detrás de los mercados, y solo cuando el coste de no actuar fue evidente. Con los ataques híbridos pasa algo parecido, con un agravante: no existe un momento de pánico que obligue a decidir.
Nuestra lectura es que el Protocolo de Seguridad de Emergencia acabará siendo una de dos cosas: un mecanismo de consulta política, útil pero blando, o la semilla de una doctrina de disuasión europea que hoy no existe. La diferencia no la marcará el texto, sino quién paga y quién manda. Y ahí el artículo 42.7 del Tratado de la Unión —la cláusula de defensa mutua que nunca se ha activado— sigue siendo la gran pieza sin usar del ordenamiento europeo.
El calendario tampoco ayuda a la épica. Las conversaciones continuarán en las próximas reuniones de ministros de Defensa y volverán a la mesa del Consejo Europeo, previsiblemente en octubre, con un documento que a estas horas no existe. Kallas ya ha dicho que seguirán ‘por este camino’. Traducido: seguimos hablando. La prueba de fuego llegará con el próximo incidente grave, cuando toque comprobar si los Veintisiete activan algo o emiten otro comunicado conjunto.
