La Audiencia Nacional ha vuelto a frenar la amnistía de los doce CDR acusados de terrorismo. El tribunal ha concedido diez días a la Fiscalía, a las acusaciones populares y a las defensas para que presenten alegaciones sobre la aplicación de la ley de amnistía a los encausados. La providencia se ha comunicado este lunes, dos meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara que la norma podía aplicarse.
Los hechos se remontan a 2019. Los doce encausados están acusados de delitos de terrorismo por su participación en acciones contra la condena de los líderes independentistas. La mayoría de las defensas pidió ya en julio al tribunal que aplicara el perdón penal sin más diligencias, tal y como, subrayan, permitía la respuesta de Luxemburgo. La Audiencia Nacional ha preferido abrir un trámite de contradicción antes de decidir.
La providencia no entra en el fondo del asunto. Se limita a conceder ese plazo —que expira en la primera semana de octubre— para ‘formular por escrito las alegaciones que estimen oportunas’ y ‘garantizar la contradicción’ entre las partes. En plata: el tribunal se toma otro compás de espera.
La asociación Alerta Solidària ha denunciado la ‘agonía’ a la que, a su juicio, se somete a los encausados. Uno de los abogados defensores lo ha descrito sin ambages como ‘filibusterismo procesal’. La expresión no es baladí: describe una dilación que, en la práctica, mantiene viva la causa meses después de que Europa dijera lo que dijo.
La ley de amnistía llegó al Congreso para cerrar precisamente este tipo de causas. Su aplicación, sin embargo, se ha convertido en un pulso sordo entre los tribunales españoles y el derecho europeo. Y en ese pulso, los CDR son solo la punta del iceberg.
Diez días más no son un trámite: son dos meses extra de causa viva para doce personas que esperan una respuesta que Europa ya dio en julio.
Lo que el TJUE avaló en julio y la Audiencia Nacional todavía no ejecuta
El pasado julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respondió a la consulta de la Audiencia Nacional sobre si la ley de amnistía chocaba con el derecho comunitario en materia de terrorismo. La respuesta fue que no había obstáculo para aplicarla. Los defensores lo leyeron como una autorización expresa. El tribunal, en cambio, ha optado, por un paso más antes de decidir.
Lo que observamos es un patrón. Desde octubre de 2019, los doce CDR han visto cómo su causa se alargaba curso tras curso: primero la instrucción, después la fase intermedia, ahora la ejecución de la amnistía. Cada paso ha añadido meses a una espera que ya roza los siete años.
El fiscal y las acusaciones populares tienen ahora la pelota en su tejado. Si alguna de ellas se opone a aplicar la norma, el tribunal deberá resolver por auto, lo que abriría un nuevo capítulo de recursos. El plazo técnico termina en torno al 8 de octubre, aunque el calendario judicial invita a pensar en algo más.
La sombra del 1-O: el Tribunal de Cuentas también frena
El caso de los CDR no es un episodio aislado. El Tribunal de Cuentas consultó al TJUE por la misma vía y obtuvo idéntica respuesta en julio. Lejos de ejecutarla, ha abierto sus propias consultas, lo que ha atrasado la aplicación efectiva del perdón en la causa contable del 1-O.
Ese procedimiento afecta al expresidente Carles Puigdemont, al expresidente Artur Mas, al exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras y a unos 33 excàrrecs del Govern. La cifra no es menor: hablamos de buena parte de la cúpula política de la última década, con expedientes que siguen vivos mientras la ley que debía cerrarlos duerme en los juzgados.
Por qué este pulso judicial tiene consecuencias políticas
La amnistía fue la moneda de cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Su bloqueo judicial no es solo un problema procesal: mantiene abierto un frente que el Gobierno central daba por resuelto y que ERC y Junts utilizan como termómetro de la relación con Moncloa. En esta redacción entendemos que cada mes de retraso erosiona el relato oficial de que la norma ya está funcionando.
El precedente más cercano está en los propios tribunales ordinarios. Varias audiencias provinciales y el Supremo han ido aplicando la amnistía a cuentagotas, con interpretaciones dispares sobre qué delitos entran y cuáles no. Esa dispersión es, precisamente, el argumento que las defensas esgrimen contra el trámite de alegaciones: si el criterio ya está fijado por Europa, ¿para qué diez días más?
La lectura política es otra. Cada dilación coloca la amnistía en el primer plano informativo, justo cuando el Govern aspira a centrar el curso en los presupuestos y en la financiación singular. El independentismo gana un agravio recurrente; Moncloa, un recordatorio incómodo de que su ley estrella no acaba de aterrizar.
El próximo hito es concreto: la Audiencia Nacional resolverá una vez transcurrido el plazo de alegaciones, previsiblemente a lo largo de octubre. Mientras tanto, los doce CDR siguen a la espera de una decisión que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya bendijo hace dos meses.
