ERC da por hecho su voto favorable al decreto de vivienda y quiere rebajar el ITP del 10% al 5% en Cataluña. Son dos movimientos que el partido vende como complementarios, aunque respondan a calendarios distintos y a interlocutores distintos.
Cuando faltan menos de 24 horas para que el Consejo de Ministros apruebe el texto, el portavoz republicano, Isaac Albert, ha dado por descontado el apoyo de su grupo. No ha visto el articulado definitivo, admite, pero lo que ha trascendido del Ministerio de Vivienda le basta: la propuesta está, dice, ‘absolutamente alineada’ con lo que ERC venía reclamando.
Por qué ERC pasa de la amenaza al ‘no seremos un problema’
La frase con la que Albert selló su comparecencia fue esa: ‘No seremos un problema, seremos parte de la solución’. En un partido acostumbrado a convertir cada votación en una subasta de contrapartidas, el cambio de registro tiene doble lectura. Por un lado, ERC quiere rentabilizar ante su electorado un decreto con medidas que llevaba meses exigiendo: la prohibición a los fondos buitre de comprar pisos con fines especulativos, la estabilización de los contratos de alquiler, y el refuerzo de la protección frente a los desahucios.
Por otro, el portavoz no escondió el cabreo. Las negociaciones han ido ‘tarde’, y el reparto de culpas incluía al PSOE y a Junts, a los que acusó de arrastrar los pies por motivos ‘exclusivamente partidistas’. ‘Haber perdido semanas y meses por posicionamientos exclusivamente partidistas no ayuda a avanzar, y ahora todo son prisas’, lamentó. La crítica a Junts no es un detalle menor: sitúa a ERC en el papel de socio responsable frente a un grupo que, según esta lectura, ha jugado al desgaste sin obtener nada tangible.
La letra pequeña que ERC quiere incorporar la puso Oriol Junqueras el domingo. El presidente del partido reclamó cinco garantías: la suspensión de los desahucios de personas vulnerables, la aplicación de los topes del alquiler también a los contratos de temporada y a las habitaciones, una prórroga extraordinaria de dos años para los arrendamientos, más autonomía municipal para subir el IBI a grandes tenedores y pisos turísticos, y el ‘fin de los privilegios’ de las sociedades de inversión. ‘El miedo a perder tu casa no puede ser el negocio de nadie’, afirmó.
El sí de ERC al decreto estatal no desatasca el frente catalán: la ley que debía frenar la compra especulativa sigue encallada en el Parlament.
Las declaraciones llegan con la calle caliente. En Madrid, varios activistas mantienen una acampada en la Puerta del Sol. En Barcelona, esta mañana se han producido cortes de carretera. El decreto Maricarmen, bautizado así a raíz del desahucio de una mujer de 87 años, se ha convertido en el termómetro de un malestar que no entiende de siglas.
La rebaja del ITP que ERC llevará al debate de política general
El segundo frente es catalán y se juega en el Parlament. ERC llevará al debate de política general de esta semana una propuesta para reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) en la compra de la primera vivienda habitual, que pasaría del 10% al 5%. Albert lo justificó como una vía para ‘mejorar el acceso a la vivienda y regular su acumulación’. Añadió dos piezas más: el fraccionamiento del pago y un tipo distinto cuando la compra no se destine a uso habitual, es decir, un recargo para quien no piensa vivir allí.
Ya existe un ITP reducido para determinados colectivos. La novedad sería ampliarlo. Y aquí aparece la contradicción que el propio partido verbalizó: preguntado por si esta ofensiva fiscal interfiere en la negociación con el Govern y los Comuns para sacar adelante la ley catalana contra la compra especulativa, Albert respondió que son ‘dos caminos en paralelo’. Dos caminos que, por ahora, no se tocan.
El dictamen del CGE y el riesgo que nadie quiere repetir
El problema de fondo es que ese segundo camino lleva meses embarrado. El Consell de Garanties Estatutàries dictaminó que la proposición de ley destinada a regular la compra especulativa de vivienda vulnera el derecho a la propiedad privada. El instrumento catalán con el que ERC pretendía atacar la acumulación de inmuebles choca con un muro jurídico antes incluso de nacer.
De ahí que la rebaja del ITP funcione, en la práctica, como un plan B fiscal. En Cataluña el tipo general de este tributo para vivienda usada se sitúa en el 10%, uno de los más altos del Estado, y moverlo es competencia de la Generalitat. Bajar el impuesto que paga el comprador no depende de ningún dictamen y puede tramitarse por vía presupuestaria o legislativa. Eso sí, tiene un coste en recaudación que no consta que se haya detallado en público, y que en un ejercicio con las cuentas autonómicas tensionadas obligará a decidir de dónde sale el dinero.
Hay además un cálculo político que ERC no oculta. Con un decreto estatal que recoge buena parte de su programa y una rebaja fiscal en primera vivienda sobre la mesa, el partido puede presentarse como el que arranca medidas concretas, en Madrid y en Barcelona. Junts aparece en la foto como el socio que llega tarde a todo. Cosas de la política catalana.
Queda por ver qué respaldo real tiene la rebaja. La ley catalana de vivienda sigue pendiente de una salida tras el dictamen, y la negociación con los Comuns no está cerrada. El calendario aprieta: el Consejo de Ministros del martes, el debate de política general en el Parlament de Catalunya esta misma semana y unas cuentas que en algún momento tendrán que reflejar la medida. Ahí queda eso.
