Adif y Adif-Alta Velocidad han recurrido a modificaciones de contrato declaradas urgentes para absorber sobrecostes en obras de alta velocidad, un atajo administrativo que evita el concurso y limita el escrutinio. La secuencia se repite: surge una incidencia durante la ejecución, el Director de Obra firma una propuesta técnica y un informe de «problema sobrevenido del terreno» —elaborado por la propia Adif— convierte el imprevisto en una modificación urgente. Las adjudicatarias son casi siempre las mismas: filiales de ACS, Acciona, FCC, Ferrovial y Sacyr, además de OHLA.
Los tres casos seleccionados no son los únicos, pero sí los más ilustrativos: se han elegido por el volumen del sobrecoste, por la entidad de las empresas implicadas y porque su rastro documental puede seguirse íntegramente en fuentes públicas. Entre ellos figura el soterramiento ferroviario de Murcia, tramos Estación del Carmen-Barriomar y Nonduermas, adjudicado el 24 de mayo de 2019 a una UTE encabezada por Ferrovial Agromán. Cada ficha recoge la obra, la adjudicataria, el importe y la fecha de la modificación, así como los informes que la sustentan y dónde verificarlos: Plataforma de contratación, BOE y Tribunal de Cuentas.
5El rastro documental para comprobarlo: Plataforma de Contratación, BOE y fiscalización del Tribunal de Cuentas
El primer eslabón del rastro está en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde Adif y Adif-Alta Velocidad vuelcan sus perfiles del contratante: cada expediente conserva el anuncio de licitación, el precio de adjudicación y, cuando lo hay, el acuerdo de modificación con importe y nueva fecha de fin. Desde 2016, la Junta Consultiva recomienda publicar esas modificaciones y Adif mantiene además un listado mensual, pero solo lo deja accesible quince meses, de modo que la serie histórica se reconstruye con dificultad y con huecos: en la versión actualizada a octubre de 2026, con casi 750 expedientes modificados, no figura la prórroga a Hitachi del contrato de señalización ERTMS de la Madrid-Sevilla. El segundo eslabón son el BOE y el Diario Oficial de la UE: por encima de los umbrales europeos, cada modificación exige un anuncio en TED con la justificación literal. Ahí consta, por ejemplo, el modificado del tramo Guadalmez-Córdoba, que pasó de 52,4 a 58,7 millones (un 12% más) con doce meses adicionales, alegando circunstancias que un comprador diligente no podía predecir: fincas cinegéticas que niegan el paso a la maquinaria, andamiaje inviable por los cortes de circulación y suministradores de balasto que rescinden contratos.
El tercer eslabón es el Tribunal de Cuentas, donde la coartada de lo sobrevenido se contrasta con el expediente completo. Su fiscalización de la línea Madrid-Barcelona concluyó que el coste final superó un 43,2% el precio de adjudicación, que se tramitaron 336 prórrogas y que muchas modificaciones no obedecían a necesidades nuevas ni a causas imprevistas, sino a deficiencias del proyecto; en L’Hospitalet-La Torrassa el coste se multiplicó por más de tres, hasta 354,7 millones, con cinco obras de emergencia. El informe aprobado el 18 de diciembre de 2025 sobre Adif y Adif-Alta Velocidad y los fondos del PRTR añade el problema inverso: el órgano fiscalizador no encontró evidencia documental suficiente para verificar la implantación de medidas ni la trazabilidad del gasto, y el consejero ponente trasladó los hechos a la Fiscalía Anticorrupción el 26 de junio de 2025. La Comisión Mixta recibió el 29 de enero de 2026 una petición de fiscalización extraordinaria de los contratos de Adif-Alta Velocidad en la Madrid-Sevilla entre 2018 y 2025.
