Copernicus confirma el verano récord en Europa: 2,5 °C sobre la media y estrés térmico en la mitad del continente

Copernicus confirma el verano récord en Europa: las temperaturas superficiales de junio a agosto quedaron 2,5 °C por encima de la media decadal y más de la mitad del continente sufrió un estrés térmico severo.

El informe que el servicio climático de la Unión Europea publicó el pasado viernes concluye que el calor que castigó de forma persistente al oeste del continente fue el peor desde que hay registros. Las temperaturas del aire en superficie se colocaron 2,5 °C por encima de la media de la última década, un desvío que en climatología equivale a un salto de escala. Vamos a los datos.

El verano más caluroso jamás medido en el oeste de Europa

Más de la mitad del continente quedó bajo un estrés térmico «muy fuerte», con una sensación superior a los 38 °C. Ese umbral no lo marca solo el termómetro: combina temperatura, humedad, viento y radiación, y describe cómo lo sufre el cuerpo humano. Al cruzarlo, el organismo pierde parte de su capacidad de regularse.

En el resto del continente el calor fue más suave, pero igualmente letal. La combinación de olas de calor y temperaturas sostenidas hizo de este el tercer verano más caluroso registrado en toda Europa, aunque el núcleo del récord se concentró en el oeste. Las muertes asociadas al calor se cuentan por decenas de miles.

El calor también arrasó cosechas. Regiones del sur y el centro del continente vieron cómo las temperaturas extremas y la sequía asociada mermaban la producción en plena campaña de recolección, un golpe que acaba trasladándose al precio de los alimentos en los mercados europeos.

Un verano 2,5 °C por encima de la media no es una anomalía pasajera: es la nueva línea base de un clima que ya se mide en récords consecutivos.

El informe dibuja además el mapa del calor. El oeste europeo concentró la peor parte, mientras el resto del continente encadenó episodios menos extremos pero sumados. Esa combinación —picos brutales en unas regiones y calor sostenido en otras— es la que convierte la estación en un récord continental y no en una anécdota local.

La letra pequeña de Copernicus: cómo se mide un verano récord

Conviene entender de qué habla exactamente el dato. Copernicus no mide una sensación aislada: su indicador de estrés térmico cruza varias variables y por eso arroja umbrales como el de los 38 °C. La referencia, además, es la media decadal y no un solo año. Un desvío de 2,5 °C sobre una década completa es extraordinario. La letra pequeña manda.

El servicio forma parte del programa de observación de la Tierra de la Unión Europea y alimenta la información que emplean la Comisión Europea y los servicios meteorológicos nacionales. Sus series sostienen el seguimiento de los objetivos climáticos del bloque y de marcos como Fit for 55 o la Taxonomía Verde, que obligan a empresas e instituciones a justificar con cifras su exposición al riesgo climático.

Ese impacto llega hasta el consumidor. Cuando el calor merma las cosechas en el sur y el centro del continente, la presión sube en la cadena alimentaria y en los precios de la energía de refrigeración. Lo que empieza como un dato climático acaba en la cesta de la compra y en la factura eléctrica de millones de hogares.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Anomalía térmica: 2,5 °C por encima de la media decadal en el oeste de Europa entre junio y agosto.
  • Estrés térmico: más de la mitad del continente superó el umbral de «muy fuerte», con sensación por encima de 38 °C.
  • Récord continental: tercer verano más caluroso registrado en el conjunto de Europa.
  • Impacto humano: decenas de miles de muertes asociadas al calor y cosechas arruinadas en varias regiones.
Copernicus

Qué significa este verano récord para la economía y el riesgo corporativo

Copernicus lleva años encadenando récords de estación. El precedente inmediato es el verano de 2022, cuando Europa registró su entonces estación más cálida y la sequía disparó las alertas en el Rin y en el Po. La diferencia ahora no es la sorpresa, sino la normalización: lo que hace cuatro años se leyó como excepcional hoy se repite con un desvío de 2,5 °C.

Para las empresas, el calor extremo ya es un riesgo financiero medible. La normativa europea obliga a las grandes compañías a reportar su exposición a eventos climáticos físicos bajo la directiva CSRD, y una parte del capital empieza a penalizar los balances que ignoran el estrés térmico sobre la producción, la logística o la energía. Un verano como este no es solo una noticia meteorológica: entra en las memorias de sostenibilidad y en las primas de riesgo.

La letra pequeña de este récord es incómoda. Un desvío de 2,5 °C no se diluye en la volatilidad normal del clima; empuja cosechas, redes eléctricas y sistemas sanitarios hasta el límite. Reconocerlo no es alarmismo, es contabilidad climática: lo que no se mide, no se corrige.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: el informe de Copernicus fija una línea base verificable, con 2,5 °C de anomalía y estrés térmico en más de la mitad del continente, sobre la que medir cualquier avance.
  • Modelo que cambia: la gestión del calor extremo deja de tratarse como una emergencia puntual y pasa a integrarse en la planificación urbana, agrícola y energética.
  • Para las próximas generaciones: sin reducción real de emisiones, el verano récord de hoy será la referencia de un clima todavía más cálido que heredarán.

Sánchez estudia elecciones anticipadas tras el rechazo de los decretos de vivienda: las claves del gabinete de crisis

El Gobierno estudia convocar elecciones anticipadas después de que el Congreso haya tumbado sus dos decretos de vivienda. Pedro Sánchez ha reunido este domingo a su núcleo duro en La Moncloa para decidir si acorta la legislatura, según las fuentes consultadas por ABC, después de que miles de personas salieran a la calle el sábado en Madrid por la vivienda.

Qué ha pasado en el Congreso con los dos decretos de vivienda

La Cámara ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda que el Ejecutivo había aprobado por la vía de urgencia. Junts cumplió su amenaza y votó en contra, lo que dejó al Gobierno sin su principal paquete normativo en materia de vivienda. Un real decreto-ley es una norma con rango de ley que el Gobierno aprueba en casos de urgencia sin pasar antes por el Congreso.

La norma necesita después la convalidación de la Cámara (el pronunciamiento del Congreso que ratifica o rechaza el decreto) en un plazo máximo de 30 días. La votación llegó tras semanas de negociación con el grupo de Carles Puigdemont. Ambos textos han caído.

Según el relato que recoge ABC, el amago de adelanto no llegó esta vez por una carta a la ciudadanía, sino por el torrente de presiones que precedió al voto contrario de Junts.

El gabinete de crisis de Moncloa: la decisión no está tomada

Sánchez se ha rodeado de su núcleo duro, un grupo reducido de colaboradores que pilotan la respuesta del Ejecutivo desde La Moncloa. Fuentes de ese entorno aseguran que la decisión sobre la convocatoria electoral no está tomada y que el presidente quiere sopesar las encuestas antes de mover ficha.

Ese núcleo maneja sondeos internos y sigue con atención los que publican los medios. La horquilla va del adelanto inmediato a la continuidad de la legislatura, sin que ninguna de las dos opciones esté descartada, según las mismas fuentes. El calendario se agota: la decisión debe cerrarse en cuestión de horas.

El Gobierno reconoce que no ha decidido todavía si convoca elecciones anticipadas ni cuándo lo haría.

La calle, Junts y el cálculo de las encuestas

El sábado, miles de personas recorrieron Madrid por la crisis de la vivienda y reclamaron una huelga general, según la crónica de Europa Press. Las pancartas coincidieron en un mensaje: el problema de la vivienda no admite más espera. La protesta añadió presión a un Ejecutivo que ya venía de semanas complicadas.

En paralelo, las encuestas condicionan el calendario. Una encuesta sitúa a PP y Vox por encima de la mayoría absoluta con holgura y quince puntos por delante del bloque de la izquierda, según elDiario.es. Los sondeos no son una proyección de voto, pero sí marcan el marco en el que se mueve la decisión del Ejecutivo.

Qué pasa ahora: el calendario de una posible convocatoria

Si Sánchez opta por el adelanto, el procedimiento pasa por la disolución de las Cortes y la publicación del decreto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La ley electoral fija un plazo máximo de 54 días entre la convocatoria y la jornada de votación. No hay fecha.

El Ejecutivo sostiene que la decisión se conocerá en las próximas horas. El Congreso queda a la espera de si el Gobierno presenta nuevos textos por la vía de urgencia o si, por el contrario, activa la maquinaria electoral. Por ahora, nada está confirmado.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Congreso ha tumbado los dos decretos de vivienda del Gobierno, según las fuentes consultadas por ABC.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Pedro Sánchez y su núcleo duro en La Moncloa, con Junts votando en contra y el PP en la oposición.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La decisión sobre el adelanto electoral se conocerá, según el Ejecutivo, en las próximas horas.

El informe de Amnistía que obligó a Defensa a llevar a los juzgados las palizas de militares a migrantes en Ceuta

El Ministerio de Defensa remitió a los juzgados las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta solo después del informe de Amnistía Internacional. La cartera que dirige Margarita Robles no trasladó antes a la Fiscalía ni al juzgado las decenas de testimonios que conocía desde el 15 de septiembre, según elDiario.es, y no lo hizo hasta el pasado miércoles, con la presión ya al máximo.

Los testimonios, acompañados de fotografías y partes médicos, se publicaron el 15 de septiembre. Desde entonces, el equipo de la ministra recibió los mensajes y los trasladó a cargos superiores, pero no dio respuesta ni los comunicó a la autoridad judicial, de acuerdo con elDiario.es.

Qué denunciaron los migrantes y qué hizo Defensa

La información llegó a los juzgados después de que Amnistía Internacional difundiera un informe que recogía parte de las denuncias. Hasta ese momento, el Ministerio no había dado traslado de los hechos ni a la Fiscalía ni al juzgado, pese a tener conocimiento de ellos ocho días antes de la primera agresión grabada en vídeo.

Esa agresión ocurrió el 23 de septiembre junto a la antigua fábrica del Guano, frente a la playa del Trampolín. En las imágenes se ve a dos soldados persiguiendo a dos jóvenes marroquíes: uno logró esquivarlos y al otro lo tiraron al suelo y lo golpearon con la porra.

Otros relatos se sumaron en los días siguientes. Al menos tres personas aseguraron haber sido agredidas por soldados españoles después de la publicación de la primera investigación.

Defensa conocía las denuncias desde el 15 de septiembre. Solo las llevó a los juzgados cuando un informe de Amnistía Internacional elevó la presión sobre su gestión.

Las agresiones que continuaron después del 15 de septiembre

El caso de Ahmed (nombre ficticio) es uno de los documentados con parte médico. Según su relato, siete soldados lo detuvieron el 27 de septiembre en la zona de la Almadraba, lo registraron sin hallar nada y lo llevaron a la orilla del mar, donde, asegura, lo golpearon y patearon durante cerca de media hora.

Un informe de Médicos del Mundo concluye que sus lesiones son compatibles con el relato: hematomas en la cara, heridas erosivas en un brazo y el torso, y contusiones compatibles con el impacto de una porra en la región lumbar.

Dos días después seguía sin poder caminar con normalidad.

También se documentaron al menos tres casos de menores rociados con gas pimienta desde vehículos militares. Nawfaly, de 17 años, fue alcanzado mientras volvía de comprar; sus gafas evitaron el contacto directo del aerosol con los ojos.

En otro episodio, un menor de 17 años relató que fue rociado por soldados con «boinas rojas», la prenda que distingue al Grupo de Regulares de Ceuta. El adolescente envió imágenes de sus ojos enrojecidos.

Qué ocurre ahora y qué se exige a Defensa

Las denuncias siguen llegando a los juzgados de Ceuta. Ahmed intentó presentar la suya esta semana, pero tuvo que darse la vuelta al no contar con un documento de identidad, perdido durante los meses que lleva viviendo en la calle. Espera recibir una copia desde Marruecos para volver a intentarlo.

El Ministerio de Defensa no ha explicado públicamente por qué no trasladó antes las denuncias a la Fiscalía. La difusión del informe de Amnistía Internacional ha reavivado las preguntas sobre la actuación de la cartera de Margarita Robles y sobre el marco en el que operan los militares desplegados en la ciudad autónoma.

El caso sigue abierto en los juzgados.

🚨 Datos del caso

  • Tipo de suceso: Agresiones con lesiones y uso de gas pimienta por militares desplegados en Ceuta.
  • Fuente oficial: Denuncias de migrantes, partes médicos de Médicos del Mundo e información remitida por el Ministerio de Defensa a los juzgados.
  • Víctimas confirmadas: Una agresión grabada en vídeo el 23 de septiembre y varios testimonios con parte médico, entre ellos menores. Sin cifra oficial total.
  • Estado de la investigación: Denuncias en presentación ante los juzgados de Ceuta tras el informe de Amnistía Internacional.
  • Próximos pasos: Admisión a trámite de las denuncias y eventual identificación de los militares señalados.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Defensa remitió a los juzgados las palizas de militares a migrantes en Ceuta solo tras el informe de Amnistía Internacional.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio que dirige Margarita Robles, militares sin identificar y migrantes denunciantes, varios con partes médicos.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Los juzgados de Ceuta estudiarán la admisión a trámite de las denuncias presentadas en las últimas semanas.

El FMI aprieta a México con más ajuste fiscal: el aviso que tensiona a BBVA y Santander

El FMI avisa a México: sin un ajuste fiscal mayor, la deuda se le escapa. En el tablero, dos bancos españoles.

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional acaban de moverse y dejan un mensaje incómodo para el Gobierno de México. Sube el crecimiento previsto para 2026 al 1,5%, tres décimas más que el 1,2% que calculaba en julio. Y recorta el de 2027: del 1,9% al 1,8%. Traducido: la economía mexicana corre algo más de lo esperado este año y algo menos de lo que calcula el Ejecutivo para el siguiente, según recogió La República.

Y aquí está la clave. Los técnicos del Fondo reconocen que las autoridades mexicanas han seguido avanzando hacia la consolidación fiscal, pero sostienen que el esfuerzo se queda corto. Sin ingresos nuevos y sin tocar el gasto estructural, la deuda pública no inicia el descenso.

Qué exige el FMI a México para doblegar la deuda

La declaración final de la visita anual del organismo deja tres recetas: movilizar más ingresos, redistribuir mejor el gasto y dar más espacio al sector privado. El argumento es económico, no ideológico. El Fondo no reclama subir impuestos a ciegas, sino ensanchar la base y gastar mejor cada peso recaudado. La inversión que el país necesita para crecer se financia mejor con cuentas ordenadas que con déficit sostenido.

El Fondo añade un matiz que conviene retener. El PIB mexicano seguirá limitado por la incertidumbre externa. Para elevar el crecimiento potencial pide cerrar brechas de infraestructura, reducir cargas regulatorias y reforzar la integración comercial. Menos decreto y más certidumbre.

Por qué el aviso del FMI tensiona a BBVA y Santander

México es la joya latinoamericana de la banca española. BBVA México es el mayor banco del sistema por activos y su filial aporta una porción decisiva del beneficio del grupo. Santander México figura entre las entidades de referencia del país. Cuando el Fondo pide apretar el gasto, pide en realidad menos déficit y menos crecimiento: justo lo que enfría la demanda de crédito.

La deuda mexicana no se arregla con una prórroga: el Fondo reclama ingresos nuevos y menos gasto corriente, y el calendario no admite esperas.

La relación va mucho más allá de la banca. España es uno de los primeros inversores extranjeros en México y el IBEX 35 tiene allí uno de sus grandes mercados: energía, telecomunicaciones, infraestructuras, turismo y, por supuesto, crédito. Un frenazo del consumo mexicano se nota en Madrid.

BBVA México

El mecanismo se explica en dos líneas. Un ajuste más duro implica menos obra pública y más presión sobre el consumo de las familias. Las empresas venden menos, piden menos préstamos y la morosidad se tensa. El golpe llega a los resultados trimestre a trimestre.

El espejo que conviene mirar: España también está bajo la lupa fiscal

Conviene recordar lo que ya pasó. A comienzos de los noventa, los dos grandes bancos españoles desembarcaron en México comprando entidades locales y atravesaron la crisis del peso de finales de 1994, cuando el país tuvo que devaluar su moneda y rehacer buena parte de su sistema financiero. Aquella sacudida rediseñó el mapa bancario y dejó una lección que sigue vigente: la exposición exterior no se mide solo en euros, también en reputación.

No es un aviso exótico ni lejano. España tiene su propia deuda pública —el dinero que el Estado pide prestado y va acumulando— en torno al 100% del PIB, y Bruselas examina cada año la senda de reducción con las nuevas reglas fiscales europeas. La diferencia con México es de calendario, no de aritmética: ambos países necesitan crecer más de lo que gastan.

Por eso el caso interesa aquí. Si el Gobierno mexicano aplica el ajuste que pide el Fondo, el crédito se enfría y las filiales de BBVA y Santander verán menos negocio. Si no lo aplica, el riesgo país se tensa y encarece la financiación de todos, también la de las empresas españolas implantadas. Encrucijada sin salida cómoda.

Lo que toca seguir son los próximos informes del Fondo y los resultados trimestrales de las filiales mexicanas. Los Criterios Generales de Política Económica para 2027 ya dibujaron una senda de crecimiento más optimista que la del organismo, y esa distancia —Gobierno por un lado, Fondo por otro— suele resolverse con sorpresas en los mercados.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El FMI pidió a México un ajuste fiscal mayor tras su visita anual para que la deuda pública baje. El aviso interpela a las filiales de BBVA y Santander.
  • Datos importantes: Sube al 1,5% el crecimiento de 2026, desde el 1,2% de julio, y recorta al 1,8% el de 2027. México es uno de los primeros destinos de la inversión española.
  • Resumen: El ajuste tensiona el negocio de los dos grandes bancos españoles en el país y recuerda cuánto pesa México en los resultados del IBEX 35.

La Casa Blanca consolida la regulación de IA en Estados Unidos: Jay Clayton, nuevo zar de inteligencia artificial

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Trump firmó el martes 29 de septiembre el Acuerdo de la Casa Blanca sobre la Superinteligencia, un texto voluntario por el que las empresas de IA se comprometen a implantar controles internos y a someterse a una auditoría externa. Esta semana, una Orden Ejecutiva ha rebautizado la inteligencia artificial como ‘superinteligencia’.
  • ¿Quién está detrás? Donald Trump, los consejeros delegados de Nvidia, Anthropic y AMD, el speaker de la Cámara Mike Johnson y el nuevo zar de IA, Jay Clayton, con un informe de riesgos y oportunidades encargado a tres meses.
  • ¿Qué impacto tiene? Abre una brecha regulatoria con la Unión Europea y su AI Act, que España aplica por fases hasta 2027, y deja la supervisión real en manos de la FTC y de los consejos de administración de las propias compañías.

La regulación de la IA en Estados Unidos ya tiene su doctrina: acuerdo voluntario con las tecnológicas y Jay Clayton como zar.

El texto se firmó en la Casa Blanca el martes 29 de septiembre, con los principales consejeros delegados del sector sentados en la misma sala. Trump lo presentó como un documento ‘moralmente vinculante’ y lo bautizó como Acuerdo de la Casa Blanca sobre la Superinteligencia. Dentro hay tres compromisos: que cada compañía desarrolle su tecnología de forma segura, que implante controles internos frente a los riesgos de sus propios modelos y que contrate a un auditor externo e independiente para verificar que esos controles funcionan. Nada más. Y nada menos.

Conviene precisar qué es y qué no es. No es una ley. No es una Orden Ejecutiva —un decreto presidencial que no requiere aprobación del Congreso—. No ha pasado por el Capitolio ni obliga jurídicamente a nadie. El propio speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lo describió en la Casa Blanca como un texto ‘voluntario por parte de la industria’. El Congreso no ha aprobado ni una sola norma que ponga guardarraíles a la inteligencia artificial, y el Senado se marchó de Washington la semana pasada sin votar la legislación de seguridad que tenía pendiente.

A eso se suma el detalle que mejor retrata el estado de la cuestión. La Cámara Alta rechazó el proyecto del senador republicano por Ohio Jon Husted, que pretendía habilitar a los estados para obligar a los centros de datos a pagar los costes eléctricos que generan en la red. Los propios legisladores lo tumbaron argumentando que no tendría efecto real. La autorregulación avanza porque la alternativa legislativa simplemente no existe.

Los dientes, si llegan, vendrán por la vía administrativa. La FTC —el organismo federal que vigila la competencia y la protección del consumidor— planea requerir a las empresas de IA documentos y testimonios sobre los peligros que sus modelos pueden entrañar para el país. Trump dijo desde el atril que estudia crear un comité de diez personas para supervisar al sector y que nombraría un zar de IA en cuestión de días. Según el Washington Examiner, el elegido es Jay Clayton, que presidió la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) entre 2017 y 2020 y que asume el cargo con fecha en el calendario: un informe de riesgos y oportunidades sobre la superinteligencia en tres meses.

El acuerdo no prohíbe nada ni obliga a nada: traslada la supervisión del Congreso a los consejos de administración de un puñado de empresas.

Las reacciones dibujan el mapa exacto de la coalición. Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, habló de ‘ganar con seguridad’ y admitió que cualquier desarrollo normativo sigue ‘bajo discusión’. Jensen Huang, el hombre fuerte de Nvidia, lo resumió en una idea: quien construye la tecnología tiene la responsabilidad primaria de desplegarla bien. David Sacks, ex zar de IA y cripto de la Casa Blanca, añadió el argumento jurídico que sostiene todo el edificio: una vez que un auditor independiente reporta un problema de seguridad, los consejeros tienen un deber fiduciario que no pueden ignorar, y las aseguradoras pueden negar cobertura si detectan mala fe. Del otro lado, el Future of Life Institute considera el texto insuficiente y recuerda los incidentes de este verano, cuando agentes de IA intentaron hackear los archivos nacionales de Canadá y una web sanitaria del Gobierno australiano.

Bruselas legisla y Washington pacta: el hueco que se abre para España

zar de IA

En Bruselas y en Madrid, la lectura es la inversa. La Unión Europea aprobó en 2024 el Reglamento de Inteligencia Artificial —el AI Act, la primera ley integral del mundo sobre la materia— y despliega sus obligaciones por fases hasta 2027. España cuenta además con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña, que vigila el cumplimiento del reglamento europeo. Dos marcos regulatorios que se separan un poco más cada mes que pasa.

Para las empresas españolas con negocio a ambos lados del Atlántico —Telefónica, Santander, BBVA, Inditex— el doble cumplimiento tiene un coste medible: documentación previa, auditorías y comités de riesgo en Europa, frente a una lógica americana que no exige papeleo antes de lanzar un producto. El resultado previsible es que la innovación se pruebe primero en el mercado estadounidense y llegue al europeo cuando ya está madura. La lectura estratégica es incómoda para las dos orillas: uno gana velocidad, el otro gana garantías, y ninguno gana las dos cosas.

Hay un segundo frente que afecta de lleno a España: la electricidad. El proyecto fallido de Husted en el Senado respondía al mismo problema que ya se discute en Aragón, donde se concentran los grandes centros de datos de Amazon y Microsoft: quién paga las inversiones de red que exigen estas instalaciones. Washington ha decidido, por ahora, no decidirlo. El Gobierno español, por su parte, mantiene la apuesta por el despliegue europeo sin cerrar la puerta a un diálogo técnico con la administración americana, una posición muy similar a la de Alemania y algo más flexible que la francesa.

La Lógica de Washington

¿Qué problema intenta resolver la Casa Blanca con este movimiento? Primero, uno de velocidad: cualquier norma vinculante sobre IA tarda años en redactarse, se litiga en los tribunales y llega tarde a una carrera tecnológica que se decide en meses, con Pekín como referencia constante en cada debate del Capitolio. Segundo, uno de incentivos: la derecha tecnológica americana sostiene que la regulación clásica acaba capturada por los actores dominantes, que son los únicos capaces de pagar el cumplimiento, y que esa barrera de entrada protege a los grandes y ahoga a los pequeños. Ayuda a entenderlo recordar que la Casa Blanca no inventa aquí nada nuevo.

Hay un precedente que ilumina todo esto. A finales de los noventa, la FTC recomendó al Congreso legislar sobre la privacidad en internet y el Congreso no lo hizo: se apostó por códigos voluntarios de la industria. Aquella autorregulación fracasó, y el vacío lo terminó llenando Europa, primero con su directiva de protección de datos y después con el RGPD, que hoy condiciona la operativa global de las tecnológicas americanas. Washington sabe que repite aquel experimento. La diferencia es que ahora lo hace a sabiendas y con un argumento de peso: los incidentes de este verano han dado munición a quienes piden reglas vinculantes, y el Partido Demócrata ya ha convertido la seguridad de la IA en tema de campaña.

La proyección es concreta. El informe de Jay Clayton debe llegar a finales de diciembre, con las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre ya celebradas y un Congreso nuevo a punto de tomar posesión. Si en ese intervalo se produce un incidente grave, el acuerdo voluntario se quedará corto en cuestión de horas y el Capitolio tendrá la excusa que hoy no tiene. Si no ocurre, el modelo americano de supervisión ligera se consolidará como referencia y presionará a Bruselas para aligerar el AI Act antes de su tramo final de aplicación en 2027. Ahí está la incógnita real: nadie sabe si la autorregulación funciona porque aún no ha sido puesta a prueba en serio.

Ficha del Caso

  • El caso: Trump firma con los gigantes tecnológicos un acuerdo voluntario de supervisión ligera de la IA, sin captura regulatoria, y nombra a Jay Clayton zar del sector con un informe de riesgos encargado a tres meses.
  • Datos clave: Acuerdo firmado el 29 de septiembre de 2026; texto no vinculante, con controles internos y auditoría externa; la FTC prepara requerimientos de documentos y testimonios; informe de Clayton previsto para finales de diciembre; elecciones de medio mandato el 3 de noviembre.
  • Para España: el AI Act europeo sigue su despliegue por fases hasta 2027 y la AESIA vigila su cumplimiento desde A Coruña, lo que obliga a las empresas españolas con negocio en EE. UU. a operar bajo dos marcos regulatorios opuestos.

Milei 2027 inversión: la duda argentina que ya pesa sobre la banca y las energéticas españolas

El riesgo país argentino sube un 13% en 2026 y la duda sobre la inversión de Milei en 2027 llega a España. Los grandes bancos y las energéticas miran hacia Buenos Aires con la misma pregunta que se repite en Mar del Plata.

En los pasillos del reciente Coloquio de IDEA, más de mil empresarios argentinos han repetido una inquietud que hace un año sonaba a herejía: qué ocurrirá con la inversión si Javier Milei llega a 2027 y con qué versión de sí mismo se topan entonces. No es una duda lejana, es una duda que ya tiene precio.

Qué dicen los números: el riesgo país en su máximo del año

Y ese precio se llama riesgo país, el sobrecoste que exige el mercado para prestar dinero a un Estado. El indicador que elabora JP Morgan cerró la semana pasada en 655 puntos básicos, su nivel más alto del año, tras sumar 48 unidades solo en los dos primeros días de octubre, un 7,9% en apenas dos sesiones. En lo que va de 2026, el riesgo argentino ha escalado cerca de un 13%.

Conviene ponerlo en contexto. En el mismo periodo, el riesgo país de Brasil bajó un 11%, de 200 a 178 puntos. Argentina navega en otra liga, y no solo porque cada país exprese su deuda pública en su propia moneda. La consultora Invecq recuerda que, entre las economías de Sudamérica y México, es la única que acumula 20 recesiones en 45 años.

Por debajo de la superficie el debate es otro. Según la lectura de un banquero de peso, el Gobierno defiende su programa sin fisuras en público mientras trabaja en alternativas discretas: el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para fondear hipotecas o la ampliación de préstamos en dólares a empresas no exportadoras. Los encajes bancarios, hoy cerca del 23%, son la palanca que el mercado pide mover.

Los datos macroeconómicos acompañan esa sensación. La actividad cayó un 2,9% en julio respecto a junio y la pobreza pasó del 28,2% a finales de 2025 al 32,3% en el primer semestre de este año. El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió en septiembre un 5,9% intermensual hasta 1,94 puntos sobre 5, el registro más bajo desde que Milei preside el país.

El riesgo país argentino subió un 13% en 2026 y solo en los dos primeros días de octubre sumó 48 unidades.

El Gobierno exhibe su propia contabilidad. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en la gira Argentina Week de París inversiones confirmadas por 27.000 millones de dólares. La señal oficial apunta a confianza; la del mercado, a prudencia.

Por qué la banca y las energéticas españolas miran a Buenos Aires

Aquí está la clave para España. Santander y BBVA figuran entre los mayores bancos privados del sistema financiero argentino, con filiales heredadas de las compras del Banco Río y del Banco Francés en la segunda mitad de los noventa. Hoy no son el motor de sus cuentas, pero sí el termómetro más visible del riesgo argentino.

Un banquero internacional que participó en el coloquio lo resumió sin rodeos: la preocupación no está en el calendario de vencimientos de deuda, sino en la incertidumbre política. Y ahí entra una variable que hasta hace poco nadie ponía sobre la mesa. El llamado riesgo Milei: el temor a que un segundo mandato anteponga el dogma al pragmatismo.

banca española Argentina

En energía e infraestructuras la película es más antigua y más dura. Repsol vivió en 2012 la expropiación de YPF y desde entonces las compañías españolas han reducido exposición, mientras crecían Acciona, ACS o Naturgy en obras, concesiones y gas.

El nuevo RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones con ventajas fiscales y jurídicas a largo plazo, vuelve a abrir la puerta. El fleco es la seguridad jurídica. La consejera de la Magistratura Ximena De la Torre apuntó al riesgo juez: los pleitos de esas inversiones acaban en tribunales internacionales y, dijo, eso se paga con tasa.

Del corralito al riesgo juez: lo que España ya aprendió en Argentina

Conviene recordar el precedente. En 2001, el corralito y la posterior pesificación de los depósitos golpearon a las filiales de Santander y BBVA, que asumieron pérdidas y tuvieron que recomponer capital. Una década después, la expropiación del 51% de YPF a Repsol dejó a la petrolera española sin el control de su principal activo en el país. Ambas heridas explican por qué cada señal de Buenos Aires se lee con lupa en Madrid.

Por eso la pregunta que hoy se hace un inversor español no es solo cuánto crecerá Argentina en 2027. Es si el marco jurídico aguantará un cambio de ciclo político.

Los bonos en dólares ya muestran vaivenes, la confianza en el Gobierno está en mínimos y el calendario electoral anticipa una discusión que el mercado lleva meses descontando. Los próximos movimientos se verán en las mesas de inversión de París y Nueva York, y llegarán a España traducidos en primas de riesgo y decisiones de capital.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El riesgo país argentino escala a su máximo del año mientras los inversores dudan si un segundo mandato de Milei profundizará el pragmatismo o el dogmatismo.
  • Datos importantes: El indicador de JP Morgan cerró en 655 puntos básicos tras subir un 7,9% en dos sesiones; la actividad cayó un 2,9% en julio y la pobreza alcanzó el 32,3% en el primer semestre.
  • Resumen: La banca y las energéticas españolas mantienen exposición en Argentina y ven en la incertidumbre electoral de 2027 un riesgo para sus cuentas.

Temporal con alerta roja en Cataluña: once comunidades en aviso y el Casco Viejo de Bilbao anegado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este domingo la alerta roja por lluvias torrenciales en Cataluña, con avisos en once comunidades autónomas. El Casco Viejo de Bilbao aparece anegado, con agua a la altura de las rodillas, cortes de luz y el Teatro Arriaga afectado, según el relato recogido por elDiario.es. La movilidad permanece restringida en las zonas más expuestas de Cataluña por la intensidad de las precipitaciones.

La alerta roja en Cataluña: hasta 200 litros y movilidad restringida

Cataluña queda bajo alerta roja durante todo el domingo, el nivel máximo que contempla la agencia estatal. La predicción apunta a chubascos y tormentas localmente con granizo, con intensidades torrenciales y acumulaciones de hasta 200 litros de agua en Barcelona y Girona, según los avisos publicados por la Aemet.

Una DANA (depresión aislada en niveles altos, el fenómeno que popularmente se conoce como gota fría) se ha formado al oeste de la Península. Deja cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio y solo quedará poco nuboso en el sur de Galicia.

La movilidad está restringida en las zonas más expuestas de Cataluña. El aviso rojo se mantiene activo durante toda la jornada.

El mapa de los avisos: las once comunidades afectadas este domingo

El reparto por niveles queda así, de acuerdo con la predicción de la Aemet:

  • Alerta roja: Cataluña, durante todo el día.
  • Alerta naranja: Asturias, Cantabria y Comunidad de Madrid.
  • Alerta amarilla: Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco.

Los fenómenos más significativos se esperan en amplias zonas del centro y norte peninsular, en la meseta sur, y en las sierras del sureste. Los chubascos más fuertes se esperan en Barcelona y Girona, aunque también alcanzarán al Sistema Central y al área cantábrica.

La alerta roja abarca toda Cataluña durante el domingo, con acumulaciones previstas de hasta 200 litros por metro cuadrado en Barcelona y Girona.

Bilbao, bajo el agua: cortes de luz y el Teatro Arriaga afectado

El agua llegó a las rodillas.

El Casco Viejo de Bilbao registra cortes de luz y el Teatro Arriaga afectado, según elDiario.es. El País Vasco se mantiene en aviso amarillo por lluvias y tormentas, el nivel más bajo de la escala.

En el resto de la Península no se descarta algún chubasco aislado a lo largo del día. Son posibles las brumas y los bancos de niebla matinales en zonas de montaña y en los prelitorales mediterráneos.

Qué puede pasar en las próximas horas

El viento predominará del este en la Península y Baleares, con rachas más fuertes en los litorales de la fachada oriental y en Galicia. La Aemet apunta a intervalos fuertes en las costas de A Coruña, mientras que en Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes en las zonas expuestas.

Las temperaturas máximas subirán en Canarias, en puntos de la Comunidad Valenciana y en la meseta norte, y bajarán en el tercio norte peninsular y en el cuadrante suroeste. Las mínimas apenas cambiarán. En el desglose por capitales, Almería y Palma alcanzarán los 29ºC, y Ávila, León y Salamanca se quedarán en 11ºC.

Los avisos se irán actualizando a lo largo de la jornada conforme evolucione la DANA. La alerta roja de Cataluña es la única de este nivel activa en el país.

🚨 Datos de la alerta

  • Tipo de fenómeno: Lluvias y tormentas asociadas a una DANA, con intensidades torrenciales en el nordeste peninsular.
  • Fuente oficial: Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
  • Nivel máximo: Alerta roja en Cataluña durante todo el domingo; naranja en Asturias, Cantabria y Madrid; y amarilla en otras siete comunidades.
  • Daños confirmados: Inundaciones y cortes de luz en el Casco Viejo de Bilbao, con el Teatro Arriaga afectado. Sin víctimas mortales confirmadas por las autoridades.
  • Próximos pasos: Actualización de los avisos a lo largo de la jornada según la evolución de la DANA.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Aemet mantiene este domingo la alerta roja por lluvias torrenciales en Cataluña y avisos en once comunidades.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? La Aemet y los servicios de emergencia; el Casco Viejo de Bilbao registra inundaciones y cortes de luz.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Los avisos se actualizarán durante la jornada según la evolución de la DANA, con Cataluña en nivel rojo.

EE. UU. finaliza las normas de eficiencia de combustible: 34,9 mpg en 2031 frente a los 50,4 previstos

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La NHTSA y el Departamento de Transporte han finalizado las nuevas normas de eficiencia de combustible: una media de flota de 34,9 millas por galón en el año modelo 2031, frente a los 50,4 mpg de la regulación anterior.
  • ¿Quién está detrás? La administración de Donald Trump, que cierra su giro desregulador en el automóvil tras la anulación en 2025 del programa de vehículos cero emisiones de California.
  • ¿Qué impacto tiene? Los fabricantes ahorrarán 60.600 millones en costes de tecnología hasta 2031 —Stellantis y Ford, con plantas en España, entre los más beneficiados—, mientras los conductores asumirán más gasto en gasolina.

Estados Unidos finaliza las nuevas normas de eficiencia de combustible: 34,9 millas por galón en 2031, frente a las 50,4 previstas. La NHTSA (la agencia federal de seguridad vial) y el Departamento de Transporte cierran años de escalada regulatoria y devuelven a los fabricantes un margen que no tenían desde hace una década.

De 50,4 a 34,9 millas por galón: qué ha decidido Washington

La cifra que resume el giro son 60.600 millones de dólares. Es lo que la NHTSA calcula que los fabricantes dejarán de gastar en tecnología de cumplimiento hasta 2031 respecto a las reglas que sustituyen. General Motors se lleva la mayor parte, 20.400 millones, seguida de Stellantis con 6.600, Ford con 5.800, Toyota con 4.500 y Honda con 4.100.

El Departamento de Transporte estima que la norma recorta el coste medio por vehículo en unos 1.300 dólares y genera un ahorro agregado cercano a los 138.000 millones en cinco años. El objetivo declarado es abaratar la fabricación para que el alivio llegue, antes o después, al concesionario.

Los precios, de momento, no acompañan. El precio medio de transacción de un vehículo nuevo alcanzó los 50.089 dólares en agosto, según Kelley Blue Book. Ahí está el segundo cambio, menos visible: la NHTSA modificará la clasificación de vehículos a partir del año modelo 2030, lo que hasta ahora empujaba a reclasificar modelos como camionetas ligeras (light trucks) mientras castigaba a utilitarios y coches pequeños.

El cálculo oficial no esconde la otra cara. La NHTSA proyecta que la norma menos exigente elevará el gasto en combustible en más de 1.600 dólares a lo largo de la vida de un vehículo y un 4,6% más de consumo de gasolina hasta 2050. Para quien hace muchos kilómetros o conduce una pickup grande, la cuenta es otra.

Washington no ha eliminado la norma: ha cambiado de lado el coste. Durante años lo cargó sobre el fabricante; ahora lo traslada, en parte, al surtidor.

Los fabricantes ahorran 60.600 millones: la lectura desde España

Dos de los grupos más beneficiados tienen gran parte de su producción europea en España. Stellantis, que recorta 6.600 millones, opera las plantas de Vigo, Zaragoza y Madrid. Ford, con 5.800 millones de alivio, fabrica en Almussafes (Valencia). Ambas factorías dependen en buena medida del mercado americano para amortizar sus plataformas.

España, segundo productor de automóviles de Europa, mira el giro con interés. La relajación estadounidense reduce la presión para electrificar a marchas forzadas, justo cuando el Gobierno ha volcado ayudas públicas en el vehículo eléctrico con fondos europeos. La paradoja es incómoda: el fabricante que ahorra cumplimiento en Detroit puede retrasar la reconversión de sus líneas europeas.

automóviles EE. UU.

La Lógica de Washington

Hay una lógica detrás que no se explica solo con la cifra de 60.600 millones. La norma CAFE (Corporate Average Fuel Economy, el estándar de consumo medio de flota aprobado en Estados Unidos en 1975, tras el primer shock del petróleo) llevaba una década subiendo el listón. Cada tramo nuevo obligaba a invertir en tecnología de ahorro y a empujar el vehículo eléctrico para cuadrar la media de flota.

La coalición que sostiene el giro es la que sostiene a Trump: los estados del cinturón industrial del Medio Oeste y los trabajadores del automóvil que vieron cerrar plantas. El precedente es reconocible. Ronald Reagan ya flexibilizó los estándares de consumo en los años ochenta con el mismo argumento. La diferencia es que el pulso de hoy no se libra únicamente en Washington.

California mantiene su programa Advanced Clean Cars II, con objetivos de vehículos cero emisiones hasta el 100% en 2035, y ha demandado al Congreso por anular la dispensa federal. Trump firmó el 12 de junio de 2025 la resolución H.J. Res. 88 que la rechazaba. La disputa sigue abierta: la norma federal baja el listón, pero el mapa regulatorio americano queda partido en dos.

La incógnita que el propio Ejecutivo admite es si el ahorro llegará al comprador. Está por ver que los 60.600 millones se trasladen al precio y no se queden en en el margen del fabricante. La pregunta quedará sobre la mesa durante los próximos tres años, con el cambio de clasificación de vehículos en el año modelo 2030.

Ficha del Caso

  • El caso: La NHTSA ha finalizado las normas de eficiencia de combustible: media de flota de 34,9 mpg en 2031 frente a los 50,4 de la regulación previa, dentro del giro desregulador de la administración Trump.
  • Datos clave: 60.600 millones menos en costes de tecnología hasta 2031; 1.300 dólares menos por vehículo; 138.000 millones de ahorro en cinco años; 1.600 dólares más de gasolina por vehículo y un 4,6% más de consumo hasta 2050.
  • Para España: Stellantis (Vigo, Zaragoza, Madrid) y Ford (Almussafes) figuran entre los grupos más beneficiados, mientras el sector español afronta el freno a la electrificación que el Gobierno había impulsado.

Coalición Canaria proclama por unanimidad a Clavijo candidato a la Presidencia de Canarias en 2027

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo Político Nacional de Coalición Canaria proclamó este sábado por unanimidad a Fernando Clavijo como candidato a la Presidencia de Canarias en mayo de 2027.
  • ¿Quién está detrás? La dirección del partido nacionalista y el propio Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias desde 2023 y socio mayoritario de la coalición con el PP.
  • ¿Qué impacto tiene? Blinda el liderazgo del candidato a menos de un año de las urnas y fija la agenda del final de legislatura: vivienda, IGIC y financiación.

Coalición Canaria proclama por unanimidad a Fernando Clavijo como candidato a la Presidencia de Canarias en las elecciones de mayo de 2027.

Una proclamación sin fisuras a menos de un año de las urnas

La decisión la adoptó el Consejo Político Nacional (CPN), el órgano que dirige la formación nacionalista entre congresos, en una reunión celebrada este sábado 3 de octubre. Salió adelante sin un solo voto en contra y sitúa al actual presidente autonómico como cabeza de cartel en unos comicios fijados para mayo de 2027, cuando la coalición de Gobierno que Coalición Canaria mantiene con el PP cumpla cuatro años.

Tras recibir el respaldo, el candidato apeló a afrontar los próximos meses desde «la unidad, el compromiso y la defensa de Canarias por encima de cualquier sigla e independientemente del escenario político que se abra en el Estado».

«Por encima de nuestras siglas está Canarias, estemos donde estemos», afirmó. El líder nacionalista reivindicó un proyecto construido «de abajo hacia arriba» y resumió la identidad de su partido: «El secreto de CC es que hay un equipo de hombres y mujeres que antepone los intereses de su isla y de Canarias a los suyos».

Ese discurso se apoya en la llamada política útil (la estrategia de negociar con el Estado los intereses isleños al margen de los equilibrios que se juegan en Madrid). Clavijo la resume en cuatro frentes: la gestión migratoria, el «Decreto Canarias», la financiación autonómica (el sistema que reparte los recursos fiscales del Estado entre las comunidades) y el pulso con los decretos estatales en materia de vivienda. «Si hay elecciones anticipadas, que vengan», dijo.

Los deberes pendientes: la vivienda y el IGIC del 7% al 5%

Coalición Canaria

Los retos que el propio candidato coloca en la lista son la vivienda, el reto demográfico, la negociación del próximo marco financiero europeo, el desarrollo del «Decreto Canarias» y la revisión del modelo de desarrollo de las islas. Ninguno es nuevo. Todos llevan años sobre la mesa.

Canarias llega a 2027 con un liderazgo nacionalista blindado y una lista de deberes que la legislatura ha ido dejando abierta: vivienda, IGIC y financiación.

El caso de la vivienda es el más elocuente. En agosto de 2026, ya en el último curso del mandato, el Gobierno de Canarias seguía señalando la vivienda como uno de sus principales retos, mientras el Instituto Canario de la Vivienda había ejecutado solo el 12% de su presupuesto en el primer semestre. El Ejecutivo defiende el aumento de la construcción como respuesta a a la emergencia habitacional; colectivos sociales y partidos de la oposición le reclaman la declaración de zonas tensionadas prevista en la ley estatal de vivienda, que Clavijo sostiene que no resolvería el problema.

El otro compromiso pendiente tiene nombre fiscal: la rebaja del IGIC (el Impuesto General Indirecto de Canarias, el tributo propio del archipiélago que sustituye al IVA) del 7% al 5%. Fue una de las principales promesas electorales de Coalición Canaria y del PP en 2023. Tres años después, el candidato descarta aplicarla: supondría una pérdida de ingresos y obligaría a recortar, argumenta.

La oposición responde con datos. Frente a los indicadores económicos que presume el candidato, los grupos que no sostienen al Gobierno le recuerdan que la exclusión social ha crecido en las islas durante esta legislatura. La lectura nacionalista es otra: pase lo que pase en Madrid, la agenda canaria no se negocia. «No nos van a doblegar ni unos ni otros, porque quienes nos mandan son nuestros vecinos», zanjó.

El Pulso Territorial

Canarias afronta el tramo final de la legislatura con un mapa político estable. Clavijo gobierna desde 2023 en coalición con el PP, con los nacionalistas como socio mayoritario y eje de las mayorías en el Parlamento de Canarias. La unanimidad del sábado despeja cualquier duda interna y llega con meses de antelación, un gesto poco habitual en formaciones que resuelven sus candidaturas más cerca de las urnas.

La dimensión del reto no es exclusiva del archipiélago. Canarias comparte con Baleares la presión sobre el alquiler que genera un modelo turístico intensivo, aunque con un mercado laboral y unos salarios distintos. Donde sí juega sola es en el terreno fiscal: el IGIC es un instrumento propio y su rebaja frustrada deja al Ejecutivo sin uno de sus grandes argumentos de campaña.

Lo que viene ahora tiene dos frentes. En el plano autonómico, queda por ver el desarrollo del «Decreto Canarias» y el encaje del próximo presupuesto en un año marcado por las elecciones de mayo. En el estatal, la incertidumbre sobre un adelanto electoral condiciona cualquier negociación con el Gobierno central. El riesgo es que la política útil que reivindica Clavijo se quede sin interlocutor estable en Madrid.

Ficha Autonómica

  • El caso: Coalición Canaria proclamó por unanimidad a Fernando Clavijo como candidato a la Presidencia de Canarias para las elecciones de mayo de 2027, con la vivienda como principal reto pendiente.
  • Datos importantes: Elecciones autonómicas en mayo de 2027. La rebaja del IGIC general del 7% al 5%, promesa de CC y PP en 2023, queda descartada. El Instituto Canario de la Vivienda ejecutó solo el 12% de su presupuesto en el primer semestre de 2026.
  • Resumen: El liderazgo del candidato queda blindado a menos de un año de las urnas. Pendientes quedan el «Decreto Canarias», la negociación del marco financiero europeo y la revisión del modelo de desarrollo de las islas.

La entrega a EEUU que abre el deshielo con Venezuela y reordena el crudo de Repsol

Venezuela ha entregado a Estados Unidos a un fugitivo del FBI y ese gesto puede reordenar el crudo de Repsol. El hombre se llama Aníbal Canelón, alias El Ingeniero, y su entrega es la señal más clara de que el deshielo entre Caracas y Washington ha dejado de ser retórica.

Lo que ha pasado y por qué no es un episodio menor

Canelón compareció el viernes ante un tribunal federal de Nebraska, según el Departamento de Justicia estadounidense. Se declaró inocente de los cargos: conspiración para cometer fraude bancario, lavado de dinero y apoyo material a una organización criminal transnacional, el Tren de Aragua. El detalle técnico es revelador. Se le acusa de desarrollar un programa malicioso para vaciar cajeros automáticos en territorio estadounidense.

La investigación derivada ha alcanzado a 120 acusados y ha identificado ataques o intentos en 47 estados, en Washington D.C. y en varios países. Su nombre llevaba meses en lo más alto de una lista. En marzo, el FBI lo incorporó a sus diez fugitivos más buscados, y fue el primer acusado de ciberdelincuencia en entrar en ese ranking.

Lo describió así el director de la agencia, Kash Patel, que presentó el traslado como uno de los más de 100 traslados de custodia al extranjero que el FBI ha ejecutado en los últimos 18 meses. No es un vuelo cualquiera. Es la prueba de que dos enemigos históricos vuelven a colaborar.

Por qué el crudo de Repsol entra en la ecuación

Aquí es donde la noticia deja de ser un caso policial y se convierte en un asunto que nos toca de cerca. Repsol es una de las compañías españolas con mayor presencia histórica en Venezuela. Su acceso al crudo del país depende del clima entre Caracas y Washington: cuando la relación se tensa, las licencias se estrechan; cuando se destensa, ocurre lo contrario.

Conviene recordar que buena parte del crudo que Venezuela exporta pasa por el filtro de las sanciones estadounidenses. Las empresas extranjeras que quieren seguir operando allí necesitan permisos de la oficina de control de activos extranjeros del Tesoro, conocida como OFAC. Sin ese permiso, el negocio se ahoga.

Cada gesto de cooperación entre Caracas y Washington se traduce en una ventana que se abre o se cierra para el crudo español.

En los últimos años, Repsol ha mantenido su actividad en el país a través de sociedades conjuntas con la petrolera estatal PDVSA, y su margen de maniobra ha dependido siempre de esas autorizaciones. Cada giro de Washington reordena su hoja de ruta.

La entrega de Canelón apunta a que la ventana se está abriendo. No es un gesto aislado. En mayo, Venezuela ya había deportado a Alex Saab, antiguo aliado de Nicolás Maduro, y desde que la presidenta interina Delcy Rodríguez asumió el poder tras el derrocamiento de Maduro, la cooperación con Washington no ha dejado de crecer.

Lo que enseña el precedente de Alex Saab

Para medir hasta dónde puede llegar todo esto, retrocedamos un momento. La entrega de Saab sentó un precedente: un hombre clave del chavismo acabó respondiendo ante la justicia de Estados Unidos. El caso de Canelón va un paso más allá, porque él nació en Venezuela y la constitución de su país prohíbe extraditar a sus propios ciudadanos.

Por eso el Departamento de Justicia no habla de extradición, sino de un traslado. Es una distinción jurídica que evita el choque frontal y deja la puerta abierta a que se repita con otros nombres. Y ahí está la clave para España. Cuanto más fluida sea la cooperación, más previsible se vuelve el marco en el que operan compañías como Repsol.

El episodio también admite una lectura de imagen-país. España ha sido durante décadas un socio económico de referencia en Iberoamérica, y su tejido empresarial ha aprendido a moverse en terrenos complejos. El deshielo no garantiza contratos, pero sí reordena las reglas en un sector, el energético, donde cada barril cuenta.

Hay que seguir la pista a dos cosas. Primero, si Washington formaliza nuevas autorizaciones para operar en Venezuela. Segundo, si las entregas de nombres buscados se convierten en rutina o quedan en episodios sueltos. De esas dos piezas depende, en buena medida, cuánto crudo venezolano vuelve a fluir hacia Europa.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Venezuela ha entregado a Estados Unidos a Aníbal Canelón, buscado por el FBI por financiar al Tren de Aragua, en la señal más clara del deshielo entre Caracas y Washington.
  • Datos importantes: La causa acumula 120 acusados y ataques o intentos en 47 estados. Repsol mantiene una presencia historica en Venezuela, condicionada por las licencias del Tesoro estadounidense.
  • Resumen: El acercamiento entre Caracas y Washington puede reabrir el acceso de Repsol al crudo venezolano, un movimiento con impacto directo en los intereses energéticos de España.

Vigo tendrá en 2027 su primera hidrolinera de hidrógeno: HVR Energy negocia ya tres ubicaciones en la ciudad

HVR Energy prevé instalar en Vigo la primera hidrolinera de hidrógeno de Galicia antes de que finalice 2027. La compañía madrileña negocia ya tres posibles ubicaciones en la ciudad y proyecta entre cinco y seis estaciones de repostaje repartidas por toda la comunidad autónoma.

La empresa, especializada en el desarrollo y la operación de hidrolineras —las estaciones de repostaje de hidrógeno para el transporte terrestre—, ha puesto el foco en Galicia para desplegar su red. Su director general, Santiago Ramas, lo resume con una cifra: «Lo hacemos con tecnología que nos permite hacerlo un 80% más barato que la hidrolinera convencional.

Una red de cinco a seis hidrolineras con Vigo como primer eslabón

El plan de HVR Energy para Galicia pasa por desplegar entre cinco y seis hidrolineras. La primera será la de Vigo, con una fecha límite clara: antes de que termine 2027. El calendario no es casual. Lo marca una subvención de la Unión Europea con la que cuenta la compañía, según confirma su director general.

El modelo de despliegue es sencillo y barato. La compañía se instala en estaciones de servicio ya existentes y ocupa unos 50 metros cuadrados para el repostaje de vehículos y camiones. En Vigo negocia ya con tres posibles ubicaciones, «aunque seguimos buscando», precisa Ramas. En Pontevedra la previsión apunta a 2028, aunque el propio directivo admite que podría adelantarse si aparece una ubicación idónea.

El precio del hidrógeno y el eslabón que todavía falta

La economía del hidrógeno verde aún no cuadra. «Hoy no hay una suficiente producción de hidrógeno que haga que el precio sea competitivo», reconoce Ramas. Eso sí, la película cambia en enero de 2027, cuando entrarán en funcionamiento los certificados de combustibles renovables.

El hidrógeno no despegará en Galicia por las estaciones, sino cuando su precio se acerque al del diésel.

Esos certificados incluyen la producción de hidrógeno verde y obligan a las grandes petroleras, comercializadoras de combustibles, y distribuidoras de gas a que un porcentaje de la energía que venden sea de origen renovable no biológico. Con esa palanca, el director general de HVR Energy espera que el precio se vuelva «casi comparable con el diésel».

Queda un último eslabón: las ayudas a la compra de camiones de hidrógeno, hoy tres veces más caros que los diésel. «Las ayudas que se han establecido en Alemania y Países Bajos demuestran que, en cuanto se activan, los clientes se disparan», sostiene Ramas. «Falta que salgan las subvenciones del capex del vehículo porque hay empresas que tienen en el mercado vehículos de hidrógeno».

El Laboratorio Gallego

Galicia vuelve a funcionar como banco de pruebas, aunque esta vez sin que la iniciativa salga de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico, con sede en Santiago de Compostela). El desembarco de HVR Energy lo impulsan capital privado, una subvención europea y una ley estatal, no una consellería. Conviene recordarlo en una comunidad gobernada por el PPdeG con mayoría absoluta desde 2009 y que suele leerse como laboratorio de políticas que después escalan a Madrid. Aquí el motor es otro.

En clave parlamentaria, el proyecto no ha generado por ahora debate en el Parlamento de Galicia (la cámara autonómica, con 75 deputados), y no consta una posición pública del BNG ni del PSdeG. El marco que de verdad condiciona el negocio es estatal y europeo. Los certificados de combustibles renovables obligan a las grandes petroleras a vender un porcentaje de energía de origen renovable no biológico. Ese mecanismo, y no el número de estaciones, es lo que puede mover el precio.

La comparación europea apunta en la misma dirección: según Ramas, las ayudas públicas a la compra de camiones activadas en Alemania y Países Bajos bastaron para disparar la demanda. En España aún no existen. La proyección, eso sí, es concreta: si se cumplen los plazos, Vigo tendrá su primera hidrolinera antes de que acabe 2027, Pontevedra apunta a 2028 y Galicia sumará entre cinco y seis puntos de repostaje en los próximos años. La incógnita no está en las estaciones, sino en la producción de hidrógeno y en las ayudas al vehículo. Sin esos dos eslabones, la red quedará a medio gas.

Ficha del Caso

  • El caso: HVR Energy, compañía madrileña de estaciones de repostaje de hidrógeno, planea entre cinco y seis hidrolineras en Galicia, con la primera en Vigo antes de que acabe 2027.
  • Datos importantes: Tres ubicaciones en negociación en Vigo; 50 m² por estación en servicio ya existente; tecnología un 80% más barata; Pontevedra, en 2028; certificados de combustibles renovables en vigor desde enero de 2027.
  • Resumen: El despliegue depende de una subvención europea y de dos palancas pendientes: la producción de hidrógeno verde y las ayudas estatales a la compra de camiones. Galicia vuelve a ser banco de pruebas de una tecnología con marco regulatorio estatal.

Patrimonio de los diputados valencianos: más de 50 cargos con hasta ocho viviendas en plena crisis de alquiler

Uno de cada cinco diputados y altos cargos valencianos declara entre tres y ocho viviendas en plena crisis de alquiler. Son más de 50 personas, según el cruce de los portales de transparencia de Les Corts Valencianes —el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana, con 99 escaños— y de la Generalitat.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Las declaraciones patrimoniales de las Corts y la Generalitat muestran que más de 50 diputados y altos cargos poseen entre tres y ocho viviendas.
  • ¿Quién está detrás? 30 de los 154 altos cargos del Consell y una veintena de diputados; el PP reúne doce de los veinte casos parlamentarios.
  • ¿Qué impacto tiene? La foto llega cuando la vivienda es el epicentro del debate político y el Congreso ya ha tumbado los decretos del Gobierno sobre alquiler.

Una de cada cinco declaraciones: la foto que deja el portal de transparencia

El dato procede de las declaraciones patrimoniales que ambos organismos publican periódicamente. De los 154 altos cargos del Consell —el gobierno de la Generalitat Valenciana, equivalente autonómico del Consejo de Ministros—, 30 declaran tres o más viviendas. Es cerca de uno de cada cinco integrantes del gabinete de Juanfran Pérez Llorca.

En las Corts, la proporción se repite: una veintena de diputados supera el umbral de los tres inmuebles. El PP concentra doce de esos veinte casos, el 60%; Compromís y Vox suman tres cada uno, y el PSPV, dos.

La lectura exige cautela. Los populares son el grupo mayoritario de la Cámara, así que parte de esa sobrerrepresentación responde al peso del partido, no solo a una pauta patrimonial propia. Y un matiz cambia el sentido de casi todo: declarar una vivienda no equivale a poseerla al 100%.

Aparecen copropiedades al 50%, participaciones del 25% y casos de nuda propiedad, una figura que concede la titularidad pero no el uso del inmueble. Con todo, algunas relaciones llaman la atención. El diputado del PP Manuel Pérez Fenoll declara el 50% de siete viviendas en Alicante, una con un valor catastral de 393.110 euros.

Su compañero de grupo Javier Gutiérrez Martín suma nueve inmuebles, seis de ellos viviendas, y la socialista Laura Soler Azorín declara cinco pisos en pleno dominio. En Compromís, Joan Baldoví reconoce cuatro viviendas en Valencia, todas compartidas.

El debate no es cuántas casas se declaran, sino si quien posee tres puede regular el alquiler con la distancia que se le exige a cualquier legislador.

Del escaño a la ley: quién regula el alquiler y quién lo posee

En el Consell el patrón se repite. La secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzà, declara el 100% de siete viviendas y el 25% de una octava, mientras el director general de Tecnologías de la Información, Javier Balfagón, reparte participaciones en ocho pisos entre Valencia, Cuenca y Teruel.

El president de la Generalitat presenta una particularidad. Pérez Llorca no declara viviendas a título personal, pero sí participa en una empresa familiar que posee ocho pisos. Las participaciones en esa sociedad aparecen reflejadas en su declaración patrimonial, y el retrato cambia según se mire la titularidad directa o las propiedades de las sociedades participadas.

La foto patrimonial no flota en el vacío. La vivienda se ha convertido en el eje del choque político en Madrid y en la Comunitat Valenciana. El Congreso rechazó los dos decretos del Gobierno sobre alquiler con los votos de PP, Vox y Junts, un revés que dejó al Ejecutivo de Pedro Sánchez sin sus principales herramientas de urgencia.

En paralelo, la Generalitat ha movido su propia pieza. El anterior Consell de PP y Vox aprobó una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y elevó el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio de 500.000 a un millón de euros. Los gobiernos de Carlos Mazón y de Pérez Llorca decidieron, además, no aplicar los ejes clave de la Ley de Vivienda estatal: la limitación de los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas.

crisis vivienda Valencia

El Escenario Valenciano

El escenario valenciano aterriza sobre un Consell de PP y Vox que gobierna con mayoría y sin necesidad de pactar cada votación con la oposición. Los grupos de la izquierda —PSPV y Compromís— han convertido la vivienda en su principal ariete parlamentario, mientras Pérez Llorca trata de mantener el foco en la reconstrucción tras la DANA y en la agenda económica. La foto de las declaraciones patrimoniales les entrega, eso sí, un argumento difícil de esquivar.

En clave nacional, el episodio encaja en la estrategia del PP de combatir la Ley de Vivienda estatal desde las instituciones donde gobierna. La negativa del Congreso a los decretos, con Vox y Junts en la misma trinchera, mostró que la vivienda ha dejado de ser un asunto local para convertirse en terreno de confrontación entre el Gobierno de Sánchez y sus rivales. Ninguna comunidad autónoma escapa de ese pulso, y menos una tan poblada como la valenciana.

La proyección es clara. El debate regresará a las Corts en cuanto el Consell lleve su próximo paquete normativo sobre suelo o alquiler, y los portales de transparencia seguirán actualizando declaraciones, que cualquier ciudadano puede consultar. La pregunta que quedará sobre la mesa es sencilla: cuántas de esas viviendas están en el mercado del alquiler y a qué precio.

Ficha del Caso

  • El caso: Los portales de transparencia de las Corts y la Generalitat revelan que más de 50 diputados y altos cargos valencianos declaran entre tres y ocho viviendas.
  • Datos importantes: 30 de 154 altos cargos del Consell; una veintena de diputados; el 60% de los casos parlamentarios en el PP; bonificación del 99% en sucesiones y mínimo exento de patrimonio elevado a un millón de euros.
  • Resumen: La fotografía patrimonial presiona al Consell de Pérez Llorca mientras la vivienda se consolida como el gran eje del debate político en Madrid y en la Comunitat Valenciana.