La ley de energía del Senado multará a cualquier presidente que bloquee proyectos energéticos

Jack Williams
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La ley de energía del Senado multará a cualquier presidente que bloquee proyectos energéticos

La ley de energía del Senado quiere impedir algo inédito en Washington: que un presidente bloquee en bloque una tecnología entera. El texto bipartidista, presentado el miércoles 30 de septiembre y bautizado como Bipartisan American Affordability and Jobs Act, impediría a cualquier administración —republicana o demócrata— paralizar los permisos de toda una categoría de proyectos, ya sea solar, eólico, geotérmico o de gas natural. Y lo haría con una amenaza muy concreta: litigios y multas.

Una clase entera de proyectos, blindada contra el próximo presidente

El mecanismo es la pieza más comentada del articulado. Según la hoja informativa de la oficina del senador demócrata por Nuevo México Martin Heinrich, ningún gobierno podría tumbar ‘todos los permisos de una categoría entera de proyectos energéticos sin enfrentarse a acciones judiciales y multas. La norma convierte la política energética en un terreno con coste judicial. En la práctica, un Ejecutivo que decida que el viento marino no vuelve a autorizarse tendrá que defenderse en los tribunales proyecto por proyecto.

La pieza más importante, según sus impulsores, no está en el permiso concedido sino en el calendario para impugnarlo. Los opositores tendrían 150 días para presentar una demanda contra un proyecto ya autorizado. Hoy disponen de seis años. ‘Ahora mismo son seis años. Piénselo’, resume Kevin Cramer, senador republicano por Dakota del Norte y miembro del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado. Su diagnóstico del litigio estratégico —el lawfare— es crudo: ‘Funciona mejor con muchos demandantes, y si todos pueden demandar, adivina qué: ni siquiera hace falta tener razón para arruinarlo todo’.

A eso se suma un paquete que llevaba dos años atascado en comisión. El texto reforma la NEPA (National Environmental Policy Act, la ley de 1970 que obliga a evaluar el impacto ambiental de toda gran infraestructura federal) y la Ley de Preservación Histórica Nacional, de modo que las revisiones ambientales y patrimoniales corran en paralelo. Los grandes tendidos eléctricos interestatales pasan a depender de un único regulador federal: la Comisión Federal de Regulación de la Energía (FERC), que gana peso frente a los estados. La Oficina de Gestión de Tierras tendría 60 días para resolver permisos de geotermia, y los centros de datos pasarían a pagar íntegramente la transmisión que necesitan en lugar de repartir ese coste entre todos los clientes.

Lo que cambia para las renovables españolas en Estados Unidos

permisos energéticos

En España, la lectura es menos abstracta de lo que parece. Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, es uno de los mayores operadores de renovables del país, y Repsol y Acciona cuentan también con carteras solares y eólicas al otro lado del Atlántico. Un marco que impida apagar una tecnología entera reduce la prima de riesgo regulatorio que hoy descuentan los bancos. Los promotores españoles llevan años modelando en sus cuentas la posibilidad de que un cambio en la Casa Blanca se lleve por delante un permiso ya concedido.

El capítulo de los centros de datos toca de lleno a una industria, la española, que aspira a convertirse en nodo del sur de Europa. Que quien pide conexión pague la red es música conocida en Madrid y en Bruselas, donde la Comisión Europea lleva desde 2022 acortando plazos con normas de emergencia para las renovables. Hay una diferencia de fondo: Europa discute calendarios, Washington discute responsabilidad jurídica. Eso sí, el texto no garantiza que un proyecto salga adelante. ‘No asegurarían que cada proyecto se apruebe, pero harían mucho más difícil sostener una obstrucción política’, matiza Thomas Hochman, investigador de la Foundation for American Innovation. En paralelo, el Departamento del Interior ha señalado que espera trabajar con el Congreso para reforzar el dominio energético americano.

Durante medio siglo, Washington ha debatido cómo acelerar los permisos. Ahora propone multar a quien decida frenarlos en bloque.

La Lógica de Washington

El problema que la capital intenta resolver no es ideológico, sino de calendario. Construir una línea de transmisión interestatal en Estados Unidos consume hoy más tiempo en papeles que en obra: una revisión bajo la NEPA supera los 500 días de media, según los cálculos de la Pacific Legal Foundation. La coalición que sostiene el texto explica su vocación de permanencia. Shelley Moore Capito preside el comité de Medio Ambiente y Obras Públicas; Mike Lee, el de Energía y Recursos Naturales; y sus dos demócratas de mayor rango, Heinrich y Whitehouse, firman el texto. Es un acuerdo bipartidista y tecnológicamente amplio, que cubre gas natural y renovables, y por eso puede sobrevivir a un cambio de mayorías en el Capitolio.

El precedente más cercano es el intento de Joe Manchin y John Barrasso en 2024, que no logró superar el filibusterismo (el mecanismo del Senado que exige 60 votos para cerrar el debate y bloquea así la mayoría simple de 51). El más antiguo es la propia NEPA, firmada por Richard Nixon en 1970 con la misma promesa de agilizar trámites. Para España la lectura es de medio plazo: si el marco se consolida, los proyectos de compañías españolas en territorio americano ganan previsibilidad y los contratos de gas a largo plazo firmados con plantas del Golfo reducen su exposición política. El calendario legislativo es hoy el mayor riesgo para el texto. El Senado tiene que sacarlo de comisión y llevarlo al pleno antes de de que la campaña de las midterms de noviembre de 2026 congele la agenda, y la Cámara de Representantes aún no lo ha tomado en consideración. Queda una incógnita: cuánto de ese blindaje aguanta el primer tribunal que lo interprete.

Ficha del Caso

  • El caso: El demócrata Martin Heinrich presentó el 30 de septiembre la Bipartisan American Affordability and Jobs Act junto a los republicanos Shelley Moore Capito y Mike Lee y el demócrata Sheldon Whitehouse.
  • Datos clave: 150 días para impugnar un permiso autorizado, frente a los seis años actuales; nueva causa de acción con daños, honorarios y costes de retraso; 60 días para los permisos geotérmicos; las revisiones bajo la NEPA superan los 500 días de media.
  • Para España: Iberdrola, Repsol y Acciona operan activos renovables en Estados Unidos; un marco estable reduce la prima de riesgo regulatorio, aunque su eficacia dependerá de cómo lo interpreten los tribunales federales.

La crisis de la vivienda en Canarias: los precios ya superan un 40,5% el pico de la burbuja de 2008

Marta Iglesias
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La crisis de la vivienda en Canarias: los precios ya superan un 40,5% el pico de la burbuja de 2008

Comprar una vivienda en Canarias cuesta hoy un 40,5% más que en el pico de la burbuja inmobiliaria de 2008. La crisis de la vivienda en Canarias ya no admite lecturas parciales.

El efecto tijera: los sueldos suben la mitad que las casas

El crack financiero estalló en 2008 y se arrastró hasta 2013. En 2015, recién salida de la recesión, Canarias ya mostraba un desfase brutal: el precio de la vivienda había crecido casi tres veces más rápido que los sueldos, con un salario medio anual que apenas había avanzado un 26,5%. La barrera golpea hoy a los jóvenes y a las rentas medias, incapaces de reunir la entrada que una hipoteca exige.

A esa ecuación se suma la inflación. Los coletazos de la pandemia, la guerra de Ucrania,, el shock energético y las sequías prolongadas empujaron al IPC (el Índice de Precios de Consumo, el termómetro oficial del coste de la vida) a acumular un 27,2% entre 2015 y 2025. Las subidas del SMI (el Salario Mínimo Interprofesional, la retribución mínima legal por jornada completa) y la revisión de convenios actuaron de escudo: los sueldos avanzaron un 26,5% y casi empataron con el coste de la vida. El empate, sin embargo, deja el ahorro a cero.

Quien dedica el incremento salarial a absorber la cesta de la compra y la factura energética no ahorra. Y sin ahorro, el precio se convierte en un muro: en 2008 las entidades financiaban hasta el 100% de la operación y hoy el comprador necesita cerca del 30% del valor de la vivienda. Por eso la renta media de los hogares canarios ha crecido un 64,6% entre 2015 y 2025. Cada vez más adultos trabajan bajo el mismo techo para pagar las facturas.

Ni ese esfuerzo colectivo alcanza. En ese mismo periodo de diez años, el precio de la vivienda había avanzado un 77,4% y en 2026 la escalada llega al 91,5%.

Canarias no afronta solo una subida de precios: tiene un mercado residencial que ha dejado de responder a quien vive en las islas.

Del alquiler refugio al alquiler trampa

El alquiler funcionó durante años como puerta de entrada. Los datos del INE reflejan una subida del 24% entre 2015 y 2024, en paralelo a la inflación: los contratos de larga duración y los límites del 2% y el 3% a la actualización anual de rentas contuvieron el golpe. Pero esa protección solo cubre a quien ya tiene el contrato firmado.

Quien busca ahora un arrendamiento nuevo se enfrenta a precios del mercado libre cercanos a los de la compraventa. La pinza se estrecha: comprar exige un ahorro imposible y alquilar, una cuota creciente.

El mercado inmobiliario del archipiélago ha dejado de responder a la necesidad residencial para operar como activo financiero. Las viviendas turísticas registradas superan las 50.000 y los inmuebles vacíos o deshabitados rondan las 160.000 unidades según el último censo del INE. Sin parque público que amortigüe, el mercado queda expuesto sin red: la vivienda protegida apenas representa el 1% del total, frente al 9% de media europea.

precio vivienda Canarias

Hay más presión. Canarias cerró 2025 con 18,38 millones de visitantes y Las Palmas es la tercera provincia de España en alojamientos de estancias cortas ofertados en plataformas, con 26.998. Nueva Canarias, Podemos y el PSOE canario defienden una tasa turística con la recaudación íntegra destinada a servicios públicos y vivienda. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, propone en cambio subir el IGIC (el Impuesto General Indirecto Canario, el tributo que sustituye al IVA en las islas) a las pernoctaciones hoteleras.

Los jóvenes son el eslabón más castigado. El 85,9% de los canarios de entre 18 y 34 años vive con sus padres, según el Observatorio de Emancipación, frente al 74,5% de 2010. La emancipación ha caído casi un tercio: del 46,5% al 32,5%. Las cifras no mienten.

El Pulso Territorial

El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo en coalición de Coalición Canaria y PP con el respaldo de Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, aprueba normas desde 2024 para acelerar la construcción, incluida una reforma para agilizar las licencias urbanísticas. El mercado sigue marcando máximos. Clavijo situó en julio de 2026 el objetivo en más de 4.000 viviendas públicas en marcha al término de la legislatura, pero hay 36.950 demandantes de vivienda protegida registrados, según el ICAVI (el Instituto Canario de la Vivienda), y 1.426 familias en situación de desahucio ejecutado en el último año.

La comparación deja al archipiélago en evidencia: su 1% de vivienda pública queda muy lejos del 9% europeo. La diferencia con 2008 es que ahora no hay crédito barato que sostenga la burbuja ni decreto estatal que proteja a los inquilinos: el real decreto de vivienda tumbado por PP, Vox y Junts habría prorrogado 108.250 contratos en Canarias con vencimiento anterior a 2029. Con las elecciones autonómicas previstas para 2027, el ritmo de licencias y el encaje de la tasa turística marcan el calendario.

Ficha Autonómica

  • El caso: Comprar una vivienda en Canarias cuesta hoy un 40,5% más que en el pico de la burbuja de 2008, el alquiler de nuevos contratos se tensa y el parque público apenas alcanza el 1% de los inmuebles.
  • Datos importantes: Índice de precio de compra de 191,5 puntos en 2026, frente a los 136,3 de 2008; salarios +26,5% e IPC +27,2% entre 2015 y 2025; 50.000 viviendas turísticas y 160.000 inmuebles deshabitados; 36.950 demandantes de vivienda protegida.
  • Resumen: El Gobierno de Canarias ha reformado las licencias urbanísticas para acelerar la construcción y aspira a más de 4.000 viviendas públicas en marcha al final de la legislatura. Queda pendiente el debate de la tasa turística antes de las elecciones de 2027.

El turismo en Canarias roza el récord histórico: 16.382 millones de gasto hasta agosto

Marta Iglesias
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El turismo en Canarias roza el récord histórico: 16.382 millones de gasto hasta agosto

Canarias roza su récord histórico de turismo extranjero: 10,26 millones de visitantes y 16.382 millones de euros de gasto hasta agosto.

El Archipiélago firma el segundo mejor registro de su historia para un periodo de enero a agosto, con apenas 46.500 visitantes menos que en 2025, el año que en las islas se recuerda como el gran récord. La caída acumulada es del 0,5%. Un suspiro. Sobre el papel, el motor económico del Archipiélago sigue funcionando a pleno rendimiento.

Diez millones de turistas y una caída del 0,5% que lo cambia todo

La Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera del INE deja la cifra acumulada en 10,26 millones de turistas extranjeros entre enero y agosto, frente a los 10,31 millones del mismo tramo de 2025. Solo en agosto llegaron 1,24 millones de personas, un 0,3% más que en el mismo mes del año anterior. El mes sostiene el tipo; el conjunto del año, no.

El gasto dibuja otra foto. Canarias acumula 16.382 millones de euros hasta agosto, el 16,4% del gasto turístico nacional, que se sitúa en 99.892 millones. La comunidad baja del segundo al tercer puesto por volumen de facturación, por detrás de Baleares y de Cataluña, aunque sin merma real: en el mismo periodo de 2025 eran 16.273 millones, el 17,6% de un total español mucho menor.

Agosto aportó 2.296 millones, un 3,1% más que hace un año. El incremento no viene de más turistas, sino de un visitante que paga más: el gasto medio por persona y día subió un 7,6% y compensó de sobra la caída del 4,5% en la estancia media. Menos días, pero más caros.

Canarias pierde visitantes mientras gana facturación: el Archipiélago se ha convertido en un destino caro al que se viene menos tiempo y con más presupuesto.

El contraste con el resto del país resulta inevitable. España recibió 70,36 millones de turistas extranjeros hasta agosto, un 5,4% más, y todas las comunidades autónomas crecieron salvo una: Canarias. Andalucía lideró las subidas con un 10,4% y Madrid se quedó en el 10%. El Archipiélago es la única excepción a la ola.

Un turista que gasta más, se queda menos y tensiona la vivienda

La lectura en las islas es ambigua. El sector celebra que el gasto turístico total aguante e incluso mejore, mientras el debate público se ha desplazado hacia el coste de ese volumen: el precio de la vivienda la saturación de espacios naturales y la presión sobre los servicios básicos de un territorio de 7.447 kilómetros cuadrados con más de dos millones de residentes.

El turismo aporta alrededor de un tercio del PIB canario, según las estimaciones que maneja el propio Ejecutivo autonómico, y sostiene buena parte del empleo del Archipiélago. De ahí que cada décima cuente. Un destino que crece en valor y pierde volumen se sostiene sobre una paradoja: cada visitante deja más dinero, pero solo si el precio sube cada año.

El Pulso Territorial

Quien gobierna hoy en Canarias lo hace con este dato encima de la mesa. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria, llegó al cargo en 2023 con el respaldo parlamentario del PP y ha colocado la vivienda vacacional en el centro de la legislatura, con una norma sobre el uso turístico de viviendas que dividió a patronales y colectivos vecinales.

Enfrente, el PSOE canario reclama más control sobre el crecimiento y los grupos del Parlamento de Canarias, la cámara unicameral del Archipiélago con 70 escaños, han llevado el modelo turístico a la sesión plenaria en varias ocasiones. La discusión ya no es cuántos vienen, sino cuánto de ese dinero se queda en las islas.

La comparación con Baleares, la otra gran comunidad turística insular del país, resulta esclarecedora. Allí el gasto también sube con menos visitantes, pero el Govern balear mantiene desde hace años una tasa turística que en Canarias sigue sin aplicarse. En el conjunto del país, Canarias es la única autonomía que pierde turistas extranjeros en un año en el que España crece un 5,4%.

Con septiembre ya cerrado, la incógnita se traslada al último trimestre. El cierre del año depende de que el otoño compense la pérdida y deje la cifra cerca de los 15,7 millones de extranjeros de 2025, o incluso por encima. La duda es razonable: buena parte de la demanda depende de los mercados emisores que sostienen las islas, con Alemania y el Reino Unido a la cabeza, y de que el gasto medio siga tapando el agujero del volumen. En el horizonte, las elecciones autonómicas de 2027.

Ficha Autonómica

  • El caso: Canarias firma su segundo mejor arranque de año turístico sin alcanzar el récord. Los visitantes extranjeros caen un 0,5% hasta agosto de 2026, mientras el gasto crece ligeramente.
  • Datos importantes: 10,26 millones de extranjeros entre enero y agosto, 46.500 menos que en 2025; 16.382 millones de euros de gasto, el 16,4% del nacional; en agosto, 1,24 millones de visitantes y 2.296 millones facturados.
  • Resumen: El Archipiélago afronta el último trimestre con la opción de acercarse a los 15,7 millones de extranjeros de 2025. El debate sobre vivienda, saturación y modelo turístico marcará la legislatura y las elecciones de 2027.

Miles de vigueses vuelven a manifestarse por la vivienda en Vigo y los convocantes amagan con una huelga general

Anxo Seoane
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Miles de vigueses vuelven a manifestarse por la vivienda en Vigo y los convocantes amagan con una huelga general

Miles de personas han vuelto a recorrer el centro de Vigo para exigir soluciones a la crisis de la vivienda.

La marcha partió de Vía Norte y desembocó en la Porta do Sol, en pleno corazón de la ciudad olívica, convocada por el sindicato de inquilinas y arropada por colectivos vecinales. No fue un episodio aislado: la misma protesta se replicó en decenas de puntos de España después de que el Congreso de los Diputados tumbara los dos decretos de vivienda del Gobierno.

El no de los grupos de la oposición y de la derecha catalana de Junts cayó como un jarro de agua fría entre las acampadas por la vivienda que llevan semanas activas en el país, con epicentro en Madrid. Vigo volvió a la calle una semana después del desahucio de Maricarmen, el caso que ya había movilizado a la ciudad días atrás.

Del rechazo del Congreso a la calle: Vigo vuelve a marchar

Desde la organización aseguran que no piensan bajar los brazos. La idea que ahora sobrevuela es pactar con los sindicatos mayoritarios la convocatoria de una huelga general, un escenario que este viernes empezó a escucharse con fuerza en Vigo y que, de concretarse, elevaría el conflicto de la vivienda a una escala distinta.

El Gobierno central, mientras tanto, baraja dos caminos: volver a llevar nuevos decretos al Congreso o, directamente, adelantar las elecciones generales. Ninguna de las dos opciones es inmediata.

La crisis de la vivienda ha dejado de ser un asunto local en Vigo y se ha convertido en un pulso político de alcance nacional.

Lo que ocurre en la ciudad olívica no es un caso aparte. Vigo es el municipio más poblado de Galicia, con casi 300.000 habitantes, y ha vivido en pocos años un encarecimiento del alquiler que ha ido expulsando a los vecinos del centro. La presión sobre el mercado residencial se ha instalado ya en la conversación cotidiana de barrio.

La onda expansiva de una protesta que recorre toda España

crisis de la vivienda

La movilización de Vigo forma parte de una marea que recorre el país desde el varapalo parlamentario a los decretos. En Galicia, el asunto interpela a los tres grandes partidos: al PPdeG (el Partido Popular de Galicia, que gobierna la comunidad con mayorías absolutas desde 2009), al BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición en el Parlamento autonómico) y al PSdeG (la federación gallega del PSOE). Ninguno quiere quedarse fuera del debate.

La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico, con sede en Santiago de Compostela) tiene competencias en materia de vivienda, y el encarecimiento del alquiler en las ciudades gallegas se ha convertido en uno de los frentes que más tensión genera entre el Ejecutivo autonómico y el central. Eso sí, las cifras de vivienda protegida y de suelo disponible siguen siendo objeto de disputa entre ambos.

El desenlace depende ahora de lo que ocurra en Madrid. Si el Gobierno reactiva los decretos, el pulso volverá al Congreso; si opta por adelantar las elecciones, la vivienda se convertirá en uno de los temas centrales de la campaña. En ambos escenarios, Galicia ocupará un lugar destacado.

El Laboratorio Gallego

Galicia lleva años funcionando como termómetro de la política española, y la vivienda acaba de sumarse a esa lista. El PPdeG gobierna la Xunta con mayoría absoluta, el BNG se ha consolidado como primera fuerza de la oposición y el PSdeG pugna por recuperar terreno, un tablero que convierte cada protesta en las ciudades gallegas en una prueba para los tres. Vigo, con casi 300.000 habitantes, es el escenario donde esa competencia se mide con más crudeza.

La lectura nacional es obligada. La vivienda se ha instalado en el centro del choque entre el PP y el PSOE, y el rechazo de los decretos en el Congreso —con el voto en contra del partido de Alberto Núñez Feijóo y de Junts— anticipa el tono de la próxima campaña. Galicia, y muy especialmente sus grandes ciudades, será uno de los lugares donde se compruebe si el discurso de cada formación aguanta el contacto con la calle.

Queda una incógnita por despejar. Si los sindicatos aceptan la propuesta y la huelga general sale adelante, el conflicto dejará de ser una sucesión de marchas para convertirse en un pulso de otro calibre, y Galicia lo notará en sus puertos, su industria, y su comercio. La próxima cita en el Congreso, aún sin fecha, marcará el siguiente movimiento.

Ficha del Caso

  • El caso: Miles de personas han vuelto a marchar en Vigo por la vivienda, de Vía Norte a Porta do Sol, tras el rechazo del Congreso a los decretos del Gobierno.
  • Datos importantes: Dos decretos de vivienda tumbados en el Congreso; movilizaciones en toda España; Vigo, con casi 300.000 habitantes, es el municipio más poblado de Galicia.
  • Resumen: Los convocantes sopesan una huelga general con los sindicatos y el Gobierno estudia nuevos decretos o un adelanto electoral; Galicia queda como termómetro de ese pulso nacional.

El PSPV exigirá un pleno de vivienda en les Corts y acusa a Pérez Llorca de proteger a los fondos buitre

Amparo Soler
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El PSPV exigirá un pleno de vivienda en les Corts y acusa a Pérez Llorca de proteger a los fondos buitre

El PSPV pedirá un pleno extraordinario de vivienda en les Corts para que cada grupo se retrate ante la crisis habitacional.

Lo anunció el síndic socialista, José Muñoz —portavoz del grupo parlamentario en les Corts Valencianes, el parlamento autonómico unicameral con 99 escaños—, que sitúa la vivienda como el asunto llamado a ordenar la agenda política valenciana de los próximos meses. «Ante la crisis de la vivienda en la Comunitat Valenciana y visto que el PP de Pérez Llorca ha decidido ponerse del lado de los fondos buitre y de los especuladores, desde el PSPV vamos a presentar esta solicitud de pleno extraordinario y monográfico», declaró.

Un pleno para que nadie se esconda detrás de una abstención

La convocatoria no depende solo del grupo que la pide. La solicitud tendrá que pasar por la Mesa de les Corts —el órgano de gobierno del parlamento autonómico— y por la Junta de Portavoces, que fijan el orden del día y el calendario, y ahí empieza el primer forcejeo. Los socialistas quieren un debate monográfico, sin asunto añadido y sin margen para diluir el foco. Un pleno monográfico obliga a cada grupo a dejar por escrito dónde está en precios, desahucios y grandes tenedores. Muñoz ha pedido que el debate se aborde «con serenidad», por tratarse de un asunto «absolutamente trascendental para la vida de los valencianos y valencianas».

«Queremos que cada partido político se posicione y se retrate ante una ciudadanía que no aguanta más y que exige tener derecho a techo», subrayó el síndic. El destinatario principal de ese retrato es el PP, socio mayoritario del Consell (el gobierno autonómico valenciano, el equivalente al Consejo de Ministros), al que el PSPV reprocha no aplicar los topes al alquiler que permite la legislación estatal. «Queremos escuchar la posición del Partido Popular después de ver cómo en el Congreso, una vez más, se han posicionado a favor de los especuladores», añadió.

De la ley estatal a los desahucios: las cuatro exigencias socialistas

PSPV Corts

Si el pleno sale adelante, el PSPV llevará a la tribuna cuatro demandas concretas. Primero, aplicar la ley estatal de vivienda, la norma de 2023 que habilita a las comunidades a declarar zonas de mercado residencial tensionado y a limitar los precios del alquiler. Segundo, topar esos precios de forma efectiva. Tercero, evitar y prohibir los desahucios de personas vulnerables. Y cuarto, frenar la implantación de fondos buitre en la Comunitat Valenciana. «Desde el PSPV somos claros», sentenció Muñoz al enumerarlas.

Un pleno monográfico no abarata el alquiler por sí solo, pero deja un rastro difícil de borrar: la posición pública de cada grupo y de cada diputado.

Llega en un curso político que arranca con la vivienda escalando posiciones y con la reconstrucción de la DANA todavía abierta. El Consell de Pérez Llorca, presidido desde diciembre de 2025 por el dirigente popular, ha concentrado buena parte de su acción de gobierno en esa reconstrucción, y la oposición aprovecha cada hueco para colocar el alquiler en el primer plano. El choque por la vivienda mide al PP autonómico contra el Gobierno central, y en ese terreno el PSPV se mueve con la ventaja de quien lleva meses señalando al socio mayoritario del Consell.

El Escenario Valenciano

El pacto PP-Vox que sostiene al Consell no muestra fisuras públicas en materia de vivienda, pero sí dos acentos distintos dentro del mismo bloque. Los populares prefieren hablar de seguridad jurídica, de suelo disponible y de colaboración público-privada; Vox ha convertido la crítica a la intervención del mercado en una de sus banderas. Enfrente, el PSPV y Compromís coinciden en exigir topes al alquiler, aunque cada grupo busca perfil propio de cara a las elecciones de 2027. La vivienda es hoy el asunto con más recorrido electoral de la agenda valenciana.

La dimensión nacional condiciona el debate. La ley estatal dejó en manos de las comunidades la decisión sobre los topes al alquiler. Aprobada en el Congreso de los Diputados en 2023 sin el apoyo del PP, desde entonces ha partido el mapa autonómico en dos: unas comunidades la aplican, y otras la rechazan. El Gobierno de Sánchez la reivindica como su principal herramienta contra la especulación, mientras el PP sostiene que el problema se resuelve con más oferta y menos intervención. En la Comunitat Valenciana, el PSPV sitúa la escalada del alquiler entre las causas de la emergencia habitacional que denuncia desde hace meses.

El calendario queda ahora en manos de la Mesa de les Corts y de la Junta de Portavoces, que decidirán en las próximas semanas si el pleno monográfico ve la luz y con qué fecha. El Consell, mientras, mantiene su agenda de reconstrucción y sus propios planes en materia de vivienda. La vivienda ha dejado de ser un asunto de gestión para convertirse en un terreno de confrontación, y con las autonómicas de 2027 en el horizonte cada formación sabe que este debate se graba para la campaña.

Ficha del Caso

  • El caso: El PSPV registrará una solicitud de pleno extraordinario y monográfico sobre la crisis de la vivienda en les Corts Valencianes.
  • Datos importantes: El síndic socialista José Muñoz exige aplicar la ley estatal de vivienda de 2023, topar el precio del alquiler, prohibir desahucios de personas vulnerables y frenar a los fondos buitre. La convocatoria depende de la Mesa y de la Junta de Portavoces.
  • Resumen: La iniciativa busca que cada grupo parlamentario fije posición ante la emergencia habitacional y tensa el pulso entre el Consell de Pérez Llorca, el PP nacional y el Gobierno central.

Rajoy y González unen discursos en el Foro La Toja contra Sánchez por la crisis de vivienda

Anxo Seoane
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Rajoy y González unen discursos en el Foro La Toja contra Sánchez por la crisis de vivienda

El Foro La Toja ha reunido en O Grove a Rajoy y González contra Sánchez por la crisis de vivienda.

Un pacto de Estado que los dos ven imposible

El escenario es ya un clásico de la política española. Cada otoño, la Illa de A Toxa, en el municipio pontevedrés de O Grove, convoca a la élite empresarial y política del país. Y el plato fuerte vuelve a ser el mismo: el cara a cara entre dos expresidentes del Gobierno, uno socialista y otro popular.

El eje del debate ha sido la vivienda. Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, ha relatado que los promotores le trasladan un exceso de regulación cambiante y que no encuentran trabajadores para levantar ladrillos. Felipe González ha sido más tajante al señalar al inquilino de la Moncloa: ‘Cuando uno lleva dos años en el Gobierno es heredero de sí mismo, ya no puede echarle la culpa a los demás’.

Ambos han coincidido en reclamar un pacto de Estado para la vivienda, un acuerdo que consideran hoy inalcanzable. Somos buena gente, aunque alguno no lo crea’, ha cerrado Rajoy su intervención. González ha añadido, entre risas del auditorio: ‘Y los dos somos de extremo centro’.

El público, mayoritariamente masculino y poblado de trajes oscuros, no ha dejado de reír durante casi una hora. El dúo funciona como una máquina engrasada: mientras González habla y da lecciones, Rajoy pone caras. El aplauso de los presentes estaba garantizado.

El foro de A Toxa convierte cada año un discurso sobre vivienda en un ensayo de la batalla política que después llega al Congreso.

No es un encuentro cualquiera. El Foro La Toja lo organiza Carmen Martínez Castro, exsecretaria de Estado de Comunicación con Rajoy, y lo financia en parte un empresario del sector turístico. Desde su primera edición se ha consolidado como la cita otoñal de la derecha española, con Galicia como anfitriona.

En sus casi dos horas de conversación, los dos expresidentes han pedido elecciones, más policía para Ceuta, y han apostado por el retorno del bipartidismo. ‘No ser optimista no sirve para nada’, ha dicho Rajoy. ‘Yo soy optimista porque no me queda mucho tiempo’, ha replicado González.

Un argumentario que aterriza en plena batalla por la vivienda

El diagnóstico de los dos expresidentes llega en un momento delicado para la política de vivienda. En el Congreso, Junts, el PP y Vox han tumbado los decretos del Ejecutivo sobre esta materia, lo que ha dejado al Gobierno sin su principal herramienta normativa.

La cita tiene además un escenario muy concreto. Galicia se ha convertido en el laboratorio donde el PP ensaya buena parte de su discurso nacional, y el foro de A Toxa lo escenifica cada año. Los mensajes que allí se lanzan sobre fiscalidad, vivienda o seguridad suelen reaparecer meses después en las tribunas de Madrid.

El Laboratorio Gallego

La política gallega no se entiende sin su particular equilibrio. El PPdeG, el Partido Popular de Galicia, gobierna la Xunta (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela) con mayoría absoluta desde 2009, con Alfonso Rueda al frente desde 2022 y 40 de los 75 escaños del Parlamento de Galicia. Enfrente, el BNG de Ana Pontón se ha consolidado como primera fuerza de la oposición, mientras el PSdeG, la federación gallega del PSOE, trata de reordenar su espacio.

El foro no es ajeno a esa lógica. La Galicia que hoy preside Rueda es la misma que proyectó a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia nacional del PP tras más de una década al frente de la Xunta. Por eso, cuando dos expresidentes del Gobierno eligen A Toxa para cargar contra Sánchez por la vivienda, el mensaje no se queda en Galicia: forma parte de la estrategia con la que el PP quiere convertir el problema de la vivienda en el gran eje del próximo curso político. Galicia actúa, una vez más, como banco de pruebas.

Queda por ver si ese pacto de Estado que ambos reclaman llega algún día. Mientras tanto, el foro ya tiene fecha para volver el próximo otoño. La sopa, como dijo González, seguirá enfriándose.

Ficha del Caso

  • El caso: El Foro La Toja, en O Grove (Pontevedra), ha reunido un año más a Mariano Rajoy y Felipe González, que señalan a Sánchez como responsable de la crisis de vivienda.
  • Datos importantes: Ambos expresidentes reclaman un pacto de Estado sobre vivienda; en el Congreso, Junts, PP y Vox han tumbado los decretos del Gobierno. El PPdeG gobierna Galicia con mayoría absoluta desde 2009.
  • Resumen: El encuentro de A Toxa refuerza el argumentario del PP sobre la vivienda en un escenario gallego, donde el partido ensaya políticas que después traslada al debate nacional.

Pérez Llorca propone la Alta Distinción de la Generalitat para Ceuta y recibe a Vivas el lunes

Amparo Soler
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Pérez Llorca propone la Alta Distinción de la Generalitat para Ceuta y recibe a Vivas el lunes

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, propone al pleno del Consell que Ceuta reciba la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana el próximo 9 d’Octubre.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El president Juanfran Pérez Llorca llevará al pleno del Consell la propuesta de conceder a Ceuta la Alta Distinción de la Generalitat.
  • ¿Quién está detrás? El ejecutivo autonómico del PP y Vox, con el president al frente, y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.
  • ¿Qué impacto tiene? Ceuta suma el máximo reconocimiento autonómico valenciano y Vivas recibirá además la Medalla de Honor de Valencia.

Del pleno del lunes al 9 d’Octubre: la apuesta de Pérez Llorca por Ceuta

La propuesta se someterá a la reunión del Consell —el ejecutivo autonómico valenciano, el equivalente al Consejo de Ministros— prevista para este lunes, según el comunicado difundido por la Generalitat. El jefe del Consell ha reiterado el apoyo de la institución a la ciudad autónoma y a sus vecinos, y ha subrayado que los ceutíes «están demostrando un gran sentido de Estado«. El gesto llega, además, con nombre propio: el de Juan Jesús Vivas, a quien Pérez Llorca atribuye «liderazgo, lealtad con su pueblo y valentía«.

Sin embargo, la jornada no se agota en el pleno. El mismo lunes el president recibirá a Vivas en una visita institucional y, el 9 d’Octubre, le acompañará en la entrega de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Valencia, donde el líder ceutí recibirá la Medalla de Honor de la ciudad. Conviene no confundir los dos reconocimientos: la Alta Distinción es el galardón de mayor rango que concede la Generalitat, mientras que la Medalla de Honor la otorga el consistorio valenciano, en la festividad de la Comunitat Valenciana.

Qué proyecta el Consell con el gesto hacia Ceuta

El apoyo a Ceuta tiene una lectura que desborda la Comunitat Valenciana. La ciudad autónoma ocupa un lugar central en los debates nacionales sobre fronteras, política migratoria y relaciones con Marruecos, y cualquier gesto institucional hacia ella se lee en clave de posición política. Al distinguir a Ceuta el 9 d’Octubre, el Consell de Pérez Llorca proyecta una imagen de sintonía con una plaza que el PP reivindica como símbolo del sentido de Estado. El propio president eligió esas palabras al referirse a los ceutíes.

No es una operación aislada. La Generalitat ha convertido el respaldo a Ceuta en un mensaje recurrente, y el 9 d’Octubre, día de la Comunitat Valenciana, es la fecha escogida para hacerlo visible con el máximo rango institucional. La cita reúne cada año a buena parte del arco institucional valenciano en torno a los premios de la Generalitat. Distinguir a Ceuta es, en la práctica, fijar posición.

Un galardón autonómico que viaja a la frontera sur: el 9 d’Octubre la Generalitat no solo distingue a Ceuta, también elige con quién posa.

El Escenario Valenciano

En clave valenciana, la decisión vuelve a mostrar al Consell de Pérez Llorca actuando con el respaldo del pacto con Vox, que sostiene cada movimiento del ejecutivo. Queda por ver cómo lo leen en las Corts Valencianes, el parlamento autonómico valenciano, el PSPV y Compromís, que siguen con el foco puesto en la reconstrucción DANA y en la hoja de ruta del próximo curso político. El Consell, entretanto, sitúa el reconocimiento a Ceuta en la línea de la política exterior simbólica que el president quiere capitalizar.

La dimensión nacional tampoco se queda fuera. El 9 d’Octubre sirve cada año para medir la temperatura de la relación entre el Consell y el Gobierno central, y con Ceuta como beneficiaria la distinción toca uno de los asuntos de Estado más sensibles, el de las fronteras y la política migratoria. El gesto proyecta al PP autonómico en un terreno que su dirección nacional considera propio. En paralelo, la Generalitat mantiene su propia agenda, con el siguiente pleno del Consell y el calendario de la reconstrucción DANA como próximos hitos.

Ficha del Caso

  • El caso: El president Pérez Llorca llevará al pleno del Consell la propuesta de conceder a Ceuta la Alta Distinción de la Generalitat y recibirá a Vivas antes del 9 d’Octubre.
  • Datos importantes: El pleno se celebra el lunes 5 de octubre; la distinción se entregará el 9 d’Octubre, día de la Comunitat Valenciana; Vivas recibirá además la Medalla de Honor de Valencia.
  • Resumen: El gesto refuerza el respaldo valenciano a Ceuta y proyecta al PP autonómico en un asunto de Estado de alcance nacional.

Los desahucios en Andalucía caen a mínimos históricos: un 75% menos que en 2019

Enrique Ramos
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Los desahucios en Andalucía caen a mínimos históricos: un 75% menos que en 2019

Los desahucios en Andalucía tocan mínimos históricos: 616 lanzamientos en el primer trimestre, un 75% menos que en 2019. Málaga y Córdoba concentran el 65,5% de los expedientes atendidos por la Junta de Andalucía, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

La serie más baja de la década: 616 lanzamientos frente a los 1.125 de 2025

El desplome no tiene precedente en la estadística reciente. Entre enero y marzo de 2026 se practicaron en la comunidad 616 lanzamientos frente a los 1.125 del mismo periodo de 2025, un 45% menos en apenas doce meses. Todos los primeros trimestres desde 2019 habían superado el millar: 2.499 (2019), 1.443 (2020), 1.778 (2021), 1.858 (2022), 1.278 (2023), 1.076 (2024) y 1.125 (2025). El CGPJ solo ha facilitado por ahora los tres primeros meses del año, pero la serie es lo bastante elocuente como para hablar de un cambio de ciclo.

El perfil del desahucio ha cambiado de raíz. Hace una década la causa dominante era la imposibilidad de afrontar la hipoteca; hoy el 57% de los lanzamientos se deben a impagos del alquiler, al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos que rige los contratos desde 1994. A ese vuelco se suman un mercado laboral más sólido y los mecanismos de protección hipotecaria que se han ido consolidando en los juzgados. La ejecución hipotecaria pierde peso; el alquiler concentra ya la mayoría de los casos.

La red de la Junta: 27.266 atenciones y 1.354 expedientes desde 2019

vivienda Andalucía

La Junta de Andalucía (el gobierno autonómico con sede en Sevilla, que gestiona la vivienda a través de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio) mantiene un sistema propio de asesoramiento y protección frente a los desahucios. Desde 2019 acumula 27.266 atenciones: 22.196 por vía telefónica o telemática y 5.070 de forma presencial. De ese volumen han derivado 1.354 expedientes con intervención directa de la administración autonómica.

El grueso de las actuaciones, 713 (el 52%), fueron de intermediación con acreedores y entidades financieras: reestructuración de deudas, cambios en las condiciones de cobro o daciones en pago. Otras 375 (27,7%) se dedicaron a prevención, y 266 (19,6%) a protección, con información sobre recursos sociales, prestaciones y alternativas habitacionales. Málaga y Córdoba suman el 65,5% de los expedientes, y la provincia cordobesa llama la atención: acumula más consultas y visitas que territorios con mucha más población y mayor presión de precios. La Junta no dispone del dato exacto de cuántos desahucios se han evitado.

La tendencia no es exclusiva de Andalucía. En toda España se pasó de 67.000 lanzamientos en 2015 a poco más de 24.500 en 2025, según el CGPJ. Eso sí, la comparación entre comunidades deja a la región en una posición razonable: Cataluña, con 921 lanzamientos, y la Comunidad Valenciana, con 741, encabezan el último recuento.

Andalucía ha recortado sus desahucios un 75% en siete años, pero el 57% de los que quedan ya no vienen de la hipoteca: vienen del alquiler.

La Lectura Andaluza

Que un drama social se reduzca un 75% en siete años debería ser una buena noticia de portada, y lo es, pero conviene leerla con la letra pequeña delante. El descenso de los lanzamientos se explica sobre todo por un mercado laboral más sólido y por los mecanismos de protección hipotecaria, no porque el acceso a la vivienda se haya vuelto más fácil en Andalucía.

De hecho, el problema se ha desplazado: si antes el desahucio llegaba por la hipoteca, ahora llega por el alquiler, y eso sitúa el foco en los precios que se piden por un piso en Málaga o Sevilla, donde la tensión entre oferta y demanda sigue apretando a quien busca un hogar.

Para el ciudadano de a pie, el dato tiene una traducción muy concreta. Quien tenga un procedimiento abierto puede recurrir al servicio de asesoramiento de la Junta y pedir intermediación con el banco o con el arrendador antes de que llegue la comisión judicial; en buena parte de los casos, ese es el margen que evita perder la casa. Ese servicio lleva activo desde 2019 y acumula 27.266 atenciones, una cifra que dice mucho del volumen de familias que han necesitado ayuda.

En paralelo, el mercado sigue tensionado: la vivienda nueva no llega al ritmo que exige la demanda y el parque de alquiler asequible continúa siendo la asignatura pendiente, con los datos de vivienda y empleo del INE como referencia obligada para seguir la evolución.

La proyección es clara. El CGPJ publicará los datos del segundo y tercer trimestre en los próximos meses y ahí se verá si los 616 lanzamientos son el suelo de la serie o el arranque de una nueva normalidad. Todo apunta a que el ejercicio cerrará por debajo del millar, algo que no ocurría desde antes de 2019.

La lectura andaluza es doble: la región ha demostrado capacidad para amortiguar el golpe en el momento más duro, y a la vez tiene pendiente resolver la raíz del problema, que no es otra que la dificultad de miles de andaluces para pagar cada mes el techo bajo el que viven. Ese es el examen que viene.

La Junta moviliza 4 millones de euros para impulsar la industria del videojuego en Andalucía

Enrique Ramos
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La Junta moviliza 4 millones de euros para impulsar la industria del videojuego en Andalucía

La Junta reservará cerca de 4 millones para la industria del videojuego en Andalucía en el Presupuesto de 2027. El anuncio llega desde Málaga, en la segunda edición de la San Diego Comic-Con, de la mano del consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto.

Cuatro millones para un sector que ya factura 86 millones

Los datos que maneja la Consejería dibujan un sector en expansión sostenida. Andalucía es ya el tercer polo del videojuego en España, solo por detrás de Madrid y Cataluña, después de haber ocupado la quinta posición nacional en 2019. En 2024 la comunidad contaba con 107 estudios activos, el 13,1% del total español, frente a los 82 de cinco años antes: un crecimiento del 30,8%. La facturación de los estudios andaluces rondó los 86 millones de euros en 2023 y el sector daba empleo a más de 1.000 profesionales.

A esa base se suma una red de 17 centros especializados de formación en videojuegos, la cantera de la que se nutren los estudios y los Centros Misión. El consejero, que preside también la Agencia Digital de Andalucía (ADA), ha fijado el videojuego como «prioridad absoluta» dentro de la Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales, el plan con el que la Junta de Andalucía quiere ordenar sus políticas de apoyo al sector en el próximo ejercicio. Los 4 millones anunciados no llegan aislados: se destinarán a seguir potenciando una red de espacios tecnológicos que ya funciona en varias provincias.

Málaga y Jaén, los dos escenarios del anuncio

subvenciones videojuego Andalucía

La presencia andaluza en la cita de Málaga es mayor que en la primera edición: 17 startups y estudios vinculados a Misión Andalucía participan en la feria, y 11 de ellos cuentan con espacio expositivo propio de 50 metros cuadrados. El consejero ha recorrido algunos de esos stands y ha defendido que un evento internacional de esta magnitud sirve para proyectar el talento de la tierra y abrir nuevas oportunidades en el mercado digital. La edición ha coincidido con el bloque Disney x Hall M, en el que han participado Marvel, Pixar y Disney Animation.

El Centro Misión Gaming de Jaén tiene su continuidad garantizada. La Junta renovará próximamente con el Ayuntamiento de la capital jienense la cesión del antiguo Banco de España, el edificio que alberga este polo tecnológico. Su transformación requirió una inversión cercana a 1,8 millones de euros y hoy da cobijo a 35 empresas especializadas, muchas de ellas centradas en videojuegos. El espacio ha ampliado su actividad hacia la inteligencia artificial, la realidad virtual, la automatización, la ilustración y las soluciones digitales para el turismo.

Andalucía ha pasado de ser la quinta potencia española del videojuego a la tercera en apenas cinco años, con 107 estudios activos y más de mil profesionales.

Nieto ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz para que el talento formado aquí encuentre proyectos y oportunidades aquí, y para que las compañías internacionales vean la comunidad como un territorio competitivo en videojuegos, animación, realidad virtual y aumentada. El propio consejero reconoce que las cifras actuales no bastan: el reto pasa por atraer capital y nuevos inversores y por competir con Madrid y Cataluña, los dos polos que aún lideran el ranking nacional.

La Lectura Andaluza

Andalucía lleva años intentando diversificar su economía más allá del turismo y la agricultura, y el videojuego encaja en ese propósito como pocos sectores: empleo joven, cualificado y con vocación exportadora. No es una apuesta improvisada. La comunidad venía de la quinta posición nacional en 2019 y ha escalado hasta la tercera con un crecimiento del 30,8% en el número de estudios, un ritmo que supera el de muchas actividades tradicionales. Esos 4 millones tendrán que pasar el filtro del Parlamento de Andalucía cuando las cuentas de 2027 inicien su tramitación, un proceso en el que los grupos podrán enmendar las partidas destinadas a los Centros Misión.

Para el ciudadano de a pie el impacto tiene nombres concretos: puestos de trabajo para jóvenes titulados que hasta ahora emigraban a Madrid o Barcelona, y formación especializada en 17 centros repartidos por el territorio. Quien estudia animación en Granada o quien programa en un estudio de Sevilla tiene hoy más posibilidades de quedarse en su tierra que hace cinco años. Los Centros Misión funcionan como anclas: atraen empresas, retienen talento y generan un tejido auxiliar de ilustración, sonido y servicios digitales que también da de comer a autónomos y pequeñas firmas.

Lo que viene ahora es la letra pequeña. La renovación de la cesión en Jaén, la ejecución de la Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales y la próxima edición de la Comic-Con de Málaga, que según el propio consejero aspira a seguir creciendo. Las subvenciones y convenios asociados se publicarán en el BOJA, donde cualquier emprendedor puede consultar plazos y requisitos. Andalucía ha demostrado que sabe hacer videojuegos; el siguiente examen es conseguir que el dinero, el talento y las empresas se queden aquí.

Las manifestaciones por la vivienda en Andalucía recorren Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz y Jerez

Enrique Ramos
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Las manifestaciones por la vivienda en Andalucía recorren Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz y Jerez

La crisis de la vivienda en Andalucía ha sacado a la calle a miles de personas en Málaga, Granada y Cádiz. Las concentraciones, convocadas por el Sindicato de Inquilinas y la plataforma Un Techo por Derecho, se han repetido este sábado en Sevilla, Huelva y Jerez de la Frontera, un día después de que el Congreso rechazara los dos decretos sobre vivienda del Gobierno central.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Miles de andaluces se han manifestado este sábado en Málaga, Granada, Cádiz, Huelva, Sevilla y Jerez de la Frontera para exigir soluciones a la crisis de la vivienda.
  • ¿Dónde y quién? Marchas convocadas por el Sindicato de Inquilinas y la plataforma Un Techo por Derecho, un día después de que el Congreso tumbara los decretos estatales.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Los convocantes denuncian cuatro desahucios diarios y trabajan ya en una huelga general para noviembre.

Las marchas más multitudinarias de la jornada, calle a calle

En Málaga, la ciudad andaluza que mejor retrata la tensión del alquiler, la marcha arrancó a las 19.00 horas desde la Plaza de la Constitución y abarrotó Calle Larios y la Alameda. La Policía Nacional, a través de la Subdelegación del Gobierno, contabilizó 8.000 asistentes frente a los 50.000 que calculan los convocantes.

A la movilización se sumó el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y representantes provinciales de partidos de izquierda. La portavoz del sindicato en la capital malagueña, Carmen Olmedo, ha pedido «llamar la atención a todas las administraciones públicas», a las que reprocha no haber hecho lo suficiente.

Desde la plataforma Un Techo por Derecho, Ysabel Torralbo ha denunciado que en Málaga se registran cuatro desahucios al día, a los que se suman los «silenciosos» de quienes acaban su contrato de alquiler sin poder firmar otro.

En Granada, unas 12.000 personas han recorrido el centro desde la Plaza Nueva hasta la explanada del Palacio de Congresos bajo el lema «Organiza tu rabia contra el negocio de la vivienda». Entre las pancartas han aparecido lemas como «Techo de menos» y «Tener casa no es un lujo, es un derecho», con familias y mucha gente joven entre los asistentes.

El sindicato gaditano ha cifrado en 10.000 los participantes en la capital y ha anunciado el levantamiento de la acampada de la plaza del Palillero tras más de una semana. En Huelva, decenas de personas se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno, mientras en Sevilla y Jerez de la Frontera se han repetido concentraciones dentro de la misma convocatoria.

Andalucía es la comunidad más poblada de España y el problema de la vivienda golpea aquí a más vecinos que en cualquier otro territorio.

Cifras dispares y quién decide qué sobre la vivienda

La diferencia entre el dato policial y el de los convocantes —8.000 frente a 50.000 solo en Málaga— es habitual en las grandes movilizaciones, aunque también mide la intensidad de un conflicto que ya no se circunscribe a una ciudad. El Congreso tumbó el viernes los dos decretos estatales, lo que devuelve el foco a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.

El reparto de competencias explica esa dispersión. El Estado fija la legislación de arrendamientos y las medidas fiscales sobre el alquiler, mientras que las comunidades autónomas gestionan buena parte del parque público y de las ayudas al alquiler. En Andalucía, esa labor corresponde a la Junta de Andalucía (el gobierno autonómico con sede en Sevilla, que gestiona sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras) a través de la Consejería de Fomento y de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, el organismo que administra el parque público de alquiler de la comunidad.

La Lectura Andaluza

Andalucía es la comunidad más poblada de España, con unos 8,6 millones de habitantes, cerca del 18% del total nacional, según el INE, y esa dimensión convierte cualquier problema de vivienda en un asunto de escala. Quien busca hoy su primer alquiler en Málaga se topa con precios de capital europea y con un salario andaluz; en Cádiz, la acampada del Palillero ha aguantado más de una semana antes de levantarse, un precedente de movilización sostenida que no se veía desde el ciclo de protestas abierto en 2011.

El horizonte inmediato es una huelga general que los convocantes quieren situar en noviembre, todavía sin fecha ni convocatoria formal. En paralelo, el debate volverá previsiblemente al Parlamento de Andalucía (la cámara legislativa unicameral con 109 escaños, con sede en Sevilla) y a los plenos de los ayuntamientos más tensionados. Miles de andaluces ya han dicho lo que piensan en la calle; ahora la pelota está en el tejado de las administraciones.

Alerta roja por lluvias torrenciales en Cataluña: hasta 200 litros y avisos en once comunidades

Pablo Navarro
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Alerta roja por lluvias torrenciales en Cataluña: hasta 200 litros y avisos en once comunidades

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta roja por lluvias torrenciales en Cataluña este domingo, con hasta 200 litros en Barcelona y Girona. Según la predicción difundida este sábado por la agencia, el aviso alcanza a once comunidades autónomas, siete de ellas en nivel amarillo y tres en naranja, y Protección Civil mantiene la vigilancia sobre el tercio oriental peninsular.

Qué supone la alerta roja y qué comunidades están en aviso

El nivel rojo, el máximo de la escala de avisos de la agencia y reservado a fenómenos de intensidad extraordinaria, permanecerá activo durante toda la jornada en Cataluña, con acumulaciones de 200 litros de agua y probable intensidad torrencial.

Así queda el reparto de niveles, según la predicción de la agencia:

  • Aviso rojo: Cataluña, durante todo el día.
  • Aviso naranja: Asturias, Cantabria y Comunidad de Madrid, por lluvias o tormentas.
  • Aviso amarillo: Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco.

Además de Cataluña, la AEMET prevé chubascos y tormentas fuertes, localmente con granizo, en amplias zonas del centro y norte peninsular, la meseta sur y zonas de sierra del sureste, con menor probabilidad en puntos de Baleares. Los acumulados más significativos se esperan en el Sistema Central, el área cantábrica y, sobre todo, en Barcelona y Girona.

Cataluña es la única comunidad con alerta roja activa este domingo, con acumulaciones previstas de hasta 200 litros y probable intensidad torrencial.

La dana al oeste de la Península, el origen del episodio

La formación de una dana (depresión aislada en niveles altos, un bolsillo de aire frío en capas altas de la atmósfera) al oeste de la Península dejará una situación de inestabilidad en la mayor parte del territorio, según la AEMET. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y solo el sur de Galicia quedará poco nuboso.

En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos o despejados en el resto. La agencia también señala brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña, prelitorales mediterráneos y la meseta norte, además de calima en el archipiélago.

El viento soplará de componente este en la Península y Baleares, con componente norte y nordeste en los litorales de la fachada oriental y en Galicia. Será moderado en litorales y Baleares y flojo en el resto, con intervalos fuertes en las costas de A Coruña y alisio moderado en Canarias.

  • Suben las máximas: Canarias, zonas de la Comunidad Valenciana y de la meseta norte.
  • Bajan las máximas: el resto del tercio norte peninsular y el cuadrante suroeste.
  • Máximas más altas del día: 29ºC en Almería y Palma; 28ºC en Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Melilla, Huelva, Granada, Badajoz y Alicante.
  • Mínimas más bajas: 11ºC en Ávila, León, y Salamanca; 12ºC en Segovia y Burgos.

El dispositivo de Protección Civil y el seguimiento del episodio

Protección Civil mantiene la vigilancia ante los chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes previstos en el tercio oriental, según el aviso difundido el viernes 2 de octubre. La atención se concentra en Barcelona y Girona, donde se esperan los mayores acumulados.

El episodio llega después de que el 29 de septiembre la lluvia acumulada cubriera parte del viario en el barrio barcelonés de Canyelles-Nou Barris, como recogieron las imágenes difundidas ese día.

Los avisos de la AEMET se actualizan conforme evoluciona el episodio, por lo que los niveles pueden variar a lo largo del día. Por ahora, el aviso rojo se mantiene durante toda la jornada en Cataluña y las otras diez comunidades siguen con sus avisos activos.

La Seguridad Social suma 92.327 afiliados en septiembre: la FP refuerza la inserción laboral de sus titulados

Javier Morales
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La Seguridad Social suma 92.327 afiliados en septiembre: la FP refuerza la inserción laboral de sus titulados

La Seguridad Social sumó 92.327 afiliados en septiembre de 2026, su mayor incremento en un mes de septiembre desde que hay registros.

El balance, difundido el 2 de octubre por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, deja el sistema en 22.437.553 ocupados y una tasa interanual del 3,41%. El dato funciona como termómetro del empleo y la FP: varias de las ramas que más crecen —construcción, actividades inmobiliarias o servicios informáticos— coinciden con familias profesionales de la FP (la Formación Profesional, la rama del sistema educativo que ofrece ciclos formativos de grado básico, medio y superior orientados a la inserción laboral).

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? La afiliación media sube en 92.327 ocupados respecto a agosto, hasta 22.437.553, según el balance del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicado el 2 de octubre de 2026. Es el mayor alza en un mes de septiembre desde que hay registros.
  • ¿Quién lo ha decidido? No hay norma nueva: el dato procede de los registros administrativos del sistema y lo elabora el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lo publica cada mes.
  • ¿A quién afecta? A los más de 22,4 millones de afiliados y, en clave educativa, a los titulados de FP que buscan empleo en los sectores con mayor crecimiento interanual, como la construcción o la informática.

El mayor aumento de afiliación en un mes de septiembre

El total del sistema en la serie original asciende a 22.437.553 afiliados, 3,57 millones más que en septiembre de 2018. En el último año la afiliación ha crecido en 739.888 ocupados, una tasa del 3,41%. La serie desestacionalizada, que corrige el efecto del calendario, suma 108.832 afiliados hasta 22.480.796 y encadena 68 meses consecutivos de subida, el nivel más alto de esa serie.

El departamento que dirige Elma Saiz subraya que el 28 de septiembre los registros diarios alcanzaron 22.576.593 afiliados, el máximo de la serie: «nunca ha habido tantas personas trabajando en España», señaló la ministra. Saiz añadió que superar los 22,5 millones de afiliados en la serie diaria a mitad de mes es «un buen termómetro para medir la consistencia de la creación de empleo».

Por colectivos, el empleo femenino supera los 10,5 millones de ocupadas (10.580.201), 345.574 más que hace un año. La temporalidad se sitúa en el 12,5%, frente al 28,4% de septiembre de 2021, y la relación entre cotizantes y pensionistas alcanza el 2,51, máximo desde 2011. La ocupación de los menores de 30 años ha crecido un 34,1% desde 2021.

La Educación gana 63.499 afiliados en septiembre y la FP apunta a los sectores que más crecen

afiliación Seguridad Social septiembre

En la comparación con agosto, el balance destaca el aumento de la Educación, con 63.499 afiliados más (+5,2%), un movimiento ligado al arranque del curso escolar. Es el único ámbito educativo que aparece desglosado en el avance mensual: la estadística no detalla el nivel de estudios de los ocupados.

El vínculo entre empleo y FP no se mide con el dato mensual de afiliación, sino con los informes que cruzan cada titulación con las altas en la Seguridad Social.

Los sectores con mayor crecimiento interanual indican en qué ramas se están creando puestos. Sumando el Régimen General y los autónomos, la construcción crece un 6,9% y las actividades inmobiliarias un 5,9%; las actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento suben un 5,3%, y la edición, radiodifusión y producción de contenidos, un 4,6%. En el Régimen General, la agricultura y la ganadería avanzan un 8,6%.

Entre los trabajadores autónomos —3.483.645 en total— los mayores avances se registran en el suministro de energía (+15,6%), las telecomunicaciones y la programación informática (+14,3%) y las actividades inmobiliarias (+9%). Varias de esas ramas se corresponden con familias profesionales de la FP, como Informática y Comunicaciones, Edificación y Obra Civil o Imagen y Sonido. La composición de los contratos también ha cambiado: hay 4,86 millones de indefinidos más que en septiembre de 2021 y 2,05 millones de temporales menos.

El Marco Educativo

La referencia normativa es la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, publicada en el Boletín Oficial del Estado en abril de 2022. La norma reorganiza la FP en un sistema único, incorpora la formación en empresa y despliega su calendario de aplicación de forma progresiva.

En el reparto competencial, el Estado fija la ordenación de las enseñanzas y de los títulos a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, mientras que las comunidades autónomas autorizan los ciclos, planifican la oferta y gestionan los centros.

El vínculo entre el sistema educativo y el mercado de trabajo se debate en el Consejo General de Formación Profesional, el órgano consultivo en el que están representados la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los agentes sociales. Allí se abordan la planificación de la oferta de ciclos y su ajuste a las necesidades de las empresas. Los datos mensuales de afiliación, en cambio, no permiten atribuir el empleo creado a una titulación concreta.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica el balance a comienzos de cada mes; los datos de octubre se conocerán previsiblemente a comienzos de noviembre de 2026. En paralelo, el curso 2026-2027 mantiene el despliegue de la FP dual y de los ciclos vinculados a los sectores con mayor demanda. La evolución del empleo en la educación y en las ramas técnicas será el siguiente indicador a seguir.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La Seguridad Social ganó 92.327 afiliados en septiembre de 2026 y la Educación registró uno de los mayores aumentos mensuales, con 63.499 ocupados más, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
  • Por qué importa: El dato mensual es el principal termómetro del mercado laboral y la base estadística con la que se elaboran los informes de inserción de los titulados de FP.
  • A quién le importa: A los estudiantes de FP y a sus familias, que eligen ciclo según la salida profesional, y a los centros y docentes que planifican la oferta de ciclos formativos.
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