Feijóo asume la ‘prioridad nacional’ de Vox y anticipa recortes en bajas médicas y ayudas sociales

Rodrigo Casado
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Feijóo asume la ‘prioridad nacional’ de Vox y anticipa recortes en bajas médicas y ayudas sociales

El presidente del PP ha incorporado a su discurso la ‘prioridad nacional’ que Vox reivindica para las ayudas sociales y ha anunciado recortes en las bajas médicas. Ambos giros, calcados a las tesis de la patronal y de la derecha, confirman que el PP se está moviendo hacia los postulados de Vox en materia migratoria y de control del gasto social.

La ‘prioridad nacional’ de Vox, ahora asumida por Feijóo

Vox ha convertido la ‘prioridad nacional’ en una línea roja para cualquier pacto de gobierno desde las autonómicas de 2023. Los acuerdos firmados en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía entre barones del PP y la formación de Santiago Abascal incluyen una cláusula que establece que ‘el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio’. La medida busca —según Vox— proteger a los nacionales y residentes de larga duración frente al ‘efecto llamada’ de la inmigración irregular y garantizar que el Estado de bienestar no se convierta en un imán para quien no ha cotizado.

Pero más allá de la declaración de principios, el texto pactado habla de un ‘periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio’ y exige una ‘trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema’, lo que podría excluir a inmigrantes en situación irregular e incluso a trabajadores de la economía sumergida. Vox sostiene que es una cuestión de justicia y de sostenibilidad del sistema: los recursos son limitados y deben destinarse a quienes llevan años aportando.

El pasado martes, en un acto con empresarios vascos, Alberto Núñez Feijóo no solo asumió ese discurso, sino que dio un paso más al tildar el absentismo laboral de «cáncer» y proponer recortes económicos concretos para quienes estén de baja. «Tomaré una decisión, con o sin acuerdo con los sindicatos», advirtió. La tormenta política no se hizo esperar. Este miércoles, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, intentó modular el mensaje, pero ratificó las líneas centrales: el fraude en las bajas justifica reducir las prestaciones y el objetivo es volver al gasto de 2018, unos 14.000 millones de euros, frente a los 33.000 millones actuales.

El PP se alinea con la patronal y hace suyo el discurso social de la derecha

La propuesta ha generado una tormenta política. El Gobierno, a través del vicepresidente económico Carlos Cuerpo, recordó que el incremento del gasto en incapacidad temporal se debe en buena parte al aumento de los salarios, el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de la salud mental, no a un fraude masivo. Sin embargo, el PP insiste en que hay que reducir ese gasto a niveles de 2018, lo que necesariamente implica un recorte perceptible para los trabajadores de baja. La dirección del PP admite que no tiene datos concretos sobre el porcentaje de fraude, pero apunta a que ‘no está justificado que cada año suba más de 4.000 millones’.

Vox, que ya había denunciado reiteradamente el ‘fraude’ en las bajas y el coste de la inmigración irregular para las arcas públicas, ve cómo el PP compra su argumentario sin tapujos. Los pactos autonómicos ya en vigor amenazan directamente el acceso de los inmigrantes irregulares al ingreso mínimo vital y otras ayudas, una medida que Feijóo ha llegado a calificar de necesaria pese a que el ingreso mínimo vital exige residencia legal y efectiva de más de un año, como recordó Trabajo.

El PP no solo asume la agenda de Vox: la convierte en eje de su discurso nacional, arrinconando así al partido de Abascal en el papel de motor ideológico de la derecha.

Lo que gana Vox: un PP que se mueve hacia sus postulados y le entrega la agenda

Desde la óptica de Vox, la cesión del PP es una victoria en toda regla. La formación de Abascal ha logrado marcar el debate en dos de sus banderas históricas —inmigración y control del gasto social— y ahora el PP, necesitado de sus votos en varias comunidades, asume esas tesis sin apenas matices. El propio Feijóo ha convertido en central un principio que hasta hace meses sus barones veían con recelo.

Sin embargo, esta coincidencia no está exenta de riesgos para el PP. Al adoptar sin fisuras el núcleo duro del discurso de Vox, Feijóo entrega la iniciativa a la derecha más radical y aleja a los electores centristas que pudieran sentirse incómodos con recortes sociales y un endurecimiento migratorio tan explícito. Para Vox, en cambio, supone un doble rédito: por un lado, legitima su agenda; por otro, sitúa al PP en el brete de tener que cumplir esos compromisos cuando llegue la hora de gobernar en más territorios. Si no lo hace, Vox tendrá una nueva herramienta de presión.

Con las elecciones autonómicas y generales en el horizonte, Vox consolida su papel de partido bisagra que no solo condiciona gobiernos, sino que moldea la política social desde la oposición. El discurso de Feijóo es la constatación de que la ‘prioridad nacional’ ha pasado de ser una exigencia de la ultraderecha a un tema central del debate político.

Niger declara a Rusia como principal aliado en la lucha antiterrorista del Sahel

Alvaro Villar
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Niger declara a Rusia como principal aliado en la lucha antiterrorista del Sahel

Níger ha designado a Rusia como su ‘principal socio’ en la lucha contra el terrorismo en el Sahel. La declaración, realizada este miércoles por el ministro de Exteriores nigerino, Bakary Yaou Sangare, durante la segunda reunión ministerial entre Rusia y la Alianza de Estados del Sahel (AES) en Niamey, consolida el giro estratégico de las tres juntas militares de Burkina Faso, Mali y Níger y profundiza la ruptura con la antigua potencia colonial, Francia.

Sangare subrayó que los miembros de la AES están satisfechos con la aplicación de los acuerdos previos, especialmente en el sector de la defensa, donde varios pactos han reforzado las capacidades de sus fuerzas armadas. El mensaje no dejó margen a la ambigüedad: Moscú es ahora el eje de la arquitectura de seguridad regional, en detrimento de París y de la operación Barkhane, ya desmantelada.

De socio militar a pieza clave de la arquitectura de seguridad del Sahel

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aprovechó la cita para ampliar el alcance de la cooperación más allá de lo castrense. Destacó la visión común de un orden multipolar y la oposición compartida a las ‘prácticas neocoloniales’ de Occidente, un argumento recurrente de la diplomacia rusa en África. Lavrov confirmó además la apertura de la embajada rusa en Níger, con lo que Moscú completa su presencia diplomática en los tres países de la alianza y anuncia que la tercera cumbre Rusia-África se celebrará en la capital rusa. El presidente Vladímir Putin ya ha cursado invitación a los líderes de Burkina Faso, Mali y Níger.

El respaldo militar ruso no es nuevo. El pasado abril, instructores militares y personal del Africa Corps —la unidad del Ministerio de Defensa ruso desplegada en Mali— prestaron apoyo aéreo a las fuerzas malienses para evitar que grupos yihadistas tomaran enclaves clave como el palacio presidencial de Bamako, según confirmaron fuentes oficiales. Este episodio, apenas aireado en los medios occidentales, demuestra que la cooperación ya es operativa sobre el terreno.

La declaración de Níger no es un gesto diplomático: es la formalización de un nuevo eje de seguridad en el que Moscú sustituye a París como garante armado.

La asociación, sin embargo, no se limita a las armas. En febrero, el ministro de Exteriores burkinés adelantó que la cooperación con la empresa nuclear rusa Rosatom avanza bajo un memorando firmado y que ya hay estudiantes del país formándose en Rusia. La energía civil nuclear se perfila así como la próxima frontera de una influencia rusa que combina seguridad, diplomacia e intereses económicos.

El tablero energético y migratorio: lo que está en juego para Europa y España

La reconfiguración del Sahel tiene aristas que trascienden el plano militar y tocan directamente a España y a la Unión Europea. Níger es un productor relevante de uranio y un territorio de tránsito clave en las rutas migratorias hacia el Mediterráneo. La sustitución del paraguas de seguridad francés por el ruso altera la capacidad europea de influir en la gestión de flujos migratorios y en la estabilidad de un corredor del que dependen los suministros energéticos de varios Estados miembros. La frontera sur española, con sus epicentros en Canarias y el Estrecho, siente cada reajuste en la gobernanza de la franja saheliana.

El flanco occidental de la OTAN observa con cautela el movimiento de Moscú. La base de Rota, pieza central del despliegue antimisiles estadounidense en Europa, no está en el tablero inmediato, pero sí lo está el control de las narrativas y de las alianzas en una región donde la Unión Europea invierte millones en contención migratoria sin una estrategia de seguridad propia. Francia ha perdido el pie; Rusia, mientras tanto, teje una red que combina presencia militar con diplomacia económica.

Equilibrio de Poder

La declaración de Sangare no puede leerse como un episodio aislado. Forma parte de una secuencia que arrancó con los golpes de Estado de 2021-2022 y que ha ido vaciando de contenido la influencia de París en su antigua zona de influencia colonial. Rusia ha ocupado ese vacío con rapidez, ofreciendo a las juntas militares un paquete de ayuda en seguridad sin las exigencias democráticas que acompañaban a los acuerdos con la UE. El contraste con la frustrada operación Barkhane explica, en parte, la velocidad de la sustitución.

Para España, el giro añade presión sobre un flanco sur que ya arrastra tensiones con Marruecos y la cuestión del Sáhara Occidental. La inestabilidad crónica en Mali y Burkina Faso, sumada a la militarización de Níger con apoyo ruso, dificulta cualquier estrategia europea de contención migratoria que no pase por interlocutores incómodos. El precedente de la intervención en Libia en 2011 muestra los riesgos de subestimar los efectos colaterales de una acción militar mal calibrada. Ahora, con Rusia como ‘principal socio’, Bruselas y Moncloa se enfrentan a un entorno donde el diálogo con las capitales de la AES pasa inevitablemente por Moscú.

La próxima cumbre Rusia-África, con la presencia confirmada de los líderes golpistas, será el termómetro de hasta dónde está dispuesto a llegar el Kremlin en la región. La cooperación nuclear civil, los contratos de defensa y el despliegue efectivo del Africa Corps sugieren que la apuesta es de largo plazo. Más que un movimiento táctico, Moscú está construyendo un pivote estratégico en el Sahel que le concede acceso a recursos, profundidad diplomática y una palanca de presión sobre el sur de Europa. La pregunta que queda abierta es si la UE y la OTAN pueden articular una respuesta coordinada antes de que la arquitectura de seguridad saheliana quede definitivamente fuera de su alcance.

Ucrania ataca con drones la planta de gas Blue Stream que abastece a Turquía

Alvaro Villar
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Ucrania ataca con drones la planta de gas Blue Stream que abastece a Turquía

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Drones ucranianos atacaron la estación compresora Krasnodarskaya, parte del gasoducto Blue Stream que transporta gas ruso a Turquía. El impacto causó daños materiales pero no interrumpió el suministro.
  • ¿Quién está detrás? El Estado Mayor ucraniano no ha reivindicado oficialmente el ataque, pero Moscú lo atribuye a Kiev y lo califica de ‘terrorismo energético’. Es el tercer ataque contra infraestructura de exportación de gas en 2026.
  • ¿Qué impacto tiene? La acción pone en jaque la delicada triangulación energética entre Rusia, Turquía y la UE. Aumenta la presión sobre Ankara para mediar y eleva la prima de riesgo en los mercados del gas ante un posible estrangulamiento de rutas clave.

Ucrania ha llevado la guerra energética un paso más allá. En la madrugada del 7 de julio, drones ucranianos impactaron contra la estación compresora Krasnodarskaya, un nudo crítico del gasoducto Blue Stream que une Rusia con Turquía a través del mar Negro. La instalación, situada en la región rusa de Krasnodar, sufrió daños materiales, pero Gazprom activó sus protocolos de emergencia y el suministro de gas a Turquía no llegó a interrumpirse.

El gigante energético ruso confirmó el ataque el miércoles y aseguró que las reparaciones ya están en marcha. Sin embargo, el golpe, lejos de ser un episodio aislado, se suma a una escalada silenciosa contra la infraestructura de exportación de gas rusa que Kiev ha intensificado en los últimos meses, coincidiendo con los reveses en el campo de batalla en el Donbás, donde Moscú acaba de capturar la localidad clave de Konstantinovka.

El historial de ataques que ya no sorprende a nadie

No es la primera vez que Ucrania apunta contra los gasoductos que transportan hidrocarburos rusos. En marzo, tres estaciones compresoras del TurkStream y del Blue Stream fueron blanco de drones. Entonces, el Ministerio de Defensa ruso denunció que el ataque a la estación Russkaya pretendía cortar el suministro a consumidores de la UE a través del TurkStream. En abril, la misma instalación volvió a ser atacada. Ahora, el objetivo ha sido Krasnodarskaya, que alimenta directamente a Turquía, un país que se ha mantenido como un socio energético estratégico de Moscú incluso tras las sanciones occidentales.

Gazprom no ha detallado la magnitud de los daños, pero fuentes del sector consultadas por Moncloa.com apuntan a que la estación siguió operando gracias a los sistemas redundantes. El suministro a Turquía no se ha visto afectado, aunque la frecuencia de estos ataques preocupa a los mercados: la ruta Blue Stream transporta alrededor de 16.000 millones de metros cúbicos de gas al año, una quinta parte de lo que la UE importaba de Rusia antes de la guerra.

El ataque a Krasnodarskaya no corta el gas, pero sí la confianza en una ruta que parecía blindada.

La respuesta del Kremlin y el factor turco

El Kremlin ha reaccionado con su retórica más dura. El portavoz Dmitri Peskov calificó el ataque de ‘acto de terrorismo contra el sistema energético mundial’ y expresó la esperanza de que ‘Turquía y otros países’ utilicen su influencia para disuadir a Kiev. La llamada a Ankara no es casual: Turquía es el principal cliente del Blue Stream y mantiene un delicado equilibrio diplomático con ambos bandos, apoyando a Ucrania con drones Bayraktar pero sin romper con Moscú.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso anunció en la madrugada de este miércoles ‘ataques de precisión‘ contra instalaciones militares ucranianas en Kiev, como represalia directa. La letanía de golpes y contragolpes sobre infraestructuras críticas amenaza con convertir la red de gasoductos que conecta Rusia con el sur de Europa en un nuevo campo de batalla, con consecuencias inciertas para la estabilidad de los precios en pleno verano.

Equilibrio de Poder

El ataque al Blue Stream revela un cambio de patrón en la estrategia ucraniana. Hasta ahora, los drones de largo alcance se concentraban en refinerías y depósitos de combustible dentro de Rusia para degradar la logística militar. Apuntar contra una infraestructura de exportación que abastece a un país como Turquía —miembro de la OTAN, aunque con relaciones ambiguas con la Alianza— introduce una variable incómoda para Occidente.

Washington, que ha suministrado a Kiev inteligencia y apoyo técnico para estos ataques, ve con recelo cualquier acción que pueda tensar sus lazos con Ankara justo cuando Turquía se ha convertido en un actor clave en el tablero energético global, desde el gas del Caspio hasta la posible reexportación de GNL. Si el suministro a través del Blue Stream llegara a interrumpirse, el impacto en los mercados spot de gas —aún sensibles tras el cierre del Nord Stream— sería inmediato, y eso afectaría a España, el mayor importador de GNL de la UE y con una dependencia indirecta de la estabilidad de todas las rutas de suministro.

La lectura que hacemos desde Moncloa.com es que Ucrania está tensionando a propósito la cuerda energética para forzar a Turquía a tomar partido y, de paso, elevar los costes de la continuación del conflicto para Moscú. Pero el riesgo de escalada es real: una respuesta rusa que golpee infraestructuras de tránsito en territorio turco, o que provoque un corte prolongado del suministro, pondría a prueba la arquitectura de seguridad energética europea.

El precedente más cercano lo ofrece la voladura del gasoducto Nord Stream en 2022, un ataque que sigue sin esclarecerse pero que redefinió el mapa gasista del continente. Hoy, el Blue Stream se asoma a una situación similar, aunque con un actor, Turquía, que tiene mucho que perder y mucho que decidir. La próxima cumbre de la OTAN, prevista para el otoño, podría ser el escenario donde se midan las verdaderas consecuencias de esta guerra energética en la sombra.

CISA despliega el modelo Mythos de Anthropic para cazar vulnerabilidades en el código federal de EE.UU.

Alejandro Suárez
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CISA despliega el modelo Mythos de Anthropic para cazar vulnerabilidades en el código federal de EE.UU.

Si usted ha seguido de cerca cómo las agencias de inteligencia están integrando la inteligencia artificial en su oficio, esta noticia marca un punto de inflexión. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos (CISA) ha comenzado a desplegar el modelo de IA Mythos, desarrollado por Anthropic, para cazar vulnerabilidades en los repositorios de código del gobierno federal. Se trata de un movimiento que, en la práctica, convierte a un modelo de lenguaje avanzado en un ciberexplorador ofensivo-defensivo con acceso al software más sensible del país.

Estamos ante la fusión definitiva del SIGINT y la inteligencia artificial aplicada a la defensa de infraestructuras críticas.

Le pongo en antecedentes. El despliegue no ha sido ni improvisado ni sencillo. Fuentes consultadas por Reuters —tres personas con conocimiento directo de la operación— confirman que el equipo de Evaluación de Superficie de Ataque de CISA está ejecutando Mythos contra el código federal desde hace semanas. La unidad, especializada en simular ataques y auditar sistemas, ya ha identificado un número que las fuentes califican de “grande” de vulnerabilidades. Ni la agencia ni Anthropic han querido hacer comentarios oficiales, una cautela que delata la sensibilidad del programa.

Lo relevante no es solo que CISA use IA para auditar código —ya lo hacía con herramientas internas—, sino la capacidad de Mythos para emular las técnicas de explotación de un adversario sofisticado. Cuando este modelo se presentó de forma privada a socios gubernamentales seleccionados, fue descrito como excepcionalmente hábil para encontrar y explotar vulnerabilidades de seguridad. No hablamos de un escáner de firmas, sino de un sistema que razona sobre la arquitectura del software y localiza puntos débiles de la misma forma que lo haría un APT de un servicio de inteligencia hostil.

Una cacería automatizada en repositorios federales

El alcance concreto de la auditoría no se ha hecho público: qué agencias están siendo escaneadas, la gravedad de los fallos hallados, el número exacto de vulnerabilidades detectadas. Pero sí sabemos que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ya había probado Mythos en entornos clasificados desde al menos abril, según publicó Axios. Y los analistas de la NSA salieron impresionados. De hecho, el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, reveló el 11 de junio que el general Joshua Rudd, director de la NSA y del Cibercomando de Estados Unidos, le había confesado algo asombroso: Mythos “entró en casi todos nuestros sistemas clasificados, no en semanas, sino en horas”. Una demostración de capacidad ofensiva que justifica por sí sola el giro estratégico de la administración.

La NSA ha estado utilizando el mismo modelo en entornos con altos niveles de clasificación. Que ahora CISA, la agencia de defensa cibernética civil, lo aplique a sistemas federales menos blindados cierra el círculo: el gobierno estadounidense está sistematizando la caza de vulnerabilidades con una herramienta de IA de última generación antes de que lo hagan actores hostiles. Es, en esencia, una doctrina de pre-emption digital.

De la lista negra del Pentágono al despliegue activo: cómo se resolvió el pulso

Conviene que usted conozca los antecedentes porque el camino hasta aquí ha estado lleno de fricciones. En febrero, Anthropic se negó a retirar las salvaguardas de seguridad que impedían usar Mythos en armas autónomas o en tareas de vigilancia doméstica. La respuesta del Pentágono fue fulminante: designó a la compañía como un riesgo para la seguridad de la cadena de suministro, una etiqueta que hasta entonces solo se había aplicado a empresas extranjeras sospechosas de facilitar espionaje.

Fue, reconozcámoslo, un movimiento extraordinario contra una firma nacional. Un juez federal bloqueó la inclusión en la lista negra en marzo. A partir de ahí, la relación se ha ido recomponiendo precisamente porque el acceso al modelo más avanzado, el de verdad, ha valido más que cualquier negociación diplomática. La lección es clara: en el tablero de la inteligencia artificial aplicada a la defensa, la administración está dispuesta a ceder en sus exigencias normativas a cambio de capacidad técnica real.

Los hechos posteriores refuerzan esta lectura. Cuando Anthropic lanzó Fable a principios de junio —una versión pública de Mythos con salvaguardas de ciberseguridad—, la Casa Blanca reaccionó exigiendo que se prohibiera a ciudadanos extranjeros ejecutarlo. Eso desencadenó un apagón global del modelo que no se levantó hasta la semana pasada. El patrón es inequívoco: Mythos en manos del gobierno, escaneando sistemas clasificados y repositorios federales, obtiene aprobación silenciosa y despliegue activo. Mythos accesible al público, incluso con restricciones, desencadena de inmediato alarmas de seguridad nacional y presiones regulatorias.

En paralelo, según un informe de Associated Press de finales de junio, un funcionario estadounidense habría asegurado que durante un ejercicio de prueba Mythos identificó vulnerabilidades en sistemas gubernamentales altamente sensibles. Resultados como ese son los que hacen que las agencias federales quieran ampliar el programa, no cerrarlo.

Anthropic

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Le invito ahora a que me acompañe en la lectura confidencial que hago de esta operación desde este lado del Atlántico. El vector de amenaza que aquí se despliega es una cibercacería automatizada de vulnerabilidades mediante IA ofensiva. La herramienta es Mythos, un modelo que no solo escanea, sino que explota, y que ha demostrado ser capaz de penetrar sistemas clasificados en cuestión de horas. El objetivo son los repositorios de código del gobierno federal estadounidense, pero la doctrina que inaugura va mucho más allá de Washington.

Las agencias implicadas son claras. Como atacante —en el sentido técnico de que ejecuta la ofensiva contra el código— identifico al equipo de Evaluación de Superficie de Ataque de CISA, que actúa como un red team interno de élite. El defensor es el propio gobierno estadounidense, que busca parchear antes de que lo hagan grupos como APT28, APT29 o Volt Typhoon. Y los terceros que miran con atención —y anotan— son todos los servicios de inteligencia extranjeros, desde el MSS chino hasta el SVR ruso, pasando por el propio CNI español. Cualquier país con infraestructuras críticas digitalizadas tiene ahora un espejo en el que mirarse.

En cuanto al nivel de clasificación estimado del material involucrado, a juzgar por la naturaleza del despliegue —escaneo de sistemas federales con acceso a código sensible— me atrevo a situarlo en la banda de Reservado a Secreto. No es material nuclear ni fuentes humanas, pero el simple hecho de que el Pentágono intentara bloquear a Anthropic por negarse a ceder el control total del modelo sugiere que el valor del código auditado y la capacidad de explotación asociada rozan lo altamente clasificado.

Hay un precedente histórico que conviene no olvidar: SolarWinds, en 2020. Aquel ataque a la cadena de suministro, atribuido al SVR, demostró que las vulnerabilidades en el software gubernamental son el vector perfecto para una intrusión masiva y silenciosa. Si Mythos hubiera estado operativo antes de SolarWinds, es probable que los analistas de CISA hubieran localizado las puertas traseras antes de que las aprovechara Cozy Bear. Eso es exactamente lo que se pretende ahora: anticiparse al enemigo con una capacidad de simulación de ataque que supera a la de cualquier adversario humano conocido.

Mi posición editorial es moderadamente optimista, pero con cautela. Que Estados Unidos lidere este despliegue de IA ofensivo-defensiva puede elevar el nivel de seguridad global, pero también abre una caja de Pandora regulatoria. Si el modelo encuentra una vulnerabilidad crítica, ¿se le permite explotarla para estudiar su alcance o se la parchea de inmediato? ¿Quién audita al auditor? Y, sobre todo, ¿cómo se evita que esta misma capacidad acabe en manos de una agencia menos escrupulosa dentro de un par de años? Lo escribí hace tiempo en El quinto elemento: “el próximo 11S empezará con un clic”. Prevenir ese clic es justo lo que CISA está intentando, pero el riesgo de que la herramienta se convierta en el arma del ciberdelito de Estado está presente.

El próximo hito en este asunto será el informe de resultados que CISA entregue al Congreso a finales de este verano —más que probablemente en septiembre—, donde deberá detallar el número de vulnerabilidades críticas subsanadas. Si las cifras son tan altas como sugieren las fuentes, veremos una aceleración en la adopción de IA ofensiva por parte de Francia, Reino Unido y, con suerte, también de España, donde el CCN-CERT ya monitoriza estas tendencias pero aún carece de un modelo equivalente. Le seguiré la pista, y usted lo leerá aquí.

La crisis de memoria acaba con los móviles baratos: fabricantes dejarán de producirlos en 2026

Sara Olmedo
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La crisis de memoria acaba con los móviles baratos: fabricantes dejarán de producirlos en 2026

La crisis de memoria RAM está redefiniendo el mercado de los teléfonos móviles de bajo coste. Según el último informe de Omdia, los costes de fabricación de memoria se han duplicado entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, una escalada que amenaza directamente a los smartphones por debajo de los 400 dólares.

Claves de la operación

  • El coste de la RAM casi se duplica en seis meses. La subida de precios de la memoria afecta sobre todo a los modelos de entrada, donde representa hasta la mitad del coste total del dispositivo.
  • La oferta de móviles baratos se contraerá un 22% hasta 2027. Omdia prevé que los envíos de teléfonos de menos de 400 dólares caigan por la falta de rentabilidad, lo que reducirá el mercado global un 12% en 2026.
  • Los consumidores retrasan la renovación y las marcas miran a la gama alta. Ante los precios al alza, los usuarios mantendrán sus terminales actuales, mientras los fabricantes se centran en los premium, donde el impacto del coste de memoria es menor.

La razón de fondo es un clásico desajuste entre oferta y demanda. La gran infraestructura de inteligencia artificial está absorbiendo volúmenes ingentes de memoria RAM, la misma que usan los smartphones para almacenar datos y mantener abiertas múltiples aplicaciones. El analista Zaker Li, de Omdia, confirma que el coste de fabricación de memoria casi se ha duplicado para los teléfonos de menos de 400 dólares, y ha subido más del 100% para los de gama superior. Sin embargo, en los dispositivos caros el porcentaje de coste sobre el precio final es mucho menor, lo que deja más margen a los fabricantes.

Los fabricantes chinos, en la línea de fuego

La escalada de precios golpea de lleno a las marcas que dominan el segmento de entrada: Oppo, Vivo, Honor, Xiaomi y Transsion. Estas compañías, que han basado su crecimiento en terminales asequibles, se ven ahora obligadas a subir precios. Pero, como señala Li, si los precios suben, los consumidores más sensibles al coste simplemente dejarán de comprar. El resultado: una demanda menguante que podría llevar a varias marcas a abandonar por completo el segmento de bajo coste.

Francisco Jeronimo, vicepresidente de Dispositivos de Consumo Mundiales en IDC, lo explicó con crudeza en el Mobile World Congress de Barcelona: «Si vendes un teléfono por 150 dólares y la mitad del coste es la memoria, ¿dónde está el margen? No tiene sentido seguir vendiendo ese producto». La cita refleja el dilema comercial que atraviesa el sector.

Cuando la mitad del coste de un móvil de 150 dólares se lo come la memoria RAM, el modelo de negocio de los fabricantes de bajo coste se quiebra.

Algunos fabricantes intentan compensar el encarecimiento de la memoria recortando en otros componentes —pantallas, sensores o módulos de radiofrecuencia—, pero el margen de maniobra es escaso. El analista Li advierte de que no hay suficiente espacio para mantener los precios actuales sin sacrificar calidad o rentabilidad.

¿Hasta cuándo durará la crisis? El horizonte es 2028

Las previsiones apuntan a una recuperación lenta. Jeronimo situó la resolución de la escasez de RAM «en el otoño de 2027 o principios de 2028», cuando la construcción de infraestructura de IA se ralentice y entren en producción nuevas fábricas de chips. Mientras tanto, los consumidores alargarán la vida útil de sus teléfonos actuales, según Dipanjan Chatterjee, vicepresidente y analista principal de Forrester.

Chatterjee sostiene que las marcas tendrán que atraer a los compradores con dispositivos no móviles o añadiendo más funciones a los teléfonos para convencerles de renovar. Por ahora, Omdia calcula que los envíos de terminales de más de 400 dólares crecerán un 5,7% en 2026, en línea con el patrón histórico de que los compradores premium resisten mejor las crisis económicas.

escasez RAM

Lectura desde España: la despedida del low cost que transformó el mercado

En España, la era de los smartphones baratos ha sido decisiva en la última década. Marcas como Xiaomi, Honor o el propio Transsion —con sus firmas iTel y TECNO— coparon la gama de entrada y conquistaron a un consumidor que buscaba funcionalidad sin grandes desembolsos. Un eventual abandono de este segmento no solo reduciría las opciones: cambiaría las reglas de distribución y pondría presión sobre las operadoras tradicionales y los minoristas. Movistar, Orange y Vodafone tendrían que adaptar sus carteras de dispositivos a una oferta más cara, lo que podría desplazar parte de la demanda hacia el mercado de segunda mano o los dispositivos reacondicionados.

En Moncloa.com seguimos de cerca la evolución de esta crisis. Aunque el horizonte de 2028 ofrece una salida, el impacto sobre los consumidores de menor poder adquisitivo será inmediato y profundo. La rentabilidad de los fabricantes está en juego, pero también la inclusión digital de millones de usuarios que dependen de un móvil barato para conectarse al mundo. La próxima cita clave serán los resultados trimestrales de los gigantes chinos y los informes de Omdia e IDC, que confirmarán si la contracción del 22% se materializa. De momento, los chollos en el escaparate tecnológico escasearán. Adiós a los chollos.

Cosas que pasan en 2026. El plot twist nadie lo vio venir.

Sudáfrica otorga licencias a 1 GW de nueva capacidad solar fotovoltaica en su séptima ronda REIPPPP

Elena Ríos
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Sudáfrica otorga licencias a 1 GW de nueva capacidad solar fotovoltaica en su séptima ronda REIPPPP

Sudáfrica ha dado un paso decisivo en su transición energética. El regulador nacional, NERSA, ha concedido licencias a cuatro nuevos proyectos solares que suman más de 1 GW de capacidad instalada y 890 MW de capacidad contratada, un impulso renovable que busca reducir la dependencia del carbón en el mayor consumidor de este combustible del continente africano.

Cuatro proyectos solares, más de 1 GW de potencia

Los proyectos se reparten entre dos provincias y dos promotores de peso. Red Rocket SA, con sede en Ciudad del Cabo, desarrollará tres de las cuatro plantas: la de 278 MW Sculptor Energy (240 MW contratados) en Mpumalanga, y las de 277 MW Springhaas Solar Facility 1 (240 MW contratados) y 206 MW Springhaas Solar Facility 6 (170 MW contratados) en Free State. La multinacional francesa Engie se encargará de la cuarta instalación, Corona Energy, de 288 MW (240 MW contratados), también en Free State.

La capacidad contratada total de los cuatro proyectos asciende a 890 MW, mientras que la capacidad instalada prevista supera el gigavatio, según el propio regulador. La diferencia entre ambas cifras es habitual en este tipo de concursos: la capacidad instalada refleja la potencia nominal máxima de los paneles, mientras que la contratada es la que el sistema eléctrico se compromete a adquirir en condiciones normales.

La séptima ronda del REIPPPP suma ya casi 5 GW solares

Las licencias se enmarcan en la ventana 7.3 del Programa de Productores Independientes de Energía Renovable (REIPPPP), el mecanismo estrella de Sudáfrica para atraer inversión privada al sector eléctrico. La séptima ronda se cerró inicialmente en diciembre de 2024 con ocho proyectos solares preferentes. Luego, en julio y diciembre del año pasado, se añadieron otras diez plantas tras reasignar capacidad eólica no utilizada.

NERSA recibió las solicitudes de estas cuatro nuevas plantas en enero y convocó una audiencia pública virtual para el pasado 7 de mayo. El acto se canceló porque no se presentó ninguna objeción, lo que despejó el camino para la concesión de los permisos de generación. El regulador insiste en que cada proyecto cumple con los requisitos técnicos, financieros, económicos y legales exigidos.

La energía solar ya no es una promesa en Sudáfrica: con más de 10 GW acumulados, el sol está reconfigurando el mix eléctrico de la mayor economía de África.

Con esta nueva remesa, la capacidad solar aprobada en la séptima ronda del REIPPPP roza los 5 GW. Un volumen que contrasta con los apenas 1,6 GW de nueva capacidad solar que el país desplegó en todo 2025, lo que evidencia que el ritmo de autorizaciones se está acelerando para dar respuesta a los crónicos cortes de suministro que lastran la economía sudafricana.

licencias solares

Del carbón al sol: un camino de 10 GW y contando

Sudáfrica es hoy el decimocuarto emisor mundial de gases de efecto invernadero, con una matriz eléctrica que todavía depende en más de un 80% del carbón. Pero las renovables ya aportan una porción creciente del mix. La capacidad solar acumulada del país ha superado este mismo año los 10 GW, duplicando prácticamente la cifra de 2022, según datos recopilados por la industria.

La transición no es una cuestión meramente ambiental. Cada megavatio solar que entra en la red reduce la factura de importación de combustibles fósiles, una losa para la balanza de pagos sudafricana, y alivia la presión sobre la envejecida flota de centrales de carbón de Eskom, la eléctrica estatal que arrastra una deuda superior a los 20.000 millones de euros.

Reducir la dependencia del carbón es una cuestión de competitividad económica, además de una obligación climática para Sudáfrica.

La combinación de un marco de contratación predecible como el REIPPPP, el abaratamiento imparable de la tecnología fotovoltaica y la urgencia de garantizar el suministro están convirtiendo a Sudáfrica en uno de los mercados solares más dinámicos del continente. Los promotores internacionales, como la francesa Engie, ven en el país una oportunidad de crecimiento a largo plazo que complementa a sus carteras europeas.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: Más de 1 GW de nueva capacidad solar y 890 MW contratados que contribuirán a reducir los cortes de suministro y la quema de carbón en las centrales de Eskom.
  • Modelo que cambia: El programa REIPPPP, con sucesivas rondas, acelera la sustitución de un modelo eléctrico centralizado y fósil por otro descentralizado, privado y renovable.
  • Para las próximas generaciones: Cada gigavatio solar que entra en la red supone un aire más limpio y una economía menos vulnerable a la volatilidad del carbón, sentando las bases de un sistema eléctrico más justo y resiliente.

La Infanta Sofía reivindica el papel del profesorado en su primer discurso oficial

Ana Tabera
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La Infanta Sofía reivindica el papel del profesorado en su primer discurso oficial

La Infanta Sofía ha pronunciado su primer discurso institucional en solitario para reivindicar el papel del profesorado.

Lo hizo este miércoles en Zaragoza, durante la entrega de las ayudas de la primera edición de ‘Docentes Referentes’, una iniciativa de la Fundación Ibercaja que nace con vocación de permanencia y el respaldo explícito de la Corona. Desde su atril, la segunda en la línea de sucesión pidió «respeto, recursos y reconocimiento» para los docentes, en una intervención medida, directa y cuidadosamente trabajada con el equipo de comunicación de La Zarzuela.

El acto, celebrado en el Campus Fundación Ibercaja de la capital aragonesa, supone un salto cualitativo en la hoja de ruta diseñada para la hermana de la heredera. Si hasta ahora su presencia institucional se había limitado a acompañar a los Reyes o a la Princesa de Asturias, esta vez la Infanta asumió la presidencia de honor en solitario y firmó un discurso que la sitúa en la órbita de los asuntos sociales y educativos, un territorio que Zarzuela considera estratégico para el futuro de la institución.

La Infanta Sofía da el paso al discurso institucional en solitario

Vestida con un dos piezas azul marino de corte clásico, sin estridencias ni guiños de moda, Sofía de Borbón llegó al campus acompañada por la presidenta de la Fundación Ibercaja, María Pilar Segura. La puesta en escena fue austera: un atril con el emblema de la fundación, varios representantes del ámbito educativo y los cinco docentes galardonados. Sin presencia de los Reyes. Un formato deliberado para que el foco recayera íntegramente en la joven de 19 años.

El contenido del discurso, que no se ha distribuido íntegramente pero del que ha trascendido el núcleo argumental, pivotó sobre tres ejes: la necesidad de dotar de más recursos a la educación pública, la defensa de la autonomía pedagógica y el reconocimiento social de quienes se dedican a la enseñanza. «Un país que no valora a sus profesores está renunciando a su futuro», llegó a decir la Infanta, en una frase que varios asistentes interpretaron como un mensaje con destinatario directo en el Ministerio de Educación.

Según la agenda oficial de la Casa del Rey, la presencia de la Infanta respondía a una invitación cursada hace meses, y el equipo de protocolo trabajó durante semanas en la preparación del discurso junto con la dirección de comunicación de Zarzuela. Nada se dejó al azar.

Cinco proyectos innovadores que representan la excelencia educativa

El programa ‘Docentes Referentes’ ha recibido en su primera edición 478 candidaturas de toda España. Tras una selección por parte de un comité de expertos, se eligieron 25 finalistas y, finalmente, cinco ganadores, uno por cada categoría. Los premiados proceden de Zaragoza, Granada (Baza), Valencia (Cullera) y Valladolid (dos de la capital), y sus proyectos abarcan desde el liderazgo educativo con inteligencia artificial hasta la educación inclusiva a través de la horticultura terapéutica, pasando por la sostenibilidad ambiental, la investigación en didáctica de las matemáticas y la integración de la educación emocional como área curricular propia.

Los nombres de los galardonados son ya un pequeño capital de prestigio para la fundación: Cristian Ruiz, Belén Mesas, Clement Córdoba, Mercedes Carpintero y Diego Olivar. Todos ellos participaron durante los dos días previos en unas jornadas de trabajo concebidas bajo el lema ‘Crea tu propia constelación’, un formato alejado de los clásicos congresos que buscaba la interacción directa y el diseño de itinerarios formativos personalizados.

La Fundación Ibercaja, heredera de la antigua caja de ahorros y con siglo y medio de trayectoria, ha logrado con esta iniciativa colocarse en el mapa pedagógico nacional. Que la Corona haya querido arropar desde el principio el proyecto con la presidencia de honor de la Infanta Sofía no es casual: la educación es uno de los ejes que la monarquía moderna quiere vincular a la generación de las hijas de Felipe VI.

Fundación Ibercaja

Un primer discurso que marca el rumbo de la agenda institucional de Sofía

El movimiento tiene una lectura que trasciende el acto concreto. Mientras la Princesa Leonor completa su formación militar y encara un perfil claramente institucional como futura jefa del Estado, la Infanta Sofía empieza a dibujar el suyo propio en ese espacio intermedio que la historia reserva a los segundones de la realeza: el de la proyección social sin la losa del trono. Educación, cooperación, cultura, infancia: son los ámbitos que Zarzuela está testando para ella, y el discurso de Zaragoza es la primera evidencia pública de esa estrategia.

Cada palabra de la Infanta en Zaragoza es un ladrillo en la construcción de su propio perfil institucional, alejado del militar y centrado en lo social.

No obstante, el camino está aún por hacer. Con 19 años recién cumplidos y a punto de iniciar estudios universitarios (previsiblemente en el extranjero), la presencia pública de Sofía seguirá siendo muy selectiva. En Zarzuela son conscientes de que una sobreexposición prematura sería contraproducente y, además, restaría foco a la figura de la heredera. Pero la cita del Campus Ibercaja demuestra que la maquinaria de comunicación de la Casa ya está engrasada también para la Infanta.

El reto, ahora, es mantener la coherencia. La reivindicación de más recursos para la educación en un acto privado sin representación gubernamental puede leerse como un gesto simbólico, pero si no va seguida de otras apariciones en la misma línea, corre el riesgo de quedarse en un simple brindis al sol. De momento, el mensaje ha llegado alto y claro: la Corona quiere que se hable de docentes, y ha elegido a su miembro más joven para dar el primer paso.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: La Infanta Sofía asume por primera vez la presidencia de honor de una iniciativa institucional, en este caso vinculada a la educación, un ámbito estratégico para su proyección pública futura.
  • El detalle de protocolo: El acto se celebró sin la presencia de los Reyes ni de la Princesa de Asturias, lo que subraya que se trataba de una aparición exclusivamente suya, un hito en su hoja de ruta institucional.
  • Próximos pasos: La Casa del Rey no ha confirmado nuevas citas en solitario de la Infanta a corto plazo. Se espera que mantenga un perfil bajo hasta el inicio de su etapa universitaria, prevista para después del verano.

El concejal de Vox en Valencia, Juanma Badenas, se enfrenta a una querella por allanar la sede del Sindicat d’Estudiants

Rodrigo Casado
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El concejal de Vox en Valencia, Juanma Badenas, se enfrenta a una querella por allanar la sede del Sindicat d’Estudiants

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas, se enfrenta a una querella presentada por el Sindicat d’Estudiants de la ciudad, que le acusa de haber allanado su sede el pasado 2 de julio forzando la cerradura y entrando sin autorización. El edil, de momento, no ha ofrecido ninguna explicación pública, mientras que la dirección de Vox tampoco se ha pronunciado sobre el incidente.

Qué denuncia el sindicato y cuál es la posición de Vox

Según el comunicado difundido por el Sindicat d’Estudiants, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Badenas —acompañado de otras dos personas— recorriendo las dependencias del local, abriendo puertas y realizando comentarios sobre la decoración. Una de las acompañantes grabó el momento con su teléfono móvil. El sindicato sostiene que el acceso se produjo después de que los tres individuos rompieran la cerradura.

El local que utiliza el sindicato forma parte de un programa de colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, que se lo alquila a la entidad desde hace más de tres años. Aunque este dato podría apuntar a una eventual intervención municipal, ni el concejal ni el grupo de Vox han aclarado si la entrada respondía a algún tipo de diligencia oficial. La versión de los denunciantes, en cambio, insiste en la ilegalidad del acto y lo califica como “una violación inaceptable de los derechos fundamentales”.

Hasta ahora, la respuesta de Vox se limita a un compás de espera. Fuentes del partido consultadas por Moncloa.com reconocen que se sigue el caso con atención, pero subrayan la necesidad de conocer todos los elementos antes de fijar una postura. La presunción de inocencia y la cautela ante un procedimiento judicial incipiente son, por el momento, los únicos ejes que maneja la formación en la capital del Turia.

Impacto de la querella y reacciones políticas

La acusación contra Badenas llega después de otros episodios que lo han situado en el punto de mira de la izquierda. En 2024, la Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación al entonces portavoz de Vox por atribuir en sus redes sociales un homicidio a un inmigrante sin pruebas. Ese mismo año, anunció la retirada del paseo dedicado a Guillem Agulló de los jardines de Viveros, una decisión que provocó una fuerte contestación social. El Sindicat d’Estudiants vincula ahora esos antecedentes con el presunto allanamiento para presentarlo como un paso más en un acoso sistemático.

La querella ha sido ya depositada en el juzgado y el sindicato reclama que el concejal “sea puesto a disposición judicial” y que dimita de manera inmediata. No obstante, el consistorio valenciano no se ha manifestado y los grupos municipales de la oposición aún mantienen un perfil bajo. La ausencia de un relato completo de lo ocurrido deja por ahora el episodio en un cruce de acusaciones sin confirmación oficial.

Sin una resolución judicial firme, la denuncia contra Badenas es un acto de parte con una carga política evidente, y la discreción de Vox parece orientada a no alimentar el ruido mediático mientras los hechos no estén esclarecidos.

Qué implica para la estrategia de Vox en Valencia

Desde la óptica del partido, el caso ofrece dos caras. Por un lado, facilita a sus adversarios un flanco para intentar erosionar la imagen de Vox en un bastión municipal donde cuentan con cuatro concejales. Por otro, si la investigación no arroja pruebas sólidas o acredita que Badenas actuó amparado por algún procedimiento municipal, el relato del sindicato quedaría expuesto como un intento de instrumentalización política. La dirección nacional, con Santiago Abascal al frente, ha dado muestras de no reaccionar por impulso en causas locales, y en Valencia confían en que los tribunales sitúen la polémica en sus justos términos.

La incógnita es si el propio concejal, con un historial de declaraciones contundentes, optará por un perfil bajo o si, por el contrario, responderá con una defensa frontal. Por ahora, el único hecho cierto es que la querella está sobre la mesa y que Vox se enfrenta a un nuevo foco de tensión en una ciudad donde su presencia institucional es relevante.

El FMI mantiene el crecimiento de España en el 2,1% para 2026, el mayor de la Eurozona

Angie Rivas
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El FMI mantiene el crecimiento de España en el 2,1% para 2026, el mayor de la Eurozona

España consolida su papel de motor europeo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mantenido este miércoles la previsión de crecimiento para la economía española en el 2,1% del PIB para 2026, la más alta de toda la Eurozona. A pesar de que la guerra de Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz han llevado al organismo a recortar una décima la expansión global, hasta el 3%, España se libra de los ajustes a la baja que han sufrido Alemania, Francia o Italia.

Según el último World Economic Outlook publicado en Washington, la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado el impacto del conflicto en Oriente Medio gracias a una normalización más rápida de los mercados energéticos y al impulso de la inteligencia artificial. Sin embargo, la zona euro apenas crecerá un 0,9% este año, dos décimas menos de lo anticipado en abril, y los grandes socios del euro frenan su actividad: Alemania se queda en el 0,7% (una décima menos), Francia en el 0,6% (tres décimas de recorte) e Italia en el 0,5% sin cambios.

El Ministerio de Economía español ha valorado positivamente que el FMI no haya tocado sus números. ‘España es una de las pocas economías a las que el Fondo no rebaja la previsión’, destacan fuentes del departamento. La resiliencia se apoya en dos pilares: la demanda interna, que ha sorprendido al alza en el primer trimestre, y una menor exposición al encarecimiento de la energía gracias a la elevada penetración de las renovables.

Los motores internos que blindan a España

La directora adjunta del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks, explicó que España mostró unos resultados ‘mejores de lo esperado’ en los primeros meses de 2026 y citó expresamente el papel de las energías renovables para amortiguar la subida de los precios del petróleo. A ello se suman las medidas de apoyo energético que ha mantenido el Gobierno, aunque el propio Fondo advierte de que estas ayudas deben ser temporales para no distorsionar las señales de precios.

El consumo privado la inversión y las exportaciones netas —los tres grandes componentes del PIB— se han comportado con más vigor del previsto. El sector servicios, el turismo récord y la creación de empleo han mantenido el dinamismo en un contexto en el que la industria alemana, mucho más dependiente del gas y del comercio con China, sigue en retroceso. En el otro platillo de la balanza, la inteligencia artificial está acelerando la inversión en sectores intensivos en tecnología, aunque el FMI alerta del riesgo de que unas expectativas exageradas provoquen una corrección bursátil.

De cara a 2027, el FMI mantiene en el 1,8% la proyección para España, una cifra que, aunque modera el ritmo, sigue estando por encima del 1,2% que se calcula para el conjunto de la zona euro. La inflación media en el área del euro se moverá en torno al 4,7% este año, según el Fondo, y se mantendrá por encima del objetivo del BCE, lo que obliga a Fráncfort a mantener los tipos de interés sin cambios. ‘La política monetaria debe continuar orientada a preservar la estabilidad de precios’, advierte el FMI, lo que se traduce en unos costes de financiación elevados que afectarán a las familias hipotecadas y a las pymes españolas con créditos a tipo variable.

En plena crisis energética, España logra lo que otras grandes economías del euro no han conseguido: crecer más del doble que la media de la zona y mantenerse como el principal motor del bloque.

El Eje del Poder Europeo

La distancia entre España y el corazón industrial de Europa tiene ahora consecuencias políticas evidentes. Mientras Alemania afronta su tercera revisión a la baja en doce meses y Francia combina un escaso crecimiento con un déficit público por encima del 5%, la resistencia española otorga a Moncloa un margen negociador que hace solo dos años parecía imposible.

Esa brecha se traduce en capacidad de influencia en las discusiones sobre las reglas fiscales, el reparto de los fondos europeos y la respuesta conjunta a los choques energéticos. Gobiernos como el neerlandés o el austriaco, tradicionalmente exigentes con el rigor presupuestario de los países del sur, ven ahora cómo la locomotora ha cambiado de sitio. Bruselas, que durante la crisis de deuda soberana situó a España bajo el foco sancionador, hoy estudia tratarla como un activo de estabilidad en una Eurozona que avanza a dos velocidades.

Aun así, el escenario no está exento de riesgos. La reciente amenaza del presidente Trump de dar por roto el alto el fuego con Irán añade incertidumbre al estrecho de Ormuz, por donde transita buena parte del petróleo mundial. Un nuevo encarecimiento del crudo golpearía la capacidad adquisitiva de los hogares y podría obligar al BCE a mantener los tipos altos durante más tiempo. Además, el FMI insiste en que las expectativas bursátiles vinculadas a la inteligencia artificial podrían estar infladas: una corrección de los valores tecnológicos afectaría a la inversión y, por arrastre, a la creación de empleo en España.

De momento, sin embargo, los datos hablan: el PIB español creció en el primer trimestre a un ritmo trimestral anualizado cercano al 3%, por encima de lo que preveían los técnicos del Fondo. La combinación de un mercado laboral robusto —con cifras de afiliación récord— y una inflación que empieza a moderarse sostienen el consumo. España se ha convertido en la economía de la Eurozona que mejor resiste un entorno de tipos elevados y fragmentación geopolítica, un activo que Moncloa empieza a utilizar en Bruselas como carta de presentación.

El informe del FMI subraya que la economía mundial se desaceleró al 3% en el primer trimestre, frente al 3,8% previo, pero el margen español ha sido mayor de lo esperado. La clave está en el mix energético: la dependencia del petróleo es baja en comparación con las economías del centro y del este de Europa. Mientras países como Austria o Polonia sufren directamente los cuellos de botella en los gasoductos, España importa gas natural licuado de proveedores diversos y produce el 50% de su electricidad con renovables. Una ventaja que se ha convertido en un factor de competitividad estructural.

Trump exige al Tribunal Supremo que repita el caso de ciudadanía por nacimiento tras el fallo en contra

Jack Williams
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Trump exige al Tribunal Supremo que repita el caso de ciudadanía por nacimiento tras el fallo en contra

Donald Trump ha movido ficha tras el varapalo judicial que supuso la sentencia del Tribunal Supremo contra su orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento. El presidente de Estados Unidos ha pedido a su equipo legal que solicite de inmediato la repetición del caso, en un giro estratégico que tensa aún más la cuerda institucional.

La decisión del alto tribunal, con 6 votos a favor y 3 en contra y cuyo ponente fue el presidente de la Corte, el juez John Roberts, dejó clara la lectura constitucional. La orden ejecutiva de Trump pretendía restringir la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes (indocumentados o con visados temporales), reinterpretando la 14ª Enmienda (la reforma constitucional que, desde 1868, otorga la nacionalidad a todos los nacidos en suelo estadounidense). El fallo determinó que cualquier persona nacida aquí está «sujeta a la jurisdicción» del país y, por tanto, es ciudadana desde el nacimiento. La ciudadanía derivada del nacimiento en suelo americano es un derecho constitucional inequívoco.

El desenlace parecía cerrado hace apenas una semana. Pero entonces llegó la reacción del presidente. En una publicación en su red social, Trump ha denunciado la aparición de carteles en la frontera sur y en México que ofrecen «ciudadanía por nacimiento desde cuatro mil dólares». Según sus palabras, «se están poniendo carteles que que ofrecen ‘ciudadanía por nacimiento’ desde 4.000 dólares», y calificó la situación de «estafa» insostenible.

El presidente no se detuvo ahí: «La ciudadanía estadounidense no está a la venta. De hecho, eso es un delito y, por tanto, el fallo del Supremo es erróneo. Solicitaré una repetición ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de inmediato». Un lenguaje inusualmente duro contra la máxima instancia judicial y un movimiento procesal poco habitual.

En el voto concurrente, el juez Brett Kavanaugh —quien votó en contra del presidente en la sentencia— abrió una rendija legislativa. Señaló que el Congreso sí tiene capacidad para modificar la ley y establecer excepciones a la ciudadanía por nacimiento, siempre que la nueva norma sea compatible con la Decimocuarta Enmienda. El matiz no pasó desapercibido: al principio, el propio Trump pareció aceptar la vía parlamentaria y pidió a los legisladores republicanos que actuaran.

Sin embargo, el anuncio del miércoles supone un volantazo. Ya no se trata de esperar al Congreso, sino de forzar al Supremo a desdecirse. Una apuesta que añade presión sobre los jueces conservadores y, al mismo tiempo, mantiene la cuestión migratoria en el centro del debate de cara al ciclo electoral de 2026.

La respuesta de Trump va más allá de la retórica: está poniendo a prueba los límites de la separación de poderes en Estados Unidos.

La decisión del Tribunal Supremo y el rechazo de la orden ejecutiva

La sentencia conocida la semana pasada no dejó dudas. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025 (decreto que no requiere aprobación del Congreso) buscaba reinterpretar la cláusula de «sujeción a la jurisdicción» de la 14ª Enmienda para excluir a los hijos de padres en situación irregular o con visados temporales. El fallo mayoritario lo tumbó por inconstitucional. El razonamiento: el texto constitucional es claro y no admite esa lectura restrictiva.

El juez Roberts, en nombre del tribunal, recordó que la enmienda respondía a la necesidad histórica de garantizar la igualdad de derechos tras la Guerra Civil. Cualquier excepción tendría que venir del poder legislativo. Ese es el verdadero corazón jurídico de la derrota del presidente.

La respuesta de Trump: exigir una repetición inmediata

Al pedir una nueva vista ante el mismo tribunal que le acaba de dar la espalda, el presidente utiliza un mecanismo excepcional. Las repeticiones no se conceden fácilmente: requieren que se demuestre un error jurídico grave o que algún juez cambie de posición. Pero el gesto tiene más de declaración política que de éxito procesal real. Washington no pide permiso para pelear; simplemente, alarga la batalla.

La Casa Blanca insiste en que la práctica de ofrecer «partos turísticos» se ha convertido en un negocio ilegal que desborda al sistema migratorio. Trump habla de miles de millones de dólares en fraude. Aunque las cifras concretas no han sido verificadas de forma independiente, la narrativa conecta con el electorado republicano más fiel y con la base de votantes que en 2024 le devolvió la presidencia.

La Lógica de Washington

La intención de la Casa Blanca no es ganar este asalto judicial concreto. La lógica de Washington es otra: se trata de prolongar el conflicto institucional para forzar al Congreso a legislar. El presidente sabe que una repetición exitosa es improbable, pero el ruido mediático y la presión política sobre los legisladores republicanos representan una baza poderosa.

El precedente histórico nos lleva a la época de la Reconstrucción y, más recientemente, a los intentos fallidos de limitar la ciudadanía por nacimiento mediante ley federal. Ningún presidente había llevado el desafío tan lejos. Trump ha roto el consenso bipartidista y ha colocado a su partido en una tesitura: o aprueba una reforma legislativa que afecta a millones de niños nacidos de inmigrantes, o queda retratado ante su electorado más duro.

Para España, el escenario tiene un impacto indirecto pero relevante. La comunidad española en Estados Unidos —residentes, trabajadores temporales y estudiantes— no se vería afectada de momento por una hipotética modificación, pero el clima de restricción migratoria encarece visados y endurece los trámites para empresas españolas con operaciones en América (Inditex, Santander, Iberdrola). Además, la postura de Washington podría influir en las negociaciones entre la UE y EE. UU. sobre movilidad laboral y programas de intercambio.

La proyección a corto plazo es clara: los jueces del Supremo tendrán que pronunciarse sobre la solicitud de repetición en las próximas semanas. Mientras tanto, el Partido Republicano se debate entre legislar como pidió Kavanaugh o desgastarse en un pulso con el Poder Judicial. La cuenta atrás electoral ya ha comenzado y el presidente necesita una victoria, aunque sea simbólica.

Ficha del Caso

  • El caso: El presidente Trump busca que el Tribunal Supremo reconsidere su fallo sobre la ciudadanía por nacimiento, que tumbó su orden ejecutiva por 6 votos a 3.
  • Datos clave: La 14ª Enmienda (1868) garantiza la ciudadanía a todo nacido en suelo estadounidense. El voto concurrente de Kavanaugh sugiere que el Congreso podría modificar la ley, pero aún no lo ha hecho.
  • Para España: Aunque los ciudadanos españoles no son objetivo directo, un endurecimiento general del sistema migratorio complica la movilidad de trabajadores y empresas españolas con presencia en EE. UU.

Feijóo lidera el rechazo unánime del PP a la financiación autonómica de Sánchez en el CPFF

Jaume Mónica
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Feijóo lidera el rechazo unánime del PP a la financiación autonómica de Sánchez en el CPFF

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno ha fijado el 29 de julio como fecha para el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que pretende aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica pactado con ERC.
  • ¿Quién está detrás? Pedro Sánchez y su ministro de Hacienda, Arcadi España, con el respaldo exclusivo de Cataluña en el CPFF.
  • ¿Qué impacto tiene? Todas las comunidades del PP, junto con las del PSOE del régimen común, rechazan la reforma. Génova la califica de «carta de pago al independentismo» y avisa de que naufragará en las Cortes.

Alberto Núñez Feijóo ha liderado este martes el rechazo unánime del Partido Popular al nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aprobar en el CPFF del próximo 29 de julio. Un pacto alcanzado de forma unilateral con ERC que todas las comunidades del régimen común, incluidas las socialistas, han tachado de inaceptable.

La respuesta de Génova no se ha hecho esperar. Todas las federaciones del PP y los once presidentes autonómicos populares han cerrado filas en torno a Feijóo. Denuncian que la reforma supone una quiebra del principio de igualdad territorial y un pago político a los independentistas catalanes. «Es una huida hacia adelante que no tiene recorrido parlamentario», aseguraron fuentes de la dirección nacional.

Una reforma a medida del independentismo y el rechazo unánime de los barones del PP

El ministro Arcadi España ha prometido entregar la letra pequeña del nuevo modelo en los próximos días. Pero la posición del PP ya es firme: los gobiernos de Madrid, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Aragón, Baleares, Extremadura, La Rioja y Cantabria anunciaron su voto en contra. Solo Cataluña, bajo la batuta de ERC, respalda el texto.

La unanimidad popular se escenificó el lunes, cuando todas las regiones del PP votaron ‘no’ a la nueva senda de déficit autonómica durante la reunión preparatoria. Aquella propuesta sí salió adelante gracias al voto de calidad del ministro, pero supuso un primer aviso de lo que ocurrirá el 29 de julio.

El 29 de julio: la aritmética de la imposición y la huida hacia adelante

El CPFF permite al Gobierno aprobar el modelo aunque la mayoría de las comunidades lo rechace. El voto de la Generalitat catalana y el voto de calidad del ministro —que deshace empates— serán suficientes. Luego, el proyecto pasaría por la Moncloa y, más adelante, necesitaría ser convalidado por las Cortes, donde no cuenta con apoyos.

«No tenemos ninguna duda de que Sánchez aprobará el nuevo modelo en el Consejo», ha asegurado un alto mando del PP a esta redacción. «Después dirá que la culpa de que no salga adelante es de la derecha. Es un trágala electoral».

CPFF 29 julio

La maniobra del Gobierno se produce en un contexto de creciente desconfianza de Junts, que cada día se muestra más reacio a facilitar la agenda legislativa. Por si fuera poco, el Ejecutivo deberá someter al Congreso la convalidación del déficit y el techo de gasto, pasos previos para unos Presupuestos que el PP ve como un simple anuncio de campaña.

La financiación autonómica no es una cuestión técnica: es la línea roja donde el PP despliega su defensa del Estado de las Autonomías y la igualdad territorial.

El Eje del Poder Popular

La unidad de los barones populares refuerza la posición de Feijóo en un momento en que Génova trata de articular un frente común frente a lo que consideran cesiones constantes al independentismo. Las once comunidades gobernadas por el PP representan más del 60% del PIB nacional y su bloque cohesiona el discurso del partido de cara al ciclo electoral.

En la práctica, el nuevo modelo de financiación nacería muerto si llegara al Parlamento. Pero el precedente histórico recuerda otros envites similares: en 2018, Sánchez ya usó el Consejo de Política Fiscal para escenificar acuerdos que luego no se materializaron. La estrategia, aseguran en la cúpula popular, es puramente mediática. «Prometerá viviendas gratis para todos y luego dirá que si no salen es por culpa de la derecha», ironizó un alto cargo.

El riesgo inmediato es que la maniobra erosione aún más la credibilidad del Gobierno ante sus socios y ante las comunidades autónomas. Pero, a la vez, consolida al PP como alternativa de gestión y defensa del principio de solidaridad interterritorial. Feijóo ha ordenado mantener el pulso hasta el final y ya prepara una ofensiva parlamentaria en el Senado para frenar cualquier atisbo de reforma unilateral.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: La financiación autonómica no puede ser moneda de cambio para contentar al independentismo. Feijóo defiende la igualdad territorial y el Estado de las Autonomías.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
  • Próximo hito: CPFF del 29 de julio y posterior tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado.

España solicitará en septiembre el séptimo pago de los fondos europeos Next Generation

Angie Rivas
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España solicitará en septiembre el séptimo pago de los fondos europeos Next Generation

El Gobierno español ha confirmado este miércoles que solicitará en septiembre el séptimo pago de los fondos europeos Next Generation EU, con la previsión de recibir el desembolso antes de que acabe 2026. El anuncio lo ha realizado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para la Unión Europea.

España solicitará en septiembre el séptimo pago de los fondos Next Generation

La nueva petición se enmarca en la recta final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Cuerpo ha asegurado que el Ejecutivo mantiene un “compromiso firme y claro” para que los fondos lleguen a la economía y las empresas españolas. El sexto desembolso, que se cobró parcialmente la semana pasada, incluía proyectos como la entidad estatal de vivienda Casa 47, la Ley de Movilidad Sostenible, el Perte de descarbonización industrial, el Kit Digital y el programa Invest EU. Con la séptima solicitud, España aspira a mantener el ritmo de ejecución que le ha situado como el segundo país de la UE en subvenciones desembolsadas y en hitos cumplidos, solo por detrás de Italia.

A 31 de mayo de 2026, el Ministerio de Economía contabilizaba ya 68.534 millones de euros asignados a proyectos entre la administración general del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. La cifra supone un avance considerable, pero también deja margen para que la oposición cuestione la capacidad de absorción. El PP, a través del diputado Francisco José Conde, ha acusado a Cuerpo de mentir y ha asegurado que el Gobierno “va a pedir a Europa un plan de rescate, porque no ha hecho su trabajo”.

La gigafactoría de IA y los proyectos emblemáticos que financiará el desembolso

Entre los proyectos estrella que recibirán parte del séptimo pago destaca la gigafactoría de inteligencia artificial de Móra la Nova, en Tarragona. La Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (SETT) ha anunciado una aportación pública de 720 millones de euros, a los que se sumarán alrededor de 800 millones de fondos privados. Para el Gobierno, esta infraestructura otorgará a España “soberanía en inteligencia artificial” y la posicionará en el mapa europeo de la computación de alto rendimiento. La instalación no solo atraerá inversión, sino que aspira a generar un ecosistema de empresas tecnológicas en una zona tradicionalmente industrial.

El séptimo pago también financiará otros instrumentos que ya aparecían en el sexto, como el programa Invest EU o nuevas convocatorias del Kit Digital. La continuidad de estos proyectos es una de las bazas que el Ejecutivo quiere vender en Bruselas: España no solo ejecuta, sino que acumula experiencia y masa crítica para que el impacto de los fondos sea duradero.

Los 68.534 millones ya asignados muestran una ejecución real, pero el ruido político interno amenaza con empañar la narrativa de éxito ante Bruselas.

El Eje del Poder Europeo

España se encuentra en una posición delicada. Por un lado, figura entre los alumnos aventajados en la ejecución del Next Generation EU, con un volumen de hitos y objetivos que solo supera Italia. Por otro, la presión de la oposición y el desgaste que genera la gestión de los fondos –con dudas recurrentes sobre la llegada real a pymes y autónomos– convierten cada comparecencia en un campo de minas. La solicitud del séptimo pago no es solo un trámite administrativo: es una prueba de que el Gobierno mantiene la credibilidad ante la Comisión Europea en un momento en que el semestre europeo vuelve a apretar con la nueva regla de gasto.

En Bruselas se valora la celeridad española, pero también se mira con lupa la capacidad de absorber tantos recursos sin generar cuellos de botella ni burbujas sectoriales. La gigafactoría de IA, aunque ilusionante, concentra una inversión muy elevada en un proyecto cuyo retorno es a largo plazo. Los precedentes no ayudan: otros Estados miembros han visto cómo grandes infraestructuras financiadas con fondos comunitarios acababan lastrando sus cuentas por sobrecostes o baja demanda.

La apuesta del Gobierno por el fondo soberano España Crece, que pretende movilizar más de 120.000 millones de euros mediante colaboración público-privada, es la siguiente carta. Si Bruselas da por bueno el séptimo desembolso, la transición hacia un modelo de financiación mixto será más fácil. Si surgen objeciones de calado, el ruido interno entre Moncloa y el PP podría escalar y complicar la recta final del Plan de Recuperación. La clave estará en la ejecución real de los proyectos que ahora se presentan como bandera.

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