PSPV y Compromís exigen la dimisión Mompó tras sus contradicciones ante la jueza de la DANA

Amparo Soler
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PSPV y Compromís exigen la dimisión Mompó tras sus contradicciones ante la jueza de la DANA

La oposición en la Diputación de Valencia ha lanzado una ofensiva política contra su presidente, Vicente Mompó, después de que se hiciera público que la jueza de la DANA (la depresión aislada en niveles altos, el fenómeno que provocó las riadas de 2024 en la Comunitat Valenciana) no considera creíble su testimonio judicial.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La oposición en la Diputación de Valencia exige la dimisión de su presidente, Vicente Mompó, y la reapertura de la comisión de investigación de la DANA tras conocerse que la jueza cuestiona la veracidad de sus declaraciones.
  • ¿Quién está detrás? PSPV y Compromís han presentado iniciativas parlamentarias; esta última coalición estudia además una querella por falso testimonio.
  • ¿Qué impacto tiene? Aumenta la presión política sobre Mompó y el PP en un momento en que la gestión de la emergencia sigue bajo escrutinio judicial y político.

Las contradicciones que la jueza no creyó

Según informaciones conocidas, la magistrada que instruye el caso de la DANA ha señalado que dispone de abundante información para desmentir la versión de Mompó. Las discrepancias entre lo que el presidente de la Diputación dijo en televisión y lo que declaró bajo juramento han sido el detonante.

En el programa Salvados del 8 de diciembre de 2024, Mompó afirmó que sabía del desbordamiento del barranco de Torrent porque el diputado provincial de Bomberos se lo comunicó hacia las seis de la tarde. En sede judicial, en cambio, sostuvo que antes de las 19.00 horas le era “imposible” tener esa información y lo atribuyó a una manipulación editorial del programa.

A esa contradicción se suma la llamada que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, le hizo a las 18.00 horas para advertirle del barranco de l’Horteta completamente desbordado. La jueza tampoco ha considerado creíble este extremo.

La propia Mompó declaró que aquella tarde habló con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pero negó que trataran sobre el mensaje de alerta ni su posible envío, una versión que choca con lo que él mismo había relatado en televisión, donde contó que sí se discutió si la alerta debía afectar a toda la provincia o solo a unas comarcas.

Para Compromís, este cúmulo de incongruencias no es anecdótico. “Afecta directamente la credibilidad de la Presidencia de la Diputación”, recoge la moción presentada por la coalición.

Las contradicciones del presidente de la Diputación no son un detalle menor: afectan a la credibilidad de quien debe liderar la reconstrucción de la provincia más golpeada por la DANA.

PSPV y Compromís: dos estrategias, un mismo objetivo

El PSPV, a través de su portavoz Carlos Fernández Bielsa, ha reclamado la reapertura de la comisión de investigación que se cerró “en falso” y la vuelta a comparecer de Mompó, la vicepresidenta Remedios Mazzolari y el diputado de Bomberos Avelino Mascarell, cuyos testimonios también fueron puestos en duda por la jueza. Si no ofrecen aclaraciones suficientes, los socialistas pedirán su dimisión.

Compromís va más lejos: ya ha presentado una moción para exigir en el pleno la dimisión inmediata del presidente de la Diputación “por mentir ante la jueza”. Además, el síndic en Les Corts, Joan Baldoví, ha anunciado que estudian “el momento adecuado” para interponer una querella por falso testimonio contra Mompó.

La portavoz de Compromís en la Diputación, Dolors Gimeno, fue contundente: “Lleva años mintiendo, obviando la información que tenía, porque estaba en el Cecopi, sabe lo que pasó y ahora no recuerda nada para esconder el nefasto papel que jugó el PP aquella jornada y aspirar a ser candidato a la Presidencia de la Generalitat”.

El Escenario Valenciano

La ofensiva de la oposición dibuja un escenario político tenso. Vicente Mompó, una figura ascendente en el PP valenciano y señalada como posible candidato a la Generalitat, ve cómo su credibilidad se tambalea justo cuando el partido necesita consolidar un liderazgo tras la gestión de la DANA. La presión judicial y política sobre el presidente de la Diputación no solo afecta a su carrera: proyecta una sombra sobre toda la estrategia de los populares en la Comunitat.

A escala nacional, el caso alimenta una narrativa que el PSOE y otros partidos de la oposición han explotado en el Congreso: la supuesta cadena de negligencias y contradicciones en la gestión de la catástrofe. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene un perfil bajo en este episodio concreto, la acumulación de dudas sobre los representantes del PP en la Diputación refuerza el argumento de que la reconstrucción avanza con opacidad y sin rendición de cuentas.

La próxima prueba para Mompó será el pleno de la Diputación, donde se debatirá la moción de Compromís. Si la querella por falso testimonio llega a materializarse, el caso podría trasladarse a la vía penal y prolongar la inestabilidad política durante meses. Mientras tanto, la oposición insiste en que el presidente no puede seguir al frente de la institución.

Ficha del Caso

  • El caso: Tras declarar como testigo ante la jueza de la DANA, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha quedado en entredicho por las contradicciones entre su testimonio judicial y sus declaraciones previas en televisión.
  • Datos importantes: La jueza considera que dispone de información para desmentir su versión; PSPV pide reabrir la comisión de investigación y Compromís ha formalizado una petición de dimisión y estudia una querella.
  • Resumen: La oposición eleva la presión política y judicial en un caso que toca directamente la credibilidad de quien preside la Diputación y aspira a la Generalitat, en un momento clave para la reconstrucción post-DANA y la imagen del PP a nivel nacional.

El TSXG corrige a la Seguridad Social y ordena mantener el alta de una trabajadora embarazada: es discriminación sexista directa

Anxo Seoane
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El TSXG corrige a la Seguridad Social y ordena mantener el alta de una trabajadora embarazada: es discriminación sexista directa

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) —el máximo órgano judicial de la región— ha anulado la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social que consideraba fraudulenta el alta de una trabajadora fija discontinua embarazada. La sentencia, dictada este miércoles por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, califica de «discriminación directa por razón de sexo» la decisión administrativa y ordena mantener su afiliación durante el periodo cuestionado.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El TSXG tumba el criterio de la Seguridad Social que anuló el alta de una empleada embarazada por considerarlo un fraude simulado.
  • ¿Quién está detrás? La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, con base en la legislación española y europea sobre igualdad.
  • ¿Qué impacto tiene? La sentencia, aunque recurrible, sienta un precedente contundente contra la discriminación por embarazo en toda España y blinda el derecho a la reincorporación tras la excedencia por cuidado de menores.

El origen del litigio está en una trabajadora con contrato de fija discontinua que disfrutó de una excedencia por cuidado de un menor. Agotado el plazo máximo, la empresa realizó el llamamiento para reincorporarla, pero en ese momento la empleada se encontraba embarazada y de baja por incapacidad temporal. No pudo incorporarse de forma efectiva. La Tesorería interpretó aquel alta como una simulación con el único fin de aumentar la prestación por nacimiento y cuidado del menor.

Apoyada en un informe de la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social anuló el periodo de cotización correspondiente a los meses de junio a septiembre de 2024. Para el organismo, todo apuntaba a un fraude. Sin embargo, los magistrados gallegos rechazaron ese razonamiento de forma frontal.

La sentencia: discriminación directa y sin matices

El fallo recuerda que la excedencia ya había vencido, por lo que la empresa estaba obligada a reincorporar a la trabajadora para cumplir el contrato. De no hacerlo, podría haberse enfrentado a un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales y a sanciones administrativas. «La suscripción de un contrato de trabajo o el dar de alta en la Seguridad Social a una mujer embarazada no constituye un indicio de fraude», subraya el tribunal.

La trabajadora, llevaba meses de baja por incapacidad temporal, y el embarazo no la inhabilitaba para mantener su vínculo laboral. La Sala considera «inadmisible desde una perspectiva jurídico-constitucional» que el estado de gestación pueda convertirse en un obstáculo para el acceso o la permanencia en el empleo.

La suscripción de un contrato de trabajo o el dar de alta en la Seguridad Social a una mujer embarazada no constituye un indicio de fraude; lo contrario violentaría los derechos fundamentales.

Los jueces enmarcan el caso en un «enjuiciamiento de género» y aprecian que la actuación administrativa generó una diferencia de trato basada en una circunstancia que solo afecta a las mujeres. Por ello, concluyen que se produjo un supuesto de discriminación directa por razón de sexo relacionado con el embarazo y la maternidad. La resolución insiste en que la interpretación de las normas debe eliminar estereotipos y fomentar la igualdad efectiva.

De este modo, el TSXG estima el recurso de la trabajadora, anula la resolución de la Seguridad Social y ordena mantener el alta en el Régimen General durante los cuatro meses debatidos. La sentencia no es firme: cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El impacto: un fallo que apunta al Supremo

La decisión del alto tribunal gallego refuerza la jurisprudencia europea sobre la protección de la maternidad y coloca el foco sobre las prácticas administrativas que, bajo sospecha de fraude, pueden acabar castigando a las trabajadoras por el hecho de estar embarazadas. Más allá del caso concreto, la sentencia envía un mensaje claro a las empresas y a la propia Administración: el embarazo nunca es un indicio de irregularidad.

Para el sector jurídico gallego, el fallo supone una corrección a la laxitud con la que, en ocasiones, la Inspección de Trabajo y la Tesorería aplican la presunción de fraude. Se abre así un debate sobre el equilibrio entre la lucha contra el uso indebido de prestaciones y la tutela de los derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras.

El Laboratorio Gallego

Aunque el caso tiene su epicentro en el contencioso-administrativo, refleja una tendencia que desde Galicia se observa con nitidez: los tribunales autonómicos, como el TSXG, están asumiendo un papel protagonista en la defensa de los derechos sociales. En ausencia de una reforma legislativa nacional que unifique criterios, la justicia autonómica se convierte en un laboratorio donde se ensayan interpretaciones progresivas de la norma. Galicia ya había sido escenario de sentencias pioneras en materia de igualdad laboral, y ahora este fallo añade un peldaño más al blindaje frente a la discriminación indirecta por embarazo.

La proyección nacional es evidente. Si el Tribunal Supremo ratifica el criterio del TSXG, la doctrina afectará a miles de trabajadoras en situación similar en toda España. Por ahora, la resolución gallega queda como un ejemplo de que el embarazo no puede ser jamás una presunción de fraude.

Ficha del Caso

  • El caso: La Seguridad Social anuló el alta de una fija discontinua embarazada por creer que era un alta simulada para cobrar la prestación por nacimiento. El TSXG revierte la decisión.
  • Datos importantes: Periodo de cotización anulado: del 1 de junio al 30 de septiembre de 2024. Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurrible en casación.
  • Resumen: El tribunal sentencia que dar de alta a una embarazada no es fraude y que anularlo supone discriminación sexista directa. El fallo protege el derecho al trabajo y la maternidad.

Los Bomberos de Valencia no asistieron al Cecopi de la DANA pese a estar convocados, según un informe judicial

Amparo Soler
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Los Bomberos de Valencia no asistieron al Cecopi de la DANA pese a estar convocados, según un informe judicial

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un informe del Centro de Emergencias revela que los Bomberos de Valencia estaban convocados al Cecopi del 29-O pero no asistieron.
  • ¿Quién está detrás? La alcaldesa María José Catalá confirmó que los bomberos dirigían el Cecopal municipal y que la información fluyó por canales técnicos.
  • ¿Qué impacto tiene? El hallazgo cuestiona la coordinación entre administraciones durante la DANA y puede influir en la comisión del Congreso.

El cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia no participó en la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024, pese a haber sido formalmente convocado por el Centro de Emergencias de la Generalitat. Así consta en un informe incorporado al sumario del procedimiento judicial por la DANA, que revela una ausencia que hasta ahora no se había documentado de manera oficial.

El Cecopi —el Centro de Coordinación Operativa Integrado, que reúne a todas las administraciones implicadas en una emergencia en la Comunitat Valenciana— se celebró desde las 17.00 horas de aquella trágica jornada. Sin embargo, los bomberos municipales no se sentaron en esa mesa. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, confirmó este miércoles ante la jueza que sus efectivos estaban, en paralelo, al frente del Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal), convocado por ella misma poco después de la alerta roja.

A las 18.00 horas, según el testimonio de Catalá, en el Cecopal se informó de que la reunión del Cecopi estaba en marcha. La primera edil defendió que el flujo de información entre ambos órganos se mantuvo a nivel técnico: los bomberos municipales trasladaban los datos al Centro de Emergencias. En ningún momento, aseguró, recibió alertas o peticiones de información de la Generalitat.

El informe del Centro de Emergencias, no obstante, deja claro que los bomberos municipales estaban en la lista de organismos convocados al Cecopi de las 17.00. Representantes del cuerpo sí se incorporaron a los Cecopi posteriores (el acta del 1 de noviembre la redactó precisamente ese departamento), pero la ausencia del día 29 pesa sobre la reconstrucción de lo ocurrido. Catalá precisó que el grueso de la información que nutría el Cecopal procedía de los propios bomberos municipales.

La ausencia del cuerpo municipal en la cita regional deja al descubierto una brecha de coordinación que ni el Cecopal ni las llamadas técnicas lograron cerrar del todo.

El relato de la alcaldesa incluye un dato tan revelador como doloroso: el Cecopal supo siete minutos antes del envío del Es-Alert de las 20.11 que la pedanía de La Torre se había inundado. En esa zona fallecieron ocho personas. La información llegó por un aviso de los efectivos propios del ayuntamiento, no por los canales autonómicos.

Un segundo hallazgo del sumario apunta a las deficiencias tecnológicas de la respuesta: los Bomberos de Valencia no fueron incorporados al «caso» abierto en el ‘Coordcom’ —la plataforma que unifica la toma de decisiones operativas entre agencias— hasta la tarde del día siguiente a la catástrofe. La herramienta diseñada para coordinar a todos los actores de una emergencia tardó más de 24 horas en integrar al servicio municipal de extinción.

El Escenario Valenciano

El nuevo informe judicial alimenta la discusión sobre la coordinación entre administraciones durante la DANA, un asunto que ya ha aterrizado en el Congreso de los Diputados. Mientras la comisión nacional de investigación examina la respuesta institucional, la evidencia de que los bomberos de la capital no estuvieron en la sala del Cecopi refuerza la tesis de que la fragmentación operativa lastró la capacidad de reacción. El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que la Generalitat debe rendir cuentas, pero Carlos Mazón mantiene que las decisiones fueron técnicas y compartidas. Este nuevo elemento, documentado judicialmente, puede reequilibrar la presión entre ambos niveles.

En la dinámica valenciana, el hallazgo complica el discurso del PP en el Consell, que ha defendido la suficiencia de su respuesta, y añade munición a la oposición de PSPV y Compromís. Para la alcaldesa Catalá, el respaldo a su gestión municipal contrasta con la ausencia no justificada de sus bomberos en el órgano autonómico. La proyección inmediata pasa por las próximas comparecencias judiciales y el avance de la comisión técnica en las Corts. Si se confirma que la convocatoria fue desoída sin causa de fuerza mayor, el argumentario del Consell perderá uno de sus pilares.

Ficha del Caso

  • El caso: Los bomberos de Valencia no asistieron al Cecopi del 29-O a pesar de estar convocados, según un informe del Centro de Emergencias. La alcaldesa confirmó que gestionaron el Cecopal municipal en paralelo.
  • Datos importantes: El Cecopi comenzó a las 17.00 h; el Cecopal supo de las inundaciones en La Torre siete minutos antes del Es-Alert de las 20.11; los bomberos municipales no se integraron en el sistema de coordinación técnica hasta la tarde del día siguiente.
  • Resumen: La ausencia documentada judicialmente revela una brecha de coordinación que cuestiona la versión oficial y refuerza la exigencia nacional de depurar responsabilidades institucionales.

Cuatro pueblos baratos de Galicia donde la vivienda cuesta menos que un coche (450-528 €/m2)

Anxo Seoane
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Cuatro pueblos baratos de Galicia donde la vivienda cuesta menos que un coche (450-528 €/m2)

Mientras el precio medio de la vivienda en España sigue escalando sin freno, en Galicia aún es posible comprar una casa por lo que cuesta un coche nuevo de gama media. Cuatro municipios gallegos figuran entre los 25 más baratos del país para adquirir una vivienda, con precios que oscilan entre los 450 y los 528 euros por metro cuadrado, según los datos del segundo trimestre de 2026 publicados por Idealista.

La provincia de Ourense vuelve a ser protagonista: tres de esas cuatro localidades se reparten por su geografía interior, mientras que una se asoma desde el corazón de Pontevedra. Se trata de Vilamarín, O Covelo, Leiro y A Merca, nombres que retratan una Galicia rural donde el mercado inmobiliario sigue ajeno a las tensiones de las grandes ciudades.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Cuatro pueblos gallegos aparecen en el nuevo ranking de los 25 municipios más baratos de España para comprar vivienda, con precios de 450 a 528 €/m².
  • ¿Quién está detrás? El estudio lo ha realizado el portal inmobiliario Idealista a partir de datos del segundo trimestre de 2026.
  • ¿Qué impacto tiene? Adquirir casa en estas localidades cuesta menos que un coche nuevo de gama media-alta, lo que evidencia la enorme brecha de precios entre la España rural y la urbana.

Vilamarín, O Covelo, Leiro y A Merca: los cuatro rincones gallegos del ranking

Vilamarín es el mejor situado de la lista nacional: ocupa la cuarta posición con un precio medio de 450 euros por metro cuadrado. Apenas 18 kilómetros lo separan de la ciudad de Ourense, y sus poco más de 1.800 habitantes viven entre montes, regatos y manantiales, con el río Barbantiño como columna vertebral del paisaje.

O Covelo aparece en el puesto decimotercero, con 490 euros por metro cuadrado. Situado en la comarca de A Paradanta, el municipio pontevedrés está rodeado por las sierras del Suído y Faro de Avión y por los valles del río Tea. Un enclave natural que, sin embargo, mantiene precios de vivienda comparables a los de un utilitario.

Una vivienda de 100 metros cuadrados en Vilamarín cuesta de media 45.000 euros: el precio de un SUV de gama media.

Leiro se sitúa en el decimosexto lugar del ranking, con 507 euros el metro cuadrado. Está en plena comarca de O Ribeiro, la zona vinícola por excelencia de Galicia, y es conocido por sus viñedos en terrazas, el monasterio de San Clodio y el valle del río Avia. El enoturismo convive aquí con un mercado de vivienda que roza los niveles más bajos del país.

Cierra la representación gallega A Merca, en el puesto decimoctavo y con 528 euros por metro cuadrado. Pertenece a la comarca de Terra de Celanova y conserva un marcado carácter rural, con un paisaje de pequeñas sierras que separan las cuencas del Miño y el Arnoia.

Un abismo de precios entre la España rural y la urbana

El municipio más barato de toda España sigue siendo Fuente Obejuna (Córdoba), donde cada metro cuadrado se paga de media a 369 euros. Solo otra localidad, Pedro Muñoz (Ciudad Real), baja de la barrera de los 400 euros. El estudio de Idealista confirma que la diferencia entre estos precios y la media de sus respectivas comunidades autónomas es muy notable, lo que deja al descubierto dos Españas en el acceso a la vivienda.

En Galicia, la brecha se explica en buena medida por la estructura poblacional. La comunidad cuenta con más de 30.000 núcleos de población, el 90% diseminados por el rural, y la mayoría de sus municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Eso significa un mercado fragmentado, con poca presión compradora y precios que apenas han notado la burbuja reciente. Según datos del Instituto Galego de Estatística, Ourense es la provincia con mayor porcentaje de población mayor de 65 años de España, un factor que hunde la demanda de primera vivienda y mantiene el metro cuadrado en cifras de hace dos décadas.

El Laboratorio Gallego

Estos precios son, a la vez, un síntoma y una oportunidad. Galicia lleva años ensayando políticas para fijar población en el rural, desde ayudas a la compra de vivienda en pequeños municipios hasta la declaración de aldeas modelo para recuperar tierras en desuso. La Xunta de Galicia mantiene activo el Plan de Vivenda 2025-2028, que incluye subvenciones para la adquisición y rehabilitación de inmuebles en concellos de menos de 10.000 habitantes. El BNG y el PSdeG critican a menudo la falta de ambición de estas medidas y reclaman un plan de choque contra la despoblación, pero lo cierto es que los precios siguen sin despegar.

La lectura nacional es clara: mientras en Madrid o Barcelona el metro cuadrado supera con creces los 3.000 euros, en Galicia se compra una casa entera por menos de lo que cuesta una plaza de garaje en el centro de la capital. Esa distancia, sin embargo, no es solo inmobiliaria; es también una radiografía de la desigualdad territorial que el Gobierno central ha empezado a abordar con fondos europeos para la cohesión. Los cuatro pueblos gallegos del ranking de Idealista representan, en el fondo, el contrapunto a la España que no cabe en el mercado de la vivienda.

Ficha del Caso

  • El caso: Cuatro municipios gallegos se cuelan entre los 25 más baratos de España para comprar casa. Sus precios están por debajo del coste de un coche nuevo de gama media, según el portal Idealista.
  • Datos importantes: Vilamarín (450 €/m²), O Covelo (490), Leiro (507) y A Merca (528). Los más baratos de España son Fuente Obejuna (369) y Pedro Muñoz (399). Datos del segundo trimestre de 2026.
  • Resumen: Adquirir una vivienda en estos rincones de Ourense y Pontevedra cuesta entre 45.000 y 52.800 euros por 100 m², una cifra que contrasta con la media nacional y que refleja el desafío demográfico del rural gallego.

El Ayuntamiento de Valencia cede al Valencia CF la gestión del PAI de Mestalla: 500 viviendas sin VPO

Amparo Soler
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El Ayuntamiento de Valencia cede al Valencia CF la gestión del PAI de Mestalla: 500 viviendas sin VPO

El Ayuntamiento de Valencia ha admitido a trámite la iniciativa del Valencia CF para gestionar directamente el Plan de Actuación Integrado (PAI) del antiguo Mestalla. La decisión, firmada por el concejal de Urbanismo Juan Giner (PP) el pasado 10 de junio, convierte al club en agente urbanizador y le permite vender las parcelas por separado, un movimiento clave para cerrar la subasta de los terrenos, de la que espera obtener alrededor de 150 millones de euros.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Urbanismo admite a trámite que el Valencia CF gestione directamente el PAI del antiguo Mestalla; podrá vender las parcelas por separado.
  • ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de Valencia (PP) y el Valencia CF, cuyo máximo accionista es Peter Lim.
  • ¿Qué impacto tiene? Se levantarán seis torres de viviendas de hasta 29 plantas, ninguna de protección oficial, en un momento de grave crisis de vivienda en la ciudad.

El club toma las riendas del urbanismo de Mestalla

La resolución de la delegación de Urbanismo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que se trata de una «pequeña Unidad de Ejecución en suelo urbano con ordenación pormenorizada» y que no supone «un crecimiento urbanístico que deba ser objeto de especial control». El Ayuntamiento renuncia a la gestión directa porque, según sus propias palabras, «los recursos de la Administración son limitados» y hay un tercero dispuesto a asumirla. La admisión a trámite es provisional; la decisión definitiva deberá pasar por el pleno municipal.

A partir de ahora, el club dispone de tres meses desde la notificación para presentar una alternativa técnica y un programa económico, un proyecto de urbanización que detalle plazos, presupuesto y soluciones para aceras, alumbrado y zonas verdes, e incluya el derribo del mítico estadio. Una vez aprobado, se procederá a la reparcelación, que delimitará los solares y hará posible su venta individualizada.

0% de vivienda protegida en plena emergencia residencial

El ámbito cuenta con 75.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial y 14.000 metros cuadrados de suelo comercial sobre rasante. Se estima que saldrán entre 500 y 600 viviendas, ninguna de ellas de protección oficial (VPO). El Ayuntamiento defiende que el plan ATE de 2015 no contempló esa exigencia y que la legislación autonómica de la época (la Ley 1/2012 de la Generalitat) no la hacía obligatoria. Las fichas urbanísticas aprobadas en 2024, según el consistorio, no alteraron la edificabilidad residencial, por lo que no procede reserva alguna.

La concejala del PSPV, Elisa Valía, ha acusado al Gobierno municipal del PP de priorizar «el beneficio de los promotores y fondos de inversión por encima de las familias» y ha advertido de que todo el terciario previsto podría convertirse en hoteles o apartamentos turísticos tras el «fiasco de su nueva normativa. Para Valía, «el PP gobierna para las grandes empresas y en contra de las familias, saqueando el patrimonio municipal».

El asunto también está judicializado. La asociación Libertad VCF, opositora al máximo accionista Peter Lim, recurrió la aprobación de las fichas urbanísticas alegando precisamente la falta de VPO. El fallo está pendiente y podría obligar a revisar el planeamiento. Mientras tanto, los plazos corren para un club necesitado de liquidez.

En la Valencia de la emergencia habitacional, el viejo Mestalla se derribará sin una sola vivienda protegida.

Según el plano de detalle, las seis torres residenciales, de entre 15 y 29 plantas, se levantarán sobre galerías comerciales de dos alturas que darán a la avenida de Aragón y a la calle Joan Reglà. En la esquina de Joan Reglà con avenida de Suecia habrá un equipamiento público de 1.307 metros cuadrados, y hacia Blasco Ibáñez, un centro de salud y un colegio. El jardín central ocupará 24.728 metros cuadrados. El antiguo hotel icónico, en cambio, está en el aire: la empresa HCG Levante, propietaria de la parcela, se ha desvinculado de esa obligación y puede levantar allí cualquier edificación compatible con el PGOU.

El escenario valenciano

El caso pone de relieve una de las contradicciones del urbanismo en la Comunitat Valenciana, donde la presión sobre la vivienda alcanza niveles récord y, sin embargo, los grandes desarrollos esquivan la reserva de VPO. Valencia arrastra un déficit de vivienda asequible que el Ayuntamiento del PP está abordando con planes de apartamentos turísticos y recalificaciones, pero sin la contundencia que reclaman los colectivos sociales. A escala nacional, el debate sobre la vivienda protegida enfrenta al Gobierno central, empeñado en reforzarla, con muchas comunidades gobernadas por el PP, que critican la ineficacia de la Ley estatal de Vivienda. La decisión sobre Mestalla tiene, por tanto, lectura estatal: muestra cómo una administración local del PP facilita una gran operación privada sin condicionarla a la función social de la vivienda, justo cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez intenta impulsar más VPO y limitar los pisos turísticos. Si el recurso de Libertad VCF prosperara, podría obligar al consistorio a reformular el planeamiento. Por ahora, los plazos apremian: el club debe presentar su alternativa técnica en septiembre de 2026 y la subasta de los terrenos está prevista para finales de año o principios de 2027.

Ficha del Caso

  • El caso: El Ayuntamiento de Valencia cede al Valencia CF la gestión del PAI del antiguo Mestalla, lo que permitirá demoler el estadio y construir más de 500 viviendas sin protección oficial, con oposición política y un recurso judicial pendiente.
  • Datos importantes: 75.000 m² edificables para viviendas, seis torres de hasta 29 plantas, 0% VPO, estimación de 150 millones de euros por la venta de los terrenos, tres meses para presentar el proyecto de urbanización desde julio de 2026.
  • Resumen: La decisión facilita la venta del suelo y acelera el derribo, pero refuerza las críticas a la política de vivienda municipal y deja en el aire el hotel icónico.

La Junta de Andalucía destina 5,8 millones para la línea 3 del metro de Sevilla entre Macarena y María Auxiliadora

Enrique Ramos
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La Junta de Andalucía destina 5,8 millones para la línea 3 del metro de Sevilla entre Macarena y María Auxiliadora

La Junta de Andalucía ha licitado este jueves un nuevo contrato por 5.856.592,50 euros para supervisar el avance de las obras de la línea 3 del metro de Sevilla en el tramo que unirá los barrios de Macarena y María Auxiliadora. Se trata del contrato de dirección facultativa, control de calidad y coordinación de seguridad y salud de uno de los tramos más complejos del proyecto ferroviario.

Un contrato de 5,8 millones para el cuarto tramo de la Línea 3

El anuncio, publicado en el perfil del contratante, estructura la asistencia en dos lotes. El primero, presupuestado en 5.315.028 euros, incluye la dirección facultativa, el control de calidad de los materiales y la gestión de la metodología BIM (Building Information Modeling). El segundo lote, con 541.563 euros, se centra en la coordinación de seguridad y salud, un aspecto crítico en una excavación soterrada que debe cumplir todos los protocolos de prevención de riesgos laborales y la vigilancia permanente de los tajos.

La empresa adjudicataria de esta asistencia técnica se convierte en los ojos y el brazo ejecutor de la Junta sobre el terreno, garantizando que la obra cumpla los plazos, las calidades y las condiciones de seguridad exigidas. La complejidad del tramo, que se desarrolla en pleno casco histórico de Sevilla, multiplica la necesidad de esta supervisión especializada.

El cuarto tramo de la línea 3 del metro de Sevilla recorre 1.064 metros íntegramente soterrados bajo la Ronda Histórica, desde la calle Muñoz León hasta los Jardines del Valle, en las inmediaciones de Doctor Relimpio. La orografía y la cercanía de edificios protegidos, como la Muralla de la Macarena, obligan a emplear técnicas de excavación de alta precisión.

En este trazado se ubicarán las estaciones de Macarena y Capuchinos. La primera, de 117 metros de longitud y 12 metros de profundidad, se emplazará al inicio de Muñoz León, en un enclave condicionado por la estrechez de la calle y la proximidad del monumento medieval. La segunda, de 116 metros y una cota similar, se construirá entre las calles Maestro Quiroga y Cruz Roja, dotando de una parada de metro de alta capacidad a uno de los barrios más densamente poblados del distrito Macarena.

Doce ofertas y el compromiso de la Junta con los plazos

La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha destacado la buena acogida del proyecto entre el sector constructor: doce ofertas se han presentado ya para hacerse con la ejecución material del tramo, presupuestada en 164,45 millones de euros. “Seguimos avanzando sin pausa en las obras de la línea 3 Norte en Ronda Histórica”, ha subrayado la consejera, que también ha confirmado que este contrato de supervisión marca el siguiente paso antes del inicio de los movimientos de tierras a gran escala.

inversión Junta Andalucía

Sevilla se acerca, paso a paso, a un metro que vertebre por fin el norte de la ciudad: la Línea 3 ha sido declarada operación estratégica por la Unión Europea con 1.366 millones de financiación.

La adjudicación de esta asistencia técnica se suma a la coordinación previa con los tramos contiguos, lo que permitirá una transición fluida hasta alcanzar Prado de San Sebastián. La Junta subraya que el contrato también incluye la armonización de los trabajos con la futura conexión con la Línea 1, el principal eje de la red actual.

El conjunto de la Línea 3 Norte tiene un trazado de 7,5 kilómetros más un ramal técnico de 1,4 kilómetros entre Pino Montano y Prado de San Sebastián. Su presupuesto global asciende a 1.366 millones de euros, cofinanciados con fondos Feder 2021-2027, autonómicos y estatales. La infraestructura prestará servicio a cuatro grandes equipamientos sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el Hospital Universitario Virgen Macarena, el Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora, convirtiéndose en la espina dorsal de la movilidad sanitaria de la capital andaluza.

La Lectura Andaluza

La noticia de esta licitación, aunque técnica en apariencia, es un termómetro de la salud del mayor proyecto de movilidad de Sevilla y uno de los más vigilados por el Gobierno andaluz. La Línea 3 es una reivindicación histórica de una ciudad que lleva viendo desde hace años cómo el crecimiento de la periferia norte —Pino Montano, la Macarena y los barrios colindantes— demandaba una alternativa real al vehículo privado.

Que la Junta de Andalucía saque a concurso un contrato de asistencia técnica de casi 6 millones de euros mientras la consejera de Fomento está en funciones demuestra que la hoja de ruta de la obra es lo suficientemente sólida como para no detenerse ante los ciclos políticos. Para las 50.000 personas que residen o transitan a diario por el eje de la Ronda Histórica, la puesta en marcha efectiva de estos sistemas de control significa que el cronograma no es papel mojado: hay un calendario, un presupuesto y una supervisión independiente que velará por que cada euro se traduzca en un túnel seguro y en estaciones accesibles.

En un contexto andaluz donde la ejecución presupuestaria de las infraestructuras autonómicas alcanza ya el 85% del Plan de Inversiones 2024-2027, según los últimos datos del IECA, este contrato refuerza la imagen de una comunidad que está aprendiendo a acelerar sus grandes proyectos sin perder el control del gasto. La Línea 3 no es solo un metro: es la demostración de que Sevilla y su área metropolitana pueden aspirar a una movilidad de estándares europeos, con fondos europeos bien ejecutados y con una obra que avanza, tramo a tramo, hacia la estación final que todos esperan.

El presunto asesino de Aldea del Fresno confiesa que mató a la víctima con una barra de hierro por 300 euros

Pablo Navarro
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El presunto asesino de Aldea del Fresno confiesa que mató a la víctima con una barra de hierro por 300 euros

El acusado Israel C., de 32 años, ha reconocido este jueves ante el tribunal que mató a Francisco de Pablo en 2022 golpeándole con una barra de hierro, según informa El Periódico. La Fiscalía solicita 22 años de prisión para el presunto autor del homicidio y dos años y medio para un amigo que le ayudó a ocultar el cadáver bajo la cocina de una parcela en Aldea del Fresno.

Cómo se produjo el homicidio, según la declaración de Israel C.

El 21 de marzo de 2022 Israel C. y Francisco de Pablo acudieron a una parcela en San Fernando de Henares. Ambos habían consumido cocaína y alcohol, según la versión del acusado, y planeaban montar una plantación de marihuana. La investigación policial indica que Israel debía 300 euros a la víctima para poner en marcha ese cultivo.

La discusión estalló cuando Francisco reclamó ese dinero y amenazó con quedarse con la finca. Israel relató que, en un momento de la pelea, cogió una barra de hierro y golpeó a la víctima en la cabeza. ‘Le di con la barra en la cabeza, cayó al suelo y no se movía’, declaró ante el tribunal. Sin embargo, la autopsia determinó que Francisco recibió un golpe en la nuca, lo que apunta a que fue atacado por la espalda.

El acusado insistió en que ‘no era mi intención’ y que estaba bajo los efectos de la cocaína. ‘Había consumido cinco gramos, no estaba en mis cabales y me asusté mucho’, dijo.

La contradicción entre el relato del acusado y el informe forense es uno de los puntos clave del juicio. Israel C. se enfrenta a 22 años de prisión.

El traslado y la ocultación del cadáver

Asustado y sin dar aviso a emergencias, Israel llamó a Fernando, un amigo de su barrio de 55 años. Ambos colocaron el cuerpo en la parte trasera del coche de Fernando y lo trasladaron a otra parcela propiedad de Israel en Aldea del Fresno. Una vez allí, ‘movimos el cadáver con una carretilla hasta la cocina’, según el relato del cómplice.

Por la mañana, los dos hombres regresaron. Fernando contó que ‘consumimos un par de rayas, cavamos un agujero y escondimos el cuerpo y la barra que Israel había utilizado’. Luego cubrieron el cadáver con cemento y lo taparon con suelo vinílico. Un testigo protegido, fundamental para la investigación, fue quien puso los hechos en conocimiento de la policía.

La intervención del GOIT y el hallazgo del cuerpo en Aldea del Fresno

La desaparición de Francisco de Pablo se mantuvo durante más de dos años. En junio de 2024, agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional localizaron el escondite. Tardaron más de dos horas en romper la fosa séptica en la que los acusados habían enterrado a la víctima. El juez de guardia autorizó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia.

El juicio, que comenzó el 6 de julio en la Audiencia Provincial de Madrid, se reanudará en los próximos días con la declaración de los peritos y la práctica de la prueba. La Fiscalía mantiene la petición de 22 años de prisión para Israel C. por homicidio y ocultación de cadáver, y 2,5 años para Fernando como cooperador necesario.

Cuatro detenidos en Alzira por explotación laboral y ocultación de muerte

Pablo Navarro
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Cuatro detenidos en Alzira por explotación laboral y ocultación de muerte

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Alzira (Valencia) por su presunta implicación en la muerte de un trabajador irregular y la posterior ocultación del fallecimiento, según ha confirmado el cuerpo policial. Los hechos se remontan al pasado 28 de enero de 2026, cuando la víctima, un hombre que trabajaba sin contrato en un edificio en construcción, sufrió una caída mortal por el hueco del ascensor.

A todos ellos se les considera presuntos autores (personas a las que se atribuyen los hechos en fase de investigación mientras no recaiga una condena firme) de los delitos que se investigan. La presunción de inocencia permanece intacta hasta que un tribunal dicte sentencia.

La investigación, que ha durado varios meses, ha revelado que el operario soportaba condiciones laborales abusivas: jornadas que excedían con creces las permitidas por ley, carencia de medidas de seguridad y la ausencia total de contrato. De acuerdo con la Policía Nacional, el fallecido no solo trabajaba de forma ilegal, sino que dormía en un colchón en el mismo inmueble, sin acceso a servicios básicos como agua caliente. Llevaba desde principios de año realizando turnos maratonianos para la empresa constructora, sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Los agentes comprobaron, además, que el trabajador era uno más dentro de una plantilla sumergida que la firma mantenía oculta para abaratar costes.

Condiciones laborales abusivas y falta de seguridad

Los agentes han constatado que la empresa constructora, administrada por dos hermanos, no habían instalado los sistemas de iluminación ni las protecciones preceptivas en los huecos, lo que propició el accidente. La inspección ocular del inmueble, aún en fase de construcción, reveló que no existían redes de protección ni señalización en la zona del ascensor. El trabajador, cuya identidad no ha trascendido, realizaba turnos que sobrepasaban con creces el horario legal y pernoctaba de forma precaria en la obra, en una situación que la policía califica como explotación ilícita. Las pesquisas apuntan a que llevaba varias semanas sin descanso y que la empresa le había prometido un contrato que nunca llegó a formalizar.

La manipulación de la escena del accidente

Tras la caída, los ahora detenidos presuntamente alteraron la escena antes de solicitar ayuda. Según las pesquisas, extrajeron el cuerpo del hueco del ascensor y lo arrastraron hasta la zona de las escaleras, donde colocaron barandillas metálicas de protección en el primer tramo para darle «apariencia de seguridad». Una vez modificado el lugar, llamaron a los servicios de emergencia pasadas las horas, haciendo creer que la víctima era un cliente que había sufrido un tropiezo accidental. La maniobra, según la policía, tenía como fin ocultar la causa real de la caída y simular un accidente fortuito.

La investigación determinó que los detenidos modificaron el lugar del siniestro antes de alertar a los servicios de emergencia con el fin de eludir responsabilidades.

El propietario del edificio, también detenido, mantuvo esa versión inicial: declaró ante los agentes que el fallecido se encontraba en el inmueble para visitar la construcción y alquilar una vivienda. La primera comparecencia de este responsable recogía que se trataba de un cliente particular que acudía a ver el avance de las obras. Sin embargo, las pruebas recabadas –incluidas las contradicciones en los testimonios y la falta de documentación mercantil– desmontaron esa coartada y confirmaron que era un trabajador en situación irregular.

Las detenciones y la fase judicial

Los cuatro arrestados son los dos hermanos administradores, a quienes se investiga por presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores; el padre de ambos, apoderado de la firma, y un operario más. A estos dos últimos se les atribuye un delito de encubrimiento por haber colaborado presuntamente en la modificación del lugar del accidente.

La operación policial, desarrollada por la Brigada Provincial de Información de Valencia, se llevó a cabo esta semana en Alzira y los detenidos han pasado a disposición judicial. La autoridad competente determinará ahora las responsabilidades penales. Mientras tanto, la investigación sigue abierta para esclarecer todas las circunstancias del caso.

Ayuda natalidad Madrid: más de 31.100 mujeres cobran ya los 500 euros

Antonio Alonso
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Ayuda natalidad Madrid: más de 31.100 mujeres cobran ya los 500 euros

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A mujeres embarazadas, madres y padres adoptivos residentes en la Comunidad de Madrid.
  • ¿Cuándo ocurre? La ayuda está en vigor desde 2022 y se solicita desde la semana 21 de gestación hasta que el menor cumple dos años. La dotación ampliada es para el ejercicio 2026.
  • ¿Qué cambia hoy? El presupuesto anual aumenta en 3,2 millones de euros, lo que blinda la continuidad de los 500 euros mensuales por hijo.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una ampliación de 3,2 millones de euros en la partida destinada a las ayudas por gestación, nacimiento y adopción. Con este refuerzo, el presupuesto para 2026 alcanza los 128,7 millones de euros y consolida una prestación que ya ha llegado a más de 31.100 mujeres, con una inversión acumulada de 361,1 millones desde su puesta en marcha en 2022.

Qué ofrece la ayuda y desde cuándo

La ayuda consiste en una transferencia de 500 euros mensuales que se abona desde la semana 21 de embarazo y se mantiene hasta que el niño cumple dos años. Eso supone un máximo de 14.500 euros en 29 meses por cada hijo, una cuantía que la coloca entre las más generosas del país. También cubre los casos de adopción, según la la normativa autonómica.

La medida forma parte de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026, un plan de 4.800 millones de euros que engloba 80 iniciativas. El Ejecutivo regional asegura que cerca del 90% de los objetivos ya están cumplidos y el resto en fase de ejecución. Además, desde enero de 2022 se concede una ayuda complementaria de 500 euros por nacimiento para madres menores de 30 años.

La natalidad madrileña sube un 3,3%

Las políticas de estímulo demográfico parecen estar dando resultado. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la Comunidad de Madrid lideró el crecimiento de la natalidad en España durante 2025, con un incremento del 3,3% respecto a 2024. En total, se registraron 52.450 nacimientos, una cifra que supera con mucho la media nacional (+1%).

Desde el Gobierno regional vinculan directamente este repunte con las ayudas directas y las medidas de conciliación. «Hemos logrado que Madrid sea la comunidad donde más crecen los nacimientos», señaló un portavoz tras la reunión del Consejo de Gobierno del 8 de julio.

Madrid ha invertido 361 millones en una ayuda que no solo palía, sino que ya empieza a mover la aguja demográfica.

Lo que la ayuda no cubre: una comparación con Barcelona

Pese a la buena acogida, los 500 euros mensuales apenas representan un 6% del precio medio del alquiler en la almendra central de la capital o un 10% del coste de una plaza de guardería privada en municipios del cinturón metropolitano. No obstante el dato es positivo, las familias con más de un hijo pequeño siguen enfrentándose a una brecha importante entre ingresos y gastos.

Otras grandes ciudades han ensayado fórmulas más modestas. Barcelona, por ejemplo, ofrece un cheque de 100 euros al mes por hijo a cargo hasta los tres años, limitado a rentas bajas y con un techo mucho menor (unos 3.600 euros en total). La diferencia de escala subraya la apuesta diferencial de la Comunidad de Madrid, aunque el verdadero reto —dicen los expertos— sigue siendo el acceso a una vivienda asequible y una red pública de cuidados que evite que la ayuda se diluya en el coste de la cesta de la compra.

La ampliación presupuestaria aprobada este mes garantiza que la ayuda siga fluyendo sin sobresaltos durante 2026. La pregunta ahora es si el próximo ciclo presupuestario, en pleno año electoral, mantendrá el esfuerzo o si, como ha ocurrido con otros programas, la partida se ajustará a la baja. Mientras tanto, las 31.157 ayudas concedidas hasta la fecha atestiguan que la medida ha calado en una región donde tener un hijo sigue siendo, para muchas familias, una decisión que se mide en euros.

Madrid renueva los paneles de vidrio del Viaducto de Segovia con 23.000 €

Antonio Alonso
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Madrid renueva los paneles de vidrio del Viaducto de Segovia con 23.000 €

Con paciencia de artesano y rascador en mano, dos operarios retiran las viejas láminas protectoras de los paneles del Viaducto de Segovia. El vinilo, opaco por años de sol, lluvia y actos vandálicos, sale a tiras. Detrás queda el cristal, listo para recibir una nueva piel. La intervención, que comenzó ayer 8 de julio, supone una inversión de 23.000 euros y devolverá la nitidez a uno de los balcones más transitados hacia Madrid Río.

Según ha informado ABC, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, supervisó el arranque de los trabajos junto al concejal de Centro, Carlos Segura. La operación afecta a los 240 metros lineales de mamparas de vidrio (120 por cada sentido) y se prolongará entre 10 y 12 días, sin que ello suponga un gasto extra para las arcas municipales porque está incluida en el contrato de limpieza.

Por qué el viaducto vuelve a mudar de piel

Los paneles de cristal que hoy protegen a peatones y conductores se instalaron a finales de los años 90 con una doble misión: impedir los suicidios que durante décadas hicieron tristemente célebre el enclave y garantizar la seguridad de quienes cruzan el puente. En 2019 se añadieron los primeros vinilos protectores para evitar que los grafitis dañaran directamente el vidrio y facilitar su limpieza. Aquella lámina se renovó en 2023 y ahora, en 2026, vuelve a cambiarse.

Carabante lo explicó con una metáfora doméstica: “Es como el protector que ponemos en la pantalla del móvil”. El símil es certero. El vinilo soporta el desgaste diario, las pintadas y las inclemencias meteorológicas. Cuando se opaca o se llena de arañazos, se retira y se coloca uno nuevo, sin necesidad de sustituir el cristal, lo que ahorra costes y residuos.

Lo que el peatón gana en transparencia (y lo que no pierde durante las obras)

El proceso, que los operarios repiten cada media hora por mampara, consta de varios pasos: retirada del vinilo viejo con rascadores, aplicación de un líquido para disolver los restos de adhesivo, limpieza con agua y jabón, y colocación del nuevo material. La última pasada con espátula elimina las burbujas y pliegues. El resultado es un panel cristalino que devuelve las vistas despejadas hacia la cornisa oeste de la capital.

Mientras duran los trabajos, ni el tráfico ni el paso peatonal se interrumpen. Los operarios actúan panel a panel sin invadir la calzada. De hecho, la única molestia para los viandantes es el fuerte olor químico del adhesivo, que el calor de julio vuelve más penetrante. Nada que un paseo rápido no solvente.

La lámina antigua presentaba numerosos arañazos, marcas y un deterioro que dificultaba parcialmente la visión desde el mirador. Una vez concluida la renovación —prevista para el 19 o 20 de julio—, las fotografías y los selfis recuperarán la nitidez que el paso de los meses había ido robando.

El Viaducto de Segovia es mucho más que un puente: es un balcón con historia que cada pocos años necesita un lavado de cara para seguir siendo el mirador perfecto de Madrid Río.

23.000 euros bien empleados: ¿mantenimiento inteligente o solución de usar y tirar?

En esta redacción hemos consultado con fuentes municipales y la cifra se ajusta a lo esperado: 23.000 euros para renovar 240 metros lineales de vinilo equivale a unos 96 euros por metro. Teniendo en cuenta que el contrato de limpieza absorbe el coste sin generar partidas nuevas, la operación es económicamente eficiente. Sin embargo, queda en el aire una pregunta: ¿por qué los vinilos apenas duran tres años si están diseñados para soportar la intemperie?

El Ayuntamiento no ha detallado si se ha valorado el uso de materiales más duraderos. En ciudades como Barcelona, algunos miradores expuestos al vandalismo han optado por tratamientos antigrafiti integrados en el propio vidrio, lo que evita la sustitución periódica de láminas. Madrid, de momento, prefiere la solución de quita y pon, que aunque barata a corto plazo, obliga a intervenir cada poco tiempo.

Cabe recordar que el viaducto no solo es patrimonio histórico —se construyó hace más de 150 años con estructura de hierro y se forró de hormigón cuatro décadas después— sino también una de las principales puertas de entrada al centro y un símbolo de la capital. Mantenerlo impecable es una obligación. La próxima renovación, si se mantiene la cadencia actual, tocará en 2029. Para entonces, tal vez convenga preguntarse si no hay una alternativa que dure más de tres años.

Ópera gratis en Madrid: el Teatro Real proyecta ‘Romeo y Julieta’ al aire libre esta noche

Antonio Alonso
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Ópera gratis en Madrid: el Teatro Real proyecta ‘Romeo y Julieta’ al aire libre esta noche

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Vecinos y visitantes de Madrid que quieran disfrutar de ópera y ballet al aire libre de forma gratuita.
  • ¿Cuándo ocurre? Desde esta noche, jueves 9 de julio, hasta el domingo 12 de julio, con proyecciones diarias y visitas al teatro. Las sillas se ocupan por orden de llegada.
  • ¿Qué cambia hoy? La Plaza de Isabel II se convierte en un gran auditorio con 1.100 asientos disponibles y acceso gratuito a los espacios más emblemáticos del Teatro Real.

Madrid se viste de gala esta noche no para una alfombra roja, sino para una butaca al aire libre. La XI edición de la Semana de la Ópera del Teatro Real arranca con la proyección de ‘Romeo y Julieta’ en la Plaza de Isabel II, frente al Palacio Real. Y no será la única oportunidad: hasta el domingo, la plaza acogerá otras tres retransmisiones gratuitas, mientras el coliseo abre sus puertas sin coste para recorrer sus salones.

La apuesta por sacar la lírica a la calle no es nueva —esta iniciativa cumple once ediciones—, pero sí se consolida como el gran imán cultural del verano en el centro de la capital. Las 1.100 sillas se colocan mirando a una pantalla de grandes dimensiones y se asignan por riguroso orden de llegada, así que conviene madrugar o, al menos, no presentarse a última hora.

Ópera bajo las estrellas: así será la primera noche

La velada inaugural gira en torno a la ópera ‘Romeo y Julieta’ de Gounod, una de las últimas producciones que ha pasado por el escenario del Real. Se trata de una versión que actualiza la tragedia de Shakespeare sin perder su carga emocional y que, según la dirección artística, funciona especialmente bien en pantalla grande. La retransmisión comenzará al caer la noche, con el Palacio de Oriente como telón de fondo.

La plaza se transforma en un auditorio efímero donde se mezclan aficionados veteranos con vecinos del barrio y turistas que se topan con la escena de casualidad. Una fórmula que ya ha demostrado su eficacia: en ediciones anteriores, la ocupación rozó el lleno absoluto cada noche, con público incluso de pie en los laterales.

El resto de la semana: programa completo y visitas gratis

La Semana de la Ópera no se agota esta noche. El viernes se retransmitirá en directo ‘Il Trovatore’ de Verdi, un título de repertorio que clausura la temporada y que suele agotar taquilla. El sábado, el plato fuerte es ‘La novia vendida’, de Smetana, una ópera bufa que siempre gana cuando se comparte al aire libre. El domingo, la pantalla cede el turno a la danza con ‘El lago de los cisnes: la nueva generación’, una propuesta que tiende puentes entre el ballet clásico y las jóvenes compañías.

Pero la oferta gratuita va más allá de las proyecciones. Hasta el 12 de julio, el propio teatro —ese salón de espejos y terciopelo rojo que muchos madrileños solo conocen de pasada— se puede visitar sin pagar entrada. El acceso, por la plaza de Oriente, permite recorrer la caja escénica, la sala principal, los palcos y los salones. Una oportunidad para ver las tripas del coliseo y, de paso, entender que la ópera no es un museo.

El Real ha entendido que abrir las puertas —y la plaza— es la mejor manera de llenar el patio de butacas durante el resto del año.

Además, en en paralelo, la institución ha organizado sorteos a través de su web del Teatro Real: entradas para ‘Il trovatore’ y para ‘Manon Lescaut’ —que inaugurará la próxima temporada—, así como invitaciones para el concierto de Xabier Anduaga, espectáculos del ciclo Flamenco Real y hasta una suscripción anual a My Opera Player.

Cultura gratuita que no es solo para turistas

Observamos una tendencia que ya lleva más de una década: la cultura de primer nivel sale a la calle y Madrid responde. No es un capricho ni una operación de imagen. Cada butaca ocupada en la plaza es un potencial nuevo espectador para la temporada ordinaria. Y cada vecino que cruza por primera vez la puerta del Real es alguien que deja de ver el teatro como un espacio ajeno.

Sin embargo, la iniciativa también tiene sus sombras. Las 1.100 sillas son insuficientes si se mide la demanda de los últimos veranos; en 2025, en noches similares, se congregaron hasta 3.000 personas. Además, la asignación por orden de llegada penaliza a quienes trabajan hasta tarde o viven lejos del centro. Medidas complementarias, como una pequeña reserva previa por internet, todavía no se han explorado.

Con todo, el balance es favorable. La XI Semana de la Ópera refuerza la idea de que el Teatro Real pertenece a la ciudad entera, no solo a quienes pueden pagar un abono. Y lo hace con una programación que mezcla los grandes títulos con propuestas menos transitadas, justo cuando más falta hace llenar las noches de julio de algo que no sea solo calor.

La cita es esta noche. Las sillas, por orden de llegada. El resto, lo pone Verona en pleno Madrid de los Austrias.

Barcelona bate récord de calor con 41 grados y activa alerta para trabajadores en exteriores

Bea Tejero
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Barcelona bate récord de calor con 41 grados y activa alerta para trabajadores en exteriores

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A todos los residentes y trabajadores de Barcelona, especialmente las personas mayores, sin techo y quienes realizan actividad al aire libre.
  • ¿Cuándo ocurre? La alerta por calor intenso está activa desde el 8 de julio y se mantendrá mientras dure el episodio, que puede prolongarse varios días.
  • ¿Qué cambia hoy? El Ayuntamiento suspende la actividad física intensa en exteriores, refuerza la atención social y recomienda a las empresas medidas de protección laboral.

Barcelona ha batido este miércoles 8 de julio su récord histórico de temperatura máxima: el Observatori Fabra registró 40,9 °C, la cifra más alta en los 110 años de mediciones de que dispone esta estación de referencia.

Un récord que se pulveriza en solo dos años

El anterior máximo databa del 30 de julio de 2024, cuando los termómetros del mismo observatorio de la Aemet alcanzaron los 40 grados. Aquel valor se consideró entonces casi un hito inalcanzable, pero este miércoles lo ha superado en casi un grado. Los datos del Observatori Fabra, gestionado por la Agencia Estatal de Meteorología y la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, confirman que la ola de calor actual es la más intensa desde que existen registros fiables en la ciudad.

Y la cosa no afloja. Para este jueves 9 de julio, varios modelos numéricos apuntan a temperaturas aún más altas. No se descarta que el mercurio vuelva a batir el récord solo 24 horas después de haberlo pulverizado. La previsión del Servei Meteorològic de Catalunya mantiene activa la alerta por calor extremo en el litoral y prelitoral barcelonés.

El Ayuntamiento activa la fase de alerta y protege a los trabajadores

Ante esta situación, el Ajuntament de Barcelona ha pasado a la Fase Alerta de su protocolo por calor intenso. Según el comunicado oficial emitido el mismo 8 de julio, se han adoptado medidas inmediatas para proteger a los colectivos más vulnerables. Se suspenden temporalmente las actividades municipales que requieran esfuerzo físico intenso al aire libre, como las obras públicas o las sesiones deportivas organizadas. Además, se reforzará la atención a personas mayores y sin techo, con puntos de hidratación y refugios climáticos.

Uno de los puntos más novedosos es la protección de los trabajadores en exteriores. El consistorio recomienda a las empresas que adapten los horarios, eviten las horas centrales del día y proporcionen agua y sombra. Las inspecciones laborales se intensificarán durante los días de calor extremo, como ya ocurrió durante el anterior récord de 2024. El Ayuntamiento detalla las medidas en su web.

La cúpula de calor no da tregua y amenaza con más récords

Los meteorólogos coinciden en que la responsable es una cúpula de calor instalada sobre la península desde hace más de un mes. Esta masa de aire cálido estancada impide la entrada de vientos frescos y acumula el calor día tras día. Por eso cada jornada resulta más sofocante que la anterior, y los valores de temperatura siguen escalando.

El fenómeno tiene además una consecuencia casi desconocida en Barcelona: las noches infernales. Esta madrugada, la temperatura podría no bajar de los 30 °C, superando el anterior récord de mínima más alta (29,4 °C el 23 de agosto de 2023). Sería la primera noche infernal registrada en la ciudad, un término que se aplica cuando el termómetro no desciende de los 30 grados en toda la noche, impidiendo cualquier descanso fisiológico.

El calor intenso durará al menos 36 horas más, aunque un leve descenso el viernes podría dar algo de alivio antes de que el domingo llegue una nueva ola de calor que ya se dibuja en los modelos. La combinación de un calor diurno extremo y una noche que no desciende de los 30 grados sitúa a Barcelona en una situación de estrés térmico severo sin apenas medios de refrigeración accesibles para toda la población.

La combinación de un calor diurno extremo y una noche que no descenderá de los 30 grados convierte a Barcelona en una ciudad inhabitable sin recursos de refrigeración adecuados.

El Ayuntamiento mantendrá activado el plan de emergencia climática mientras dure el episodio, y recuerda que cualquier ciudadano puede llamar al 010 para informar de situaciones de riesgo. La experiencia del verano de 2024 demostró que la adaptación de los horarios laborales y el refuerzo de la atención social marcan la diferencia en las cifras de ingresos hospitalarios por golpes de calor.

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