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El contrabando de chips de Nvidia hacia China escala en Washington y amenaza la cotización del fabricante. Los fiscales federales han imputado a un hombre por enviar servidores con 300 millones de dólares en aceleradores de IA al mercado chino, mientras varios funcionarios estadounidenses sostienen que la compañía no hizo todo lo posible por frenar la trama.

Claves de la operación

• Detención y cifra millonaria. Las autoridades federales arrestaron a Greg Lui por introducir en China servidores con 300 millones de dólares en chips de IA, en violación de las leyes de exportación estadounidenses.
• Diligencia bajo sospecha. Funcionarios del Gobierno apuntan a lagunas en el control de Nvidia sobre sus clientes del sudeste asiático, con Tailandia y Singapur como escalas que reciben más pedidos de los que podrían consumir.
• Presión sobre la regulación. El escrutinio del Congreso condiciona las licencias de venta a China y la prima de valoración que el mercado paga por la exposición del fabricante a la IA.

Del secador de pelo rojo a los 2.500 millones de Super Micro

El caso no es un episodio aislado, sino la punta de un entramado. A principios de año, las autoridades difundieron un vídeo de vigilancia en el que un operario utilizaba un secador de pelo rojo para despegar las pegatinas con el número de serie de las cajas de servidores de Nvidia. El objetivo era camuflar hardware restringido y colocarlo en el mercado chino sin levantar sospechas aduaneras.

La trama más documentada salpica al mayorista Super Micro. Según la acusación, colaboradores de la compañía —entre ellos su cofundador Yih-Shyan ‘Wally’ Liaw— buscaron compradores en China y vendieron cerca de 2.500 millones en servidores a OBON, una empresa con sede en Bangkok. Sobre el papel, OBON levantaba infraestructura de IA en Tailandia; en la práctica, los equipos viajaban directamente a usuarios finales chinos.

El pulso por las licencias a China enfrenta a Huang con el Congreso

Los funcionarios creen que Nvidia debió detectar la anomalía. OBON no disponía de la capacidad física para alojar los equipos que compró: 100 megavatios de espacio de centro de datos, cuando Tailandia apenas suma unos cientos de megavatios de infraestructura de IA en funcionamiento. ‘Nunca sentí que obtuviéramos una respuesta clara de cómo es posible que tantos chips fueran a la región del sudeste asiático si no atendían a clientes en China’, señaló Daniel Remler, exresponsable de política de IA del Departamento de Estado.

La compañía rechaza esa lectura. Un portavoz sostiene que ‘el plan de crecimiento de una empresa emergente en una nación amiga es una oportunidad para EEUU, no una bandera roja’, y defiende que los servidores con chips de Nvidia son activos financiables que ayudan a las empresas emergentes a captar capital. El fabricante añade que el avance de Huawei en chips de IA reduce la necesidad china de recurrir al contrabando.

El fabricante vende la versión de que no hace falta contrabandear sus chips; Washington responde con detenciones y con números que apuntan a lo contrario.

En paralelo, Bloomberg ha reportado que operadores del oeste de China levantaban decenas de centros de datos capaces de alojar 115.000 procesadores restringidos de Nvidia. Las mismas fuentes apuntan a que Pekín ya habría introducido esa cantidad de chips y más. La cifra, si se confirma, convertiría el goteo en un flujo de escala industrial.

Por qué el mercado tolera el riesgo regulatorio de Nvidia

Para entender la magnitud del pulso conviene recordar la posición que Nvidia ha construido en menos de una década. La compañía pasó de fabricar tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en el proveedor casi obligado de la infraestructura de IA, y ese liderazgo le ha permitido capturar márgenes que ningún otro fabricante de semiconductores iguala. En España, el despliegue de centros de datos que aspira a atraer inversión de los grandes proveedores de nube depende, en buena medida, de los mismos aceleradores que ahora protagonizan el pulso comercial.

La estrategia esconde una contradicción incómoda. Mientras la empresa asegura cumplir la ley, su consejero delegado, Jensen Huang, ha presionado para relajar los controles a China y convenció al Gobierno de Trump de permitir la venta de aceleradores Hopper H200. El respaldo en el Congreso a endurecer las normas es tibio, salvo en halcones como la senadora Elizabeth Warren, que criticó con dureza que Huang rechazara testificar en el Capitolio.

El desenlace depende de un hito que el mercado vigila de cerca: si el Congreso reactiva una legislación más estricta o si la próxima presentación de resultados de Nvidia vuelve a poner el foco sobre su exposición a Asia. La cotización ha aprendido a convivir con el ruido regulatorio, pero cada detención añade un dato nuevo a la ecuación. El riesgo no es que prohíban vender chips; es que descubran cuántos ya cruzaron la frontera sin que nadie los contara.

Nuevo México reclama a Meta hasta 40.000 millones de dólares por el escándalo de Cambridge Analytica. La fiscalía del estado ha pedido a un juez que condene a la compañía a pagar entre 35.000 y 40.000 millones, una cifra que busca ser lo bastante alta como para que la empresa de Mark Zuckerberg sienta el golpe en su balance y en su cotización.

Claves de la operación

• La horquilla rompe cualquier precedente. El estado pide entre 35.000 y 40.000 millones, aunque el veredicto del jurado le permitiría reclamar hasta 219.000 millones bajo la ley de prácticas desleales de Nuevo México.
• Meta contraataca con un tope a la baja. La compañía solicita al juez que limite la sanción a 3.450 millones y sostiene que el estado no probó que ningún residente fuera engañado directamente.
• El jurado apuntó a las declaraciones públicas. De 29 manifestaciones de Meta examinadas, 26 fueron consideradas engañosas, lo que sustentó las 43 millones de infracciones contabilizadas en el estado.

Un veredicto que habilita hasta 219.000 millones

El litigio arrancó en 2021, cuando Nuevo México demandó a la compañía por haber engañado a sus usuarios sobre sus prácticas de privacidad. La firma británica Cambridge Analytica, según la acusación, cosechó información de más de 50 millones de perfiles de Facebook sin consentimiento para diseñar campañas publicitarias de carácter político.

A finales de septiembre, un jurado dio la razón al estado. Sus miembros concluyeron que la empresa vulneró la ley de prácticas desleales de Nuevo México y que indujo a error a los residentes tanto sobre la privacidad como sobre el modo en que gestiona la desinformación. Bajo ese veredicto, la Fiscalía podría haber reclamado hasta 219.000 millones de dólares. La cifra habla por sí sola.

La fiscal del estado, Randi McGinn, quiere que la condena sea lo bastante contundente como para tener un impacto real. Sostiene que el tribunal debe hablarle a Meta ‘en el único idioma que entiende, que es el dinero, y el valor de su cotización’. McGinn confía en que la cantidad solicitada se mantenga incluso si la compañía recurre ante el Tribunal de Apelaciones. El pulso, en cualquier caso, será largo.

Meta, por su parte, pide al juez que limite la sanción a 3.450 millones. La compañía argumenta que Nuevo México no logró demostrar que ninguno de sus residentes fuera realmente engañado por sus declaraciones. El juez emitirá su decisión a lo largo de este mes de octubre.

La sanción no se mide por la cifra que finalmente se pague, sino por el precedente que deja abierto para el próximo estado que se atreva a reclamar lo mismo.

La presión que Meta ya conoce desde Bruselas

La cifra que maneja Nuevo México desborda cualquier comparación con el marco sancionador europeo, aunque la lógica es la misma. En 2023, el regulador irlandés impuso a Meta una multa récord de 1.200 millones de euros, por las transferencias de datos de usuarios europeos a Estados Unidos, la mayor sanción aplicada hasta entonces bajo el Reglamento General de Protección de Datos.

El salto de escala es abismal. Los 40.000 millones que ahora reclama el estado norteamericano equivalen a más de treinta veces aquel récord, y sitúan el debate en un terreno que Bruselas todavía no ha pisado: la multa como herramienta de disuasión estructural, no como compensación por un daño concreto. Ahí está el salto.

No es el único frente abierto. La compañía afronta causas similares en otros estados y un escrutinio creciente sobre cómo trata los datos de los menores. La resolución de Nuevo México puede marcar la pauta de los tribunales que vienen detrás.

Lo que se juega el accionista con una multa de récord

Conviene recordar que el punto débil de la defensa de Meta es la contabilidad de las infracciones. El jurado contabilizó 43 millones de vulneraciones de la ley de protección al consumidor, calculadas a partir del número de usuarios de Facebook en el estado que fueron audiencia de esos mensajes. Cada infracción tiene su propio precio, y de ahí sale la horquilla que el juez debe cerrar ahora.

Para el inversor, el problema no es solo la cifra. Una condena de este calibre activaría un debate más amplio sobre la exposición legal acumulada de la compañía en Estados Unidos, en un momento en el que el escrutinio regulatorio sobre las plataformas se ha convertido en un riesgo estructural del sector. Los analistas llevan meses incorporando esa variable a sus valoraciones, aunque ningún modelo contemplaba un escenario de 40.000 millones en un solo estado.

En Europa, la Agencia Española de Protección de Datos y sus homólogas llevan años reclamando un marco sancionador con más mordiente. El caso de Nuevo México les da argumentos: una multa que no duele en la cuenta de resultados no disuade. Bruselas ha castigado a las grandes tecnológicas bajo el GDPR, pero con topes muy inferiores a los que ahora maneja un solo estado estadounidense. La pregunta que queda abierta es si el regulador europeo se atreverá a mover ficha en la misma dirección.

La decisión del juez llegará este mes. Si Meta pierde en primera instancia, la apelación está garantizada y el caso podría tardar años en resolverse. Ahí es donde la estrategia de McGinn cobra sentido: en el lenguaje del mercado, una cifra lo bastante alta como para figurar en los titulares pesa más que la probabilidad real de cobrarla.