Trump llega a Turquía para la cumbre de la OTAN con la Alianza dividida sobre gasto en defensa y el conflicto con Irán

Jack Williams
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Trump llega a Turquía para la cumbre de la OTAN con la Alianza dividida sobre gasto en defensa y el conflicto con Irán

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Donald Trump ha aterrizado en Ankara para la cumbre de la OTAN. Ha anunciado el fin de las sanciones a Turquía y se han producido ataques de la Armada estadounidense contra buques iraníes en el Golfo Pérsico.
  • ¿Quién está detrás? Trump y el secretario de Estado Marco Rubio lideran la ofensiva diplomática, con Recep Tayyip Erdoğan como anfitrión y la OTAN presionada para asumir la iniciativa ‘3.0’.
  • ¿Qué impacto tiene? El debate sobre el gasto en defensa (el 2% del PIB) y la crisis con Irán definen la agenda. Para España, la presión para aumentar el presupuesto militar y el encarecimiento de la energía marcan las claves.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aterrizado este martes en Ankara para participar en una cumbre de la OTAN marcada por las divisiones sobre el gasto en defensa y la escalada con Irán. La llegada de Trump estuvo acompañada de un gesto inmediato: la suspensión de las sanciones contra Turquía, mientras Washington confirmaba ataques selectivos contra buques comerciales vinculados a Irán.

La bienvenida de Recep Tayyip Erdoğan a pie de pista fue la primera señal: Turquía se consolida como un aliado imprescindible en el flanco oriental de la Alianza Atlántica . Trump anunció que trabaja con el secretario de Estado, Marco Rubio, para levantar las restricciones heredadas de la administración anterior y reconstruir la cooperación bilateral. En paralelo, la Armada estadounidense atacó a tres embarcaciones comerciales en el Golfo Pérsico, vinculadas a envíos de material militar iraní.

La presión del 2% y la ‘OTAN 3.0’: una Alianza que se redefine

El corazón de la cumbre es la iniciativa ‘OTAN 3.0’, un plan para que los aliados europeos asuman la carga de su propia defensa. Según el secretario general Mark Rutte, los ajustes ya están en marcha: capacidades que EE. UU. retira están siendo cubiertas total o parcialmente por otros miembros. La Casa Blanca insiste en que no se trata de una retirada, sino de una redistribución de responsabilidades. Pero las cifras pesan. En 2025, Estados Unidos destinó a defensa unos 980.000 millones de dólares, prácticamente el doble del gasto combinado de todos los demás miembros.

España se sitúa entre los aliados que aún no alcanzan el umbral del 2% del PIB y, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado las partidas, la distancia con los objetivos de la cumbre es evidente. La iniciativa ‘3.0’ exige también interoperabilidad tecnológica y un uso masivo de inteligencia artificial, un salto que exigirá inversiones millonarias a medio plazo.

El trasfondo es estratégico. Según fuentes citadas por el diario The Wall Street Journal, el Pentágono habría cancelado un plan previo para retirar aviones y buques de las asignaciones de respuesta rápida de la OTAN. El mensaje es ambiguo: presión para que Europa pague más, pero sin generar una fractura irreversible en un momento en que la amenaza iraní se suma a la guerra en Ucrania.

Turquía, la pieza clave frente a Irán

El gesto de levantar las sanciones no es casual: Ankara y Washington necesitan coordinar la respuesta al régimen de los ayatolás. Los ataques de la Armada a barcos iraníes este mismo lunes subrayan la urgencia. Un portavoz del Mando Europeo de Estados Unidos explicó en un comunicado que los recortes de tropas y equipos son parte de la nueva arquitectura ‘3.0’, pero la prioridad inmediata es contener a Irán. Para ello, Turquía controla los estrechos y la inteligencia regional.

La decisión no está exenta de riesgos: algunos aliados temen que la concesión a Erdoğan diluya la exigencia de reformas democráticas. Sin embargo, en el Ala Oeste la lectura es pragmática. Trump cumple su promesa de alejarse de los conflictos que no sean de interés vital y, al mismo tiempo, demuestra que su doctrina ‘America First’ no equivale a aislacionismo.

Cada movimiento de Trump en Ankara —desde el fin de las sanciones hasta los ataques a barcos iraníes— es un mensaje: la protección de EE. UU. no es gratuita, pero se puede negociar.

La Lógica de Washington

Para comprender la hoja de ruta de Trump en esta cumbre hay que remontarse a la década de 1980, cuando Ronald Reagan presionó a los aliados europeos para que aumentaran sus presupuestos militares mientras Washington asumía el coste de la disuasión nuclear. La diferencia es que ahora Trump no se limita a pedir más dinero: está retirando activos y forzando a una reorganización estructural. La Casa Blanca argumenta que Europa debe protegerse sola para que Estados Unidos pueda centrarse en la competencia con China.

Esta lógica explica la doble jugada con Turquía. Al eliminar las sanciones, Trump obtiene un socio clave para vigilar a Irán sin necesidad de desplegar más tropas. Y el episodio de los ataques a buques demuestra que la capacidad de respuesta estadounidense sigue siendo la última red de seguridad de la Alianza. Es una técnica de negociación clásica: reducir la presencia permanente, pero conservar el poder de intervención.

Para España, el impacto es doble. Por un lado, la presión sobre el gasto en defensa se intensificará: el debate sobre el envío de material a Ucrania y la modernización tecnológica obligarán a revisar las prioridades presupuestarias. Por otro, cualquier escalada en el Golfo Pérsico encarece el petróleo, y las empresas españolas con intereses en la región —como algunas del sector energético— deberán recalibrar sus estrategias. La próxima cumbre de ministros de Defensa de la OTAN, prevista para octubre, será la primera prueba de fuego tras lo pactado en Ankara.

Ficha del Caso

  • El caso: Donald Trump utiliza la cumbre de la OTAN en Turquía para imponer su agenda de gasto en defensa, mientras aprovecha el acercamiento a Erdoğan para aislar a Irán con acciones militares limitadas.
  • Datos clave: El gasto militar de EE. UU. en 2025 alcanzó los 980.000 millones de dólares, frente a los menos de 100.000 millones de cualquiera de los grandes aliados europeos. La iniciativa ‘OTAN 3.0’ busca una redistribución de cargas por valor de hasta 50.000 millones de dólares en activos retirados.
  • Para España: La presión para que el presupuesto de defensa se acerque al 2% del PIB se volverá ineludible, con un coste político y económico que podría tensar al Gobierno. La escalada con Irán amenaza con repuntes en los precios de la energía y afecta a la seguridad de las rutas comerciales.

La consejera de Hacienda de Canarias advierte: la regla del gasto asfixia las cuentas autonómicas y exige revisión

Marta Iglesias
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La consejera de Hacienda de Canarias advierte: la regla del gasto asfixia las cuentas autonómicas y exige revisión

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián, denunció ayer en el CPFF que la regla de gasto estatal del 4% asfixia las cuentas autonómicas.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de Canarias, que acumula superávit y una deuda muy por debajo del límite, pero no puede destinar los ingresos crecientes a servicios públicos.
  • ¿Qué impacto tiene? Miles de millones quedan bloqueados para sanidad, educación y políticas sociales mientras los ingresos fiscales de la comunidad crecen entre un 8% y un 9%.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, lanzó ayer una advertencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): la regla de gasto del 4% está asfixiando las cuentas autonómicas y exige una revisión inmediata.

El desajuste entre los ingresos y la regla de gasto

Los números no cuadran. Mientras la recaudación fiscal de las islas aumenta entre un 8% y un 9% anual, la regla de gasto —establecida en 2024 fija un techo del 4% para el crecimiento del gasto público. Esa diferencia obliga a la comunidad a acumular un excedente que no puede destinar a cubrir las necesidades de los canarios. “Esto significaría que tendríamos que sustraerles a los ciudadanos fondos que deberían ir destinados a políticas sociales, sanidad o educación para cumplir la regla de gasto”, explicó la consejera a la salida de la reunión, según el comunicado del Gobierno de Canarias.

Asián recordó que la postura del ejecutivo autonómico no ha variado desde que se introdujeron las nuevas reglas fiscales en 2024: “Hay una incoherencia entre la cuantificación numérica de la regla del gasto y los ingresos que se obtienen a través del sistema de financiación autonómico”. La brecha se ha vuelto estructural: los ingresos crecen al calor de la actividad económica y el Estado impide gastarlos.

Canarias no tiene deuda suficiente que justifique semejante corsé. La comunidad arrastra un endeudamiento que equivale a la mitad de la exigencia prevista para 2029, por lo que la norma carece de sentido en el archipiélago. “La regla de gasto tiene sentido cuando existe una deuda importante y es necesario amortizarla; pero en nuestro caso resulta incomprensible tener que utilizar el superávit a amortizar deuda”, insistió.

Una comunidad sin deuda y con superávit: la contradicción fiscal

La paradoja fiscal de las islas aflora cada reunión del CPFF. Mientras otras autonomías acumulan pasivos que superan el 30% del PIB regional, Canarias se mantiene en niveles de deuda mínimos. El superávit de la comunidad ha crecido sistemáticamente desde la pandemia, pero la regla de gasto lo convierte en una caja fuerte cerrada.

“La situación que tenemos en Canarias es clara. Tenemos que decidir inexorablemente satisfacer las necesidades de los canarios con los ingresos que tenemos y eso es lo que haremos, siempre respetando la disciplina fiscal en materia de equilibrio estructural y deuda, como establece la Constitución española”, afirmó la consejera. La advertencia deja poco margen a la interpretación: el Gobierno de Canarias piensa gastar lo que recauda, y si el Estado no flexibiliza la norma, el conflicto está servido.

Canarias no tiene deuda y su superávit crece; la regla de gasto se ha convertido en un castigo fiscal que impide atender las necesidades de los canarios.

El Pulso Territorial

El actual ejecutivo canario, sustentado por una coalición entre Coalición Canaria y el PSOE, ya ha trasladado en varias ocasiones su malestar con unas reglas fiscales que considera ajenas a la realidad insular. La llegada del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha sido valorada positivamente por la consejera, que destaca una actitud más receptiva. Sin embargo, el margen de maniobra del Gobierno central es estrecho: cualquier flexibilización unilateral de la regla de gasto chocaría con el marco de estabilidad presupuestaria europeo.

La comunidad parte de una posición financiera saneada que pocas autonomías pueden exhibir. Mientras el conjunto de las comunidades autónomas españolas arrastra una deuda media cercana al 22% del PIB, Canarias apenas supera el 12%. Esa ventaja fiscal, unida al crecimiento de la recaudación, convierte la rigidez de la norma en un boomerang político: el ejecutivo regional no puede rentabilizar su buena gestión ante los ciudadanos. En las próximas semanas se espera que el CPFF vuelva a debatir posibles correcciones técnicas a la regla de gasto, aunque una reforma de fondo sigue sin estar sobre la mesa. El calendario electoral canario de 2027 añade presión: si el bloqueo se prolonga, los servicios públicos seguirán nutriéndose de unos ingresos cada vez mayores pero artificialmente limitados.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno de Canarias denuncia que la regla de gasto estatal del 4% le impide utilizar el superávit para sanidad, educación y políticas sociales, pese a que sus ingresos fiscales crecen al 8-9%.
  • Datos importantes: La comunidad no tiene deuda significativa (la mitad de la exigencia para 2029) y acumula superávit desde la pandemia. La regla de gasto se fijó en 2024 y el CPFF la mantiene rígida.
  • Resumen: La consejera Matilde Asián anunció que el ejecutivo canario gastará lo recaudado “inexorablemente”, mientras el nuevo ministro Arcadi España se muestra dialogante pero sin compromisos concretos. La próxima reunión del CPFF podría incluir el debate de ajustes técnicos, aunque una reforma profunda sigue lejos.

Los ataques de EE.UU. a Irán que disparan el riesgo energético de España

Amparo Soler
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Los ataques de EE.UU. a Irán que disparan el riesgo energético de España

Una escalada militar a 5.000 kilómetros de distancia amenaza con encarecer la factura energética de cada hogar español. El eco de las explosiones en el estrecho de Ormuz llega a la península en forma de barril de crudo más caro, y la pregunta no es si nos afectará, sino cuánto.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 9/10. La interrupción del tránsito por Ormuz golpea de lleno la seguridad de suministro y el precio de la energía en España, un país que importa casi la totalidad del crudo que consume.

Qué pasó en el mar: una tregua que saltó por los aires

El 7 de julio, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) lanzó una serie de ataques aéreos contra objetivos iraníes en respuesta a la agresión de Teherán contra tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Entre los barcos atacados había un gasero de bandera catarí y un petrolero saudí. Hubo daños materiales, pero ninguna víctima, un detalle que apenas amortigua la gravedad del órdago. El ataque rompió de facto la frágil tregua alcanzada semanas atrás, un alto el fuego que ya se tambaleaba desde el primer día.

Estados Unidos calificó la acción iraní de «injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego». La respuesta de Washington fue inmediata y quirúrgica: «imponer costes elevados» a Irán por poner en jaque la navegación internacional. Vamos por partes, porque lo que parece un conflicto regional encierra un terremoto económico que cruza continentes y se planta en el recibo de la luz de una familia en Zaragoza.

Por qué este ataque golpea a España de lleno

Aquí está la clave: el estrecho de Ormuz es el tapón de la botella del petróleo mundial. Por ese paso de apenas 33 kilómetros de ancho transita una quinta parte del crudo que se consume en el planeta. Para un país como España, que importa más del 60% de su energía, el temblor es sísmico. No tenemos grandes yacimientos ni alternativa inmediata. El gas argelino y las renovables ayudan, pero el petróleo sigue moviendo el transporte, la industria y la petroquímica.

Conviene recordar que en crisis anteriores, como la tensión en el golfo Pérsico de 2019, el precio del barril de Brent se disparó un 5% en cuestión de horas. Ahora, con una tregua hecha añicos y sanciones renovadas, el escenario es más volátil. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó de inmediato la Licencia General X, que desde junio permitía ciertas operaciones con petróleo iraní, y la sustituyó por una nueva licencia mucho más restrictiva. Traducido: menos crudo iraní en el mercado, más presión sobre los precios y una factura energética que se encarece para las empresas y los hogares españoles.

El precedente que ya mordió a la economía española

El detalle que casi nadie cuenta es que España ya sufrió en carne propia un choque similar. En 2022, la invasión rusa de Ucrania disparó el gas y la electricidad hasta niveles récord, y la inflación se comió el poder adquisitivo de millones de familias. El Banco de España calculó entonces que cada subida de 10 euros en el barril de crudo restaba hasta tres décimas de crecimiento al PIB español en un año. La diferencia ahora es que el foco del incendio no está en el Báltico, sino en el corazón del Golfo, justo donde confluyen las rutas de suministro de los grandes productores de la OPEP.

Retrocedamos un momento. Arabia Saudí y Catar ya han responsabilizado a Teherán por los ataques a sus buques, denunciando que estas acciones ponen en riesgo la seguridad del suministro energético global. Cuando Riad y Doha alzan la voz al unísono, el mercado escucha. El crudo no solo sube por el disparo de un misil; sube porque se instala la prima de riesgo geopolítico, esa variable invisible que encarece los futuros y que acaba en los surtidores de la gasolina.

España importa más del 60% de su energía y el estrecho de Ormuz es la llave de paso de una quinta parte del crudo mundial.

Por si fuera poco, la reacción estadounidense añade otra capa de incertidumbre. Al retirar el alivio a las exportaciones petroleras iraníes, Washington estrecha un mercado ya tenso. Los analistas apuntan a que, si la escalada persiste, el barril podría superar los 100 dólares en semanas. Para España, cada euro que sube el combustible es un lastre para la recuperación y un mordisco a la competitividad de sectores como el turismo, el transporte de mercancías o la agricultura intensiva. El Gobierno mira de reojo sus reservas estratégicas, pero la mejor defensa sigue estando en Bruselas: una compra conjunta de gas y una aceleración de las renovables que reduzcan la dependencia de dictados geopolíticos ajenos.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Estados Unidos bombardeó objetivos iraníes en respuesta a ataques de Teherán contra buques en el estrecho de Ormuz, violando un alto el fuego pactado semanas antes.
  • Datos importantes: España importa más del 60% de su energía. El estrecho de Ormuz canaliza el 20% del tránsito mundial de petróleo. El Brent podría superar los 100 dólares por barril si la tensión continúa.
  • Resumen: La escalada bélica golpea la seguridad energética de España, encarece el crudo y amenaza con restar crecimiento económico, replicando el shock inflacionario de crisis geopolíticas anteriores.

El Brent cae a 70 dólares: la OPEP y la débil demanda asiática devuelven el crudo a niveles previos al conflicto con Irán

Jack Williams
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El Brent cae a 70 dólares: la OPEP y la débil demanda asiática devuelven el crudo a niveles previos al conflicto con Irán

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Brent ha caído a 70 dólares por barril, el nivel anterior al estallido de la guerra entre EE.UU. e Irán en febrero, gracias al aumento de la oferta de la OPEP y la escasa demanda asiática.
  • ¿Quién está detrás? Arabia Saudí, líder de la OPEP, recortó bruscamente sus precios oficiales; China, el mayor importador mundial, redujo sus compras. Donald Trump ultima un acuerdo de paz que reabra el tránsito por el estrecho de Ormuz.
  • ¿Qué impacto tiene? El abaratamiento del crudo alivia la factura energética de España —cada 10 dólares menos ahorra unos 4.300 millones de euros al año— y relaja la presión inflacionista global.

El precio del petróleo ha vuelto a los 70 dólares por barril, exactamente la misma cotización que marcaba antes de que Washington e Israel lanzaran su ofensiva contra Irán a finales de febrero. El Brent, referencia para Europa, cerró el viernes en 72 dólares y este martes cayó hasta los 70, según los datos de mercado que maneja Moncloa.com.

La corrección tiene una explicación triple. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con Arabia Saudí al frente, incrementó la oferta y aplicó un recorte agresivo de sus precios oficiales. En paralelo, la demanda asiática se ha debilitado, con China —primer importador mundial— reduciendo compras. Además, la exención de sanciones al crudo iraní, concedida para facilitar las negociaciones de paz, ha añadido barriles al mercado.

Por qué el crudo se desploma mientras el Estrecho de Ormuz sigue en tensión

Hace solo tres meses, el Brent coqueteaba con los 90 dólares y los analistas anticipaban una espiral inflacionista. Ahora, la combinación de oferta abundante y demanda menguante ha inclinado la balanza a favor de los compradores. “La débil demanda asiática, especialmente de China, junto con la exención de sanciones al crudo iraní, ha intensificado la competencia entre vendedores y ha inclinado el mercado a favor de los compradores”, explica la analista Emma Li en declaraciones a Reuters.

Arabia Saudí, miembro clave de la OPEP, ha sido determinante. Su decisión de recortar los precios oficiales de venta —conocida como OSP, por sus siglas en inglés— fue interpretada por el mercado como una señal de que Riad prefiere defender su cuota a costa de menguar sus márgenes. A eso se sumó un incremento real de bombeo que, según fuentes de la industria, ha sorprendido incluso a los operadores más escépticos.

Por el lado de la geopolítica, aunque las tensiones en el Estrecho de Ormuz no han desaparecido —el lunes se registró un ataque a un petrolero qatarí por parte de fuerzas iraníes—, el mercado ha aprendido a convivir con este ruido. El propio Donald Trump advirtió el lunes que “o alcanzamos un acuerdo o terminamos el trabajo”. Pero el barril apenas se inmutó al día siguiente.

Trump y la lógica electoral de los precios del petróleo

El presidente de Estados Unidos necesita gasolina barata. Con las elecciones de mitad de mandato en noviembre, la Casa Blanca sabe que los votantes castigan las subidas en el surtidor. Por eso, desde marzo, la administración ha oscilado entre la presión militar y la oferta diplomática a Irán para reabrir el tránsito por el Estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del suministro mundial.

“La situación alrededor del estrecho sigue sin resolverse, pero desde marzo argumentamos que ambas partes deberían tener interés en contener el conflicto”, señala Holger Schmieding, economista jefe de Berenberg. “El presidente necesita que los precios del petróleo bajen antes de las elecciones legislativas, y el régimen iraní necesita los ingresos derivados de un posible alivio de las sanciones”, añade.

La ecuación, pues, es de manual: paz por petróleo barato. Y aunque la paz no está sellada, el mero gesto de negociar ya ha servido para calmar a unos mercados que hace unas semanas temían un cierre prolongado del Estrecho.

El Brent a 70 dólares deshace, en apenas unas semanas, la prima de guerra que tensionó los surtidores y los índices de inflación durante la primavera.

La Lógica de Washington

La administración Trump entiende el precio de la energía como un termómetro de su gestión económica. No es una estrategia nueva. Ronald Reagan ya presionó a Arabia Saudí en 1986 para que abriera los grifos y hundiera los ingresos soviéticos; y en su primer mandato, Trump tuiteó decenas de veces contra la OPEP cuando el barril repuntaba. Hoy la receta es la misma: más oferta, menos precio.

Por supuesto, esta lógica no responde solo a un cálculo electoral. Un crudo barato abarata los costes industriales, reduce el déficit comercial y mantiene contenida la inflación, el enemigo número uno de la Reserva Federal. Es una herramienta de política económica que Washington utiliza sin complejos, por más que Bruselas lo lea a veces como un capricho presidencial.

Para España, la bajada del Brent es una noticia excepcionalmente buena. Cada descenso de 10 dólares por barril reduce la factura energética nacional en en alrededor de 4.300 millones de euros anuales, según estimaciones de la industria que maneja Moncloa.com. Ese ahorro se traslada directamente a los surtidores —el litro de gasolina ya roza los 1,40 euros, lejos de los 1,70 de la primavera—, alivia el recibo de la calefacción y, sobre todo, relaja el IPC. Un IPC más bajo le da margen al Banco Central Europeo para seguir bajando los tipos de interés, lo que beneficia de forma inmediata a los hipotecados españoles.

Quedan incógnitas. Si las negociaciones con Irán fracasan y Trump cumple su amenaza de reanudar los ataques, la prima de guerra podría regresar en cuestión de horas. Pero por ahora, el mercado apuesta por el acuerdo. La próxima reunión de la OPEP, prevista para septiembre, confirmará si Arabia Saudí mantiene su estrategia de volumen o si, por el contrario, prefiere defender el precio. Hasta entonces, el grifo sigue abierto. Y Washington, en silencio, celebra el precio de la gasolina.

Ficha del Caso

  • El caso: La confluencia de una mayor oferta de la OPEP, una demanda asiática débil y la expectativa de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán han devuelto el Brent a 70 dólares por barril, el nivel previo a la guerra.
  • Datos clave: El Brent cayó de 72 a 70 dólares entre el viernes y el martes. Arabia Saudí recortó sus precios oficiales. China redujo compras. Trump advirtió que podría “terminar el trabajo” si no hay paz, pero el mercado no reaccionó al alza.
  • Para España: El ahorro en la factura energética se cifra en unos 4.300 millones anuales por cada 10 dólares de bajada. La gasolina ya ha bajado a 1,40 euros/litro, y la menor inflación allana el camino a nuevas rebajas de tipos del BCE.

Extremadura ve inviable el déficit del 0,1% en 2027 y rechaza el reparto asimétrico en el CPFF

Marta Iglesias
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Extremadura ve inviable el déficit del 0,1% en 2027 y rechaza el reparto asimétrico en el CPFF

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó unos objetivos de déficit del 0,1% y un techo de gasto del 4% para 2027 con el rechazo de Extremadura y del resto de CCAA del PP.
  • ¿Quién está detrás? La consejera de Hacienda extremeña, Elena Manzano, denuncia que esos números son inalcanzables sin una reforma del sistema de financiación.
  • ¿Qué impacto tiene? La Junta avisa de que la falta de recursos pone en riesgo servicios públicos y exige que el nuevo modelo, que se debatirá el 29 de julio, sea multilateral y no asimétrico.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (el CPFF, órgano que reúne al Ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas para fijar los objetivos de estabilidad) vivió este lunes una votación con el “no” rotundo de Extremadura y el resto de regiones gobernadas por el PP. La senda fiscal para 2027-2029 que salió adelante —déficit del 0,1% del PIB y techo de gasto del 4%— es, según la consejera extremeña de Hacienda, Elena Manzano, “difícil de cumplir” y carece de base si no se reforma antes el sistema de financiación autonómica.

Unas metas fiscales que la Junta considera inalcanzables

Manzano compareció este martes tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y detalló los sobrecostes que el Estado descarga sobre las comunidades. “Los compromisos estatales de gasto superan con creces esos objetivos”, afirmó, y enumeró la subida salarial del 4,5%, al personal público, cuyo coste recae en las CCAA, los 200 millones que el Ejecutivo central adeuda a Extremadura por la atención a la dependencia —financiada al 50% en otras regiones—, la bajada de la ratio en las aulas o el plan de vivienda. La administración extremeña calcula que el margen real para 2027 se agota antes de llegar al 0,1% de déficit.

La consejera subrayó que la oposición fue “unánime” entre las catorce CCAA que acudieron al CPFF, aunque las tres comunidades autónomas gobernadas por el PSOE —Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias— votaron posteriormente a favor. Todas ellas, según Manzano, expusieron las mismas dificultades que el resto, pero el voto político salvó la propuesta del Ministerio.

Rechazo al déficit asimétrico y la cita del 29 de julio

La portavoz extremeña fue especialmente contundente al hablar de la posibilidad de establecer déficits distintos por territorio. “Nadie lo esperaba porque no lo comentamos en ningún momento” durante la reunión, aseguró. A su juicio, un reparto asimétrico rompería el principio de igualdad y daría a unas comunidades más capacidad de endeudamiento y, con ello, de prestar mejores servicios. “España es un Estado unitario con distintas regiones y nacionalidades, y las decisiones sobre la capacidad financiera deben ser conjuntas”, remachó.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha convocado a los consejeros el próximo 29 de julio para debatir su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. Manzano le ha pedido que “se tome en serio su trabajo” y ha recordado que 14 CCAA rechazaron el borrador anterior, que dejaba “cero euros de 21.000 millones para Extremadura”. La Junta defiende la multilateralidad y rechaza de plano cualquier negociación bilateral.

En Extremadura, la financiación no es un debate de despacho: es la llave que abre o cierra servicios públicos en una comunidad con una deuda histórica en dependencia y sin margen fiscal para maniobrar.

El Pulso Territorial

Extremadura está gobernada desde 2023 por una coalición del PP y Vox, con la popular María Guardiola al frente. El choque con el Gobierno central, del PSOE, es constante y la financiación autonómica se ha convertido en el principal caballo de batalla. La consejera Manzano, también portavoz de la Junta, no solo votó en contra en el CPFF, sino que ha elevado el tono hasta amenazar con acudir al Tribunal Constitucional si el nuevo modelo no respeta el equilibrio territorial.

La posición extremeña coincide con la de otras comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León o Murcia, pero va más allá al exigir que la reforma del sistema sea anterior a cualquier meta de déficit. Mientras la media nacional de deuda autonómica roza ya el 20% del PIB, Extremadura arrastra una dependencia estructural de las transferencias del Estado que la hace especialmente vulnerable a cualquier ajuste.

El CPFF del 29 de julio será la primera prueba real de fuego para medir si el ministerio de España logra sumar apoyos suficientes o si, como ocurrió con el anterior intento, el nuevo modelo nace muerto. Para Extremadura, la línea roja sigue siendo la misma: nada de tratos bilaterales y nada de déficits que premien a quien ya tiene más margen fiscal.

Ficha Autonómica

  • El caso: Extremadura rechazó en el CPFF los objetivos de déficit del 0,1% y techo de gasto del 4% para 2027 por considerarlos inviables sin reforma de la financiación autonómica.
  • Datos importantes: Déficit propuesto: 0,1% del PIB. Techo de gasto: 4%. Dependencia: 200 millones adeudados. Subida salarial: 4,5%. Próximo CPFF: 29 de julio de 2026 para negociar el nuevo modelo de financiación.
  • Resumen: La Junta, del PP y Vox, condiciona cualquier objetivo fiscal a un sistema de financiación multilateral, igualitario y que repare la deuda histórica. Mantiene una línea de confrontación directa con el Gobierno central y aboga por llevar el debate al Constitucional si no se garantiza un trato justo.

La UVigo lidera MytSeed, el proyecto que producirá semilla de mejillón en criadero y blindará el sector gallego

Anxo Seoane
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La UVigo lidera MytSeed, el proyecto que producirá semilla de mejillón en criadero y blindará el sector gallego

El Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo ha puesto en marcha MytSeed, un proyecto esperanzador para el sector del mejillón: producir semilla en criadero y garantizar así el suministro a las bateas gallegas, amenazadas por la escasez de mexilla silvestre.

Con una financiación de 215.655 euros procedente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la iniciativa se desarrollará hasta agosto de 2028 y combinará genética, biología y oceanografía. El objetivo es doble: crear líneas de mejillón más productivas y reducir el impacto ambiental que supone la recogida de cría en los bancos naturales.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué es MytSeed? Un proyecto liderado por el CIM-UVigo para cultivar semilla de mejillón en criadero, con 215.655 euros de financiación estatal.
  • ¿Por qué es clave? Galicia concentra cerca del 50% de la producción de mejillón de la UE, y la falta de mexilla silvestre pone en riesgo toda la cadena.
  • ¿Qué se espera? Obtener mejillones genéticamente mejorados, más resistentes y uniformes, además de una futura spin-off que transfiera la tecnología al sector.

La escasez de mexilla —la cría de mejillón que se fija a las cuerdas colectoras de las bateas— ha sido una constante preocupación en los últimos años. Los efectos del cambio climático, con temperaturas y corrientes impredecibles, han alterado los ciclos naturales de captación. La comunidad autónoma que abastece la mitad del mercado comunitario no puede permitirse depender de un recurso tan volátil.

Mejillones más resistentes y adaptados al cambio climático

El equipo encabezado por el investigador Ángel Pérez Diz aplicará técnicas de mejora genética para seleccionar ejemplares con características deseables: mayor supervivencia, crecimiento más rápido, mejor coloración de la carne o una sujeción más firme mediante el biso.

Los estudios genómicos a gran escala permitirán identificar marcadores asociados a estas cualidades y producir semilla en criadero que, una vez trasladada al mar, mantenga las ventajas seleccionadas. Según los responsables, la homogeneidad de los lotes simplificará las labores de cultivo y elevará la rentabilidad de las casi 3.300 bateas que operan en las rías gallegas.

Una semilla de mejillón fiable y escalable no solo estabilizará la producción, sino que reducirá costes y mejorará la competitividad desde el bateeiro hasta la industria conservera.

El proyecto también analizará los factores ambientales que condicionan la fijación de la semilla en las cuerdas colectoras: temperatura, salinidad corrientes y disponibilidad de alimento. La finalidad es tanto mejorar los métodos de captación como sustituir prácticas que dañan los ecosistemas, como el raspado de rocas intermareales para obtener mexilla.

En la batea experimental monitorizada del CIM se simularán condiciones reales para medir el efecto de las variables oceánicas sobre el crecimiento. Los modelos hidrodinámicos, ya usados con éxito en ostras y almejas, se adaptarán al mejillón con el fin de optimizar el rendimiento final y asegurar que la semilla seleccionada no se mezcle indiscriminadamente con las poblaciones silvestres.

El Laboratorio Gallego

Galicia actúa, una vez más, como un laboratorio natural para la acuicultura europea. La concentración del 50% de la producción de mejillón de la UE en apenas 130 kilómetros de costa convierte a la comunidad en un observatorio privilegiado de los retos que el cambio climático impone al sector. Lo que aquí se ensaya —desde la genética de los bivalvos hasta la gestión de las bateas— tiende a replicarse en otras regiones productoras, y en ese sentido MytSeed no es una excepción.

El proyecto se enmarca en una tradición de colaboración entre la Universidade de Vigo, los centros de investigación marina y el tejido productivo gallego que cuenta con un respaldo implícito de la Xunta de Galicia a través de su estrategia de crecimiento azul. Aunque la financiación procede del Ministerio de Ciencia, el ecosistema innovador local —formado por bateeiros, conserveras e institutos como el CETMAR— crea las condiciones para que los resultados se transfieran rápidamente al mercado.

La previsión de crear una spin-off antes de que concluya el proyecto en 2028 es una muestra más de que Galicia no solo resuelve problemas locales: construye soluciones exportables. El Governo español ya ha fijado su atención en experiencias similares de economía azul surgidas de las rías, y el modelo de mejillón gallego se estudia en foros comunitarios como ejemplo de gestión integrada de un recurso marisquero. Si MytSeed demuestra que la semilla de criadero puede ser competitiva y sostenible, no sería extraño ver a otros países replicar el esquema.

De momento, el sector confía en que el conocimiento generado sirva para blindar miles de empleos en las comarcas costeras y para mantener a Galicia en la vanguardia de la acuicultura europea.

Ficha del Caso

  • El caso: El proyecto MytSeed, liderado por el CIM-UVigo, persigue producir semilla de mejillón en criadero para superar la escasez de mexilla silvestre que amenaza al sector gallego.
  • Datos importantes: Financiación de 215.655 euros del Ministerio de Ciencia; vigencia hasta agosto de 2028; Galicia produce el 50% del mejillón de la UE; el plan incluye mejora genética, batea experimental y creación de una spin-off.
  • Resumen: Una apuesta estratégica para consolidar el liderazgo gallego en el mercado europeo del mejillón mediante innovación y sostenibilidad, con potencial de ser replicada en otros territorios.

La zafra del atún rojo en Canarias captura el 77% de la cuota hasta mayo, mejorando los malos resultados de 2025

Marta Iglesias
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La zafra del atún rojo en Canarias captura el 77% de la cuota hasta mayo, mejorando los malos resultados de 2025

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Hasta el 31 de mayo, la flota artesanal canaria ha descargado 440 toneladas de atún rojo, el 77,5 % de la cuota anual de 568 toneladas.
  • ¿Quién está detrás? Los datos los ha facilitado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.
  • ¿Qué impacto tiene? La facturación estimada alcanza los 3,1 millones de euros, muy por encima del desastroso 2025, cuando solo se pescó el 22 % de la cuota.

La flota artesanal canaria ha descargado 440 toneladas de atún rojo (Thunnus thynnus) hasta el 31 de mayo, el 77,5 % de la cuota anual de 2026, según datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. Esa cifra supone un giro absoluto respecto a la zafra de 2025, cuando las capturas se desplomaron hasta apenas 123 toneladas, el 22 % del cupo asignado.

Los 3,1 millones de euros de facturación estimada devuelven algo de oxígeno al sector. El precio medio en primera venta se sitúa en torno a los 7 euros por kilo, aunque los armadores canarios reciben menos tras las comisiones de comercialización, ya que más del 95 % del patudo se envía a la Península. Con todo, la mejora es palpable: en solo doce meses se ha pasado de una campaña “nefasta”, en palabras de la consejería, a una de las más productivas de los últimos ejercicios.

El desglose por modalidades revela un reparto casi equilibrado. Los barcos de artes menores capturaron 230 toneladas, mientras que los atuneros cañeros sumaron 210. Esta fotografía confirma que la flota artesanal canaria, formada por unas 250 embarcaciones, ha sabido aprovechar la presencia del recurso durante la fase más intensa de la zafra, que concentra casi todas las capturas entre enero y mayo.

Del cupo de 568 toneladas quedan por tanto 128 sin consumir, una cantidad que ya supera todo lo pescado el año pasado. Lo normal es que esa parte restante apenas se mueva en lo que queda de año porque el atún rojo abandona las aguas cercanas al archipiélago durante el verano y el otoño. Sin embargo, fuentes de la propia administración regional apuntan a la posibilidad de que se añadan nuevas cesiones de cuota, lo que elevaría el total hasta las 600 toneladas y suavizaría aún más la estadística.

El sector ha pasado en un solo año del desastre a una zafra que, sin ser histórica, devuelve la confianza a los pescadores canarios y demuestra la enorme volatilidad de este recurso migratorio.

Más allá de las cifras, la campaña de 2026 vuelve a poner sobre la mesa la dependencia del sector pesquero artesanal de una única especie y de unas condiciones migratorias que cambian cada temporada. La zafra del patudo es un pilar económico para muchas familias de las islas, y cuando falla, como en 2025, el impacto se nota en lonjas y cofradías. Por eso, cada tonelada extra que se logre capturar antes de fin de año cuenta, aunque el grueso del trabajo ya está hecho.

El Pulso Territorial

La mejora de la zafra del atún rojo coincide con un momento en que el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), sigue reclamando al Estado un aumento estructural de la cuota que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) gestiona a nivel nacional. La tradición pesquera de las islas convive con unos cupos que, en opinión del ejecutivo autonómico, no reflejan la realidad socioeconómica del archipiélago. De hecho, en 2025 la comunidad apenas pudo hacer uso de la cuota asignada por la ausencia del recurso, lo que evidenció la fragilidad del modelo: se dependía de lo que la administración central permitía y de lo que la naturaleza decidía poner en el agua.

Si se compara con otras comunidades autónomas cubiertas por este medio, como Murcia o Baleares, donde la pesca de atún rojo tiene también peso, aunque con menor flota artesanal, Canarias presenta una dependencia casi exclusiva de esta especie durante los primeros meses del año. La media nacional de cuota por embarcación es mayor, pero la estacionalidad canaria es extrema. El precedente de 2023, cuando también se rozó el 80 % de capturas en mayo, sirve para contextualizar este 2026: no es un hecho aislado, sino la consolidación de un patrón de zafra muy concentrado en el tiempo y muy sensible a cualquier variación climática o biológica. Lo que viene ahora es un periodo de incertidumbre: si se confirman las cesiones adicionales de cuota y el atún vuelve a aparecer en otoño, las 128 toneladas restantes podrían no ser papel mojado. Si no, el 77,5 % de mayo se convertirá en el dato final de la campaña.

Ficha Autonómica

  • El caso: La zafra del atún rojo (patudo) en Canarias ha alcanzado su pico habitual entre enero y mayo, con 440 toneladas descargadas, un 77,5 % de la cuota de 2026.
  • Datos importantes: Cuota anual de 568 toneladas, 128 aún pendientes. Facturación estimada de 3,1 millones de euros a 7 €/kg en primera venta. 230 t de artes menores y 210 t de cañeros.
  • Resumen: Tras el pésimo 2025 (123 t, 22 %), 2026 ha devuelto la normalidad al sector, aunque todo el esfuerzo se ha concentrado en la primera mitad del año. La posibilidad de cesiones adicionales de cuota y la esperanza de capturas otoñales mantienen abierta la campaña hasta diciembre.

La UE aprueba 120,5 millones para España por los incendios que arrasaron Ourense y Galicia en 2025

Anxo Seoane
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La UE aprueba 120,5 millones para España por los incendios que arrasaron Ourense y Galicia en 2025

El Parlamento Europeo ha aprobado este lunes en Estrasburgo una ayuda de 120,55 millones de euros para España, con el objetivo de reparar los daños causados por la catastrófica campaña de incendios forestales de 2025. Galicia, la comunidad más castigada, concentrará buena parte de esos fondos.

La decisión, respaldada por 642 votos a favor, 13 en contra y una abstención, activa el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para paliar las consecuencias de unos fuegos que afectaron a 16 comunidades autónomas y generaron daños directos superiores a los 4.300 millones de euros, según la Comisión Europea.

España ya había recibido un anticipo de 30 millones de euros para atender las necesidades más urgentes tras la emergencia. La nueva transferencia eleva la ayuda total hasta los 150,55 millones y permitirá financiar desde la restauración de infraestructuras públicas hasta el alojamiento temporal de damnificados.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La UE ha aprobado 120,55 millones de euros del Fondo de Solidaridad para España por los incendios de 2025, con 642 votos a favor y solo 13 en contra.
  • ¿Quién está detrás? La propuesta fue del Parlamento Europeo y la Comisión, y beneficiará sobre todo a Galicia, que sufrió 118.763 hectáreas quemadas.
  • ¿Qué impacto tiene? Los fondos se destinarán a restaurar infraestructuras, servicios esenciales y alojamiento temporal, tras un adelanto de 30 millones ya desembolsado.

Galicia, la comunidad más golpeada: 118.763 hectáreas y el incendio de Larouco

Galicia sufrió de manera especialmente virulenta aquella campaña. Según los datos recogidos por la Xunta de Galicia en el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (Pladiga), la comunidad registró 1.475 incendios que calcinaron 118.763,6 hectáreas. El episodio más grave se produjo en agosto en el municipio ourensano de Larouco.

Allí se declaró el mayor incendio forestal del que se tiene registro en Galicia, con cerca de 32.000 hectáreas arrasadas. Las llamas obligaron a realizar 2.200 confinamientos de población y unas 400 evacuaciones, convirtiéndose en una de las emergencias forestales más importantes de las últimas décadas.

El incendio de Larouco no solo batió récords de extensión; también puso a prueba la capacidad de respuesta de un territorio que sufre las consecuencias de décadas de políticas forestales controvertidas.

Fondos de Solidaridad: del adelanto de 30 millones a las obras de emergencia

La ayuda europea se destinará a actuaciones muy concretas: restauración de infraestructuras públicas dañadas, recuperación de servicios esenciales, limpieza y acondicionamiento de las zonas afectadas, alojamiento temporal para damnificados y refuerzo de los servicios de protección civil. La Comisión Europea estima que los daños totales en España superaron los 4.300 millones de euros, una cifra que sitúa esta partida como un alivio parcial pero insuficiente.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, ha defendido el operativo desplegado durante la emergencia y confía en que los fondos europeos aceleren la recuperación de infraestructuras clave. La oposición, sin embargo, insiste en la necesidad de reforzar la prevención.

El Laboratorio Gallego

Las campañas de incendios en Galicia son ya un fenómeno estructural que cada año pone a prueba las políticas de ordenación del territorio. Con más de 118.000 hectáreas calcinadas en 2025, la comunidad se consolida como el mayor polvorín forestal de España, un escenario que ningún gobierno autonómico ha logrado desactivar por completo. La llegada de los fondos europeos supone un alivio financiero, pero no resuelve el debate de fondo: ¿cómo prevenir que Larouco se repita?

El BNG y el PSdeG han reclamado en el Parlamento de Galicia una revisión en profundidad del Pladiga. La diputada nacionalista Ana Pontón ha acusado a la Xunta de «falta de inversión en prevención» y ha exigido más medios para las brigadas forestales. Por su parte, el PSdeG insiste en la necesidad de un plan de reforestación sostenible. El PPdeG, con mayoría absoluta, defiende que el operativo de extinción funcionó dentro de lo posible y que la prioridad ahora es ejecutar las ayudas.

Desde la perspectiva nacional, la gestión de los incendios en Galicia ha servido históricamente de banco de pruebas para el resto del país. Alberto Núñez Feijóo, que presidió la Xunta durante doce años y vivió crisis similares, ha incorporado al discurso del PP nacional la necesidad de una política forestal más coordinada. Aunque el Feijóo-laboratorio no es el centro de esta noticia, sí se intuye el eco de aquellos veranos gallegos en las propuestas que el PP maneja para el conjunto de España.

La próxima campaña de alto riesgo se avecina, y el reloj apremia. El Consello de Goberno prevé aprobar en las próximas semanas el refuerzo del dispositivo, mientras los alcaldes de las zonas más castigadas exigen soluciones estructurales. De fondo, la sombra de Larouco seguirá planeando sobre Ourense.

Ficha del Caso

  • El caso: La Unión Europea aprueba una ayuda de 120,55 millones de euros para España por los daños de los incendios forestales de 2025, siendo Galicia la comunidad más afectada con casi 119.000 hectáreas quemadas.
  • Datos importantes: Votación en Estrasburgo: 642-13. Ayuda total de 150,55 millones con el adelanto ya entregado. Larouco, el incendio más extenso jamás registrado en Galicia, arrasó 32.000 ha. Más de 2.200 confinamientos y 400 evacuaciones.
  • Resumen: El impacto de la ayuda será inmediato para restablecer servicios y reparar infraestructuras, pero reabre el debate sobre la prevención de fuegos en una Galicia que concentra la mayor superficie quemada de España y que sirve de referencia nacional en la lucha contra el fuego.

Carlos III, el monarca ilustrado que transformó la España del XVIII

Yasmina Historiadora
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Carlos III, el monarca ilustrado que transformó la España del XVIII

El olor a pólvora sin quemar se mezclaba con el tufo de las acequias rebosantes aquella madrugada del 23 de marzo de 1766. En la calle de la Magdalena, una turba de artesanos y criados se arremolinaba frente a la casa del conde de Ensenada. Alguien gritó «¡Abajo el italiano!», y la noche empezó a arder.

Capítulo I: La chispa del motín

La Ordenanza de la Policía, impulsada por el marqués de Esquilache, había prohibido las capas largas y los sombreros de ala ancha. El ministro de Carlos III argumentaba que esos atavíos facilitaban los delitos, pero el pueblo llano solo veía un ataque a sus costumbres y un gesto de desprecio hacia lo español. Aquel Domingo de Ramos, la ira se desbordó. Desde la plaza de Antón Martín, la muchedumbre avanzó hacia la Plaza Mayor, donde los gritos se convirtieron en un solo clamor.

«¡Viva el rey, muera Esquilache!»

El eco retumbó contra las fachadas de los soportales mientras las primeras antorchas iluminaban el empedrado irregular. Los testigos, según las crónicas de la época, vieron cómo un grupo de embozados —todavía con la capa prohibida— arrancaba los faroles de aceite recién instalados por orden del rey. La paradoja encerraba la tragedia: precisamente aquello que iba a modernizar Madrid era destruido por quienes se sentían agraviados.

Capítulo II: La huida del rey

En el Palacio Real, Carlos III no salía de su asombro. Con cincuenta años y un talante apacible, jamás había afrontado un motín. Ordenó a los guardias valones y a la tropa del cuartel de Leganitos que contuvieran a la muchedumbre, pero los soldados titubeaban; muchos simpatizaban con los amotinados. Al caer la noche del 24 de marzo, el rey tomó una decisión precipitada: salió en secreto por una puerta trasera y se dirigió a Aranjuez, dejando Madrid sumida en el caos.

Los amotinados, al saberse dueños de las calles, marcharon hacia la villa real de Aranjuez, a cuarenta kilómetros de la capital. La comitiva popular, cargada de pancartas improvisadas, se plantó ante el palacio del rey. Las fuentes de la época describen la escena como humillante para un monarca absoluto. Carlos III, acorralado, capituló. Firmó la derogación de la ordenanza y aceptó despedir a Esquilache, que partió al exilio aquella misma semana.

reformas ilustradas

Capítulo III: La expulsión de los jesuitas

La investigación que siguió a los motines señaló a la Compañía de Jesús como instigadora de la revuelta. Varios jesuitas habían sido vistos arengando a la turba en la Puerta del Sol, y el confesor del rey, el padre Osuna, deslizó que la orden quería debilitar a la Corona. El 2 de abril de 1767, Carlos III firmó la pragmática sanción que expulsaba a todos los jesuitas de los reinos españoles. En una sola noche, miles de religiosos fueron sacados de sus colegios y conventos y embarcados hacia los Estados Pontificios.

La medida fue drástica, pero el monarca la defendió como un acto de «real determinación». Se incautaron sus bienes, y los colegios y misiones se entregaron a otras órdenes o se secularizaron. En Madrid, el antiguo Colegio Imperial se convirtió en los Reales Estudios de San Isidro, sentando un precedente de enseñanza laica bajo control estatal. Aunque las causas últimas de la expulsión siguen siendo debatidas, la historiografía moderna —autores como Henry Kamen o Teófanes Egido— coincide en que Carlos III la vio como una oportunidad para afirmar el poder regio sobre la Iglesia.

reformas ilustradas

Capítulo IV: El nuevo rostro de Madrid

Tras el sobresalto, el rey se volcó en transformar la ciudad. Nombró a Francesco Sabatini arquitecto mayor y encargó a Ventura Rodríguez el diseño de los nuevos bulevares. Nació el Salón del Prado, un paseo arbolado que unía la fuente de Cibeles con la glorieta de Atocha. Se levantaron las fuentes de Neptuno y Apolo, se construyó la Puerta de Alcalá —de granito y piedra blanca de Colmenar— y se inauguró el Real Jardín Botánico, donde los naturalistas aclimataban plantas traídas de las colonias americanas.

El alumbrado público, que había sido precario, se multiplicó. Se instalaron miles de faroles de aceite que, según los cronistas, convirtieron a Madrid en «la ciudad más limpia y segura de Europa». El empedrado de las calles principales, las alcantarillas subterráneas y la recogida nocturna de basuras —idea del propio Sabatini— empezaron a borrar la imagen de aquel Madrid sucio y peligroso que vio nacer los motines. Las principiales calles se iluminaron con faroles de aceite.

Capítulo V: Una herencia de piedra y luz

Carlos III murió el 14 de diciembre de 1788, sin haber vuelto a enfrentar una revuelta popular. Su legado no solo se mide en edificios: creó el Banco de San Carlos (1782), antecedente del Banco de España; impulsó las Sociedades Económicas de Amigos del País, que promovieron la industria y el comercio; y reformó las aduanas para facilitar el tránsito interior. Sus ministros — Floridablanca, Campomanes, Aranda— tejieron una red de reformas que modernizó la administración de la monarquía borbónica.

reformas ilustradas

Irónicamente, la noche del motín de Esquilache pudo ser el fracaso más sonado de su reinado y, sin embargo, el acicate que transformó Madrid. El Paseo del Prado, hoy candidato a Patrimonio Mundial de la UNESCO, es un testimonio pétreo de aquella voluntad ilustrada que nació entre llamas y gritos. Quién sabe qué calles pisaríamos hoy si aquel 23 de marzo de 1766 el pueblo hubiera guardado silencio y Carlos III, medroso, hubiera renunciado a esculpir la ciudad con la luz de las luces.

Tellado arropa a Pérez Llorca en Valencia ante las dudas internas sobre su candidatura

Amparo Soler
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Tellado arropa a Pérez Llorca en Valencia ante las dudas internas sobre su candidatura

El secretario general del PP, Miguel Tellado, aterrizará mañana, jueves 9 de julio, en Valencia para respaldar públicamente al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en un momento de crecientes dudas internas sobre su candidatura para las elecciones autonómicas de 2027. La visita, enmarcada en la presentación de una conferencia en el Fórum Nueva Economía, se interpreta como el gesto de apoyo más nítido de la dirección nacional del partido en meses.

La incertidumbre no es nueva. Desde que sustituyó a Carlos Mazón tras su dimisión, Pérez Llorca ha caminado sobre terreno resbaladizo. Las últimas visitas de Alberto Núñez Feijóo a la Comunitat Valenciana –en Sueca con Vicent Mompó y en Castellón durante el cónclave de diputaciones– dejaron una imagen de frialdad que la militancia no ha pasado por alto. Sin embargo, fuentes de Génova insisten en que no hay ningún debate abierto para buscar un relevo: de momento, Pérez Llorca es el único nombre sobre la mesa.

Un respaldo con sordina pero con mensaje

La elección del formato es tan importante como la presencia. Tellado presentará al president valenciano en un foro económico de prestigio, en uno de los hoteles más conocidos de la capital del Turia. La escenificación busca proyectar normalidad institucional y sintonía orgánica, pero el trasfondo es cualquier cosa menos rutinario. La presencia de Tellado es un señal claro de que la cúpula del PP quiere cerrar filas antes de que las especulaciones desborden al partido.

En la práctica, el secretario general hará las veces de parapeto ante las preguntas incómodas. El guion se repetirá: sin confirmación explícita, pero con un respaldo tácito que intenta ahuyentar fantasmas. Las fuentes consultadas por este diario coinciden en que la dirección nacional no observa hoy por hoy una alternativa sólida a Pérez Llorca, y que abrir ahora un proceso sucesorio sería un riesgo innecesario a un año vista de la cita con las urnas.

Los frentes internos de Pérez Llorca

El recorrido de Pérez Llorca al frente del Consell –el gobierno de la Generalitat Valenciana, equivalente autonómico del Consejo de Ministros– acumula desgastes que han erosionado su posición. La campaña de vallas con su imagen, el traslado laboral de su pareja desde el Ayuntamiento de Finestrat a la Diputació de València –al que ya ha renunciado– y la gestión de la huelga de Educación han generado críticas no solo desde la oposición, sino también desde sectores del propio partido.

A nivel orgánico, la pugna soterrada añade más leña al fuego. Vicent Mompó, presidente de la Diputació de València y hombre fuerte del PP provincial, ha desplegado un activismo que muchos interpretan como un desafío en diferido. Cuando se le pregunta si Pérez Llorca será el candidato, responde con calculada ambigüedad: “Es una opción”. Mientras, Francisco Camps mantiene su empeño por reconquistar la presidencia regional del partido y vuelve a divulgar hoy mismo una encuesta en rueda de prensa. La presencia de Camps en la escena política valenciana sigue generando ruidos.

La visita de Tellado no es una confirmación, pero es la señal más clara de que Génova no quiere abrir una crisis sucesoria a un año de las elecciones autonómicas.

El Escenario Valenciano

Las aguas del PP valenciano bajan tan revueltas como previsibles. El pacto de gobierno entre PP y Vox en la Generalitat da estabilidad numérica a Pérez Llorca, pero también lo condiciona. La oposición, liderada por PSPV y Compromís, aprovecha cada flanco débil para erosionar al president y proyectar la imagen de un Ejecutivo frágil. Sin embargo, el verdadero campo de batalla no está en Les Corts Valencianes, sino en los pasillos de Génova.

A nivel nacional, la estrategia de Feijóo pasa por cerrar cuanto antes las candidaturas sin ruido. El próximo 18 de julio el PP anunciará los cabezas de lista de las grandes ciudades, y en septiembre tocará el turno de las autonomías. Romper ahora con el candidato valenciano supondría introducir un elemento de inestabilidad que la dirección nacional no se puede permitir en plena precampaña. El calendario, por tanto, juega a favor de la continuidad. Salvo giro inesperado, todo apunta a que Pérez Llorca será el cartel del PP para la Generalitat en 2027.

Ficha del Caso

  • El caso: Las dudas sobre la candidatura de Juanfran Pérez Llorca a la reelección en 2027 han movilizado a la dirección nacional del PP, que envía a Miguel Tellado a Valencia para arropar al president en un acto público.
  • Datos importantes: La conferencia se celebra mañana, 9 de julio, en el Fórum Nueva Economía. El PP anunciará candidatos municipales el 18 de julio y los autonómicos en septiembre de 2026.
  • Resumen: El respaldo de Tellado, aunque no sea una confirmación oficial, disipa momentáneamente las especulaciones y refuerza la posición de Pérez Llorca en un partido regional con tensiones internas.

El Parlamento de Andalucía reparte 13 millones en Sevilla: PP recibe la mitad y PSOE 3,4 millones

Enrique Ramos
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El Parlamento de Andalucía reparte 13 millones en Sevilla: PP recibe la mitad y PSOE 3,4 millones

Sevilla, sede del Parlamento de Andalucía, ha sido el escenario esta semana del acuerdo que define los recursos económicos de los grupos políticos para la legislatura recién iniciada. El PP, con mayoría absoluta en la Mesa de la Cámara, se asegura la mitad de los 13 millones de euros que el órgano reparte anualmente: 6,4 millones. El PSOE se queda con 3,4 millones, y la distancia entre ambos bloques acentúa el dominio popular en la política institucional andaluza.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Mesa del Parlamento de Andalucía ha aprobado el reparto de 13 millones de euros entre los grupos parlamentarios para gastos de funcionamiento.
  • ¿Dónde y quién? En Sevilla, con el voto favorable del PP, Vox y Adelante Andalucía, y el rechazo de PSOE y Por Andalucía.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? La distribución determina los recursos con los que cada grupo contará para asesores, comunicación y actividad parlamentaria, lo que influye en la calidad del debate público.

Un reparto estrictamente proporcional: las cifras clave

El criterio adoptado por la Mesa, controlada por el PP con ocho de sus catorce miembros, se basa exclusivamente en el número de diputados de cada grupo. De esta forma, los 53 escaños del PP le reportan 6,4 millones de euros al año (1,62 millones cada trimestre), frente a los 3,4 millones que percibirá el PSOE por sus 28 representantes. Vox, con 14 parlamentarios, dispondrá de 1,8 millones, mientras que Adelante Andalucía, que ha pasado de dos a ocho escaños, rozará el millón de euros. Por Andalucía, la coalición que lidera Antonio Maíllo, se queda con 612.000 euros anuales.

Traducido a cifras mensuales, el grupo popular manejará 540.707 euros cada mes para sufragar asesores y equipos de comunicación; los socialistas contarán con 285.656 euros, y los de Por Andalucía apenas superan los 51.010 euros, diez veces menos que el PP. La diferencia no es solo de magnitud: refleja una capacidad operativa radicalmente distinta a la hora de fiscalizar al Gobierno andaluz.

La oposición vota dividida: PSOE y Por Andalucía exigen un suelo mínimo

La propuesta salió adelante con el apoyo de PP, Vox y la formación andalucista de José Ignacio García. El PSOE y Por Andalucía votaron en contra. El principal punto de fricción es la ausencia de un importe mínimo que garantice a todos los grupos capacidad operativa suficiente. «Siempre te hace falta un mínimo de personal para poder funcionar», denunció Maíllo, que recuerda que en la legislatura anterior, con menos escaños, su coalición recibió más recursos gracias a un acuerdo puntual.

El PSOE, que perdió dos diputados respecto a 2022, ha visto reducida su asignación en consonancia. Fuentes socialistas expresaron su malestar por un reparto que, a su juicio, «consagra la desigualdad entre grupos y dificulta la labor de control al Gobierno». Adelante, por su parte, respaldó el sistema porque le multiplica los recursos y le permite consolidar su nueva estructura de ocho diputados.

El criterio proporcional puro, sin suelo, deja a los partidos pequeños con un gasto operativo diez veces menor que el del PP. La capacidad de análisis legislativo no debería depender solo del resultado electoral.

La Lectura Andaluza

La legislatura que acaba de comenzar en Andalucía arranca con un mapa político transformado. El PP de Juanma Moreno, con 53 diputados a un escaño de la mayoría absoluta, ha articulado una Mesa parlamentaria que refleja su peso: de los catorce miembros, ocho son populares. Esa hegemonía explica la adopción de un modelo de financiación de grupos que prima la proporcionalidad pura, sin correctivos ni tratos especiales como los que se aplicaron en el pasado. Para los ciudadanos, la decisión puede parecer técnica, pero encierra un debate de fondo: ¿deben tener todos los grupos las mismas oportunidades para fiscalizar al Ejecutivo?

En la anterior legislatura, grupos con apenas dos o cinco diputados lograron acuerdos puntuales que les garantizaron recursos por encima de su peso numérico. Aquello permitió a formaciones como Adelante o Por Andalucía presentar iniciativas, solicitar comparecencias y mantener un equipo mínimo de asesores. Ahora, el criterio matemático borra esa discrecionalidad y deja a los pequeños ante el reto de hacer más con mucho menos. Los 51.010 euros mensuales de Por Andalucía contrastan con los 540.707 del PP. Una diferencia que, a la práctica, se traduce en capacidad para encargar informes, rastrear la ejecución presupuestaria o preparar preguntas al Gobierno.

El propio PSOE, aunque mantiene 3,4 millones, ha visto cómo la brecha con los populares se agranda, algo que no solo obedece al resultado electoral sino a la negativa del PP a negociar un suelo. Para Maíllo, esta situación «dinamita el pluralismo», y aunque su afirmación es política, refleja una realidad palpable: en el Parlamento de la calle San Juan de Ribera, el debate sobre la financiación no ha hecho más que empezar. La legislatura será larga y, si el PP mantiene su posición, los grupos minoritarios tendrán que buscar vías alternativas —alianzas con sindicatos, colaboración con la sociedad civil— para ejercer su papel de contrapeso. La calidad democrática de Andalucía depende, en parte, de que todas las voces puedan hacerse oír con los medios adecuados.

Diana Morant candidatura: la doble dedicación como ministra pasa factura al PSPV

Amparo Soler
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Diana Morant candidatura: la doble dedicación como ministra pasa factura al PSPV

Diana Morant formalizó su candidatura a la Generalitat Valenciana sin dejar el Ministerio de Ciencia y el PP la acusa de dedicación parcial.

Una candidata a media jornada: la decisión de no renunciar

La secretaria general del PSPV-PSOE, el partido socialista valenciano, oficializó el viernes su condición de candidata a la presidencia autonómica sin rival interno ni primarias, pero sin poner fecha a su salida del Consejo de Ministros. «Sigo siendo ministra porque me siento útil», respondió Morant, argumentando que hace «más por los valencianos» que el actual presidente de la Generalitat Valenciana (el gobierno autonómico), Juanfran Pérez Llorca.

Esa doble dedicación, la de candidata ministra, se ha convertido en el primero de los frentes que el PP valenciano ha decidido explotar. La formación conservadora apunta al que considera el talón de Aquiles de Morant: su identificación con una candidata «a tiempo parcial». El mensaje, sencillo pero persistente, busca desgastar a quien ya arrastra la vinculación con el Gobierno de Pedro Sánchez y con figuras como el exministro José Luis Ábalos.

La maniobra no es gratuita. El PP sabe que la ambigüedad sobre la fecha de renuncia al Ministerio da munición para presentar a Morant como alguien que aún no se entrega por completo a la causa valenciana. Y las encuestas, aunque favorables a la mayoría de derechas, registran un desgaste en la imagen de la candidata que el PSPV no consigue neutralizar.

El PP contraataca: ‘candidata a tiempo parcial’ y los fantasmas electorales

El presidente de la Generalitat, que es también líder del PP valenciano, no dejó escapar la oportunidad de profundizar en la herida. «Si todavía tiene que decidir cuándo la Comunidad Valenciana será su prioridad, el problema es evidente: todavía no lo es», afirmó Pérez Llorca en una intervención directa. «Para mí siempre lo ha sido. Me dedico en exclusiva a trabajar por esta tierra. Otros no pueden decir lo mismo», remató, en alusión a la ministra.

La etiqueta de ‘candidata ministra’ se ha convertido en un lastre para Diana Morant, alimentado por los fracasos electorales de otras ministras-candidatas.

Fuentes del PSPV consultadas por este diario lamentan que el debate se haya desviado hacia la disyuntiva de si Morant debe o no acelerar su marcha del Ministerio. El secretario de Organización del partido, Vicent Mascarell, tuvo que aclarar que «la Comunidad Valenciana ya es su máxima prioridad». Pero el daño comunicativo es real y se suma a los casos de corrupción que afectan al PSOE.

La sombra de María Jesús Montero en Andalucía y de Pilar Alegría en Aragón planea sobre la dirigente valenciana. Ambas compitieron como candidatas autonómicas sin renunciar a sus carteras y cosecharon resultados desastrosos para el PSOE. Morant busca distanciarse: «Hablamos de circunstancias distintas y territorios diferentes», afirmó. Y fía su opción a un factor diferencial: en la Comunitat Valenciana sí percibe pulsión de cambio.

De hecho, la delicada situación que atravesó el PP valenciano a raíz de la dana de 2024 —la Depresión Aislada en Niveles Altos que provocó inundaciones devastadoras— ha abierto una brecha de credibilidad que el PSPV intenta capitalizar. A ello se suma la fortaleza de Compromís, el partido de izquierdas valenciano, que podría facilitar una suma alternativa a la mayoría del bloque de derechas que hoy gobierna el Consell (el gobierno autonómico) gracias al pacto PP-Vox.

El Escenario Valenciano

La candidatura de Morant se desenvuelve en un tablero donde la gestión de la dana sigue siendo una herida abierta. El PP, con Juanfran Pérez Llorca al frente y el apoyo de Vox, gobierna la Generalitat desde 2024, pero los efectos de la catástrofe natural han erosionado su imagen. Para el PSPV, la combinación de desgaste del Consell y el tirón de Compromís abre una ventana de oportunidad que no se da en otros territorios, como reconocen en Ferraz.

A nivel nacional, la doble dedicación de Morant es el último capítulo de una estrategia que el PSOE ha intentado en varias comunidades y que el PP ha sabido castigar. Desde Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su apoyo a la ministra, pero el propio debate sobre su permanencia en el Consejo de Ministros demuestra que la figura del candidato a tiempo parcial es una hipoteca electoral. La comparación con los precedentes de Montero y Alegría, mencionados explícitamente en círculos del PP, no ayuda. El Congreso de los Diputados, aunque lejos del foco valenciano, observa con atención cómo evoluciona la campaña en un feudo que históricamente ha sido decisivo para las mayorías nacionales.

La proyección inmediata sitúa el foco en las próximas autonómicas, aún sin fecha pero previstas para la primavera de 2027. El calendario aprieta y la presión sobre Morant para que defina una fecha de renuncia no hará más que crecer. Mientras, Pérez Llorca espera la confirmación de Génova como candidato del PP y Vox mantiene su pulso dentro del Consell. La incógnita es si la izquierda valenciana conseguirá articular una alternativa creíble que devuelva a los socialistas a la presidencia de la Generalitat, o si la etiqueta de «candidata ministra» acabará pesando más que el desgaste del gobierno autonómico.

Ficha del Caso

  • El caso: Diana Morant formaliza su candidatura a la Generalitat Valenciana como secretaria general del PSPV-PSOE sin renunciar a su cargo como ministra de Ciencia, una doble dedicación que el PP utiliza como ariete político.
  • Datos importantes: Morant evita fijar fecha de salida; el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la acusa de no priorizar la Comunidad; el PSOE ya probó esta fórmula con Montero en Andalucía (2022) y Alegría en Aragón (2023), con derrotas claras.
  • Resumen: La condición de ministra-candidata se ha convertido en un factor de desgaste añadido en un contexto valenciano marcado por la dana y la fortaleza de Compromís, lo que hará que la presión para que Morant se centre en exclusiva en la campaña vaya en aumento a medida que se acerquen las elecciones de 2027.
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