El Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, afronta a partir de este martes sus tres días más difíciles desde que llegó al máximo puesto de la Fiscalía, en agosto de 2022, y será la primera vez en la historia de España que un FGE declare ante un juez del Tribunal Supremo. Este martes el Alto Tribunal tiene que decidir si anula su renovación en el cargo tras un recurso presentado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), el miércoles el propio García Ortiz declarará ante el juez instructor y el jueves lo hará la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La semana que viene está llamado a declarar Diego Villafañe, teniente general de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado.
Todo esto ocurrirá justo después de que el mismo Tribunal Supremo haya decidido no retrasar la comparecencia de ambos imputados tras un auto dictado por el magistrado Ángel Luis Hurtado y mantener la primera para el miércoles a las 10 de la mañana. El juez instructor rechazó la práctica de las diligencias que el investigado proponía realizar antes de su comparecencia. Del mismo modo, se desestimó la petición de la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, para que se pospusiera su declaración, fijada para este jueves.
El primer acto al que se enfrentará el Fiscal General del Estado será lo más parecido a una moción de confianza, que tendrá lugar este martes, ya que el Supremo decide si anular su renovación en el cargo a raíz del recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar, en diciembre de 2023, mediante Decreto Ley, al Fiscal General García Ortiz como jefe del Ministerio Público.
En un auto dictado la semana pasada el magistrado Ángel Hurtado explicaba que daba el paso de llamar a García Ortiz al considerar que las diligencias prácticas, especialmente los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «aportan una información de peso» que viene a «apuntalar» la presunta participación de García Ortiz y Rodríguez en la filtración investigada.
Sobre el Fiscal General del Estado, el magistrado destacaba el informe donde la UCO le atribuyó una «participación preeminente» para añadir que, «con un elevado grado de verosimilitud», «hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición», añadía el instructor.
LOS MENSAJES DEL FISCAL GENERAL
Para Hurtado, «el solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo entre las 21:59 horas, en que García Ortiz recibe en su mail particular» el correo electrónico del 2 de febrero, y las 23:51, cuando el mail se publica en la Cadena SER; «los pasos que da antes para lograr hacerse con él», «reveladores de momentos de urgencia y gran tensión que tienen lugar bajo su batuta»; y la intervención de García Ortiz en la elaboración de la nota de prensa; todo ello «es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse».
Se espera que uno de los momentos más tensos del interrogatorio verse sobre el borrado de los mensajes del teléfono móvil del fiscal, que siempre puede negarse a declarar e incluso mentir al estar imputado en la causa.
El auto del Supremo sostiene que «la secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del teniente fiscal Diego Villafañe Díez».
Además, se refería a los testimonios prestados el día 9 de enero por dos periodistas que declararon que tuvieron acceso al mail del 2 de febrero antes de que el Fiscal General del Estado lo recibiera a las 21:59 del 13 de marzo en su cuenta personal de gmail, para concluir que «se trata de testimonios que no aportan datos objetivos». Y ello, señalaba, porque «contrastan con otro de los testimonios prestado en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido».
Con todo, el magistrado afirmaba que «los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado».
Tras la declaración del Fiscal General pasará por el Alto Tribunal el jueves Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. El auto judicial explicaba que prestará declaración por «circunstancias como el ponerse a disposición de García Ortiz, ser la persona que facilita a Villafañe el expediente de González Amador, que acaba filtrándose el día 12 de marzo en eldiario.es y prestarse a hacer llegar el correo de 2 de febrero (…) a la Fiscalía General del Estado, conocedora de la finalidad que se perseguía con ello, también son elementos suficientes para mantener su imputación».
El teniente fiscal Villafañe declarará el 5 de febrero y el juez le presume «un papel de relevancia, si se quiere menor, desde el momento en que, como teniente fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado, por lo tanto, persona de confianza del fiscal general del Estado, está en contacto con la fiscal Pilar Rodríguez, a quien pide que le remita la denuncia, expediente administrativo y demás documentación relativa a González Amador que se filtraría en eldiario.es el día 12 de marzo».
INFORMES DE LA UCO
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó en uno de sus informes que el hecho de que el Fiscal General del Estado pudiese acceder a toda la información relativa a la denuncia contra González Amador el 7 de marzo, y de que se publicara en un diario digital uno días después, el 12 de marzo, indica que fue filtrada desde la Fiscalía General del Estado.
Para el instructor, los numerosos mensajes, llamadas y mails «solo se entienden en el contexto de una operación coordinada, propia de una labor de equipo, como, por lo demás, acabó definiéndolo la propia Pilar cuando hablaba del ‘equipo de Fortuny’». La sede de la FGE se encuentra en la madrileña calle Fortuny.
