La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo el marco de las Diligencias Previas 147/2024, ha sacado a la luz una sofisticada trama de corrupción que buscaba penetrar en los niveles directivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), dirigido por Sara Aagesen.
En el centro de esta operativa se encuentra la mercantil Villafuel SL, una empresa que, según los indicios recabados, fue utilizada como punta de lanza por una organización criminal liderada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama para obtener de manera irregular la condición de operador mayorista de hidrocarburos. El análisis integral del expediente revela una cronología de presiones, intermediaciones políticas y el uso sistemático de influencias para eludir los requisitos legales exigidos por la administración pública.
La operativa de la organización criminal comenzó con una premisa clara: obtener la autorización de operador mayorista a pesar de no cumplir con la capacidad financiera legalmente requerida. Para lograr este objetivo, la trama no dudó en desplegar una red de contactos que llegaba hasta el entorno más cercano del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, utilizando a Víctor de Aldama como el interlocutor principal ante los diferentes departamentos ministeriales.
ERROR MINISTERIAL
El informe de la UCO destaca que la infiltración se vehiculó a través de Aldama, aprovechando su acceso privilegiado para intentar influir en resoluciones administrativas que, en teoría, debían regirse exclusivamente por criterios técnicos y legales. Esta estrategia de «penetración» no solo se limitó al MITECO, sino que inicialmente se dirigió por error al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), donde la organización creía erróneamente que residía la competencia sobre los hidrocarburos.
Uno de los episodios más reveladores del expediente es la reunión mantenida el 28 de diciembre de 2020, donde la organización criminal descubrió que sus gestiones iniciales ante Industria eran equivocadas. El propio Víctor de Aldama, en comunicaciones intervenidas, se mofaba de esta situación, refiriéndose al error de confundir Industria con Energía en un tono jocoso. Sin embargo, la seguridad de la trama no se vio afectada por este contratiempo, ya que, como el mismo Aldama manifestaba, «menos mal que el padrino manda», sugiriendo que el respaldo político de José Luis Ábalos era suficiente para reconducir el expediente hacia el departamento competente, el MITECO.
Esta confianza se tradujo en la presentación formal de la documentación para la autorización de Villafuel el 13 de enero de 2021, a pesar de que la empresa carecía de los tres millones de euros en recursos propios que exige la normativa vigente.
SOLVENCIA FINANCIERA
El análisis técnico del expediente realizado por la Subdirección General de Hidrocarburos del MITECO puso de manifiesto de inmediato las carencias de Villafuel SL. La mercantil intentó justificar su capacidad financiera mediante certificados bancarios que sumaban un total de 2,87 millones de euros, incluyendo saldos en cuentas, plazos fijos y avales, pero que resultaban insuficientes para alcanzar el umbral mínimo legal.
Además, el MITECO argumentó en sus sucesivas resoluciones que los recursos aportados por la sociedad estaban vinculados a su actividad preexistente como distribuidora minorista de gasóleo, por lo que no podían considerarse como capital afecto de manera específica y adicional a la nueva actividad de operador al por mayor.
Esta negativa técnica del ministerio se convirtió en el principal escollo que la organización criminal intentó derribar a través de la intermediación de Koldo García y otros contactos políticos.
A medida que el expediente se bloqueaba en la vía administrativa, la organización criminal incrementó las medidas de presión sobre sus interlocutores políticos. El informe policial detalla cómo, ante la falta de resultados, la trama llegó a utilizar tácticas de coacción, como la remisión de una carta de desahucio y el corte de suministro eléctrico en la propiedad de La Alcaidesa, vinculada al ministro Ábalos, para forzar un avance en la autorización de Villafuel.
El cese de Ábalos en julio de 2021 supuso un punto de inflexión, obligando a la organización a cambiar de estrategia. La figura de Koldo García, que hasta entonces había ejercido una influencia «persistente y directa» ante los departamentos ministeriales, empezó a ser vista como contraproducente por los propios miembros de la trama. Claudio Rivas llegó a pedir a Aldama que apartara al «grandullón» del ministerio, alegando que sus intervenciones estaban molestando a los jefes de servicio y entorpeciendo el «nuevo protocolo» que pretendían establecer directamente con los técnicos instructores.
FINAL DE LA TRAMA
A pesar de los intentos de infiltración y las múltiples gestiones realizadas a cambio de cuantiosas contraprestaciones económicas —que la UCO estima en más de un millón de euros solo en su fase inicial—, el MITECO mantuvo su firmeza técnica.
El 9 de diciembre de 2021, la Secretaría de Estado de Energía emitió una nueva resolución denegando la autorización a Villafuel SL, reiterando el incumplimiento del requisito de capacidad financiera. Este portazo administrativo no detuvo a la organización, que continuó buscando vías de influencia alternativas, incluso intentando reactivar operativas comerciales a través de mercantiles instrumentales como Have Got Time SL.
El análisis integral del expediente Villafuel en el MITECO revela, en última instancia, la vulnerabilidad de los procesos administrativos ante redes de influencia de alto nivel, pero también la capacidad de resistencia de los controles técnicos del Estado frente a la penetración de una organización criminal decidida a capturar sectores estratégicos de la economía.
