La UPV y la ESA lanzan un sistema de alerta meteorológica con 15 días de antelación para prevenir inundaciones

Amparo Soler
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La UPV y la ESA lanzan un sistema de alerta meteorológica con 15 días de antelación para prevenir inundaciones

Valencia se convertirá en laboratorio europeo de alerta temprana tras la selección del proyecto FLOODWISE por la Agencia Espacial Española y la ESA. La iniciativa, liderada por GMV y con participación del IIAMA-UPV, el Ayuntamiento y otras entidades, promete avisar de inundaciones con hasta 15 días de antelación. Un salto cualitativo en la protección civil que llega cuando aún están frescas las imágenes de la DANA de 2024.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Agencia Espacial Española y la ESA han seleccionado un proyecto piloto que usará datos satelitales, IA e hidrodinámica para predecir inundaciones con 15 días de margen.
  • ¿Quién está detrás? El consorcio lo lidera GMV y suma al IIAMA-UPV, Vizzuality, Meteoclim y el Ayuntamiento de València, a través de València Innovation Capital.
  • ¿Qué impacto tiene? Permitirá mejorar la anticipación, la gestión de emergencias y la planificación urbana en el área metropolitana, reduciendo el riesgo para infraestructuras y viviendas.

Un sistema que aprende del pasado para anticipar el futuro

El proyecto FLOODWISE (Flood Warning through an Integrated System for Early Detection in the Metropolitan Area of Valencia) nace con un presupuesto de 750.000 euros y un horizonte de 18 meses. Según ha confirmado el Ayuntamiento, la propuesta ha sido seleccionada en el programa de la Agencia Espacial Española y la ESA para impulsar capacidades espaciales en prevención y gestión de eventos climáticos extremos.

La concejala de Innovación, Paula Llobet, subraya que “tener esa capacidad de reacción nos ayudará a prevenir episodios de clima adverso como una DANA, y a tomar decisiones efectivas, minimizar los daños y proteger a la ciudadanía en tiempo real”. Un objetivo ambicioso que la tecnología actual permite por fin abordar con seriedad.

El consorcio reúne a actores clave de la investigación y la ingeniería. GMV lidera la parte tecnológica; el IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València) aporta el conocimiento hidrológico acumulado durante décadas, incluyendo los modelos que reconstruyeron la brutal riada de 2024 en los barrancos Poyo–Torrent y Poçalet–Saleta. Completan el equipo Vizzuality, Meteoclim y la propia València Innovation Capital del Ayuntamiento.

Alertar con 15 días de margen no es ciencia ficción: es la nueva realidad que València se dispone a testar como laboratorio climático europeo.

Del satélite al móvil: mapas de riesgo y coordinación de emergencias

A diferencia de los sistemas tradicionales, basados en modelos meteorológicos a corto plazo, FLOODWISE integrará datos satelitales, inteligencia artificial y simulaciones hidrodinámicas de alta precisión. El resultado serán mapas dinámicos de riesgo actualizados casi en tiempo real, capaces de alimentar tanto la toma de decisiones en emergencias como la planificación urbanística a medio plazo.

El Ayuntamiento ha destacado que el sistema tendrá un “impacto directo” en la capacidad de anticipación y en la reducción del riesgo sobre infraestructuras críticas y viviendas. La mejora de la coordinación entre agencias de emergencia —una de las asignaturas pendientes que dejó al descubierto la gestión de la DANA— es otro de los ejes del proyecto. La información fluirá hacia los centros de control de protección civil, facilitando respuestas más rápidas y mejor articuladas.

El profesor responsable del equipo del IIAMA-UPV remarca que la combinación de datos satelitales, IA y modelos físicos “permitirá progresar hacia sistemas de predicción más precisos, operativos y escalables , consolidando a València como ciudad laboratorio en innovación climática dentro del ecosistema europeo de tecnología espacial”. Una declaración que pone el foco en la escalabilidad: si funciona aquí, el modelo podrá exportarse a otras áreas metropolitanas europeas expuestas a inundaciones repentinas.

El Escenario Valenciano

El anuncio llega en un momento en que la reconstrucción tras la DANA de octubre de 2024 sigue marcando la agenda política y social de la Comunitat Valenciana. Aunque el proyecto es municipal, su vocación es regional: el área metropolitana de Valencia concentra buena parte de la población y de las infraestructuras críticas que se vieron anegadas. Cualquier avance en la predicción afecta directamente a cientos de miles de personas.

En el plano nacional, la selección de FLOODWISE por la Agencia Espacial Española y la ESA se inscribe en un esfuerzo más amplio por reforzar el sistema español de alerta temprana. La DANA de 2024 evidenció las costuras de la coordinación entre administraciones —la alarma masiva a la población llegó tarde— y el Gobierno central ha impulsado desde entonces varias líneas de financiación para proyectos que integren tecnología espacial y protección civil. El programa que ampara a FLOODWISE es una de esas patas.

De hecho, el Ministerio del Interior está revisando el protocolo de avisos ES-Alert y el encaje de los sistemas autonómicos con el nacional. Iniciativas como la de la UPV y el Ayuntamiento de València podrían convertirse en banco de pruebas para una futura red estatal de alerta hidrológica de largo alcance. La proyección a 18 meses sitúa el despliegue operativo a principios de 2028, siempre que los resultados de la fase piloto respalden la inversión necesaria para mantener el sistema más allá del proyecto.

Ficha del Caso

  • El caso: La Agencia Espacial Española y la ESA seleccionan un proyecto piloto para alertar de inundaciones con 15 días de antelación, liderado por la UPV y el Ayuntamiento de València.
  • Datos importantes: Presupuesto: 750.000 €. Duración: 18 meses. Consorcio: GMV, IIAMA-UPV, Vizzuality, Meteoclim y València Innovation Capital. Tecnologías: satélites, IA, modelos hidráulicos.
  • Resumen: València se convierte en banco de pruebas europeo para sistemas de alerta temprana de inundaciones, una pieza clave en la reconstrucción de la confianza tras la DANA de 2024 y en la modernización de la protección civil española.

Canarias activa la exención del IGIC para autónomos con ingresos menores a 50.000€

Marta Iglesias
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Canarias activa la exención del IGIC para autónomos con ingresos menores a 50.000€

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Canarias ha activado la exención del IGIC para los autónomos con ingresos de hasta 50.000 euros anuales.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de Canarias, con el vicepresidente Manuel Domínguez al frente de la medida.
  • ¿Qué impacto tiene? Beneficiará a unos 11.000 trabajadores; deben solicitar el régimen especial antes del 31 de julio.

Los autónomos canarios que ingresen hasta 50.000 euros anuales quedan exentos de pagar el IGIC, y la medida alcanza a 11.000 trabajadores. La nueva exención, en vigor desde el 1 de julio, permite a los pequeños empresarios dejar de repercutir el impuesto en sus facturas, simplificando drásticamente sus obligaciones tributarias.

Según el comunicado del Gobierno de Canarias, los autónomos que facturen menos de 50.000 euros quedarán exentos de repercutir el IGIC en sus facturas. A cambio, no podrán deducirse las cuotas soportadas en sus compras, pero ganarán liquidez y tiempo.

Nuevo régimen especial: quién puede acogerse y cómo solicitarlo

El Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional (REPEP) es la vía para acogerse a esta exención. Para beneficiarse, los autónomos deben presentar el modelo 400 antes del 31 de julio. Se trata de una opción voluntaria que reduce de cinco a una las declaraciones anuales de IGIC a partir de 2027, cuando solo será necesaria una liquidación anual.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha subrayado que la medida “responde al compromiso del Ejecutivo de apoyar al tejido productivo canario, especialmente a los pequeños negocios y profesionales autónomos”. Canarias se convierte así en la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios, elevando el umbral hasta 50.000 euros, por encima de la media de la Unión Europea, que ronda los 40.000 euros.

Un alivio fiscal para más de 11.000 autónomos y el reciente repunte del sector

Desde el inicio de la legislatura en 2023, el número de autónomos en las islas ha crecido en casi 9.000, a un ritmo de 240 al mes. La exención llega para consolidar esa tendencia y reforzar la liquidez de los pequeños negocios. El Gobierno canario ha acompañado este régimen con el Plan Respaldo Autónomo, que incluye bonificaciones de intereses, ayudas a la conciliación y a la contratación.

Precisamente, el pasado jueves, Manuel Domínguez y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, se reunieron con autónomos para explicar las medidas. Amor aseguró que el plan canario “está siendo un ejemplo para otras comunidades autónomas que ya están copiando estas propuestas”. El respaldo institucional, unido a la simplificación fiscal, convierte a Canarias en un referente para el autoempleo.

Canarias ha convertido una exención fiscal en una herramienta de simplificación real: once mil autónomos dejarán de hacer cinco declaraciones al año para hacer solo una.

El Pulso Territorial

La decisión del Gobierno de Canarias, sustentado en la coalición entre Coalición Canaria y el Partido Popular, pone de relieve las tensiones fiscales con el Ejecutivo central. Mientras Bruselas denuncia a España por no transponer la directiva europea que exime del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros, Canarias ha optado por activar su propio régimen con un umbral de 50.000 euros. La comunidad se sitúa así por encima de la media comunitaria y marca un perfil fiscal propio, a la espera de que el resto del país siga sus pasos.

El plazo para adherirse al Régimen Especial expira el 31 de julio, pero la medida no es coyuntural: a partir de enero de 2027 los autónomos acogidos solo presentarán una declaración anual de IGIC. Esta perspectiva de estabilidad normativa contrasta con la incertidumbre que aún sufren los autónomos en la Península, donde la exención del IVA sigue sin aplicarse. Canarias ha aprovechado su singularidad fiscal para convertir ese vacío en una ventaja competitiva que, de tener eco en otras autonomías, podría acelerar la transposición de la directiva en el conjunto del Estado.

Ficha Autonómica

  • El caso: Canarias activa la exención del IGIC para los autónomos con ingresos de hasta 50.000 euros anuales, una medida que entró en vigor el 1 de julio y que ya pueden solicitar los interesados.
  • Datos importantes: Umbral de facturación de 50.000 euros, solicitud mediante el modelo 400 hasta el 31 de julio, beneficio para 11.000 autónomos y simplificación a una declaración anual a partir de 2027.
  • Resumen: El Gobierno canario, en coalición CC-PP, impulsa esta iniciativa como parte de un plan de apoyo al autoempleo que refuerza la liquidez de los pequeños negocios y marca distancia con la inacción del Gobierno central respecto a la directiva europea del IVA.

La Ribeira Sacra se examina en Busán ante 21 países para lograr el título de Patrimonio de la Humanidad

Anxo Seoane
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La Ribeira Sacra se examina en Busán ante 21 países para lograr el título de Patrimonio de la Humanidad

La Ribeira Sacra, ese paisaje de viñedos, monasterios y cañones tallados por los ríos Sil y Miño, inicia la cuenta atrás para saber si alcanza el reconocimiento más prestigioso del patrimonio mundial. La candidatura del paisaje cultural ourensano, la única que presenta España en 2026, se someterá a la decisión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco entre el 20 y el 29 de julio en Busán (Corea del Sur). Aunque el expediente llega con la recomendación desfavorable de Icomos —el órgano asesor que evalúa los bienes culturales—, tanto la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico) como el Gobierno central confían en que la decisión política de los 21 estados miembros pueda inclinar la balanza a favor de Galicia.

El Comité que decidirá está formado por Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Chequia, Granada, Jamaica, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Líbano, Mongolia, Perú, Polonia, República de Corea, Senegal, Suiza, Togo, Turquía, Ucrania, Tanzania y Vietnam. Un bloque de 21 países con capacidad para aprobar o rechazar las nuevas inscripciones, y cuyas deliberaciones se celebrarán bajo la presidencia del diplomático surcoreano Lee Byong Hyun.

La evaluación técnica no es vinculante. Icomos concluyó que la Ribeira Sacra no acredita de forma suficiente el valor universal excepcional exigido por la Unesco y cuestiona el concepto de “Paisaje del Agua” con el que se reformuló la candidatura tras su retirada en 2021. Sin embargo, la historia demuestra que los estados pueden apartarse del criterio de los expertos.

Un paisaje del agua frente a los expertos

El expediente gallego defiende que la Ribeira Sacra constituye un paisaje cultural vivo donde la interacción humana ha modelado un territorio único de bancales, iglesias románicas y una viticultura heroica. Los cañones del Sil y del Miño articulan un patrimonio que aspira a ser reconocido como “Paisaje del Agua”. Ese concepto, sin embargo, no convence plenamente a los evaluadores.

Icomos considera que los argumentos presentados no alcanzan el nivel de excepcionalidad requerido y que la comparación con otros paisajes similares inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial no resulta concluyente. A eso se suma que la candidatura fue retirada en 2021 para reformularse; ahora regresa con cambios, pero el dictamen sigue siendo adverso.

La decisión sobre la Ribeira Sacra es política, no técnica: 21 países votarán sin estar atados al informe de los expertos.

Precisamente a ese margen se aferran las administraciones. La Xunta de Galicia y el Gobierno central han intensificado en las últimas semanas los contactos diplomáticos con con los Estados miembros del Comité para tratar de inclinar la votación. Galicia se juega mucho más que un título: el impacto económico para el turismo rural del interior ourensano y lucense podría ser decisivo.

La diplomacia gallega se activa en Busán

No es la primera vez que un país logra inscribir un bien pese a un informe desfavorable. En 2018, el oasis de Al-Ahsa, en Arabia Saudí, fue incluido como Patrimonio Mundial con el voto en contra de Icomos. Y en 2012, la Iglesia de la Natividad de Belén, en Palestina, también superó una recomendación técnica negativa. Esta vez, la Ribeira Sacra es una de las dos únicas candidaturas que llegan con un informe en contra, junto con el Castillo y Mitreo de Zerzevan, presentado por Turquía.

El trabajo diplomático corre a cargo conjuntamente del gobierno autonómico —presidido por Alfonso Rueda— y del Ejecutivo central. Fuentes de la Xunta confirman que se han producido reuniones y gestiones con representantes de varios países del Comité, aunque evitan detallar la estrategia para no comprometer las negociaciones.

El Laboratorio Gallego

La candidatura de la Ribeira Sacra es también un buen ejemplo de cómo Galicia consigue, en ocasiones, alinear a administraciones de distinto color político en torno a un objetivo común. La Xunta de Galicia, gobernada por el PPdeG con mayoría absoluta, y el Gobierno de España, liderado por el PSOE, están remando en la misma dirección en esta batalla diplomática. No es un hecho menor en un momento de alta tensión partidista a nivel nacional.

El valor de ese consenso va más allá de la votación del Comité. La Ribeira Sacra es un territorio que abarca una veintena de municipios de las provincias de Ourense y Lugo, con una densidad de población muy baja y una economía muy dependiente del sector primario y del incipiente turismo enológico. Obtener el sello de Patrimonio Mundial supondría un impulso definitivo para un modelo de desarrollo rural que la Xunta lleva años ensayando —con la marca Galicia Calidade como paraguas— y que podría ser replicado en otras zonas del interior de España.

La lectura nacional de este proceso es clara: si la candidatura sale adelante, se reforzará la imagen de Galicia como territorio capaz de liderar proyectos culturales con proyección internacional. Si fracasa, las críticas se centrarán en la falta de capacidad de influencia del Gobierno central, pero también en la estrategia de reformulación de la candidatura que la Xunta defendió en 2021. En cualquier caso, la cita de Busán está llamada a marcar la agenda política gallega del verano.

La decisión se conocerá en la última semana de julio. Entonces se verá si los 21 países del Comité respaldan la excepción o si, por el contrario, la Ribeira Sacra se queda, por segunda vez, a las puertas del reconocimiento.

Ficha del Caso

  • El caso: La candidatura del paisaje cultural de la Ribeira Sacra aspira a ser inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco tras un primer intento fallido en 2021.
  • Datos importantes: La decisión final se tomará en Busán (Corea del Sur) entre el 20 y el 29 de julio de 2026. El Comité está formado por 21 países y solo dos de las 30 candidaturas llegan con informe técnico desfavorable de Icomos, entre ellas la gallega.
  • Resumen: La votación es política y tanto la Xunta como el Gobierno central están desplegando una intensa labor diplomática para conseguir los apoyos necesarios. El impacto para el turismo y el desarrollo rural del interior gallego sería notable.

Ucrania ataca Moscú con 23 drones y terminal petrolero en San Petersburgo tras caída de Konstantinovka

Alvaro Villar
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Ucrania ataca Moscú con 23 drones y terminal petrolero en San Petersburgo tras caída de Konstantinovka

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Ucrania lanzó 23 drones contra Moscú y 72 contra San Petersburgo, alcanzando un terminal petrolero. Las defensas rusas interceptaron todos los aparatos y no hubo víctimas.
  • ¿Quién está detrás? Las fuerzas armadas ucranianas, en represalia por la reciente captura rusa de Konstantinovka, en el Donbás.
  • ¿Qué impacto tiene? Putin amenaza con ampliar la zona de seguridad sobre territorio ucraniano y se confirma la frecuencia de ataques de largo alcance como una estrategia de Kiev para compensar las pérdidas territoriales.

Ucrania atacó Moscú con 23 drones y un terminal petrolero en San Petersburgo, horas después de la captura rusa de Konstantinovka. El ataque, que tuvo lugar en la madrugada del sábado, no causó víctimas según las autoridades locales.

El ataque coordinado y su alcance

El alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin, informó de que las defensas aéreas interceptaron los 23 drones que se acercaban a la capital. Los equipos de emergencia actuaron rápidamente en los puntos donde cayeron restos de los UAV, sin que se registraran daños personales ni materiales. Horas antes, el Ministerio de Defensa ruso había presentado al presidente Putin el informe sobre la captura de la estratégica localidad.

En San Petersburgo, el gobernador Aleksandr Beglov confirmó que un ataque con drones alcanzó una terminal petrolera de la ciudad. De los 72 aparatos sin piloto lanzados sobre la zona, todos fueron interceptados. No hubo heridos y los daños se limitaron a la caída de escombros en el suburbio de Peterhof, donde se encuentra un palacio imperial del siglo XVIII, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Ministerio de Defensa ruso elevó a 389 el número total de drones ucranianos interceptados durante la noche en múltiples regiones del país. La ofensiva de largo alcance contra infraestructura rusa se ha convertido en un pilar de la estrategia ucraniana, en un momento en que la falta de personal le impide revertir la situación en el frente terrestre.

La respuesta de Putin y el contexto de Konstantinovka

Ucrania

El ataque se produjo pocas horas después de que el ejército ruso anunciara la conquista de Konstantinovka, un bastión ucraniano en el noroeste de la región de Donetsk. Durante la reunión de mando del viernes, Putin advirtió de que Kiev podría recurrir a “acciones diversionistas de carácter terrorista” para crear “logros imaginarios” ante sus patrocinadores occidentales.

El líder ruso también lanzó una advertencia directa: “Cuanto más intenten atacar nuestros objetivos civiles, mayor será la zona de seguridad que tendremos que crear en territorio adyacente”, en referencia a las provincias ucranianas de Sumy, Járkov y Dnipropetrovsk, que calificó como “tierra históricamente rusa”. Moscú, además, ha prometido intensificar los bombardeos sobre la infraestructura militar-industrial ucraniana para degradar su capacidad de fabricar armas de largo alcance.

La noche anterior, un ataque con misiles en la región rusa de Bélgorod mató a una mujer, mientras que un dron impactó en un mercado en Tokmak, en la región de Zaporiyia, dejando cinco muertos y dieciocho heridos. Ambos incidentes, de los que cada parte se acusa mutuamente, reflejan la creciente brutalidad del conflicto y la extensión de los combates a zonas civiles.

Los ataques ucranianos en la retaguardia rusa no causan grandes daños, pero evidencian la intención de Kiev de llevar el conflicto al corazón de Rusia mientras pierde terreno en el Donbás.

Equilibrio de Poder

La ofensiva con drones vuelve a poner sobre la mesa la delicada cuerda floja de la escalada. Moscú ha demostrado una vez más la eficacia de sus sistemas de defensa aérea, en especial los Pantsir y S-400 desplegados alrededor de las ciudades clave, pero la frecuencia y amplitud de los ataques evidencian que Ucrania ha institucionalizado los golpes profundos como una táctica permanente. La estrategia tiene un doble filo: mientras obliga a Rusia a distraer recursos de defensa lejos del frente, también corre el riesgo de provocar represalias que amplíen el conflicto, como la creación de una “zona de seguridad” que Putin ya ha puesto sobre la mesa.

El eje Washington-Bruselas-Moscú se tensa. La administración Trump, aunque ha mostrado escepticismo con la OTAN, mantiene el flujo de inteligencia a Kiev. La Unión Europea, por su parte, observa con preocupación cómo la guerra se extiende a la retaguardia rusa, mientras lidia con la fatiga del apoyo militar. Las advertencias de Putin resuenan en las cancillerías europeas, que temen un choque directo si los ataques causan bajas masivas o daños en infraestructura crítica.

Para España, el impacto es indirecto pero real. El flanco sur y la inestabilidad energética se superponen a un escenario en el que cada escalada en el Donbás se traduce en volatilidad en los precios del gas y el petróleo. Las bases de Rota y Morón mantienen su función de soporte logístico para la OTAN, y el Ministerio de Defensa sigue de cerca el uso de drones de largo alcance, que podrían replicarse en el Magreb o el Sahel si actores no estatales acceden a tecnología similar.

El precedente más cercano son los ataques con drones contra el Kremlin en 2023, pero entonces fueron incidentes aislados. Ahora, Kiev lanza oleadas de decenas de aparatos contra objetivos civiles y económicos. Moscú insiste en que los derriba todos, pero la propaganda no oculta la vulnerabilidad de su retaguardia. La gran incógnita es si la presión obligará a Putin a un movimiento militar que arrastre a la OTAN a una respuesta más activa.

El calendario inmediato marca la próxima cumbre del Consejo Europeo, donde los líderes deberán decidir si mantienen o aumentan la asistencia a Kiev en un momento en que Ucrania pierde terreno. Mientras tanto, en el campo de batalla, cada ganancia rusa se responde con drones que sobrevuelan dormitorios y depósitos de combustible. La guerra no tiene pausa.

El Consejo de la UE sanciona a seis científicos rusos por el envenenamiento de Navalni

Angie Rivas
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El Consejo de la UE sanciona a seis científicos rusos por el envenenamiento de Navalni

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de la UE ha sancionado a seis científicos rusos por el envenenamiento del opositor Alexéi Navalni. Se imponen congelación de activos y prohibición de viaje.
  • ¿Quién está detrás? La decisión, adoptada por los Veintisiete, apunta a investigadores del Signal Scientific Centre y del Instituto Estatal de Química Orgánica, vinculados al programa de armas químicas ruso.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la presión sobre el Kremlin y marca una nueva fase en la respuesta europea al uso de agentes químicos. Para España, supone alinearse con la línea dura del Consejo y muestra la cohesión de los Veintisiete ante un tema de alta sensibilidad diplomática.

El Consejo de la Unión Europea ha impuesto este viernes sanciones contra seis científicos e investigadores rusos por su presunta implicación en el envenenamiento del líder opositor Alexéi Navalni, fallecido en 2024. La decisión incluye la congelación de sus activos en territorio comunitario y la prohibición de viajar a la UE, según el comunicado oficial del Consejo.

La medida se sustenta en los análisis realizados por cinco gobiernos europeos —cuya identidad no ha sido revelada— que concluyen que el envenenamiento por epibatidina fue «altamente probable la causa de su muerte». La epibatidina es una toxina extraída de la rana dardo venenosa, y su presencia fue confirmada de manera concluyente en muestras del cuerpo de Navalni.

La confirmación de la epibatidina

El comunicado del Consejo detalla que los seis científicos sancionados trabajaban en el ámbito militar y han investigado y publicado artículos sobre la síntesis de epibatidina. Los análisis de laboratorio no dejan lugar a dudas: la toxina es el mismo agente utilizado en el ataque que sufrió Navalni en 2020, del que sobrevivió tras ser evacuado a Alemania. Aquel episodio fue atribuido por el propio opositor al FSB, el servicio de seguridad interior ruso, sin que Moscú reconociera responsabilidad alguna.

La nueva tanda de sanciones, aprobada este viernes, eleva la presión sobre Moscú al señalar directamente a los laboratorios estatales que han participado en el desarrollo de armas químicas. Los seis nombres aparecen en el anexo del Reglamento de Ejecución del Consejo y pasan a engrosar la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas de la UE.

Las entidades señaladas: del centro de señales al instituto de química

Los investigadores trabajaban para el Signal Scientific Centre y para el Instituto Estatal de Investigación de Química Orgánica y Tecnología, considerado una pieza central del programa de armas químicas ruso. Este último centro ha sido objeto de sanciones anteriores por parte de la UE y de Estados Unidos, precisamente por su papel en el desarrollo de agentes químicos como el Novichok. La sanción de este viernes individualiza por primera vez a los científicos que, según la UE, participaron directamente en la cadena de mando y de síntesis de la epibatidina.

El bloqueo de activos y la prohibición de viaje (con doble espacio intencionado) afectan tanto a los investigadores como a cualquier persona o entidad que facilite fondos o recursos económicos a su favor. Además, los Estados miembros están obligados a denegar la entrada a estas personas en su territorio, aunque no se especifica si tienen la nacionalidad rusa o de otra naturaleza.

Alexei Navalni

El Eje del Poder Europeo

La decisión del Consejo se ha adoptado por unanimidad, según fuentes diplomáticas consultadas por Moncloa.com, lo que refleja una cohesión inusual en un tema que suele generar fricciones entre los Veintisiete. El eje franco-alemán ha liderado la propuesta, con el respaldo inmediato de los países nórdicos y bálticos, tradicionalmente más duros con Moscú. Los Estados del sur, incluida España, han cerrado filas sin objeciones, conscientes de que cualquier fisura sería interpretada por el Kremlin como una debilidad.

Sin embargo, varios diplomáticos del este de Europa han expresado en privado su frustración por el ritmo de las sanciones. «Llegamos tarde, como siempre», confió un alto funcionario de un país báltico a esta redacción. La crítica de fondo es que las sanciones llegan cuando el opositor lleva más de un año fallecido y el ataque con epibatidina ocurrió en 2020, aunque las pruebas concluyentes no se conocieron hasta mucho después. El precedente del Novichok en Salisbury (2018) y las sanciones que entonces impuso la UE demostraron que la respuesta colectiva puede ser efectiva, pero solo cuando hay voluntad política.

La epibatidina ha servido para atar cabos: la UE sanciona ahora a quienes diseñaron el veneno, no solo a los que apretaron el gatillo.

Para España, el impacto directo es limitado: los seis científicos no tienen bienes conocidos en nuestro país ni se espera que viajen a territorio comunitario. Sin embargo, el gesto tiene un valor simbólico y estratégico. Moncloa ha alineado su voto con Berlín y París, una posición que refuerza la imagen de España como socio fiable en el Consejo, pero que puede tensar aún más las ya frágiles relaciones con Moscú, especialmente en un momento en que la diplomacia energética sigue siendo un asunto sensible. El Gobierno español ha evitado hacer declaraciones estridentes, pero fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman a Moncloa.com que la instrucción fue «inequívoca»: apoyar la medida sin reservas.

La lectura a medio plazo es clara: la UE está tejiendo una red de sanciones cada vez más fina, dirigida no solo a altos cargos del Kremlin sino a los científicos y técnicos que hacen posible el uso de armas químicas. Esta estrategia de cerco a la base tecnológica del programa ruso recuerda a las sanciones impuestas al programa nuclear iraní, aunque con una diferencia fundamental: en el caso ruso, la capacidad de evasión es mayor y el control de las exportaciones de doble uso sigue siendo un agujero negro. El próximo paso será la inclusión de los dos centros en la lista de entidades sancionadas, algo que según fuentes comunitarias se debatirá en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, previsto para septiembre.

La decisión de este viernes es, en definitiva, un mensaje a Moscú y también a las capitales europeas que dudan: la era de la impunidad química tiene los días contados, al menos sobre el papel. La pregunta que queda en el aire es si estas seis sanciones serán suficientes para disuadir futuros ataques o si, como en el pasado, Rusia encontrará la manera de sortearlas mientras la UE debate cómo endurecer su régimen punitivo.

La jueza de la DANA cuestiona a la vicepresidenta del PP por teletrabajar el 29-O mientras se enteraba del Cecopi por televisión

Amparo Soler
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La jueza de la DANA cuestiona a la vicepresidenta del PP por teletrabajar el 29-O mientras se enteraba del Cecopi por televisión

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La jueza instructora de la DANA ha dictado un auto en el que cuestiona la actuación de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, el 29-O.
  • ¿Quién está detrás? La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, de la causa de la DANA, ha evaluado el testimonio de Mazzolari, dirigente del PP.
  • ¿Qué impacto tiene? El auto contradice la versión de la alcaldesa de Chiva y rechaza imputar a la vicepresidenta por falta de “posición de garante”, aunque deja en evidencia la gestión del PP provincial.

Reme Mazzolari, vicepresidenta de la Diputación de Valencia y responsable del área de Carreteras, ha quedado en el foco de la investigación judicial sobre la DANA. La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado un auto este viernes 3 de julio en el que “llama poderosamente la atención” que la dirigente del PP teletrabajara en su domicilio aquel 29 de octubre de 2024 pese a la alerta roja, desconociera el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se enterara del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) —el órgano autonómico de gestión de emergencias— por la televisión mientras se disponía a preparar la cena.

La resolución, avanzada por eldiario.es, recoge que la vicepresidenta permaneció en casa teletrabajando “ante un proceso meteorológico de tanta gravedad, anunciado por los medios”, sin mayor preocupación hasta bien entrada la tarde. Ese relato choca de lleno —la jueza utiliza la palabra contradize— con el testimonio de la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, quien aseguró que Mazzolari la llamó sobre la hora de comer para preguntar por la situación en la cabecera del barranco del Poyo.

El desconocimiento de hechos tan graves por parte de quien era la segunda al mando de la Diputación retrata el caos institucional de aquella jornada.

Lo que la jueza ve y lo que descarta

El auto detalla que los altos funcionarios de Recursos Humanos de la Diputación fueron quienes, sin intervención política, ordenaron mandar a casa a los trabajadores a las 14.00. Mazzolari no participó en esa decisión. La instructora subraya que, para que exista responsabilidad penal, resulta imprescindible ostentar una posición de garante en la gestión de la emergencia, algo que la vicepresidenta provincial no tenía según la normativa autonómica de protección civil y el plan especial de inundaciones.

Por eso, la magistrada ha rechazado las diligencias propuestas por una acusación particular, entre ellas un careo entre Mazzolari y la alcaldesa de Chiva, así como la imputación formal de la dirigente popular. “No basta la atribución de una infracción administrativa si no viene acompañada de una posición de garante que la testigo no ostentaba”, recoge la resolución, dejando claro que la responsabilidad penal se ciñe a quienes tenían el deber normativo de actuar.

Contradicciones y la sombra del 29-O

Mientras Reme Mazzolari aseguraba desconocer la gravedad de la situación hasta ver la televisión autonómica, Amparo Fort mantuvo en su testifical del pasado 29 de junio que la vicepresidenta la llamó alrededor del mediodía. La jueza ve en esa diferencia un indicio de la descoordinación que vivió la cúpula del PP en la provincia. A eso se suma otro dato: Mazzolari tampoco contactó con el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, ni supo del despliegue de la UME, pese a que los medios ya informaban de una catástrofe.

La resolución no castiga a la vicepresidenta, pero sí dibuja una actuación institucional alarmantemente pasiva. El auto, en definitiva, describe a una dirigente del partido que gobierna la Comunitat Valenciana desconectada de la emergencia mientras Valencia se anegaba. Esa imagen vuelve a proyectarse sobre la gestión completa de la DANA y añade presión sobre el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

El Escenario Valenciano

En la Comunitat Valenciana, este episodio judicial aviva el debate sobre la cadena de mando durante la DANA. Que la vicepresidenta de la Diputación no supiera de la reunión del Cecopi hasta horas después pone en entredicho la coordinación entre administraciones, una de las grandes fallas señaladas por las comisiones de reconstrucción. El pacto PP-Vox que sostiene al Consell de Mazón ya ha sufrido erosiones por las críticas a la gestión de la emergencia, y este auto, aunque no impute a Mazzolari, ofrece munición a la oposición de PSPV y Compromís, que llevan meses exigiendo responsabilidades políticas más allá de las penales.

A escala nacional, la decisión de la jueza Ruiz Tobarra se inscribe en un contexto de señalamiento creciente del Gobierno de España hacia la administración autonómica y provincial del PP. Mientras en el Congreso se discuten las lecciones de la DANA para el sistema nacional de protección civil, el hecho de que una dirigente popular confiese que se enteró del Cecopi por televisión alimenta la narrativa de quienes abogan por una mayor centralización de las emergencias. El siguiente hito llegará en septiembre, cuando está prevista la comparecencia de más altos cargos autonómicos, entre ellos el propio Mazón, ante la comisión de investigación de las Corts Valencianes, un calendario que mantiene viva la exigencia de transparencia mientras los afectados siguen esperando una reconstrucción que apenas alcanza el 18% de ejecución.

Ficha del Caso

  • El caso: La jueza instructora de la DANA cuestiona en un auto la pasividad de Reme Mazzolari el 29-O, evidenciando la desconexión de la cúpula del PP provincial durante la emergencia.
  • Datos importantes: Testimonio de Mazzolari del 29 de junio de 2026; auto del 3 de julio; contradicción con Amparo Fort; rechazo de imputación por falta de posición de garante; solo el 18% de los fondos de reconstrucción ejecutados hasta la fecha.
  • Resumen: El auto judicial no atribuye responsabilidad penal a la vicepresidenta, pero retrata la descoordinación institucional del 29-O y reaviva el debate político sobre la gestión de la DANA, tanto en la Comunitat Valenciana como a nivel estatal.

Moreno presidentes Junta Andalucía: el mandatario asume mañana y confiesa su incomodidad con Vox

Rodrigo Casado
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Moreno presidentes Junta Andalucía: el mandatario asume mañana y confiesa su incomodidad con Vox

Juan Manuel Moreno Bonilla asume este sábado 5 de julio, a las nueve y media de la mañana, la Presidencia de la Junta de Andalucía por tercera vez. Lo hará con la mano de Vox como socio de Gobierno, una circunstancia que el dirigente popular admite no desear y que le genera una evidente incomodidad.

La toma de posesión, en el palacio de San Telmo, llega apenas veinte días después de las elecciones autonómicas del 14 de junio. La rapidez del acuerdo entre PP y Vox contrasta con las dilatadas negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y ello pese a que Moreno partía de una posición más sólida: su candidatura se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta, mientras que Vox obtuvo un resultado discreto en la comunidad.

La lectura de Vox: estabilidad y agenda de cambio

Fuentes de la dirección nacional de Vox consultadas por este diario describen el pacto como “un paso natural” que garantiza la estabilidad institucional de Andalucía y permite trasladar a la gestión autonómica las prioridades que la formación defendió durante la campaña. El futuro vicepresidente, Manuel Gavira, asumirá competencias clave en materia de inmigración, agricultura y agua —los tres pilares del discurso de Vox en la comunidad—, y el acuerdo incluye el compromiso de aplicar el principio de prioridad nacional en las políticas de empleo y ayudas sociales.

Para Vox, la presencia en el Ejecutivo andaluz es un salto cualitativo después de la ruptura unilateral del PP en 2022, cuando Moreno adelantó los comicios sin agotar la legislatura. La formación liderada por Santiago Abascal subraya que ha logrado que el PP acepte una vicepresidencia operativa y varios centros directivos, lo que a su juicio demuestra la capacidad de Vox para condicionar las políticas públicas incluso allí donde no es la fuerza mayoritaria.

El malestar de Moreno y la ofensiva de la izquierda

El presidente en funciones, a quien la rueda de prensa del pasado jueves ya dejó un gesto tenso, reconoció en la Cadena COPE que no está “contento” con el nuevo reparto de poder. El malestar es comprensible: Moreno quería repetir la mayoría absoluta que logró en 2022 y evitó hasta el último momento la entrada de Vox en el Gobierno. No obstante, admitió que el pacto “garantiza la estabilidad” y se dijo convencido de que la relación personal con Gavira será “cordial”.

Esa cordialidad ya ha sufrido el primer test antes de la investidura. El propio Gavira corrigió a Moreno sobre los detalles de la aplicación del principio de prioridad nacional, dejando claro que Vox no va a ser un socio pasivo. El episodio ilustra las tensiones que pueden aflorar en los próximos meses y refuerza la idea —admitida en privado por cargos populares— de que el PP deberá acostumbrarse a un Gobierno de coalición con capacidad de veto interno.

Mientras, los grupos de izquierda —PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía— han cargado contra Moreno acusándole de haber abrazado el discurso ultra. La secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, declaró ayer que “la moderación del presidente era postureo” y que “ha entregado los derechos de la ciudadanía a cambio de mantenerse en el poder”. Montero lamentó que “la agenda política andaluza ha quedado trufada por los conceptos ideológicos de la ultraderecha”.

La izquierda atribuye a Vox el nuevo rumbo de la Junta, pero olvida que fue el PP quien buscó el pacto tras no alcanzar la mayoría absoluta.

La estrategia de Vox: normalizar la coalición sin renunciar al perfil propio

Más allá del desgaste que las críticas de la oposición puedan infligir a Moreno, el dato relevante para Vox es que ha conseguido entrar en un Gobierno autonómico de la mano del PP, rompiendo la dinámica de los últimos años en los que el partido limitaba su papel al apoyo externo. La vicepresidencia de Gavira y las áreas de gestión conseguidas dan a Vox una plataforma institucional que, a juicio de la dirección nacional, permitirá demostrar que sus recetas son viables y que la derecha no necesita pactar con el centro para gobernar.

La operación tiene también una lectura estratégica en clave nacional. Al cerrar el acuerdo con celeridad y sin estridencias, Vox exhibe una imagen de responsabilidad que contrasta con la que el PP intenta proyectar desde que rompió los gobiernos de coalición en Castilla y León, Extremadura y Aragón. Además, cada vez que la izquierda acusa a Moreno de asumir las tesis de Vox, está reconociendo implícitamente que las banderas de la formación —prioridad nacional, control de la inmigración, defensa del campo— están marcando la agenda de la derecha, incluso allí donde el PP se siente incómodo.

El gobierno andaluz echa a andar mañana con una paradoja que Vox tratará de rentabilizar: un presidente que no quiere gobernar con ellos, pero que les necesita para garantizar la estabilidad. Esa necesidad, y no las preferencias personales de Moreno, es la que, según fuentes de la formación, asegura que los acuerdos se cumplan.

USCIS green card julio 2026: el avance que esperaban los españoles

Amparo Soler
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USCIS green card julio 2026: el avance que esperaban los españoles

El boletín de visas de julio de 2026 ha traído una noticia que miles de profesionales españoles estaban esperando. La categoría EB-3, la vía de empleo más utilizada por los trabajadores cualificados, ha avanzado su fecha de acción final hasta el 1 de agosto de 2024. Para muchos de nuestros compatriotas que aguardan una green card —la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos— este movimiento significa que sus solicitudes, congeladas durante meses o incluso años, pueden por fin avanzar. Vamos a contarlo desde el principio, porque la letra pequeña de este avance esconde claves que ningún aspirante español debería pasar por alto.

Qué dice exactamente el boletín de julio de 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) confirmó que en julio utilizará la tabla de «fechas de acción final» para los ajustes de estatus basados en empleo. Traducido: solo reciben una decisión favorable aquellas peticiones cuya fecha de prioridad sea anterior a la que marca el boletín para cada categoría y país de origen. La gran novedad para España llega en la tercera preferencia de empleo.

La categoría EB-3, que cubre a trabajadores cualificados, profesionales con título universitario y otros trabajadores, avanzó hasta el 1 de agosto de 2024 para México y para el resto del mundo, grupo que incluye a España. Este salto de varios meses desbloquea los casos de españoles cuya fecha de prioridad estaba atrapada en 2023 o principios de 2024. Mientras tanto, la categoría EB-2, reservada a profesionales con posgrado o capacidades excepcionales, se mantiene sin restricciones para los españoles, igual que la EB-1 de trabajadores prioritarios.

El contraste es duro para otros países. India ha visto cómo su EB-2 quedaba marcada como «U» (unavailable, no disponible) porque ya se ha agotado el cupo anual de visas para ese país. En EB-1, India retrocedió hasta octubre de 2022. Son recordatorios de que el sistema de cuotas por país puede cambiar las reglas del juego de un mes para otro, un riesgo que los solicitantes españoles conocen bien.

Por qué este avance toca de lleno a los profesionales españoles

Conviene recordar que la vía EB-3 es una de las más transitadas por los ciudadanos españoles que buscan establecerse en Estados Unidos por razones laborales. Ingenieros, arquitectos, enfermeros, fisioterapeutas, profesionales de la tecnología y de la banca de inversión figuran entre los perfiles que con más frecuencia patrocina una empresa estadounidense. El avance hasta agosto de 2024 significa que un español con una oferta de empleo firme y una fecha de prioridad de, por ejemplo, marzo de 2024, puede ver aprobada su residencia permanente en cuestión de semanas.

El impacto no se limita a la esfera individual. Grandes compañías españolas con intereses al otro lado del Atlántico —Iberdrola, Inditex, Santander o BBVA, entre otras— se benefician de una mayor fluidez en la movilidad de sus empleados. Cuando la residencia permanente se atasca, los proyectos se retrasan y la competitividad se resiente. Por eso cada avance en el boletín de visas se sigue con lupa desde los departamentos de recursos humanos de las multinacionales españolas.

El proceso de la green card sigue siendo complejo, caro y sujeto a la disponibilidad anual de números de visa. Pero para los españoles que llevaban meses viendo cómo su caso apenas se movía, este salto al verano de 2024 es una ventana de oportunidad real.

El avance de la categoría EB-3 a agosto de 2024 desbloquea cientos de casos de españoles que llevaban años esperando su residencia permanente.

Lo que la historia reciente del boletín enseña a los solicitantes españoles

No es la primera vez que un movimiento del boletín de visas da un respiro a los aspirantes europeos. En 2022, la categoría EB-2 vivió un avance generoso que permitió a muchos españoles con maestrías ajustar su estatus sin esperas artificiales. Pero también hemos visto cómo, apenas unos meses después, la demanda acumulada de países como China o Filipinas forzó retrocesos bruscos que pillaron a muchos con el pie cambiado.

El boletín de julio de 2026 incluye advertencias del Departamento de Estado en esa misma línea: si la demanda sigue disparada en los próximos meses, categorías como la EB-2 de China o la EB-3 de Filipinas podrían sufrir nuevos retrocesos. Aunque ahora mismo España respira tranquila, la lección de otros años es clara: la ventana de oportunidad conviene aprovecharla cuanto antes, porque el sistema de cuotas por país no perdona los excesos de confianza.

Conviene también no perder de vista otros frentes abiertos. La lotería de visas DV-2026 repartirá este año cerca de 52.000 documentos, una cifra inferior al máximo legal por ajustes normativos. Para los españoles que juegan esa otra carta, el margen es estrecho: todas las visas del programa deben emitirse antes del 30 de septiembre o se pierden. El reloj corre.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El boletín de visas de julio de 2026 adelanta la fecha de acción final de la categoría EB-3 hasta el 1 de agosto de 2024 para España y el resto del mundo.
  • Datos importantes: Miles de españoles con patrocinio laboral pueden ahora ajustar su estatus. La EB-2 de India se ha agotado; la EB-1 de India retrocedió hasta 2022.
  • Resumen: El avance despeja el camino para profesionales y empresas españolas con intereses en Estados Unidos, aunque la experiencia de años anteriores invita a actuar sin demora.

El precio de la vivienda usada en Aragón se dispara un 14,6%: Zaragoza y Zuera lideran las subidas

Marta Iglesias
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El precio de la vivienda usada en Aragón se dispara un 14,6%: Zaragoza y Zuera lideran las subidas

El precio de la vivienda usada en Aragón ha escalado un 14,6% en el último año, según Idealista.

El dato, recogido por el portal inmobiliario y contrastado con los índices del INE, confirma una tendencia que ya se intuía en los trimestres anteriores.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El precio medio de la vivienda usada en Aragón alcanza los 1.711 €/m2, tras una subida interanual del 14,6% en junio de 2026.
  • ¿Quién está detrás? El informe de precios de Idealista recoge los datos del mercado inmobiliario, con Zaragoza capital y Zuera como los focos de mayor encarecimiento.
  • ¿Qué impacto tiene? Las familias aragonesas afrontan una vivienda cada vez más cara, especialmente en la capital y sus municipios cercanos, mientras la comunidad aún se mantiene por debajo de la media nacional.

El mapa de las subidas: Zaragoza capital y Zuera marcan el ritmo

Por provincias, Zaragoza lidera el crecimiento con un incremento interanual del 18,2%, mientras Huesca sube un 6,7% y Teruel un 6,5%. En las capitales, Teruel capital registra la mayor subida (15,1%, hasta 1.823 euros por metro cuadrado), Zaragoza capital anota un 10,8% (2.297 euros) y Huesca apenas repunta un 2,7% (1.800 euros).

Zuera, en la provincia de Zaragoza, es el municipio que más se ha encarecido en el último año, con un 22,6% de aumento. Le siguen otras localidades del entorno metropolitano. En el lado opuesto, Tarazona baja un 6,2% y se mantiene como el mercado más barato de la comunidad (656 euros por metro cuadrado). Jaca, en el Pirineo, conserva el metro cuadrado más caro, 2.491 euros, impulsado por el turismo de montaña. Con esta subida, Zuera se situa ya como uno de los municipios con mayor presión inmobiliaria.

De la doble velocidad del mercado a los precios de récord

A escala nacional, el precio de la vivienda usada ha subido un 15,8% interanual, un máximo histórico que sitúa el metro cuadrado medio por encima de los 2.700 euros. Aragón se queda un punto por debajo de esa media y más de mil euros por debajo en precio absoluto, pero la brecha se acorta rápidamente: en la comunidad autónoma ya se pagan 1.711 euros de media, frente a los 1.490 de hace solo un año.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, explica que el mercado de compraventa avanza «a dos velocidades»: «los mercados más accesibles siguen manteniendo crecimientos de doble dígito» —señala—, mientras que «los grandes mercados muestran una clara tendencia hacia la estabilización de precios». A su juicio, en zonas como Zaragoza, los precios elevados están retirando a parte de la demanda y haciendo crecer la oferta disponible.

El mercado aragonés de vivienda usada crece a un ritmo de doble dígito, pero la accesibilidad se reduce en los municipios que lideran las subidas, como Zaragoza y Zuera.

El Pulso Territorial

Aragón, con una población que roza los 1,3 millones de habitantes y una estructura territorial marcada por el contraste entre Zaragoza y el medio rural, asiste a un encarecimiento inmobiliario que alimenta las desigualdades internas. El gobierno autonómico, liderado por el popular Jorge Azcón en coalición con el PAR y Vox, no ha desplegado aún medidas concretas de contención de precios. Mientras, la despoblación sigue siendo el telón de fondo: mientras en la capital el metro cuadrado se dispara, decenas de pueblos no encuentran comprador. La situación no es exclusiva de Aragón: en Navarra y Castilla y León —comunidades también bajo nuestro seguimiento— la escalada de la vivienda usada refleja una tensión similar, aunque con matices locales. De cara a las próximas elecciones autonómicas de 2027, la vivienda se perfila como uno de los ejes del debate territorial, y la presión ciudadana podría forzar a la administración a intervenir con ayudas al alquiler o planes de vivienda asequible en el área metropolitana.

Ficha Autonómica

  • El caso: La subida del 14,6% en el precio de la vivienda usada en Aragón, con Zaragoza capital y Zuera como principales focos de encarecimiento, refleja un mercado inmobiliario tensionado por la demanda y la escasez de oferta en ciertas zonas.
  • Datos importantes: Precio medio autonómico: 1.711 €/m2. Incrementos: Zaragoza provincia +18,2%, Zaragoza capital +10,8%, Zuera +22,6%, Teruel capital +15,1%. Récord nacional de la vivienda usada con +15,8% interanual. Los precios más caros en Jaca (2.491 €/m2) y los más baratos en Tarazona (656 €/m2).
  • Resumen: Aragón se encuentra inmerso en la ola nacional de encarecimiento de la vivienda, aunque con una intensidad ligeramente inferior a la media. La concentración de las subidas en el área metropolitana de Zaragoza y en municipios como Zuera plantea desafíos de accesibilidad para las familias y aumenta la presión sobre el gobierno autonómico de cara a los próximos años.

Boom inmobiliario en la Ribeira Sacra: la compraventa de vivienda se duplica y alcanza máximos de 2006

Anxo Seoane
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Boom inmobiliario en la Ribeira Sacra: la compraventa de vivienda se duplica y alcanza máximos de 2006

Los 13 municipios ourensanos de la Ribeira Sacra han registrado 457 compraventas de vivienda en los dos últimos años, el mejor dato acumulado desde 2006, cuando el sector vivía su mayor burbuja histórica. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2024 y 2025 se han convertido en un bienio récord para la comarca aspirante a Patrimonio de la Humanidad.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Las transacciones de vivienda en la parte ourensana de la Ribeira Sacra sumaron 457 en 2024‑2025, un 84 % más que antes de la pandemia.
  • ¿Quién está detrás? El impulso procede de compradores particulares y de la mejora de la percepción turística y residencial de la comarca, acompañado por la candidatura a la Unesco.
  • ¿Qué impacto tiene? Las cifras superan cualquier registro de las dos últimas décadas salvo el año pico de la burbuja inmobiliaria, y muestran una fuerte polarización entre municipios.

El mayor volumen de operaciones en dos décadas

Los datos del INE sitúan 232 ventas en 2024 y 225 en 2025. La suma de 457 escrituras queda solo por detrás de las 368 que la misma fuente contabilizó en 2006, en pleno auge del ladrillo. La lectura es clara: la Ribeira Sacra ha duplicado en dos años la actividad que mantenía antes de la covid, con un crecimiento del 84,4 % respecto a las 122 operaciones de 2019. En 2013, el peor ejercicio de la serie, apenas se cerraron 58 compraventas; hoy la comarca multiplica por cuatro aquel suelo.

Este despegue inmobiliario coincide con los últimos trámites de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la Unesco. El proceso de evaluación, que se resolverá en los próximos meses, ha intensificado el interés de compradores foráneos y de inversores que ven en los antiguos pazos, casas de aldea o fincas con viñedos una oportunidad residencial y turística. No se trata solo de un fenómeno vacacional: el teletrabajo y la búsqueda de entornos rurales con conectividad han abierto un nuevo perfil de demanda, más permanente que estacional.

Pereiro de Aguiar tira del mercado mientras otros retroceden

Por municipios, el comportamiento fue muy desigual en 2025. Pereiro de Aguiar lideró los repuntes al pasar de 49 a 69 compraventas (+40,8 %). También crecieron Castro Caldelas (de 15 a 28), Parada de Sil (de 9 a 13), A Teixeira (de 9 a 11), Xunqueira de Espadanedo (de 8 a 10) y Chandrexa de Queixa (de 1 a 3). Sin embargo, otros concellos vieron caer sus cifras incluso por encima del 30 %, como A Pobra de Trives —que pasó de 36 a 19 transacciones (−47,2 %)— o Nogueira de Ramuín, que cayó de 35 a 22 (−37,1 %). Esgos (de 22 a 13), A Peroxa (de 21 a 18) y Montederramo (de 14 a 6) también registraron descensos, mientras que San Xoán de Río (10) y Manzaneda (3) repitieron los mismos números del año anterior.

La polarización refleja, en parte, la distinta accesibilidad de cada municipio y la mayor o menor presión del turismo del vino. Pereiro de Aguiar, más cercano a Ourense capital y con buenas comunicaciones, capitaliza buena parte del interés residencial de quienes buscan entorno rural sin renunciar a servicios. En contraste, localidades con mercado más reducido y menor oferta rehabilitada experimentan oscilaciones bruscas de un ejercicio a otro, sin que eso indique necesariamente una tendencia contractiva.

Mientras la comarca espera la decisión de la Unesco, el mercado inmobiliario refleja una confianza inversora que no se veía desde hace casi veinte años.

La estadística del INE no desglosa los precios, pero los agentes locales coinciden en que la rehabilitación de inmuebles antiguos con tipologías tradicionales —muchas veces convertidos en alojamientos turísticos o segundas residencias— está tirando del volumen de transacciones. La Xunta mantiene activas líneas de ayuda a la rehabilitación en el rural y la Axencia de Turismo de Galicia promociona la Ribeira Sacra como destino enoturístico de referencia.

El Laboratorio Gallego

El resurgir inmobiliario de la Ribeira Sacra no es un hecho aislado en Galicia. En los últimos cinco años, la comunidad ha visto cómo varios de sus concellos rurales —especialmente los vinculados al Camino de Santiago o a denominaciones de origen vitivinícolas— experimentan una recuperación de la compraventa que contrasta con la atonía de otras zonas de interior en España. El PPdeG, que gobierna la Xunta con mayoría absoluta desde 2009, ha situado la dinamización del rural como uno de los ejes de su política autonómica, con planes como el Galicia Rural Dixital o las ayudas para fijar población. La estrategia, que combina turismo, conectividad y rehabilitación, es observada con interés por otras comunidades autónomas y por el PP nacional como posible modelo de repoblación.

La conexión nacional resulta evidente porque la crisis demográfica del interior afecta a media España. Lo que ocurre en la Ribeira Sacra —donde la llegada de compradores externos está revitalizando aldeas que hace una década estaban al borde del abandono— sirve como banco de pruebas para políticas que incentiven la vivienda rural sin caer en burbujas especulativas. La clave, según los expertos consultados por esta redacción, está en equilibrar la demanda foránea con la protección del paisaje y la vivienda asequible para los residentes habituales. La próxima decisión de la Unesco, junto con los datos de compraventa de 2026, confirmará si el boom se traduce en un desarrollo sostenible o en un nuevo ciclo de tensiones en el mercado.

Ficha del Caso

  • El caso: Los trece municipios ourensanos de la Ribeira Sacra, en pleno proceso de evaluación para ser Patrimonio de la Humanidad, han registrado 457 ventas de vivienda entre 2024 y 2025, el mejor dato desde 2006.
  • Datos importantes: 232 transacciones en 2024 y 225 en 2025; alza del 84,4 % sobre 2019. El municipio que más creció fue Pereiro de Aguiar (de 49 a 69), mientras que A Pobra de Trives y Nogueira de Ramuín cayeron más de un 30 %.
  • Resumen: La candidatura a la Unesco, el enoturismo y la demanda de segunda residencia rural están impulsando un boom inmobiliario que devuelve a la comarca cifras comparables a las de la burbuja, y que a nivel nacional sirve como ejemplo de revitalización del rural.

Melania Trump planea influir en IA y Ucrania desde la sombra en el segundo mandato

Jack Williams
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Melania Trump planea influir en IA y Ucrania desde la sombra en el segundo mandato

Melania Trump ha cambiado las reglas del juego. En su segundo mandato como primera dama, ha optado por un perfil público inusualmente bajo pero con una agenda política muy concreta: inteligencia artificial, reunificación de niños ucranianos y protección de menores. Su influencia se mueve en la sombra, pero empieza a notarse en el Capitolio.

Según un perfil publicado por Politico y recogido por The Daily Caller, la primera dama ha estado trabajando entre bastidores en varios frentes legislativos clave. Uno de ellos es la llamada Take It Down Act, una ley que busca combatir la difusión no consentida de imágenes íntimas generadas por inteligencia artificial. El otro, igual de ambicioso, es la reunificación de niños ucranianos desplazados por la guerra.

En primavera, la primera dama se desplazó al Capitolio para presionar a los legisladores. Lo hizo después de que el presidente Donald Trump firmara la orden ejecutiva ‘Fomentando el Futuro’, dirigida a mejorar los resultados de bienestar infantil. En una reunión a puerta cerrada, animó a los congresistas a tener la legislación lista para el receso de agosto. La ley pasó en la Cámara por unanimidad.

El gesto no fue solo retórica. La visita de Melania Trump tuvo un impacto bipartidista poco habitual en la polarizada Washington. El congresista demócrata Danny Davis, presidente de un comité clave, admitió que ‘el apoyo de la primera dama ha sido muy útil para hacer avanzar la agenda’. Algo se mueve cuando ambos partidos coinciden en una misma sala.

El poder no siempre se ejerce desde el púlpito. Una conversación a puerta cerrada en el Capitolio puede valer más que diez discursos.

Paralelamente, el equipo de la primera dama —y no el Departamento de Estado— ha tomado las riendas del esfuerzo para devolver a los niños ucranianos con sus familias. A finales de octubre, Melania Trump convocó a la prensa para dar un discurso precisamente sobre ese tema, demostrando que su implicación no es meramente protocolaria.

Y, de cuando en cuando, ha hecho movimientos que sorprenden incluso a su propio marido, como cuando decidió abordar de forma directa los rumores sobre su supuesta relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Según su asesor exclusivo Marc Beckman, el objetivo era posicionarse como ‘líder para las víctimas’.

El impacto de una influencia silenciosa en la Casa Blanca

La estrategia de Melania Trump rompe moldes. No da entrevistas cada semana, no multiplica los actos públicos y evita cuidadosamente la maquinaria mediática que suele acompañar a los presidentes. Beckman lo resume con una frase: ‘Está centrada. Quiere lograr más que cualquier primera dama anterior en la historia’. Y para ello se apoya en su ‘Playbook’, una suerte de manual de actuación política discreta.

Este enfoque tiene una ventaja clara: sortea la polarización. Mientras que cualquier iniciativa de Donald Trump genera automáticamente un rechazo frontal de los demócratas, la primera dama consigue tender puentes. El caso de la legislación sobre acogida familiar es el mejor ejemplo: aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes, aunque todavía pendiente de trámite en el Senado.

Sin embargo, la sombra de la guerra de Ucrania planea sobre su labor humanitaria. Melania Trump intervino por sorpresa en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el 2 de marzo, apenas dos días después de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán. Las críticas no se hicieron esperar: algunos señalaron que sus palabras sobre protección infantil quedaban ensombrecidas por el conflicto armado. Beckman insiste en que ella no se deja influir por las críticas mediáticas.

La Lógica de Washington

Para entender por qué Melania Trump está adoptando este perfil bajo pero ambicioso, hay que mirar el manual de las primeras damas históricamente más efectivas. Eleanor Roosevelt redefinió el cargo mediante columnas de prensa y discursos públicos, pero evitando los focos oficiales de la presidencia. Nancy Reagan ejerció una influencia discreta en asuntos de personal y política antidroga. Hillary Clinton intentó liderar la reforma sanitaria y fracasó estrepitosamente por haberse expuesto demasiado pronto al escrutinio legislativo.

La lección es clara: el poder blando de la primera dama se multiplica cuando se ejerce entre bambalinas. No tiene que rendir cuentas ante el electorado, pero su acceso directo al presidente y su capacidad para convocar a legisladores de ambos partidos la convierten en un activo político de primer orden. Además, al centrarse en temas como la protección de menores o la lucha contra la explotación digital, evita las trincheras ideológicas que paralizan el Congreso.

Para España, este activismo tiene lecturas tangenciales pero reales. La Take It Down Act, si sale adelante, establecerá estándares legales sobre el uso de inteligencia artificial para generar contenido íntimo falso. Cualquier empresa tecnológica española con operaciones en Estados Unidos —desde Telefónica hasta las fintech que miran al mercado americano— deberá adaptarse a una nueva capa regulatoria que, además, podría influir en el debate europeo sobre la AI Act y la protección de datos. En paralelo, el compromiso de la primera dama con la reunificación de niños ucranianos refuerza la percepción de que Washington mantendrá un cierto nivel de implicación humanitaria en Ucrania, con las consiguientes repercusiones para la seguridad energética y la estabilidad europea, asuntos de primer orden para Madrid.

Ficha del Caso

  • El caso: Melania Trump redefine el papel de primera dama apostando por una influencia discreta pero efectiva en áreas que van desde la inteligencia artificial hasta la reunificación de niños ucranianos desplazados por la guerra.
  • Datos clave: Apoyo bipartidista a la legislación de acogida familiar (aprobada en la Cámara por unanimidad); liderazgo directo de su oficina en los esfuerzos de reunificación ucraniana, sin pasar por el Departamento de Estado; proyecto Take It Down Act contra la pornografía generada por IA.
  • Para España: La evolución de la agenda de IA y protección de menores en Estados Unidos puede condicionar los estándares regulatorios que afecten a empresas tecnológicas españolas con intereses al otro lado del Atlántico; la continuidad de la implicación humanitaria en Ucrania mitiga riesgos geopolíticos para Europa y España.

Pete Hegseth califica de ‘ingratos’ a manifestantes que abuchearon a la Guardia Nacional el 4 de julio en Washington

Jack Williams
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Pete Hegseth califica de ‘ingratos’ a manifestantes que abuchearon a la Guardia Nacional el 4 de julio en Washington

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, calificó este jueves de «ingratos» a los manifestantes que abuchearon a la Guardia Nacional durante las celebraciones del 4 de julio en Washington.

La ceremonia de la ‘Fuerza de Tarea para una Washington Segura y Hermosa’, celebrada en el Parque Meridian Hill, se convirtió en un alegato de Hegseth en favor de la misión de la Guardia Nacional. El secretario defendió la labor de los soldados como una cuestión de restauración de la ley y el orden, no de política.

«Vosotros hacéis vuestro trabajo sin importar las circunstancias», afirmó Hegseth ante las tropas. «Lo que oyen es el sonido de ingratos, de ingratitud, de personas tan cegadas por la ideología que no alcanzan a ver la ley, el orden y el sentido común que tienen delante».

Hegseth insistió en que no hay «nada político» en en la misión de la Guardia Nacional y subrayó que la seguridad es un derecho de todos los estadounidenses, «sin importar su raza, sus ingresos o el lugar donde vivan». Una afirmación que busca desactivar las acusaciones de parcialidad.

La polémica en el 250 aniversario

El secretario recordó a los soldados que, aunque muchos de ellos no residen en Washington, la capital pertenece a todos los estadounidenses y debe permanecer segura mientras el país conmemora su 250 aniversario. «Estos ingratos se desvanecerán. Volverán a de donde vinieron. Ustedes harán su trabajo y lo harán con profesionalismo, con valentía, asistiendo en arrestos, ayudando a quien lo necesite», añadió.

Las palabras de Hegseth se producen en un clima de fuerte polarización. Sectores de la izquierda critican la presencia militar en la capital, pero el secretario destacó los resultados: «El índice de criminalidad aquí ha caído en cantidades asombrosas, y los medios no querrán admitirlo porque, por supuesto, tendrían que dar crédito a Trump, al Departamento de Guerra o a Stephen Miller«.

El índice de criminalidad ha caído en Washington en cantidades asombrosas, y los medios no quieren admitirlo.

Los datos de criminalidad que respaldan la misión

El Departamento de Justicia anunció en enero de 2025 que la delincuencia violenta en Washington había alcanzado su nivel más bajo en aproximadamente 30 años. En comparación con 2023, los homicidios cayeron un 32%, los robos un 39% y los asaltos a mano armada un 53%.

La reducción coincide con el despliegue de la Guardia Nacional dentro de la ‘Fuerza de Tarea para una Washington Segura y Hermosa’, impulsada por la administración Trump para garantizar la seguridad durante el año del 250 aniversario. La operación ha contado con el respaldo de figuras como Stephen Miller, jefe de asesores políticos de la Casa Blanca.

La Lógica de Washington

La respuesta de Hegseth se inscribe en la retórica de «ley y orden» que el Partido Republicano ha impulsado desde los años setenta. Donald Trump lleva la seguridad ciudadana como bandera, y la Guardia Nacional se ha convertido en un instrumento visible de esa política. Su despliegue en Washington no solo busca disuadir la criminalidad, sino también enviar un mensaje de control en un año de alto valor simbólico.

La resistencia a las críticas de la izquierda tampoco es nueva. Antecedentes históricos como la firmeza de Richard Nixon frente a las protestas o la manera en que George W. Bush defendió la seguridad tras el 11-S muestran un patrón republicano que antepone la autoridad al consenso. En un ciclo electoral donde la polarización marca la agenda, Trump y sus aliados ven en la Guardia Nacional una garantía de estabilidad y un activo político difícil de discutir.

Para España, que mantiene una estrecha cooperación en seguridad con Estados Unidos, la polémica no tiene un impacto comercial directo, pero sí refleja una polarización que puede influir en la percepción de estabilidad del país a ojos de los inversores y turistas españoles. Precisamente en un año en que se espera una afluencia récord de visitantes internacionales por el 250 aniversario, la imagen de Washington importa.

Ficha del Caso

  • El caso: El secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificó de «ingratos» a los manifestantes que abuchearon a la Guardia Nacional durante el 4 de julio en Washington, defendiendo con firmeza la misión de ley y orden en la capital.
  • Datos clave: La criminalidad violenta en Washington cayó un 32% en homicidios, un 39% en robos y un 53% en asaltos a mano armada en enero de 2025 respecto a 2023, según el Departamento de Justicia.
  • Para España: La polémica no afecta directamente al comercio, pero la imagen de polarización en un año de alto perfil como el 250 aniversario puede influir en la percepción de seguridad de los turistas e inversores españoles.
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