La empresaria Carmen Pano ha declarado este lunes ante el juez Pedraz de la Audiencia Nacional para ratificar la declaración prestada ante la UCO, cuando dijo que la abogada Leticia de la Hoz le ofreció hasta 250 mil euros por desdecirse de las declaraciones efectuadas anteriormente, donde sostenía que había llevado 50 mil euros en bolsas a la sede del PSOE en la calle Ferraz.
Pano llegaba a declarar como testigo por el supuesto intento de soborno orquestado por las cloacas del PSOE para comprar su silencio, a través de la abogada Leticia de la Hoz, representante legal de Koldo García.
Pano ha asegurado este lunes ante el juez que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le dijo que había gente del PSOE interesada en hablar con ella y su chófer, Álvaro Gallego. Según su declaración, la letrada le ofreció la oportunidad de cobrar unos 250.000 euros en los que se incluiría el pago por la boda de su hija Leonor (unos 25 mil euros) y el pago del alquiler del domicilio donde ella vivía por un periodo de entre 5 y 7 años, a razón de 3.000 euros mensuales.
Por su parte, el chófer Álvaro Gallego ha asegurado que le ofrecieron 15.000 euros que necesitaba para comprar un coche.
De la Hoz mantiene que fue al contrario, que fueron ellos quienes se pusieron en contacto en febrero de 2025 a través de su despacho. Según su versión, la intención era buscar asesoramiento para la venta de varias operadoras de hidrocarburos.
De la Hoz sostiene que fue ella misma quien decidió acabar con las negociaciones para la venta de varias mercantiles del sector de los hidrocarburos tras descubrir que la sociedad central de la operación, Gran Zufaira, se encontraba en una situación irregular. La letrada insiste en que esta empresa tenía una deuda de 470.000 euros de IVA y que se le había retirado el registro REDEF.
La abogada niega haber ofrecido dinero a Pano o a su chófer y se ha desvinculado por completo de las operaciones emprendidas por Leire Díez y sus colaboradores.
Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, arrojan luz sobre una supuesta operación orquestada desde la sombra para desviar la atención de los tribunales. Según los documentos policiales a los que se ha tenido acceso, el objetivo prioritario de estas maniobras encausadas en el conocido como ‘Caso Leire’ no era otro que proteger a figuras clave del entorno socialista, concretamente en este caso al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, señalados por los investigadores como presuntos «cabezas de turco».
El epicentro de esta nueva ramificación del caso se sitúa en un presunto intento de alterar o condicionar un testimonio judicial fundamental para el devenir de la causa. Las pesquisas apuntan a que, mediante promesas de cuantiosas compensaciones económicas y laborales, personas vinculadas supuestamente a la órbita de Ferraz intentaron silenciar los detalles de las millonarias entregas de dinero en efectivo vinculadas al sector de los hidrocarburos. Con la conocida como fontanera del PSOE Leire Díez detrás supuestamente de la trama para los presuntos pagos.
Cuatro citas en el bufete
La trama de este presunto intento de compra de voluntades comenzó a fraguarse a mediados del año 2024. Las actuaciones de la Guardia Civil detallan de manera precisa las declaraciones en sede policial de dos testigos clave en este entramado: María del Carmen Pano Sánchez y Álvaro Gallego García. Pano, quien conocía los entresijos de las operaciones bajo sospecha por su dilatada experiencia en el ámbito empresarial de los hidrocarburos, entró en contacto ese verano con la abogada Leticia de la Hoz tras una serie de recomendaciones profesionales. Aquel primer encuentro formal en el céntrico despacho de la firma Ideo Consultants SL, ubicado en la emblemática calle Serrano de Madrid, marcaría el inicio de una serie de presiones que arreciaron meses después.
A principios de febrero de 2025, concretamente dos semanas antes de que los testigos tuvieran que comparecer en sede judicial, los intermediarios del bufete activaron la maquinaria de persuasión. Pano y Gallego fueron convocados de urgencia hasta en cuatro ocasiones en las oficinas de Serrano.
En un primer momento, los letrados explicaron de forma nítida que existía «gente del partido, gente del PSOE» sumamente interesada en modificar la percepción pública y jurídica de los hechos. El propósito manifestado sin ambages por los abogados, ante el asombro inicial de los comparecientes, consistía textualmente en «salvar el culo a Ábalos y a Koldo». Para lograr este blindaje judicial, la propuesta pasaba necesariamente por que los testigos «echaran por tierra» todo lo que previamente había trascendido a los medios de comunicación y reescribieran la historia de lo acontecido en las visitas a la sede socialista de la calle Ferraz.
La consulta jurídica que frustró la operación
A pesar de tener el pacto económico aparentemente cerrado y amarrado por las dos partes, el plan de silencio saltó por los aires en el último suspiro debido a un imprevisto legal. El lunes 17 de febrero, a solo veinticuatro horas de la primera comparecencia prevista, Carmen Paño decidió realizar una consulta confidencial con su propio abogado de confianza, el reputado jurista Francisco Javier Gómez Bermúdez. El consejo profesional del letrado fue tajante: bajo ningún concepto debían aceptar los términos de la propuesta ni cometer un presunto delito de falso testimonio para amparar los intereses de terceros.
Haciendo caso a la recomendación de Gómez Bermúdez, los testigos acudieron a los tribunales decididos a no cumplir el guion preestablecido por Ideo Consultants. Aunque la citación inicial en el Tribunal de Instancia sufrió un aplazamiento forzoso de un mes, la primera prueba de fuego real tuvo lugar poco después ante el Tribunal Supremo, en la señalada jornada del 25 de febrero de 2025. Durante aquella trascendental comparecencia judicial, las declaraciones de los testigos fueron plenamente ajustadas a la realidad histórica del caso. Pano ratificó con absoluta firmeza ante los magistrados la entrega de dinero en efectivo en la propia sede central del PSOE en Ferraz.
