Nulidad del examen de euskera de la PAU: familias llevan el caso a los tribunales

Un grupo de familias ha reclamado ante los tribunales la nulidad de las calificaciones del examen de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), según ha publicado elDiario.es. La demanda, interpuesta ante un Juzgado de lo Contencioso-administrativo, sostiene que el procedimiento de corrección vulneró la garantía de anonimato de los estudiantes y del centro de procedencia.

El letrado Iñaki Picaza, que representa a los afectados —en su mayoría de colegios concertados del modelo A—, argumenta que los tribunales de la PAU conocían la identidad de los institutos durante la evaluación. “El procedimiento es nulo porque se han saltado la garantía esencial de anonimato. No pedimos una nueva corrección, sino que esa nota no se tenga por puesta”, declaró al medio.

La demanda se dirige contra la autoridad educativa y solicita que las calificaciones queden sin efecto. Además, como medida cautelar, pide que se permita a los examinados inscribirse en las carreras elegidas mientras se resuelve el fondo del asunto. “El tiempo juega en nuestra contra”, advierte Picaza, ante la inminencia del período de prematriculación.

Por su parte, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha hecho públicos los resultados de la revisión de más de 8.100 pruebas. El rector Joxerramon Bengoetxea confirmó que en el 80 % de los casos la calificación apenas varió y permaneció próxima al cero, con incrementos que no superan los dos puntos.

En el caso del polémico tribunal 11 de Bilbao, el número de ceros absolutos en euskera pasó de 76 a 11, aunque muchas notas se mantuvieron muy bajas. Bengoetxea defendió el rigor del proceso y recordó que las rúbricas permiten penalizar hasta dos puntos por errores ortográficos, gramaticales o de coherencia, lo que puede convertir una nota de 1,9 en un cero.

“Las calificaciones no pueden determinarse por la presión social, política y mediática”, señaló el rector, quien pidió evitar discursos que sugieran arbitrariedad contra determinados colectivos.

Más de 4.200 estudiantes solicitaron la revisión de sus exámenes, pero en el 80 % de los casos la nota apenas varió y permaneció próxima al cero.

El modelo lingüístico vasco y la exigencia del B2

El debate sobre el examen de euskera se enmarca en un sistema educativo con tres modelos lingüísticos: A (castellano como lengua vehicular), B (bilingüe) y D (euskera como lengua vehicular). La Ley vasca de Educación de 2023 establece que todo alumno debe acreditar un nivel B2 en ambas lenguas oficiales al finalizar la enseñanza obligatoria, a los 16 años.

Los estudiantes que obtuvieron ceros en la PAU cursan mayoritariamente el modelo A, donde el euskera se imparte como una asignatura adicional. Picaza insiste en que la acción judicial “no es una campaña contra el euskera”, sino una defensa de las garantías procesales: “Es público y notorio que los tribunales sabían de qué centro eran los alumnos. Ese vicio no se puede subsanar”.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre las medidas cautelares solicitadas. La resolución puede sentar un precedente sobre los mecanismos de anonimato en las pruebas de acceso a la universidad en Euskadi.

Varapalo a Pedro Sánchez: la lona del «corrupto» es legal por sentencia de la Audiencia Provincial

El 11 de febrero de 2026 la juez de la Plaza nº12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, acordaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a la lona desplegada por Hazte Oír frente al Congreso de los Diputados con la palabra «corrupto» y una imagen del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

La Fiscalía recurrió el archivo de la causa, al igual que el propio Pedro Sánchez y el PSOE, ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Los hechos se remontan a la mañana del día 19 de mayo de 2025, cuando se desplegó por parte de la asociación HaztOir.org, una lona de gran tamaño en un edificio cercano al Congreso de los Diputados, que contenía la imagen del Presidente del Gobierno y la palabra «CORRUPTO», junto a otros textos que aludían a diversos casos de corrupción. Los hechos anteriormente expuestos tuvieron una gran repercusión en redes sociales y en diversos medios de comunicación«, explica el auto de la Audiencia.

Posteriormente, se realizaron otras acciones similares, incluyendo pancartas y proyecciones de luz en la fachada del Congreso, así como la difusión de mensajes en redes sociales que alcanzaron un amplio número de visualizaciones e incluso con la imagen tomada de la lona se han confeccionado diversos objetos, tales como tazas y camisetas, que se encuentran disponibles para la venta en la url https://www.elcapo.org/tienda. «Entiende el Ministerio Fiscal, que estos actos podrían constituir delitos contra la integridad moral y coacciones, ya que se busca humillar y deshonrar a la figura del Presidente, lesionando su dignidad», añade.

La Fiscalía pidió que se practicasen una serie de diligencias: «Que se incorporara el reportaje fotográfico realizado por la policía científica. Que previa incorporación de su hoja histórico penal, se tomara declaración como investigado a (…). Que se oficiara a la Brigada Provincial de Información, para la averiguación de la identidad del responsable o responsables de la web y redes sociales empleadas para difundir esta campaña y que se oficiara a la Brigada Provincial de Información a fin de que se diera cuenta sobre si continuaba llevándose a cabo la campaña denunciada».

La Fiscalía alegaba para fundamentar el recurso de apelación, «que el auto de sobreseimiento no tiene en cuenta las alegaciones previas y que la falta de diligencias de investigación pendientes, así como la existencia de indicios de delito, que justifican la continuación del procedimiento. Invoca el derecho a la tutela judicial efectiva, alegando que el archivo de la causa genera indefensión, y, sostiene que los hechos investigados, relacionados con la exhibición de una lona con contenido crítico hacia un político, tienen relevancia penal».

Pero la asociación Hazte Oír presentó un escrito oponiéndose al recurso de apelación, «alegando que el auto recurrido es coherente y no contradictorio, ya que la adopción de medidas cautelares iniciales no condiciona la instrucción, y que el archivo de las actuaciones es procedente al no existir indicios serios de delito. Sostiene que la colocación de una lona con un mensaje crítico hacia un cargo público está amparada por el derecho a la libertad de expresión y no constituye un ilícito penal, ya que se enmarca dentro de la crítica política legítima», continúa la Audiencia.

Y añade que «si la Instructora ha considerado que disponía de la información necesaria para acordar el sobreseimiento, la decisión no puede tildarse de precipitada, sin que sea necesario esperar el resultado del oficio remitido a la Brigada Provincial de Información a fin de que diera cuenta sobre si continuaba llevándose a cabo la campaña denunciada».

Es por eso que «en definitiva, el motivo alegado no puede prosperar».

Los apelantes dijeron que «los hechos revisten los caracteres de infracción penal, a este respecto el auto impugnado concluye que no se ha acreditado la existencia de infracción penal alguna, considerando que los hechos investigados constituyen una crítica política amparada por el derecho a la libertad de expresión, sin incitación a la violencia ni discurso de odio. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones».

La Audiencia recupera las sentencias del Supremo relativas a que «en el marco de una polémica política, es evidente que un criterio de ponderación obliga a dar preferencia a la libertad de expresión sobre el honor», y que «las limitaciones a la libertad de expresión, especialmente impuestas por la vía penal, han de verse, en principio, como excepcionales y perturbadoras del juego de las fuerzas normales de la democracia».

La Audiencia sostiene que la palabra o término “corrupto” dirigida al Presidente del Gobierno, considerada de modo aislado, constituye un grave insulto, «pero en el presente caso, dado que la palabra referida va asociada a varios procedimientos judiciales abiertos que afecta al entorno del Presidente del Gobierno, no se aprecia la finalidad de insultar, sino la de expresar una crítica política, que aparece amparada por la libertad de expresión, por otra parte desconoce este Tribunal a que hechos se refiere el Ministerio Fiscal, cuando alega que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de coacciones, y contra la integridad moral, al desestimarse el recurso la consecuencia jurídica procesal es la confirmación del auto impugnado.

Por tanto, desestima el recurso de Pedro Sánchez, el PSOE y la Fiscalía y la Audiencia señala que la sentencia es firme.

Alerta urgente para usuarios de WhatsApp por una vulnerabilidad que permite espiar tus conversaciones privadas

Hay conversaciones que no te gustaría que leyera nadie. Tu médico, tu abogado, un familiar enfermo, tus cuentas bancarias compartidas con la pareja. WhatsApp aloja hoy el grueso de esa vida privada de millones de personas en España, y acaba de confirmarse que una cadena de vulnerabilidades críticas ha permitido a atacantes acceder a todo eso sin que la víctima tuviera que abrir un solo archivo. El fallo, ya parcheado pero que estuvo activo durante meses, combinaba un agujero en la propia app con otro en los sistemas operativos de Apple, y el resultado era el control total del dispositivo.

No hablamos de un experimento de laboratorio. Los propios investigadores internos de Meta, junto con el Security Lab de Amnistía Internacional, confirmaron que la técnica se usó en ataques reales contra periodistas, activistas y personas de la sociedad civil. La CISA estadounidense emitió una alerta formal. Y aunque los parches están disponibles, hay decenas de millones de usuarios que aún no han actualizado su aplicación.

WhatsApp bajo el microscopio: cómo funciona la cadena de ataque

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El fallo central, registrado como CVE-2025-55177, reside en la forma en que WhatsApp verifica la procedencia de los mensajes de sincronización entre dispositivos vinculados. La aplicación no comprobaba correctamente si el mensaje procedía realmente de un dispositivo de confianza, lo que permitía que un atacante externo enviara contenido malicioso que la app procesaba como legítimo. A partir de ahí, combinado con un segundo fallo en iOS y macOS (CVE-2025-43300), el atacante podía ejecutar código en el dispositivo de la víctima.

Lo más inquietante es el mecanismo de entrega: el ataque es de tipo «cero clics», lo que significa que no necesitas abrir el archivo, no necesitas pulsar ningún enlace, no necesitas hacer absolutamente nada. Basta con recibir una imagen en formato DNG manipulada para que el proceso arranque de forma automática. En la práctica, esto convierte cualquier mensaje entrante en un vector de riesgo potencial si el dispositivo no está actualizado.

WhatsApp y el spyware: cuando el cifrado no es suficiente

El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp es real y funciona bien durante el tránsito del mensaje, pero el spyware no necesita romperlo. Lo esquiva. En lugar de interceptar el mensaje mientras viaja por internet, se instala directamente en el dispositivo y lo lee antes de que llegue a ser cifrado o después de que sea descifrado, como si estuviera sentado al lado tuyo mirando la pantalla.

Esto es exactamente lo que hizo el spyware Pegasus de NSO Group en ataques anteriores contra usuarios de WhatsApp: no rompió ningún cifrado, simplemente accedió al dispositivo a través de una vulnerabilidad en la propia aplicación y desde ahí leyó los mensajes en claro, activó el micrófono, accedió a fotos y rastreó la ubicación. El patrón que repite la vulnerabilidad CVE-2025-55177 es técnicamente distinto pero conceptualmente idéntico.

Qué hacer ahora mismo para proteger tu WhatsApp

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La buena noticia es que Meta publicó la versión parcheada para iOS (v2.25.21.73) en julio de 2025 y para WhatsApp en macOS poco después. Apple también lanzó un parche de emergencia para el fallo a nivel de sistema operativo. Si tienes ambas actualizaciones instaladas, el vector de ataque descrito queda bloqueado. El problema real es que millones de personas no actualizan la app de forma inmediata, y ese margen de tiempo es exactamente lo que explotan los atacantes.

Más allá de actualizar, hay configuraciones concretas que reducen significativamente la superficie de ataque. Desactivar la descarga automática de archivos multimedia es la medida más efectiva a corto plazo: ve a Ajustes → Almacenamiento y datos → Descarga automática de medios → selecciona Nunca. Esto impide que archivos manipulados se procesen automáticamente al recibirlos, que es precisamente el mecanismo que explota este tipo de vulnerabilidad.

Quién está más expuesto y por qué deberías actuar hoy

Los perfiles de mayor riesgo

Los investigadores de Amnistía Internacional y Citizen Lab han documentado que los ataques más sofisticados con spyware se dirigen principalmente a periodistas, abogados, activistas de derechos humanos y personas cercanas a procesos políticos. No porque el resto de usuarios sean inmunes, sino porque los recursos necesarios para montar un ataque de este nivel tienen un coste elevado, y quienes los sufragan buscan objetivos con valor de inteligencia. Dicho esto, las campañas más masivas de distribución de malware a través de WhatsApp no discriminan: van a por todo el mundo.

Qué pasa exactamente cuando te infectan con spyware

Una vez que el spyware queda instalado en el dispositivo, el acceso que obtiene el atacante es prácticamente total. Puede leer todos tus mensajes de WhatsApp, pero también de otras aplicaciones como Telegram, Signal o el correo electrónico. Puede activar el micrófono y la cámara de forma remota sin que aparezca ningún indicador visual. Puede rastrear tu ubicación en tiempo real y extraer contraseñas almacenadas en el dispositivo. Y lo hace en silencio, sin notificaciones, sin ralentizaciones evidentes.

Cuatro pasos concretos para blindar tu WhatsApp ahora

  • Actualiza WhatsApp a la última versión disponible en App Store o Google Play y haz lo mismo con iOS o Android: los parches del sistema operativo son tan importantes como los de la propia app.
  • Desactiva la descarga automática de multimedia: Ajustes → Almacenamiento y datos → Descarga automática de medios → Nunca. Activa también la «Privacidad avanzada del chat» en Ajustes → Privacidad → Avanzado.
  • Activa la verificación en dos pasos: Ajustes → Cuenta → Verificación en dos pasos. Un PIN adicional impide que te roben la cuenta aunque alguien consiga tu código SMS.
  • Revisa los dispositivos vinculados: Ajustes → Dispositivos vinculados. Si ves alguno que no reconoces, cierra la sesión de inmediato y cambia tu PIN.

El futuro de la seguridad en WhatsApp: hacia un blindaje más proactivo

La propia Meta ha reconocido la tendencia y está respondiendo. En febrero de 2026 lanzó las «Configuraciones estrictas», un modo especial de seguridad pensado para usuarios de alto riesgo que bloquea automáticamente el contenido sospechoso, silencia llamadas de contactos desconocidos y restringe las funciones que podrían servir de vector de ataque. Es un paso en la dirección correcta, aunque su activación sigue siendo voluntaria y, como suele ocurrir, la mayoría de usuarios no la habilitará salvo que sepan que existe.

La mejor defensa sigue siendo la combinación de actualizaciones constantes y configuración activa de privacidad. Los expertos coinciden en que el vector más peligroso no es la sofisticación técnica del ataque, sino la pasividad del usuario. Un dispositivo actualizado con la descarga automática desactivada y la verificación en dos pasos activa convierte en inútil la mayor parte del arsenal disponible para un atacante oportunista. La privacidad no es un ajuste que se configura una vez: es un hábito.

Ayudas de 26,7 millones para replantar cultivos leñosos tras la DANA: quién puede pedirlas y hasta cuánto cobran

Hoy te cuento los detalles de la línea de ayudas de 26,7 millones de euros que la Generalitat ha presentado en Utiel para que los agricultores puedan replantar los cultivos leñosos arrasados por la DANA. La subvención, detallada por el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, cubre hasta el 100% de los costes de replantación, con un límite de 6.000 euros por hectárea y un tope de 50.000 euros por beneficiario en un periodo de tres años.

¿Qué cultivos quedan cubiertos y quién puede pedir la ayuda?

La orden de ayudas está dirigida a explotaciones agrícolas situadas en las zonas afectadas por la DANA, con especial atención a la comarca de Utiel-Requena, una de las más castigadas. Los cultivos subvencionables incluyen viñedo, almendro, olivar, cítricos, caqui, aguacate y otros frutales, según ha confirmado la Conselleria de Agricultura. La medida busca restaurar el potencial productivo de parcelas que quedaron prácticamente arrasadas por las riadas.

Para solicitar la ayuda, los productores deben acreditar los daños sufridos en sus plantaciones y presentar un plan de replantación. La Generalitat ha asegurado que se priorizarán las solicitudes con mayor impacto económico y social. AVA-ASAJA, la organización agraria que participó en el acto de presentación ha valorado positivamente la iniciativa pero recuerda que la agilidad en la tramitación será clave para los afectados.

Las cuantías y los plazos: así funciona la línea de ayudas

El montante máximo por hectárea será de 6.000 euros, y la ayuda total no podrá superar los 50.000 euros por beneficiario durante un periodo de tres años. Este límite responde al régimen de ayudas de minimis (las subvenciones de pequeño importe que la Unión Europea permite conceder sin autorización previa por su bajo impacto en el mercado). La Conselleria ha querido dejar claro que el objetivo es llegar al mayor número posible de explotaciones familiares.

La Consejería ha recordado que las solicitudes se evaluarán por orden de presentación y que el plazo para solicitarlas se abrirá próximamente, una vez se publique la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Puedes consultar la información actualizada en el portal de la Conselleria.

Con un límite de 50.000 euros por beneficiario y un tope de 6.000 euros por hectárea, la línea está pensada para que la ayuda llegue al mayor número posible de pequeños y medianos productores.

El impacto en la comarca: más de 4,7 millones ya invertidos en reconstrucción agraria

En el municipio de Utiel, la Generalitat ya ha destinado 2,6 millones de euros a distintas actuaciones de reconstrucción agraria, según los datos facilitados durante el acto. Para el conjunto de la comarca de Utiel-Requena, la inversión en reparación de infraestructuras agrarias, caminos rurales y sistemas de regadío asciende ya a 4,7 millones de euros. Estas cifras reflejan la apuesta del gobierno autonómico por devolver la actividad al campo en una de las zonas que más empleo y riqueza generan del interior de la provincia de Valencia.

🌾 Ficha de la medida

  • Organismo responsable: Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura.
  • Normativa o convocatoria: Línea de ayudas presentada el 29 de junio de 2026, pendiente de publicación en el DOGV.
  • A quién afecta: Agricultores con cultivos leñosos dañados por la DANA en las zonas afectadas.
  • Cuantía / Plazo: 26,7 millones de euros en total; máximo de 6.000 €/ha y 50.000 €/beneficiario en tres años.
  • Estado: Presentada. El plazo de solicitud se abrirá en los próximos días.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: La Generalitat ha activado 26,7 millones en ayudas para replantar viñedos, almendros y frutales dañados por la DANA.
  • 👥 A quién afecta: A los agricultores de la comarca de Utiel-Requena y otras zonas castigadas por las riadas.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: La recuperación del potencial productivo y la actividad económica en una de las áreas agrícolas más castigadas de la región.

Los militares llegan a un acuerdo con el ayuntamiento de Zamora para acoger a 1.400 soldados

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha conseguido un hito decisivo en la defensa de los derechos de los militares y sus familias ante la inminente reapertura de las instalaciones militares de Monte la Reina.

Tras la fructífera reunión de trabajo mantenida el pasado 22 de junio entre el presidente de la UMT, Francisco José Durán Baños, y el concejal del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo Espiñeira, se ha cerrado el impulso de una Declaración Institucional en el consistorio zamorano.

Este proyecto estratégico, que prevé acoger a más de 1.400 militares a partir de 2027 tras una inversión de más de 130 millones de euros, corría el riesgo de convertirse en un modelo de soldados transeúntes si no se planificaban los servicios sociales asociados.

Gran acuerdo para el bienestar de los militares

El documento que se presentará en el Pleno asume como propios los retos demográficos y de servicios derivados de la llegada de las familias militares. Entre los acuerdos clave de la moción destacan:

• Creación de la Mesa de Trabajo “Monte la Reina”: Se constituirá de manera oficial un espacio permanente de diálogo propuesto por la UMT. Esta mesa incorporará a administraciones, grupos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales militares para coordinar actuaciones y anticipar necesidades.

• Plan de Vivienda Asequible: Ante el tensionado mercado inmobiliario de la capital, el Ayuntamiento se compromete firmemente a continuar cediendo parcelas de titularidad municipal a la Junta de Castilla y León para impulsar nuevas promociones de vivienda pública a través de SOMACYL.

• Movilidad y Transporte: Se exigirá al Ministerio de Transportes y a Renfe un estudio técnico para implantar nuevas frecuencias ferroviarias que conecten el apeadero de Monte la Reina con las estaciones de Zamora, Toro y Valladolid.

• Apoyo Institucional Global: El Pleno mostrará su respaldo unánime a las reivindicaciones de las asociaciones profesionales militares para que las administraciones competentes favorezcan el arraigo real de los efectivos.

“Sí a Monte la Reina, pero con garantías sociales” Francisco José Durán Baños, presidente de la UMT, ha valorado este logro como un triunfo del sentido común y la previsión: “La sintonía con el Ayuntamiento de Zamora es total, coincidiendo en que no se puede obviar la planificación del bienestar social por parte del Ministerio de Defensa. Si solo construimos infraestructuras sin prever el alojamiento, la educación, la sanidad y el empleo de los cónyuges y parejas, corremos el riesgo de tener un acuartelamiento lleno, pero una provincia vacía.

Con esta moción, el Ayuntamiento de Zamora demuestra que está dispuesto a preparar la ciudad desde hoy mismo para acoger a nuestras familias con garantías.” La UMT trabajará conjuntamente con el ayuntamiento zamorano para conseguir que el desarrollo de los cinco pilares fundamentales fijados en su hoja de ruta (vivienda, educación, sanidad, transporte y empleo) se materialice, asegurando así que las promesas institucionales se transformen en realidades que dignifiquen la vida personal y profesional de la Escala de Tropa y Marinería y, por ende, de todos los Militares.

Regularización extraordinaria para migrantes: finaliza el plazo y crece la presión para una prórroga

Hoy te cuento que el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes en España concluye este martes 30 de junio, tras más de dos meses de un proceso que ha acumulado más de 900.000 peticiones. El Gobierno defiende que el procedimiento avanza con normalidad, mientras las entidades sociales y varios grupos parlamentarios presionan para una prórroga ante el temor de que miles de personas se queden fuera por falta de tiempo.

El plazo finaliza el martes sin que el Gobierno haya anunciado una prórroga

El proceso arrancó el 16 de abril y el próximo martes 30 de junio se cierra el periodo para presentar las solicitudes. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 15 de junio se habían registrado más de 900.000 peticiones. Fuentes del departamento advirtieron a Europa Press de que esas cifras están «todavía pendientes de filtrado» y pueden incluir duplicidades, un fenómeno que ya se observó en la regularización de la dana de Valencia.

La ministra Elma Saiz calificó el proceso como «un éxito de país» y aseguró que «se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España». En la sesión de control al Gobierno, subrayó que la regularización «no es un punto y final» y que habrá «ocasión de hacer balance» en los próximos meses.

Un millón de solicitudes y un cuello de botella en la admisión a trámite

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) elevó la cifra hasta el millón de solicitudes, aunque también reconoció la posibilidad de duplicidades porque muchas personas han presentado su documentación por distintas vías. Su directora general, Mónica López, señaló que solo unas 300.000 peticiones habían sido admitidas a trámite hasta mediados de junio, apenas un 30% del total.

«Los quince días de los que se hablaron en un primer momento para la admisión, en la mayoría de los casos no se están cumpliendo», denunció López. La entidad teme que el número final de solicitudes supere ampliamente las cifras actuales, sobre todo entre los migrantes cuyos países de origen tienen sistemas lentos para expedir o legalizar la documentación exigida.

El movimiento ‘Regularización Ya’ llevó al Congreso una proposición no de ley el 10 de junio para ampliar el plazo, con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG. «La fecha del 30 de junio es arbitraria. Si hay voluntad política, esto se puede llevar adelante», declaró una de sus portavoces, Victoria Columba.

El 70% de las solicitudes presentadas no ha sido aún admitido a trámite a diez días del cierre del plazo.

Presión parlamentaria y la respuesta del Ejecutivo

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interpeló directamente a la ministra Saiz en el Pleno: «Si la Administración tenía quince días para admitir a trámite los expedientes y sabe que ese plazo no se está cumpliendo ni de lejos, ¿por qué no le dan más tiempo a las personas?». La ministra evitó comprometerse a una prórroga y enmarcó la medida dentro de una estrategia más amplia: «Seguiremos ampliando la protección social y robusteciendo nuestro sistema público de pensiones».

A falta de tres días para que expire el plazo, el Gobierno no ha comunicado ninguna ampliación. CEAR anticipa un posible repunte de solicitudes en estas últimas jornadas, especialmente entre quienes han tenido dificultades para reunir la documentación a tiempo.

📌 Datos clave

  • Plazo: Termina el martes 30 de junio de 2026.
  • Solicitudes registradas: Más de 900.000 a 15 de junio, según el Ministerio.
  • Solicitudes admitidas a trámite: Unas 300.000, según CEAR.
  • Petición de prórroga: Movimiento Regularización Ya y cinco grupos parlamentarios.
  • Posición del Gobierno: No ha anunciado ampliación; defiende el proceso como un éxito.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El plazo de la regularización extraordinaria de migrantes vence el 30 de junio con más de 900.000 peticiones.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Inclusión, entidades como CEAR y el movimiento Regularización Ya, que piden más tiempo.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El Gobierno mantiene la fecha límite sin anunciar prórroga; el balance se hará en los próximos meses.

Heliene, SEG Solar y Canadian Solar piden investigar dumping solar coreano que amenaza precios globales

Heliene, SEG Solar y Canadian Solar acaban de encender una nueva batalla comercial en el sector fotovoltaico. Las tres compañías, agrupadas bajo la coalición ‘American Manufacturers for Energy Resilience’, han solicitado al Departamento de Comercio de Estados Unidos que investigue si los paneles solares importados desde Corea del Sur están eludiendo los aranceles antidumping y compensatorios vigentes — una maniobra que, de confirmarse, amenaza con distorsionar los precios globales de la tecnología limpia más barata del mundo. La petición marca un nuevo capítulo en la guerra comercial del silicio y tensa el equilibrio entre proteger la fabricación local y acelerar la descarbonización al menor coste.

La petición formal: qué es un dumping solar y por qué Corea del Sur está en el punto de mira

El dumping solar ocurre cuando un país exporta paneles a precios artificialmente bajos, por debajo de su coste de producción o de su valor en el mercado doméstico, gracias a subvenciones públicas o prácticas desleales. Los aranceles antidumping y compensatorios (AD/CVD) son la herramienta que tiene Washington para contrarrestar ese desequilibrio. La coalición alega que los productores coreanos están sorteando esos gravámenes mediante triangulaciones o ajustes técnicos que enmascaran el origen real de las células y los módulos.

La investigación, si avanza, podría desembocar en nuevos aranceles que en la práctica encarezcan las importaciones solares surcoreanas. El caso es especialmente delicado porque Corea del Sur es un actor de peso en la cadena de suministro: sus empresas —con Hanwha Q Cells a la cabeza— operan plantas en el propio territorio estadounidense y en Malasia, y su capacidad exportadora es significativa. Cualquier fricción comercial puede alterar los precios de referencia del mercado mayorista.

El impacto en los precios: ¿freno al despliegue renovable o defensa de una industria estratégica?

Vamos a los datos de la transición. El coste de instalación de la energía solar ha caído más de un 80% en la última década precisamente porque la cadena de suministro se globalizó a gran escala. Cualquier barrera arancelaria añade presión a los márgenes de los instaladores y, en última instancia, al consumidor final. Si la investigación prospera y se imponen aranceles sustanciales, el precio de los paneles podría subir entre un 10% y un 20% en el corto plazo, según estimaciones de analistas del sector que toman como referencia episodios similares con las importaciones chinas.

Pero el argumento de las fabricantes locales tiene su propio peso estratégico. Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares a través de la Inflation Reduction Act (IRA) para levantar una cadena de valor doméstica que reduzca la dependencia de Asia. Si las reglas del juego no se hacen cumplir, esa inversión pierde sentido y los empleos en estados como Minnesota, Texas o Indiana —donde operan las peticionarias— desaparecen antes de llegar a la escala rentable. La petrolización de la industria solar, sin medidas de defensa comercial, puede dejar al país otra vez a merced de un oligopolio extranjero.

La energía solar sin barreras comerciales ha reducido su coste un 90% en una década. Pero ponerle aranceles sin una estrategia industrial realista puede ralentizar la transición justo cuando más se necesita velocidad.

Aquí está la letra pequeña. La petición no habla de competencia leal, sino de elusión. Es decir, de si Corea del Sur está practicando un dumping indirecto aprovechando los huecos que dejaron los aranceles anteriores contra China y los países del sudeste asiático. Y eso es lo que tendrá que dilucidar la autoridad de comercio estadounidense, un proceso que suele durar entre seis y doce meses.

La respuesta de la industria: precedentes en China y el sudeste asiático

Este no es un movimiento aislado. Desde 2012, el Departamento de Comercio ha impuesto aranceles AD/CVD a las importaciones solares chinas, lo que desató una cascada de deslocalizaciones: primero a Taiwán, luego a Malasia, Vietnam y Tailandia, y ahora aparentemente a Corea del Sur. Cada nueva investigación cierra una puerta y abre otra en el mapa de la elusión. Las investigaciones más recientes sobre células y módulos procedentes de Vietnam, Camboya, Tailandia y Malasia culminaron en 2024 con la confirmación de aranceles adicionales, y ahora el foco se gira hacia la península coreana.

La coalición American Manufacturers for Energy Resilience —en la que se integran las firmas peticionarias— busca un precedente que mande un mensaje inequívoco: la fabricación solar estadounidense no tolerará que se burlen sus barreras defensivas. El precedente más cercano es la sección 201 de la Ley de Comercio de 1974, que permitió a Washington imponer salvaguardias globales a los paneles solares durante cuatro años a partir de 2018, con resultados mixtos: la capacidad instalada siguió creciendo, pero la fabricación local apenas despegó porque las empresas extranjeras simplemente se reubicaron.

Ahora, con la IRA inyectando incentivos fiscales por producción de obleas, células y módulos, el panorama puede ser distinto. La fabricación local es más atractiva, pero necesita tiempo para escalar. Protegerla sin asfixiar el despliegue es el equilibrio imposible que persigue la política comercial verde.

Geopolítica del silicio: cuando la transición energética choca con las reglas del comercio

El pulso entre libre comercio y soberanía industrial es una de las líneas de fractura de la transición ecológica. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que la demanda de paneles solares se multiplicará por cuatro de aquí a 2030 si se pretenden cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Buena parte de ese suministro seguirá viniendo de Asia, donde los costes de producción son imbatibles. Si cada región levanta barreras defensivas, el precio final de la energía limpia subirá y los países en desarrollo —que más necesitan una electrificación barata— serán los más perjudicados.

Al mismo tiempo, una cadena de suministro limpia excesivamente concentrada es un riesgo sistémico. Lo demostró la pandemia, cuando la fragmentación logística disparó los plazos de entrega. Una diversificación geográfica con fábricas locales, aunque sea más costosa, refuerza la resiliencia. Ahí es donde la petición cobra sentido: si se demuestra elusión, la vía coreana se cerrará, y el capital buscará nuevas ubicaciones, quizás dentro de Estados Unidos o en países aliados con acuerdos comerciales preferentes.

La letra pequeña de este caso dirime algo más que unos aranceles. Define si la transición energética se construye con las mismas reglas de la globalización desregulada que aceleraron el cambio climático o si se dota de un nuevo código de juego más exigente con la trazabilidad y la competencia justa.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: Si se confirma el dumping, los nuevos aranceles podrían encarecer los paneles importados entre un 10% y un 20%, ralentizando temporalmente la instalación solar en EE.UU., pero también incentivando la reubicación de fábricas en suelo estadounidense, con una posible creación de miles de empleos verdes.
  • Modelo que cambia: La guerra comercial del silicio está redibujando el mapa de la fabricación solar, empujando a los grandes productores a instalarse en los países que consumen la energía, no solo donde la producen más barato. El modelo de exportación masiva desde Asia empieza a dejar paso a cadenas regionales y más resilientes.
  • Para las próximas generaciones: Un diseño inteligente de las reglas comerciales puede evitar que el proteccionismo encarezca la herramienta más potente contra el cambio climático. El reto es heredar un mercado solar diversificado y robusto, no unos paneles inaccesibles por culpa de guerras arancelarias mal calibradas.

655 millones de personas siguen sin electricidad: la ONU alerta sobre el rezago en el acceso universal a la energía

Naciones Unidas y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acaban de lanzar un aviso que enciende todas las alarmas de la transición energética global: 655 millones de personas siguen sin acceso a la electricidad en 2026. El dato, extraído de su informe conjunto sobre el progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS7), revela que el mundo se está quedando muy corto en el compromiso de garantizar energía asequible, fiable y moderna para todos en 2030. Lejos de una mera estadística, esos 655 millones representan la incapacidad de la comunidad internacional para cerrar la brecha de la pobreza energética, un freno a la descarbonización y una asignatura pendiente que golpea sobre todo a las comunidades más vulnerables.

La brecha energética en cifras: 655 millones de personas siguen a oscuras

El informe publicado el 24 de junio de 2026 pone negro sobre blanco un problema que parecía en vías de solución tras los avances de la última década. Hoy, uno de cada once habitantes del planeta no tiene luz en casa. La cifra no es homogénea: más del 80 % de quienes carecen de electricidad viven en el África subsahariana, y el resto se concentra en zonas aisladas de Asia y algunas regiones de América Latina. La pandemia, los conflictos armados y la inflación de los costes energéticos han frenado un progreso que ya era desigual.

Según el análisis de la ONU y la AIE, si se mantiene el ritmo actual de electrificación, el mundo no alcanzará el ODS7 en 2030. Haría falta acelerar las conexiones a la red y las soluciones descentralizadas con energías limpias cuatro veces más rápido de lo que se ha hecho hasta ahora. El coste no es el único obstáculo: la falta de infraestructuras, la inseguridad jurídica en los países receptores y la escasa rentabilidad a corto plazo han mantenido alejada a la inversión privada.

La consecuencia directa de esta carencia energética es la perpetuación de la pobreza: sin electricidad no hay refrigeración para vacunas, no hay iluminación para estudiar, y no se pueden impulsar actividades económicas que saquen a las comunidades del círculo vicioso de la miseria.

655 millones de personas sin luz no es solo un drama humanitario, es la evidencia de una transición energética que ha dejado fuera a los más pobres.

Las causas del rezago: pobreza, conflictos y la letra pequeña de la financiación

El acceso universal a la energía tropieza con varios muros simultáneos. En primer lugar, la pobreza energética se concentra en países donde las redes eléctricas ni siquiera llegan a las zonas rurales. Allí, las familias dependen de la biomasa o del queroseno para cocinar e iluminarse, con graves impactos en la salud y en las emisiones de carbono. Además, la mayoría de los países de África subsahariana se enfrenta a barreras financieras que frena el despliegue de redes eléctricas, según el informe.

En segundo término, los conflictos armados y la inestabilidad política —desde el Sahel hasta el Cuerno de África— han paralizado proyectos de electrificación rural. Por último, la inversión necesaria para cerrar la brecha eléctrica sigue llegando con cuentagotas: las estimaciones internacionales apuntan a un déficit de financiación de al menos 30.000 millones de dólares anuales hasta 2030, concentrado casi exclusivamente en los países de renta baja.

El informe de Naciones Unidas insiste en que la solución no pasa solo por tender líneas, sino por combinar redes inteligentes, minirredes solares y sistemas domésticos aislados basados en renovables. Esta electrificación descentralizada no solo es más rápida y barata, sino que además convierte a las comunidades en productoras de su propia energía, saltándose los cuellos de botella de las grandes infraestructuras.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Personas sin electricidad: 655 millones, según el informe ONU‑AIE de junio de 2026.
  • Emisiones evitables: Si esas comunidades accedieran a energía solar en lugar de combustibles fósiles, se podrían evitar hasta 1.000 millones de toneladas de CO₂ al año, según cálculos del Banco Mundial.
  • Inversión necesaria: Al menos 30.000 millones de dólares anuales adicionales para alcanzar el ODS7 en 2030.
  • Equivalencia tangible: Cerrar la brecha eléctrica equivaldría a sacar de la pobreza extrema a más de 500 millones de personas en una década.

ODS7

Análisis: la electrificación limpia es rentable, pero la voluntad política no termina de llegar

El aviso de la ONU no es nuevo, pero llega en un momento crítico. En la COP28, los países ricos se comprometieron a triplicar la capacidad renovable mundial para 2030, pero ese objetivo solo se traducirá en un acceso universal real si la inversión se dirige expresamente a las zonas olvidadas. Experiencias como el programa Energía para Todos de la India o los fondos de electrificación rural en Kenia demuestran que, cuando hay un marco regulatorio estable y financiación paciente, el retorno social y económico se multiplica: cada dólar invertido en electrificación rural genera hasta tres dólares en actividad productiva local, según el Banco Mundial.

La letra pequeña de la transición energética es incómoda: mientras el capital privado persigue megaproyectos de hidrógeno verde o parques eólicos marinos, el mercado de la electrificación básica sigue sin ser atractivo para los grandes fondos ESG. Los modelos de pago por uso y los microcréditos solares han demostrado su eficacia en Bangladesh o Tanzania, pero necesitan escalarse con el respaldo de garantías multilaterales y de la Taxonomía Verde europea, que todavía no incorpora incentivos suficientes para la electrificación de última milla.

El ODS7 no es solo un número en una agenda; es la condición previa para que las demás metas climáticas tengan sentido. Sin electricidad no hay vehículo eléctrico ni cocina limpia; sin energía asequible, las familias seguirán quemando leña y carbón, perpetuando un modelo de emisiones que castiga tanto a la salud como al clima. La alianza entre la ONU y la AIE que sustenta este informe es un paso hacia un mayor rigor, pero la diferencia entre un informe y una solución se mide en dólares, en megavatios instalados en aldeas remotas y en la voluntad de los gobiernos de priorizar a quienes nunca han encendido un interruptor.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: Proporcionar electricidad renovable a los 655 millones de personas sin acceso evitaría miles de millones de toneladas de CO₂ y reduciría drásticamente la mortalidad asociada a la contaminación del aire doméstico.
  • Modelo que cambia: La electrificación descentralizada con renovables está sustituyendo a los combustibles fósiles como primera opción de acceso, demostrando que la transición energética puede empezar desde abajo.
  • Para las próximas generaciones: Una generación que crezca con electricidad limpia tendrá más herramientas para salir de la pobreza y contribuir a un desarrollo económico compatible con la descarbonización.

Protocolo de Felipe VI: el significado institucional de sus corbatas

Felipe VI asistió al último partido de la fase de grupos del Mundial de 2026 con una corbata roja. Aquel detalle cromático iba mucho más allá de la estética: era un mensaje de Estado. María José Gómez Verdú, experta en protocolo y autora de Protocolo POP, ha analizado para este diario cómo el Rey convierte sus corbatas en un recurso de comunicación institucional que transmite cercanía sin comprometer la neutralidad de la Corona.

La corbata, el recurso más eficaz del lenguaje institucional

Dentro de ese lenguaje, la corbata ocupa un lugar privilegiado. «Su reducido tamaño le permite introducir mensajes visuales reconocibles sin alterar la neutralidad que exige su posición institucional», explica. Un estilismo que, en un jefe de Estado, nunca se deja al azar. En el Mundial de 2026, el color rojo no era solo pasión futbolera: era un recordatorio visual del vínculo entre la Corona y la Selección Española, una relación que se remonta a décadas y que la Casa Real cuida con esmero.

Colores que hablan: del azul de la confianza al amarillo diplomático

El color rojo en partidos de la Selección es el ejemplo más obvio, pero no el único. Durante intervenciones especialmente solemnes —como el Mensaje de Navidad o discursos ante las Cortes—, el Rey opta por tonos azules, granates o burdeos oscuros. «Son colores que transmiten autoridad y serenidad, necesarios en contextos en los que la palabra debe ser lo único que destaque», comenta la experta.

En visitas de Estado o audiencias, los colores funcionan como un gesto diplomático de cortesía. La corbata amarilla que Felipe VI lució durante el encuentro con el Papa León XIV fue un guiño a los colores vaticanos, práctica habitual en la diplomacia internacional. «Es un modo de mostrar respeto sin estridencias», señala. En foros económicos y entregas de premios vinculados a la empresa, el azul corporativo se convierte en el protagonista, reforzando mensajes de confianza y estabilidad. Y en homenajes o aniversarios históricos, los tonos se apagan para no competir con la solemnidad del acto.

Cuanto más emocional es el acto, más margen para el guiño cromático; cuanto más institucional, más discreta es la elección.

Coordinación con la Reina y pines: el equipo detrás del estilismo

Cuando el Rey y la Reina comparecen juntos con una paleta cromática coordinada, el mensaje trasciende lo estético. «El observador percibe de forma inconsciente que ambos actúan de manera coordinada, que comparten un mismo propósito durante el acto», afirma la autora de Protocolo POP. Es una imagen de equipo, estabilidad y sintonía institucional que proyecta la pareja real.

Los pines, por su parte, cumplen una función similar pero aún más discreta. «Actúan como marcadores de adhesión a determinadas organizaciones, aniversarios o campañas sin recurrir a grandes gestos», detalla. La clave reside en la proporción: el símbolo debe ser visible, pero nunca protagonista. Cualquier exceso podría interpretarse como un intento calculado de comunicación, restando elegancia institucional.

El código no escrito que el Rey maneja con precisión

Existe una regla no escrita que Felipe VI aplica con un el equilibrio casi instintivo: a mayor solemnidad institucional, menor estridencia cromática. «La eficacia de estos recursos reside en su sutileza. Cuando el mensaje es demasiado evidente, pierde fuerza y puede leerse como manipulación», advierte Gómez Verdú. El objetivo no es otro que acompañar emocionalmente el acto sin apropiarse de él, manteniendo intacta la neutralidad política e institucional que define a la Corona.

Este dominio del lenguaje visual revela una estrategia de comunicación medida al milímetro. La Casa del Rey es plenamente consciente de que en la era de la imagen, un jefe de Estado habla también por lo que viste. El Mundial de 2026 fue el último ejemplo, pero la agenda del monarca ofrece cada semana nuevas ocasiones para comprobar cómo un simple detalle en la solapa puede condensar un mensaje completo.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: Las elecciones de vestuario de Felipe VI, analizadas con motivo del Mundial de 2026, revelan un patrón de comunicación institucional que va más allá del estilismo.
  • El detalle de protocolo: La corbata funciona como un código no escrito: los colores vivos y los guiños cromáticos se reservan para actos populares o de apoyo simbólico, mientras que los tonos sobrios predominan en discursos y homenajes.
  • Próximos pasos: La agenda oficial del Rey para los próximos meses incluye actos de Estado y audiencias, donde podrán observarse nuevas aplicaciones de este lenguaje no verbal.

Juan Carlos I pasa el verano Europa: el Rey Emérito fija Ginebra como centro de operaciones

Ginebra, centro neurálgico del estío

La ciudad suiza albergará el Campeonato del Mundo de la clase 6 Metros, cita capital para el Rey Juan Carlos, que llega a ella con la moral alta tras los buenos resultados cosechados en los últimos años. Su pasión por la vela es de sobra conocida y esta competición se ha convertido en un clásico de su calendario. Durante su estancia, se alojará en uno de los hoteles habituales que frecuenta, propiedad de un de un empresario árabe amigo desde hace décadas, una relación de confianza que se mantiene intacta y que le proporciona la discreción que hoy valora por encima de todo.

Ginebra será también punto de encuentro con viejas amistades, muchas vinculadas al mundo de la vela y otras pertenecientes a ese círculo internacional que ha acompañado al Rey emérito durante gran parte de su vida. Fuentes cercanas subrayan que, lejos de la imagen de las grandes cenas de gala, estos reencuentros transcurren en un ambiente privado y sosegado.

Portugal, Vitoria y la sombra de Abu Dabi

La agenda veraniega no se agota en Suiza. Portugal sigue siendo un destino recurrente: Cascais y otros enclaves de la costa atlántica forman parte de una rutina que Juan Carlos I ha consolidado en los últimos años. El país vecino le ofrece la cercanía y el ambiente distendido que busca, al tiempo que mantiene contactos personales de larga trayectoria.

En España, los movimientos serán puntuales. Vitoria aparece en el mapa por razones médicas: el Emérito acude con periodicidad a revisiones en la capital alavesa y se espera que alguna de esas citas tenga lugar durante el verano. No se descartan otras escalas breves en territorio español, aunque en este caso el entorno insiste en la máxima reserva para evitar polémicas.

Una estancia breve en Abu Dabi también está sobre la mesa. La residencia habitual del monarca desde 2020 no perderá su protagonismo, pero los desplazamientos hacia el emirato serán cortos y vinculados más al descanso o a cuestiones personales que a una presencia prolongada.

La estrategia de la discreción: un emérito en segundo plano

El verano itinerante de Juan Carlos I no es solo una cuestión de ocio. Cada destino, cada regata y cada hotel elegido responden a una lógica de bajo perfil que, según quienes le rodean, responde a un deseo inequívoco: no entorpecer el reinado de Felipe VI. “Lo último que quiere es perjudicar a su hijo”, repiten sin cesar las personas próximas al monarca. La afirmación, recogida por Vanitatis y confirmada en otros círculos cercanos a Zarzuela, resume el estado de ánimo con el que el Rey padre encara su vida pública desde que abandonó España en agosto de 2020.

Lo último que desea Juan Carlos I es que sus movimientos por Europa se conviertan en un lastre para el reinado de su hijo. Cada verano, ese mensaje se repite sin fisuras.

Esa voluntad de pasar desapercibido se traduce en viajes que suelen quedar fuera del foco mediático y en una agenda que se organiza con notable sigilo. El entorno del Emérito admite que cada vez son más los desplazamientos que se mantienen en secreto para evitar que sean utilizados contra la Corona. La razón no es otra que la preocupación por las consecuencias institucionales de una información mal interpretada.

Desde el punto de vista legal, Juan Carlos I mantiene la inviolabilidad que la Constitución le otorgaba como Jefe del Estado, pero su estatus como Rey emérito carece de funciones oficiales. Sus viajes son, por tanto, de carácter exclusivamente privado. No obstante, en la práctica, cualquier noticia sobre él reverbera en la opinión pública y condiciona, aunque sea de forma indirecta, la imagen de la institución. De ahí que el esfuerzo por la discreción no sea un mero capricho personal, sino una forma de proteger al actual monarca.

Cabe recordar que, tras las regularizaciones fiscales y los archivos de las causas judiciales, la situación legal del Emérito está pacificada. Sin embargo, el peso de la memoria pública sigue presente, y la Casa de S.M. el Rey evita cualquier comentario sobre sus actividades privadas, limitándose a remitir a la agenda oficial del Rey Felipe VI. La frontera entre lo privado y lo institucional es, en este caso, más nítida que nunca.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: Los desplazamientos estivales del Rey emérito carecen de carácter oficial, pero su dimensión mediática obliga a un delicado equilibrio entre la privacidad del padre y la protección de la imagen institucional del hijo.
  • El detalle de protocolo: Sin residencia fija en España, Juan Carlos I utiliza hoteles de amigos y estancias privadas para evitar recursos públicos. Su estatus de emérito no conlleva funciones representativas; cualquier actividad pública sin coordinación con Zarzuela podría generar un conflicto de imagen.
  • Próximos pasos: No hay confirmación oficial de fechas concretas. Se prevé que el Rey Juan Carlos I participe en el Mundial de 6 Metros y visite Portugal durante los próximos meses, mientras su entorno sigue pidiendo respeto a su intimidad.

El TSJ de Madrid descarta que el tiempo de cambio de uniforme de un conductor de autobús compute como jornada laboral

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado la sentencia 165/2026 (recurso de suplicación 333/2025) en la que desestima el recurso de un conductor de autobús y confirma que los quince minutos de desplazamiento hasta la base para vestir el uniforme no computan como jornada laboral.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del TSJ de Madrid, en sentencia 165/2026, niega que el tiempo dedicado por un conductor a desplazarse a la base para cambiarse de uniforme sea tiempo de trabajo efectivo.
  • ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 34.5 del Estatuto de los Trabajadores, la Directiva 2003/88/CE y la doctrina del Tribunal Supremo sobre actuaciones preparatorias, especialmente la STS de 19 de noviembre de 2019.
  • ¿Qué impacto tiene? Consolida la línea jurisprudencial que diferencia entre disponibilidad real para el empresario y desplazamientos rutinarios previos al trabajo, sin modificarse la doctrina existente.

Las circunstancias del litigio: sin vestuarios en las cabeceras

El conductor, empleado de Nex Continental Holdings S.L. (Grupo ALSA) desde mayo de 2000, prestaba servicio en líneas de cercanías de la Comunidad de Madrid. El convenio colectivo le obligaba a vestir el uniforme corporativo, pero la empresa no había habilitado vestuarios ni aseos en numerosas cabeceras de línea. La solución práctica que adoptaban los trabajadores era desplazarse hasta alguna de las bases de la compañía para cambiarse, lo que suponía unos quince minutos al inicio o al final de cada turno.

El trabajador cuantificó ese tiempo en 45 horas y 45 minutos durante 2023 y 43 horas y 15 minutos en 2024, reclamando su abono como horas extraordinarias por un importe total de 1.914,30 euros. La petición fue desestimada por el juzgado de lo social número 50 de Madrid, y el conductor formalizó recurso de suplicación ante el TSJ.

Un elemento relevante del caso es que la Inspección de Trabajo ya había requerido a la empresa, con anterioridad, la instalación de vestuarios conforme al Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo, sin que la empleadora llegara a ejecutar medida alguna.

El fallo: actos preparatorios sin disponibilidad real

La Sala, con ponencia de la magistrada Ana Gómez Hernangómez, parte del artículo 34.5 del Estatuto de los Trabajadores, que exige que el trabajador se encuentre en su puesto tanto al inicio como al final de la jornada. A renglón seguido, aplica la doctrina del Tribunal Supremo que distingue nítidamente entre la auténtica puesta a disposición del empresario y las actuaciones meramente preparatorias necesarias para acceder al puesto.

El tribunal trae a colación la STS de 19 de noviembre de 2019, cuyo pasaje central reproduce: «Lo que hay aquí es un desplazamiento rutinario (siempre igual) y necesario para acceder al lugar en que comienza a estarse realmente a disposición del empleador. Es obvio que durante el mismo el trabajador puede realizar lo que desee (descansar, leer, conversar, relacionarse a través de redes sociales, etc.)».

La Sala de Madrid concluye que el desplazamiento rutinario para vestir el uniforme es una actuación preparatoria ajena a la puesta a disposición efectiva del empresario y, por tanto, no constituye tiempo de trabajo.

A diferencia de otros supuestos en que el Tribunal Supremo sí reconoció como tiempo de trabajo el desplazamiento para recoger armas reglamentarias o uniformes que la empresa obligaba a custodiar en un lugar concreto, en este caso el trabajador ya disponía del uniforme y podía ponérselo en su domicilio. El convenio no imponía el uso exclusivo de los vestuarios de la empresa, por lo que el desplazamiento era una decisión voluntaria del conductor, no una orden empresarial. El fallo, unánime y sin votos particulares, desestima íntegramente el recurso.

La Doctrina del Tribunal

La sentencia no introduce un cambio de criterio, sino que consolida la línea jurisprudencial que separa tiempo de trabajo efectivo de actuaciones preparatorias. La Sala recuerda que la Directiva 2003/88/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigen tres elementos concurrentes para calificar un período como jornada laboral: que el trabajador ejerza su actividad, permanezca a disposición del empresario y se encuentre en el lugar de trabajo.

En el desplazamiento analizado, el conductor no está aún en condiciones de arrancar el autobús, no recibe instrucciones y emplea el trayecto en lo que desee. Ninguno de los tres ingredientes se cumple plenamente, lo que descarta la consideración de tiempo de trabajo. El razonamiento es coherente con la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en las SSTS de 19 de noviembre de 2019 (rec. 1249/2017), 18 de noviembre de 2020 (rec. 2702/2018) y 26 de enero de 2021 (rec. 3294/2018), todas ellas citadas en la resolución.

El impacto práctico para los operadores jurídicos es significativo: los desplazamientos rutinarios necesarios para incorporarse al puesto de trabajo no generan derecho a retribución como jornada efectiva, salvo que exista una obligación empresarial expresa que obligue al trabajador a custodiar los elementos de trabajo en un lugar concreto y a acudir allí para recogerlos. La sentencia es recurrible en casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, si se acredita contradicción e interés casacional.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Conductor de autobús reclamaba el cómputo como jornada laboral de los quince minutos que empleaba en desplazarse desde la cabecera de línea hasta la base de la empresa para cambiarse de uniforme, al carecer de vestuarios en el punto de inicio o fin del servicio.
  • Datos importantes: STSJ Madrid 165/2026 (rec. suplicación 333/2025), dictada el 19 de febrero de 2026. La cantidad reclamada ascendía a 1.914,30 euros. El fallo fue unánime, sin costas.
  • Fecha de los juicios: Vista oral no especificada; sentencia de instancia del Juzgado de lo Social nº 50 de Madrid; sentencia del TSJ de Madrid de 19 de febrero de 2026; publicación de la noticia el 29 de junio de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: El trabajador recurrente contra Nex Continental Holdings S.L. (Grupo ALSA), no hay acusación penal. N/A.

El puerto de Bilbao exige retrasar la prohibición del gas ruso fijada para 2027 y choca con el Gobierno

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El presidente del puerto de Bilbao, Iván Jiménez, ha pedido retrasar la prohibición europea a las importaciones de gas ruso, prevista para el 1 de enero de 2027, por el riesgo de una dependencia excesiva de Estados Unidos.
  • ¿Quién está detrás? El propio puerto de Bilbao, cuarto mayor receptor europeo de GNL ruso, choca con la ministra de Energía, Sara Aagesen, y con la Comisión Europea, que insisten en mantener la fecha.
  • ¿Qué impacto tiene? La medida obliga a España a un rediseño acelerado de su matriz de suministro. Un 59% del gas que entró por Bilbao entre enero y mayo de 2026 era ruso, y sustituirlo encarecería el recibo energético.

El puerto de Bilbao se ha convertido en el epicentro de un choque inesperado entre el Gobierno español y la Comisión Europea. Su presidente, Iván Jiménez, ha roto la baraja al pedir un retraso en la prohibición de importar Gas Natural Licuado (GNL) ruso. La fecha está fijada: 1 de enero de 2027. A tan solo seis meses vista, Jiménez avisa de que cortar el grifo de golpe crea una dependencia peligrosa de Estados Unidos.

La cifra explica la urgencia. Según los datos del propio puerto, las importaciones de gas ruso representaron el 59% del total de descargas en los cinco primeros meses de 2026. Es un giro radical respecto al 48% que registraron en 2025. El descenso de aquel año fue una reacción directa al anuncio de la prohibición, pero la crisis en Oriente Próximo ha reavivado el flujo de metaneros desde la planta siberiana de Yamal.

Ese incremento coloca a Bilbao como el cuarto destino europeo más frecuente para el gas ruso, solo por detrás de Zeebrugge (Bélgica) y los puertos franceses de Montoir y Dunkerque. Los procedimientos aduaneros españoles, más ágiles que los de otros socios, facilitan la entrada de estos cargamentos. La autoridad aduanera emite un código QR que certifica el cumplimiento normativo en tiempo real.

El presidente del puerto ha sido una de las pocas voces críticas con la prohibición tras el acuerdo del Consejo. “Creo que no es el momento de recortar el gas procedente de Rusia, ya que eso podría suponer un problema muy grave para la Unión Europea”, afirmó Jiménez, exigiendo más resiliencia para la red energética comunitaria.La lectura estratégica es otra: el gas ruso es más barato y de buena calidad, y Trump presionará para que Europa se enganche al suministro estadounidense.

Jiménez advierte de que los importadores intentarán traer “la mayor cantidad posible” antes del 1 de enero. La prohibición, aprobada en diciembre tras meses de negociaciones, contempla una excepción clave: Hungría y Eslovaquia podrán seguir comprando gas ruso por gasoducto hasta noviembre de 2027 si tienen dificultades para mantener sus reservas.

La prohibición del gas ruso es una decisión geopolítica que se testa con los precios al por mayor de la electricidad en España un lunes cualquiera.

Un pulso con el Gobierno que trasciende lo técnico

La ministra de Energía, Sara Aagesen, no ha tardado en responder. En declaraciones a Financial Times, ha defendido que el aumento de las importaciones rusas es “temporal y está ligado a operaciones logísticas en un contexto muy volátil”. Su posición es firme: “Europa necesita dejar de lado totalmente el gas ruso y creemos que es posible hacerlo el uno de enero”.

El choque es más que un desacuerdo técnico sobre aranceles o logística portuaria. El Gobierno se alinea con la Comisión Europea, cuyo comisario de Energía, Dan Jørgensen, ha insistido en que la prohibición entrará en vigor tal y como está planeado. Mientras, el Ejecutivo comunitario ha aparcado otras prohibiciones sobre petróleo y energía nuclear rusos por la crisis energética.

La dependencia de Estados Unidos: el verdadero dilema

El gas estadounidense ha pasado de representar el 6% de las importaciones europeas en 2021 al 29% actual. Esa cuota, que convierte a Estados Unidos en el segundo mayor suministrador tras Noruega, es precisamente lo que preocupa a Jiménez. “El señor Trump insistirá en mantener la prohibición porque beneficia sus exportaciones”, ha declarado. En su opinión, la UE debería ser más firme y evaluar sus intereses.

En el caso de Bilbao, el impacto es tangible. Durante 2025, el gas estadounidense logró superar al ruso tras el anuncio de la prohibición (49% frente a 48%). Sin embargo, en los primeros meses de 2026 la tendencia se ha invertido con fuerza. La cuota rusa sube al 59% y la estadounidense cae al 40%.

Sí, el puerto de Bilbao. Las cifras muestran un mercado que se adapta a cada giro regulatorio, buscando precio y disponibilidad. La dependencia de un único proveedor preocupa a los gestores portuarios, que ven cómo el mapa energético cambia a velocidad de vértigo.

puerto de Bilbao

El Eje del Poder Europeo

El debate sobre el gas ruso es en realidad un pulso entre dos modelos de seguridad energética. La Comisión Europea y el eje franco-alemán insisten en cortar la financiación a Moscú, pero los Estados del sur y del este temen por sus reservas. La excepción concedida a Hungría y Eslovaquia demuestra que la unanimidad en política energética sigue siendo una quimera.

España se mueve en una posición contradictoria. La mayoría del gas que consume llega desde Argelia, pero un 27,8% se importó de Rusia en mayo, un 58,5% más que en el mismo mes de 2025, según Enagás. No es un país dependiente como Alemania o Italia, pero su infraestructura portuaria —con Bilbao a la cabeza— actúa como hub de entrada para el suministro a terceros países. El gas que descarga Bilbao también se suministra a empresas como la alemana Sefe.

La lectura a medio plazo es clara. Si Bruselas mantiene la fecha de enero de 2027, el precio del gas en los mercados mayoristas sufrirá tensiones adicionales que se trasladarán al recibo de los hogares y la industria española. Retrasar la prohibición enfadaría a Washington y pondría en duda la credibilidad del bloque en su represalia contra el Kremlin. En cualquiera de los dos escenarios, la factura energética será más alta y la seguridad de suministro seguirá dependiendo de los equilibrios entre dos gigantes externos. La próxima ventana crítica será la reunión del Consejo de Energía de la UE en octubre, donde los ministros deberán revisar los plazos de aplicación si la volatilidad persiste.