La Fundación de Estudios Rurales y la UPA han reclamado este viernes en Madrid una ley de agricultura familiar, durante la presentación de su Anuario 2026. La cita, en el Ateneo de Madrid, ha servido para presentar la 33ª edición de esta publicación de referencia desde 1994.
Una ley para el campo que alimenta España
La petición, impulsada por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Fundación de Estudios Rurales, no es nueva, pero el contexto la vuelve urgente. La agricultura familiar representa la mayoría de las explotaciones agrarias del país y es, según los datos del propio sector, el principal sostén productivo y social de las zonas rurales. Sin embargo, carece de un marco legal específico que la proteja frente al avance de los modelos intensivos y la creciente presión de los mercados.
Durante la presentación del Anuario, la Fundación ha insistido en que una Ley de Agricultura Familiar debe incluir medidas concretas: fiscalidad diferenciada, acceso prioritario a la tierra y al agua, y políticas de relevo generacional efectivas. «Puede que mañana sea tarde», han advertido los responsables de la publicación, en referencia a la pérdida acelerada de explotaciones familiares en la última década.
El Anuario 2026: radiografía de un modelo en peligro
La edición número 33 del Anuario, presentada en el Ateneo de Madrid, analiza los principales desafíos del sector: desde la competencia desleal de importaciones hasta la falta de rentabilidad de las pequeñas explotaciones. La obra, que se publica ininterrumpidamente desde 1994, se ha convertido en un termómetro de la situación del campo español. En sus páginas, expertos y representantes del sector desgranan las carencias estructurales que lastran la viabilidad de las explotaciones familiares.
Entre los datos que recoge, destaca el envejecimiento de los titulares de explotación y la dificultad para el relevo generacional. Más de la mitad de los agricultores y ganaderos familiares supera los 55 años, y la incorporación de jóvenes sigue siendo residual, pese a ser una de las prioridades declaradas de la Política Agraria Común (PAC), el sistema de ayudas al campo financiado por la Unión Europea.
El Anuario también pone cifras a la despoblación: los municipios donde la agricultura familiar es la actividad económica principal pierden población a un ritmo superior al de otras zonas rurales. La falta de servicios básicos, la escasa digitalización y la ausencia de políticas de vivienda agravan el problema.
La agricultura familiar sostiene el paisaje y la población rural, pero el relevo generacional sigue sin llegar: más de la mitad de los titulares supera los 55 años.
Planas, sin prisa para una ley que el campo urge
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asistido a otros encuentros del sector en las últimas semanas, pero no ha mostrado compromiso con la tramitación de una ley de agricultura familiar. Las organizaciones agrarias llevan años reclamando un texto legislativo que reconozca el papel estratégico de este modelo productivo, mayoritario en España pero infraprotegido.
La ausencia de una respuesta clara del Ejecutivo contrasta con las declaraciones del propio Planas en foros internacionales, donde ha defendido el valor de la agricultura familiar como herramienta contra el cambio climático y el despoblamiento. «La ley está en el tejado de Planas, y el tiempo corre en contra del campo», han señalado fuentes de UPA. La organización recuerda que otros países de la Unión Europea ya cuentan con normativas específicas para este modelo productivo, mientras España sigue sin abordar el debate parlamentario.
El impacto territorial de esta parálisis legislativa es directo: cada año que pasa sin un marco de protección, decenas de explotaciones familiares echan el cierre. La consecuencia es más despoblación, más abandono de tierras y un tejido rural cada vez más debilitado.
Claves del Mundo Rural
- 📌 Lo que debes saber: UPA y la Fundación de Estudios Rurales reclaman una ley específica para la agricultura familiar, sin compromiso por parte del ministro Planas.
- 👥 A quién afecta: A los pequeños y medianos agricultores y ganaderos familiares, mayoritarios en España, y a los municipios rurales que dependen de esta actividad.
- ⏭️ Qué consecuencias puede traer: La falta de un marco legal propio acelera la desaparición de explotaciones familiares y la despoblación en el medio rural.
