Las Fiestas del Pilar 2026 arrancan en Zaragoza con 494.000 asistentes y el aforo obliga a cerrar la plaza

Marta Iglesias
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Las Fiestas del Pilar 2026 arrancan en Zaragoza con 494.000 asistentes y el aforo obliga a cerrar la plaza

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Las Fiestas del Pilar 2026 arrancan en Zaragoza con 494.000 asistentes en tres días y el cierre de los accesos a la plaza del Pilar al completarse el aforo de 45.000 personas durante el pregón.
  • ¿Quién está detrás? La consejera de Cultura, Sara Fernández, presentó el primer balance. Los pregoneros fueron los Bomberos de Zaragoza, en una edición dedicada al deporte.
  • ¿Qué impacto tiene? El desfile del pregón congregó a 120.000 personas y 22.700 más siguieron el espectáculo desde pantallas exteriores, con el centro urbano al límite de su capacidad.

Las Fiestas del Pilar suman 494.000 asistentes en Zaragoza y obligan a cerrar los accesos a la plaza durante el pregón.

Un arranque de 494.000 asistentes y la plaza del Pilar al límite

El dato lo puso este domingo la consejera de Cultura, Sara Fernández, en el primer balance: 494.000 personas han participado en los actos programados desde el viernes, de las cuales 377.000 corresponden solo al sábado. El aforo de la plaza del Pilar, fijado en 45.000 personas, se completó durante el pregón y el Ayuntamiento cerró los accesos al recinto. Seguridad antes que aforo. Es la decisión que tomó el consistorio cuando la marea humana desbordó las previsiones.

El acto más multitudinario fue el desfile del pregón, que congregó a unas 120.000 personas por las calles del centro. La cita está dedicada este año al deporte, con motivo de la Capitalidad Europea del Deporte que la ciudad ostentará en 2027, y contó con la participación de numerosos clubes y deportistas. Los pregoneros fueron los Bomberos de Zaragoza, que tomaron la palabra en una plaza completamente abarrotada y y dieron paso al concierto de Antonio Orozco.

Otras 22.700 personas siguieron el espectáculo desde las pantallas instaladas en las food trucks del Parque de San Pablo, la Estación del Norte y Espacio Zity. El recinto ferial ha recibido casi 116.000 visitantes en dos días, una cifra que la consejera calificó de «muy positiva».

Qué cambia para los zaragozanos y qué vigilan los organizadores

El videomapping proyectado sobre una de las torres de la basílica del Pilar ha sido la gran sorpresa del arranque. Fernández habló de «muchísimo éxito» en su estreno y confirmó nuevos pases: los días 11, 15 y 16 de octubre a las 21.25 horas, y los días 12, 14 y 17 a las 20.25. No habrá proyección el 13, coincidiendo con el Rosario de Cristal, ni en la jornada de cierre.

Para este domingo, la programación reserva el protagonismo a los más pequeños: la comparsa de gigantes y cabezudos, el León Garganchón, el Tragachicos y la apertura de Río y Juego y el Parque de las Marionetas. A eso se suma la colocación de la Virgen en la estructura de la Ofrenda de Flores, prevista para las 12.00 horas, y el concierto de Dani Fernández en el escenario de la Fuente de Goya.

Zaragoza no mide el Pilar en hectáreas: lo mide en una plaza que se llena y en una ciudad que, durante nueve días, multiplica su población.

pregón Zaragoza 2026

La cifra de 494.000 asistentes en tres días equivale a más de un tercio de la población de Aragón y supera con holgura los habitantes de Teruel. Queda por ver si el Ayuntamiento mantiene el aforo actual de la plaza o estudia ampliarlo en próximas ediciones.

El Pulso Territorial

Aragón gobierna en coalición desde 2023, con PP y Vox sosteniendo al Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón, y con un Ayuntamiento de Zaragoza de signo popular en el que la alcaldesa, Natalia Chueca, gestiona directamente la fiesta. Las Fiestas del Pilar son el mayor escaparate político del año en la comunidad: medio millón de asistentes en tres días y una prueba de gestión para el consistorio. El calendario añade presión, porque las elecciones municipales y autonómicas llegarán en mayo de 2027.

En términos comparativos, la plaza del Pilar reúne por sí sola a más personas que la población de la mayoría de las capitales de provincia de Castilla y León o Extremadura. Zaragoza, con unos 680.000 habitantes, recibe en nueve días un volumen de visitantes que tensiona transporte, alojamiento y hostelería.

El calendario marca el resto. La Ofrenda de Flores del 12 de octubre volverá a medir la capacidad de la ciudad: es la cita con más participación popular desde mediados del siglo XX. Después llegarán el Rosario de Cristal y el cierre, previsto para el próximo fin de semana. Y en 2027, con la capitalidad deportiva en el horizonte y las urnas en mayo, el Ayuntamiento tendrá que decidir si el modelo de pantallas exteriores y aforos cerrados se consolida o se rediseña.

Ficha Autonómica

  • El caso: Zaragoza vive un arranque multitudinario de las Fiestas del Pilar 2026, con la plaza del Pilar cerrada durante el pregón al completarse su aforo.
  • Datos importantes: 494.000 asistentes en tres días (377.000 el sábado), 120.000 en el desfile del pregón, 45.000 de aforo en la plaza, 22.700 en pantallas exteriores y casi 116.000 visitantes en el recinto ferial.
  • Resumen: El consistorio mantiene el límite de aforo y refuerza el dispositivo. La programación continúa hasta el cierre del próximo fin de semana, con la Ofrenda de Flores el día 12.

Von der Leyen critica las ayudas generales a los combustibles en la UE y pone a Francia de ejemplo

Angie Rivas
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Von der Leyen critica las ayudas generales a los combustibles en la UE y pone a Francia de ejemplo

Las ayudas a los combustibles en la UE han entrado en el radar de Bruselas. Ursula von der Leyen criticó esta semana ante el Parlamento Europeo las subvenciones indiscriminadas al carburante y colocó a Francia como modelo a seguir, en un aviso velado al descuento sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) que aplica el Gobierno de España.

La presidenta de la Comisión Europea puso cifras al problema. ‘Desde finales de febrero, los precios del gas han aumentado un 140% y los precios del diésel se han duplicado’, señaló en el hemiciclo. En total, si hablamos de combustibles fósiles importados, este aumento cuesta a Europa 100.000 millones de euros adicionales.

Sobre esa factura energética, Von der Leyen marcó doctrina. ‘El apoyo tiene que ser específico: nada de ayudas generalizadas porque eso incrementaría la demanda, favorecería las rentas más altas y supondría unos costes enormes. En cambio, necesitamos un apoyo hecho a medida’, subrayó.

El aviso de Von der Leyen: 100.000 millones y un mensaje directo a España

El detonante del repunte fue el cierre del Estrecho de Ormuz tras la guerra en Irán, que empujó al barril de Brent a máximos y encadenó tres meses de subidas en los surtidores. Con ese telón de fondo, el mensaje de la presidenta de la Comisión no llegaba en el vacío: en abril, Bruselas ya había llamado la atención a España por aplicar un IVA del 10% en el primer paquete anticrisis, una fórmula que la Comisión consideró fuera de la normativa europea y que, a su juicio, mandaba ‘un mensaje equívoco a los ciudadanos’. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo que replegarse y buscar otra vía.

La solución actual es un descuento progresivo sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) que arranca en 20 céntimos por litro este mes de octubre y que se irá recortando según evolucione la inflación. Un esquema generalista, aplicable a cualquier conductor con independencia de su renta o de cuánto use el coche, que choca con la doctrina que Von der Leyen acaba de fijar en Estrasburgo.

Bruselas no prohíbe las ayudas al carburante: exige que se filtren por renta y kilometraje, y el descuento generalista español queda retratado en ese molde.

Francia cobra 100 euros por kilometraje; España descuenta 20 céntimos por litro

Francia ha optado por el cheque focalizado. Su Gobierno ofrece 100 euros a los trabajadores que necesitan el coche para ir al empleo, siempre que cumplan requisitos de kilometraje y renta. La ayuda equivale, según París, a unos 40 céntimos por litro durante seis meses. Para solicitarla hay que recorrer al menos 15 kilómetros por trayecto entre el domicilio y el trabajo, o sumar 8.000 kilómetros al año por actividad profesional. Los umbrales de renta van de los 2.035 euros netos para solteros hasta los 6.100 euros en parejas con dos hijos. París ha ampliado el programa hasta final de año.

Rumanía, el otro caso elogiado por Von der Leyen, combina revisiones fiscales periódicas con una rebaja del IVA de dos puntos. Portugal ha intervenido el impuesto sobre los productos petrolíferos, con un impacto de 23 céntimos por litro tanto en diésel como en gasolina. Alemania aprobó una bajada del impuesto energético que deja el diésel y la gasolina en unos 14 céntimos menos por litro, 17 si se cuenta el efecto del IVA, vigente hasta finales de año.

Italia es la excepción que mira al Consejo Europeo. El Ejecutivo de Giorgia Meloni no ha prorrogado las rebajas sobre el impuesto del diésel ni ha activado un mecanismo nuevo, lo que ha tensado los precios en los surtidores. Roma espera a la cumbre de líderes para mover ficha y reclama ‘indicaciones políticas claras y concretas’ antes de decidir.

El Eje del Poder Europeo

Lo que está sobre la mesa es una disputa de fondo sobre cómo se reparte el coste de la crisis energética. El eje franco-alemán defiende intervenciones acotadas a la renta y al uso real del vehículo: Berlín actúa vía impuesto energético y París, con cheques comprobables. Los países del sur, España entre ellos, tienden a la rebaja transversal porque es rápida, visible, y políticamente rentable, aunque la Comisión la considere inflacionaria. Los frugales del norte miran con desconfianza cualquier subvención al consumo: la ven como un parche que retrasa la transición y tensiona las cuentas públicas.

Para España el envite no es menor. El descuento sobre el IEH mueve cientos de millones de euros al mes y se aplica a un parque de más de 30 millones de vehículos, sin filtro de renta. Si Bruselas endurece el criterio —y el discurso de Von der Leyen apunta en esa dirección— Moncloa tendrá que rediseñar la ayuda, focalizarla y justificarla documentalmente. La oposición ya acusa al Gobierno de subvencionar a quienes más consumen, precisamente el argumento que la presidenta de la Comisión puso por escrito.

La lectura a cinco o diez años es la de una política energética europea que se desplaza del alivio universal al apoyo quirúrgico. Es el mismo patrón del Fit for 55 y del fondo social climático: menos cheque para todos, más ayuda condicionada. Si ese giro se consolida, países como España, Portugal o Italia —con un consumo más intensivo en carburante— cargarán con el coste político de explicar por qué renuncian a medidas que su ciudadanía percibe como inmediatas. Von der Leyen ha lanzado el marco; la próxima cumbre del Consejo Europeo decidirá si se convierte en norma o queda en declaración de intenciones.

El Banco de España constata que la inversión en vivienda ya llega a siete de cada diez familias

Amparo Soler
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El Banco de España constata que la inversión en vivienda ya llega a siete de cada diez familias

Siete de cada diez familias españolas ya invierten en vivienda, según el Banco de España, y el mercado valenciano amplifica ese patrón.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Banco de España constata que siete de cada diez familias españolas invierten en ladrillo, sobre todo en vivienda habitual.
  • ¿Quién está detrás? Familias inversoras, el supervisor estatal y un mercado residencial que sigue tirando del ahorro privado.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la cultura de la propiedad en España y aviva el debate sobre el acceso a la vivienda.

El regulador sitúa la inversión en inmuebles como la opción preferida del ahorro familiar. No es una foto aislada: casi el 70% de los hogares con capacidad de inversión coloca su dinero en ladrillo. La vivienda habitual lidera esa clasificación, pero no es la única puerta de entrada. También aparecen las segundas residencias, las plazas de garaje y los locales comerciales. La percepción de que el inmueble mantiene su valor pesa más que cualquier folleto financiero.

Qué dice el dato del Banco de España y por qué no sorprende

Los datos del Banco de España describen una cultura financiera asentada, no una moda pasajera. La casa ha funcionado durante décadas como refugio, herencia y plan de ahorro a la vez. Esa costumbre explica que buena parte de las familias mire primero al ladrillo y solo después a los productos financieros. La vivienda no se elige por rentabilidad inmediata, se elige por seguridad.

Una de las personas entrevistadas lo resume sin rodeos: «La vivienda siempre subirá o, al menos, se mantiene; bajar no bajará».

La presidenta de la Comisión de Jóvenes Economistas de Valencia, M. Jesús Gadea, vincula esa preferencia con la tranquilidad que transmite lo tangible. «Relacionar un bien tangible con la tranquilidad y tener un bien en propiedad, como se decía antiguamente —el ladrillo nunca baja—, es algo que nos lleva a tomar esas decisiones», explica.

La diferencia entre invertir y protegerse se diluye cuando el ladrillo se convierte en el colchón de toda una familia.

Del ladrillo refugio al ladrillo negocio: la letra pequeña

No todos los inversores juegan la misma carta. Algunos entrevistados reconocen que se han pasado a los locales comerciales ante el encarecimiento de los precios residenciales. Es la letra pequeña de un mercado caro para entrar y exigente para rentabilizar. El ladrillo deja de ser un refugio y empieza a comportarse como un negocio.

La vivienda habitual manda, pero las segundas residencias, los garajes y los locales completan un mapa diversificado. En los territorios con fuerte peso turístico, ese abanico se nota mucho más. Y ahí entra de lleno la Comunitat Valenciana.

El Escenario Valenciano

En la Comunitat Valenciana, el patrón del Banco de España se lee con matices. El mercado valenciano combina, una demanda interna sólida con un peso notable de la compra extranjera y de la segunda residencia en la costa. A eso se suma el efecto de la reconstrucción tras la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos, el fenómeno que causó las inundaciones de octubre de 2024), que ha tensado la oferta en las comarcas afectadas y ha reordenado precios y demandas.

La lectura trasciende la Comunitat. El Banco de España, como supervisor estatal, observa el mismo comportamiento en todo el país, y el acceso a la vivienda ya ocupa debates en el Congreso. Para el PP, el dato refuerza su discurso de que la propiedad es la base del ahorro familiar. Para el PSOE, subraya la urgencia de regular un mercado que deja fuera a los más jóvenes. El Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) y el Ejecutivo central mantienen su pulso conocido sobre política de vivienda.

La próxima cita la marcará el propio mercado. Con los tipos de interés bajo revisión y una oferta todavía contenida, todo apunta a que la inversión en vivienda seguirá siendo el refugio favorito de las familias españolas. La pregunta, en Valencia y en el resto del país, es a qué precio se sostiene esa confianza.

Ficha del Caso

  • El caso: El Banco de España constata que siete de cada diez familias españolas invierten en inmuebles, sobre todo en vivienda habitual.
  • Datos importantes: Casi el 70% de los hogares inversores elige ladrillo; segundas residencias, garajes y locales completan la cesta.
  • Resumen: El dato refuerza la cultura de la propiedad en España y aviva el debate sobre el acceso a la vivienda.

Muere un joven de 21 años apuñalado en un local de ocio de Cúllar Vega (Granada)

Enrique Ramos
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Muere un joven de 21 años apuñalado en un local de ocio de Cúllar Vega (Granada)

Un joven de 21 años ha muerto apuñalado en una discoteca de Cúllar Vega (Granada) y la Guardia Civil busca al autor.

El suceso tubo lugar durante la madrugada del sábado en un local de ocio situado en un polígono industrial a las afueras del municipio. La víctima, residente en Granada, fue atacada con un arma blanca por otro hombre, según confirman fuentes de la investigación. Los motivos de una agresión sin explicación aparente siguen sin trascender.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un joven de 21 años ha muerto en la mañana de este domingo tras ser apuñalado en una discoteca de Cúllar Vega durante la madrugada del sábado.
  • ¿Dónde y quién? El local está en un polígono industrial a las afueras de Cúllar Vega, en el área metropolitana de Granada. Investiga la Guardia Civil.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? El agresor sigue sin identificar y los vecinos del cinturón de Granada asisten a un homicidio ocurrido en un espacio de ocio nocturno.

Fue un trabajador del propio local quien trasladó al herido al Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. El joven ingresó sobre las cinco de la madrugada en estado crítico. Los sanitarios le apreciaron dos puñaladas en el costado, compatibles con un ataque con arma blanca, y activaron de inmediato el protocolo de urgencias.

Del polígono industrial al Clínico San Cecilio: una noche en estado crítico

El muchacho pasó por quirófano nada más llegar. Los cirujanos lo intervinieron de urgencia y, después, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde ha permanecido ingresado hasta su fallecimiento. No dejaba de perder sangre y necesitó la transfusión de multitud de bolsas, según precisan fuentes sanitarias, que describen una noche muy complicada por la gravedad del cuadro.

Tenía 21 años y residía en Granada. Ha perdido la vida en la mañana de este domingo, 11 de octubre. Su muerte sitúa los hechos en el terreno del homicidio y obliga a la Guardia Civil a reorientar una investigación que hasta ahora se centraba en esclarecer un apuñalamiento.

En el cinturón de Granada, el ocio nocturno se concentra en polígonos industriales: la discoteca de Cúllar Vega es la cara de un modelo extendido por Andalucía.

La Guardia Civil ha asumido la investigación y, de momento, no ha informado de ninguna detención. Fuentes relacionadas con el caso precisan que la investigación avanza a buen ritmo.

La grabación del interior del local, clave para identificar al agresor

Los investigadores ya tienen en su poder una grabación con la secuencia completa de los hechos dentro de la discoteca. Ese material resulta esencial para reconstruir qué ocurrió en el interior del local y para identificar a la persona o personas que puedan estar relacionadas con el apuñalamiento. Se trata de una discoteca situada en un polígono industrial a las afueras de Cúllar Vega, un tipo de ubicación habitual en los municipios del cinturón metropolitano granadino.

La instrucción del caso corresponde, llegado el momento, al juzgado competente de Granada, mientras la investigación policial sigue su curso. En estos procedimientos, la Guardia Civil trabaja bajo la dirección del juez instructor y remite las diligencias al órgano judicial, que puede decretar el secreto de sumario para no comprometer el resultado. Por ahora, sin detenidos, las imágenes del interior del local se han convertido en la principal vía para esclarecer lo ocurrido.

suceso Granada

La Lectura Andaluza

Cúllar Vega es uno de los municipios que forman el cinturón metropolitano de Granada, a pocos kilómetros de la capital, y como tantos otros ha visto cómo el ocio nocturno se desplazaba hacia los polígonos industriales de las afueras. Allí el suelo es más barato, los locales son más grandes y las molestias por ruido quedan lejos de las viviendas.

El modelo funciona, pero genera espacios en los que la seguridad depende de la vigilancia privada y de la capacidad de reacción de los propios trabajadores. Las licencias de apertura y los horarios son competencia municipal; la investigación de un homicidio, de la Guardia Civil y de los juzgados de Granada, con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como referencia en la comunidad.

Para las familias del cinturón, la noticia tiene una traducción inmediata: un joven de 21 años que sale de casa un sábado por la noche y no vuelve. La provincia de Granada arrastra una conversación pendiente sobre cómo se mueven miles de jóvenes cada fin de semana entre la capital y los municipios del entorno.

Coche, taxi o vehículo compartido: esa sigue siendo la alternativa habitual de vuelta y, en Cúllar Vega, la rutina forma parte de la vida cotidiana y sostiene buena parte del empleo de la hostelería local.

La investigación sigue abierta y marcará los próximos pasos. Si en las próximas horas o días se produce una detención, el detenido pasará a disposición judicial y el juzgado decidirá sobre su situación. Mientras tanto, el análisis de la grabación se convierte en la pieza central de un caso que ha sacudido a un municipio pequeño y tranquilo. Cúllar Vega espera respuestas, y la principal sigue estando en un fotograma.

La acampada por la vivienda de València cumple una semana sin altercados y contiene a los ultras del 9 d’Octubre

Amparo Soler
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La acampada por la vivienda de València cumple una semana sin altercados y contiene a los ultras del 9 d’Octubre

La acampada por la vivienda de València cumple una semana sin incidentes y con la amenaza ultra contenida durante el 9 d’Octubre.

Unas 650 tiendas de campaña siguen plantadas en la plaza del Ayuntamiento de València, según el último censo del propio movimiento, lo que sitúa la ocupación en torno a las 1.200 personas. Duermen, comen y debaten allí desde el sábado anterior, cuando la manifestación por la vivienda acabó en altercado. De aquel estallido nació el campamento y, una semana después, sigue sin fecha de caducidad. Cada tarde, en asamblea, deciden los pasos siguientes.

650 tiendas y 1.200 personas sin fecha de salida

La organización es más ordenada de lo que sugiere una acampada improvisada. Tres periodistas integran el comité de Comunicación, instalado en una de las entradas que mira a Correos. Allí atienden a quien pregunta, graban directos para los informativos y revisan el clipping de prensa. «El hasta cuándo es la gran pregunta. De momento es indefinida», resume el equipo.

El viernes, Día de la Comunitat Valenciana, fue la prueba de fuego. La plaza amaneció con cordón policial y, según relatan los acampados, algunos jóvenes ultra merodearon la zona igual que la jornada anterior. No hubo altercados. Lo repiten cada vez que se les pregunta: «Lo más importante es que no pasó nada». Celebraron la bajada de la Senyera y el himno, y por la tarde la Entrada de moros y cristianos pasó junto a ellos.

No todo el mundo les mira con simpatía. Las crónicas de la Procesión Cívica recogen insultos al grito de «catalanistas» o «perroflautas», con invitación a dejar la plaza. A eso se suma que la suspensión de la mascletà ha derivado en un nuevo rifirafe entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. Este domingo se suspendió además el arranque del festival pirotécnico.

Una semana de tiendas en la plaza del Ayuntamiento ha convertido una reivindicación por la vivienda en un pulso entre administraciones.

Sin embargo, el choque institucional convive con un goteo de apoyo ciudadano que sorprende a los propios acampados. «; otros han dejado mantas, gorras, y antiestamínicos. Un cartel lista lo que necesitan y lo que no: nada de huevos, arroz, café ni galletas.

De la vivienda digna al pulso entre Ayuntamiento y Delegación del Gobierno

crisis de vivienda València

El movimiento tiene un eje claro. «Solo estamos luchando por el derecho a poder tener una vivienda digna, que eso ya existe en la Constitución Española», explica un acampado, jurista de formación, que duerme allí desde el primer día. El artículo 47 de la Carta Magna reconoce ese derecho a una vivienda digna, aunque su desarrollo depende de las administraciones. Las proclamas del coro participativo lo repiten cada tarde: «Pel dret a l’habitatge, no cap desnonament, ningú sense casa, ni cases sense gent».

La lista de demandas va más allá de los desahucios: indefinir los contratos y congelar los alquileres figuran entre las consignas más coreadas. Son medidas que chocan con la política de vivienda del Consell de Pérez Llorca y con la del propio Ayuntamiento de València, ambos del PP y con Vox como socio en la Generalitat. La Ley estatal de Vivienda, aprobada en 2023, ya preveía topes a los alquileres en zonas tensionadas, pero su aplicación ha sido desigual según la comunidad autónoma.

El Escenario Valenciano

El campamento ha puesto a prueba la convivencia entre las instituciones valencianas en plena resaca del 9 d’Octubre. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantiene el pacto con Vox que sostiene el Consell desde diciembre de 2025.

La oposición —PSPV y Compromís— observa el movimiento con prudencia. El expresident Carlos Mazón, hoy diputado en las Corts, sigue en un segundo plano tras su dimisión de noviembre de 2025.

En clave estatal, el precio de la vivienda ha encadenado fuertes subidas en toda España, según el INE, y el acceso a un hogar se ha situado entre las principales preocupaciones ciudadanas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la Ley de Vivienda una de sus banderas, mientras varias comunidades del PP cuestionan su aplicación. Lo que ocurre en la plaza del Ayuntamiento resume ese cruce: competencia compartida, marco estatal y ejecución autonómica.

Queda por ver cuánto aguanta el campamento. La acampada recupera esta semana su programación tras el parón festivo, con asambleas diarias y actividades culturales. Los acampados insisten en que no se marcharán hasta que haya respuestas; las administraciones, de momento, se devuelven la pelota. Y en el aire queda una pregunta sin respuesta: hasta cuándo.

Ficha del Caso

  • El caso: La acampada por la vivienda de València cumple una semana en la plaza del Ayuntamiento con unas 650 tiendas y 1.200 personas, sin fecha de salida.
  • Datos importantes: El campamento nació tras la manifestación por la vivienda que acabó en altercado. El 9 d’Octubre se contuvo la amenaza ultra con cordón policial. La suspensión de la mascletà reabrió el choque entre Ayuntamiento y Delegación del Gobierno.
  • Resumen: El movimiento por la vivienda traslada a la calle un pulso que enfrenta al Consell de Pérez Llorca (PP-Vox) y al Ayuntamiento con el Gobierno central, en plena crisis de acceso a la vivienda en toda España.

Inversiones pendientes en Andalucía: Puente del Centenario de Sevilla y trenes a Huelva y Jaén

Enrique Ramos
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Inversiones pendientes en Andalucía: Puente del Centenario de Sevilla y trenes a Huelva y Jaén

El Puente del Centenario de Sevilla afronta las elecciones del 29-N sin fecha de apertura y con la movilidad de la capital todavía condicionada.

Y no es el único frente abierto. El déficit ferroviario se ha colado en la campaña andaluza con proyectos que acumulan veinte años de anuncios: Huelva sigue sin AVE y Jaén ha perdido este año su conexión con Madrid. El Estado llega al otoño con los presupuestos prorrogados, una circunstancia que el Gobierno andaluz señala como un freno para ejecutar obra pública.

El Puente del Centenario de Sevilla y una red ferroviaria sin cerrar

Las obras del viaducto se retomaron a principios de septiembre de 2026 después de cinco meses de parón. El puente soporta el tráfico de la SE-30 sobre el Guadalquivir y su nombre aparece en la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el exministro José Luis Ábalos, una causa sin sentencia.

En la misma capital, el proyecto que debe unir el Aeropuerto de San Pablo con la Estación de Santa Justa dio su primer paso firme el pasado verano, tras dos décadas en un cajón. El objetivo es un trayecto de once minutos con el 92% del recorrido bajo tierra. El Ministerio estudia ahora qué trazado elige.

El Parlamento de Andalucía ha votado en repetidas ocasiones a favor de reclamar al Estado las competencias ferroviarias, aunque la transferencia nunca ha llegado a tramitarse. En septiembre, el consejero de Fomento, Mario Atanet, remitió una carta al Ministerio pidiendo una revisión completa de la red y alertando de la falta de frecuencias en las Cercanías.

Tres obras llevan décadas anunciadas y ninguna tiene fecha de llegada: el puente sobre el Guadalquivir, el tren onubense y la vía jiennense.

La desconexión ferroviaria de Jaén dejó de ser una amenaza y es ya un hecho. En septiembre de 2026, la capital jiennense perdió el tren de Media Distancia con Madrid y Renfe ofrece un autobús sustitutivo. Las obras de la autopista ferroviaria que conectará el Estrecho con Zaragoza impiden recuperar la conexión antes de finales del verano de 2027.

Huelva arrastra una reclamación más antigua: el AVE que debe enlazar la capital onubense con la hispalense y con Faro, un proyecto cuyo primer estudio se remonta a 2002 y que aspira a cubrir el trayecto en 25 minutos. Lleva años bloqueado y en la Cumbre Hispano-Lusa de marzo de 2026 ninguno de los dos gobiernos lo puso sobre la mesa.

Tampoco llega el tren a Marbella, una anomalía dentro del sistema ferroviario andaluz. El Ministerio prorrogó cuatro meses el calendario del estudio de viabilidad del tren de la Costa del Sol, que no estará terminado hasta el 2 de abril de 2027. Se desconocen los trazados, el presupuesto y la demanda que podria tener la línea.

El mapa se completa con los corredores Mediterráneo y Atlántico, comprometidos con Europa. El Gobierno andaluz reconoce dificultades para conectar Almería con el corredor mediterráneo antes de 2030 y recuerda que varios tramos siguen en fase de estudio.

El corredor atlántico suma otra dificultad: el ancho de vía español obliga a adaptar toda la infraestructura para que los trenes circulen sin transbordo. Mientras, un viajero almeriense emplea tres horas en recorrer los 150 kilómetros que le separan de la capital granadina y solo llega a Madrid con las escasas rutas de Avant.

De la SE-40 a la A-7: las carreteras pendientes

La red viaria de Sevilla sigue bajo examen. El Observatorio de Infraestructuras señala los retrasos de la SE-40 como el principal problema: el calendario se estira hasta 2031 para completar el tramo entre Dos Hermanas y El Copero, apenas 1,25 kilómetros.

Es la primera pieza del cierre del anillo suroeste, que incluye el cruce del Guadalquivir con un puente entre El Copero y Coria del Río, la opción elegida frente al túnel.

En las carreteras con más tráfico la lista también es larga. La liberalización de la AP-4 disparó la circulación a la altura de Las Cabezas de San Juan, donde se activa un arcén dinámico en horas punta y ya se ha aprobado una ampliación de 34,4 kilómetros.

La A-49 tendrá tercer carril entre San Juan del Puerto y Huelva, con una inversión de 14 millones de euros adjudicada en diciembre de 2025.

Y en la autovía del Mediterráneo, Málaga y Algeciras reclaman tres carriles por sentido: en el caso del Campo de Gibraltar, para los once kilómetros que discurren entre la A-381 y el cruce de El Toril.

infraestructuras Andalucía

La Lectura Andaluza

El debate sobre las inversiones pendientes en Andalucía no es nuevo, pero llega a las urnas del 29-N con más fuerza que en citas anteriores. Andalucía afronta las elecciones con el primer estudio del AVE onubense fechado en 2002 y con el tren de la Costa del Sol cumpliendo dos décadas de planes. La novedad es que las infraestructuras se han instalado en la campaña y el PP ha hecho del déficit ferroviario uno de sus mensajes centrales. La Junta de Andalucía mantiene su petición de una revisión integral de la red ante el Ministerio.

Para el ciudadano de a pie, la letra pequeña se traduce en horas de vida. Un almeriense tarda tres horas en llegar a la capital granadina; quien vive en Huelva no tiene tren directo hacia el oeste de la comunidad; y quien trabaja en la costa malagueña depende del coche. Detrás de cada tramo pendiente hay empleo industrial, licitaciones y competitividad logística. Los 1.280 millones de euros del corredor atlántico hablan de economía, no solo de hormigón.

El calendario inmediato es concreto: el estudio del tren de la Costa del Sol debe cerrarse el 2 de abril de 2027, la SE-40 no se completará antes de 2031 y el tren de Jaén con Madrid no volverá, como pronto, hasta finales del verano de 2027. El Gobierno andaluz que salga de las urnas tendrá que negociar esas fechas con el Ministerio, porque casi todas las competencias en discusión son estatales. Lo que falta, en una tierra que presume de puertos, aceite y turismo, es que las fechas del papel se cumplan en el andén.

Abascal fija Ceuta como prioridad urgente y pide votar presencial el 29-N ante el riesgo del voto por correo

Rodrigo Casado
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Abascal fija Ceuta como prioridad urgente y pide votar presencial el 29-N ante el riesgo del voto por correo

Santiago Abascal sitúa Ceuta como la prioridad más urgente de Vox y llama a los españoles a votar presencialmente el 29-N. El presidente del partido advierte de que Pedro Sánchez ‘no es de fiar’ y ‘puede hacer cualquier cosa con el voto por correo’, en una entrevista concedida a ABC.

El mensaje llega en plena precampaña del adelanto electoral y cruza dos frentes: la frontera y las urnas. Abascal pide estar ‘alerta’ y ‘movilizados’ ante una cita que Vox afronta con la vista puesta en su capacidad de condicionar al Partido Popular.

Qué propone Vox para Ceuta y con qué argumentos

El primer argumento es de soberanía. El líder de Vox sostiene que lo más urgente es ‘recuperar Ceuta’ y lo justifica con una cifra: 80.000 españoles amenazados de desahucio en su propia tierra. Añade además ‘un sentimiento mínimo de dignidad nacional’ y una pregunta que resume su tesis: ‘¿Qué es esto de que Marruecos entra y sale de España cuando quiere?’.

La respuesta que da a esa situación es operativa. Abascal reclama desplegar al Ejército de forma permanente en la frontera de Ceuta, con la Armada vigilando las costas, vallas que sean ‘muros altos’ y espigones ‘mucho más grandes’. Su exigencia no admite matices: ‘No puede entrar nadie ilegalmente en España’. Y añade la escala del problema: ‘Ni 100.000, ni 10.000, ni 100, ni 10’.

El segundo bloque es económico y social, con tres ejes propios. El primero es la desregulación, para ‘detectar todas las regulaciones excesivas, todos los impuestos abusivos y todo el gasto político desorbitado’. El segundo es la prioridad nacional, que los españoles ‘vuelvan a ser los primeros en su propia patria’. Y el tercero es la remigración, el mecanismo por el que quienes no tienen derecho a permanecer en España serían devueltos a su país de origen.

La propuesta de Vox no se limita a la frontera: une soberanía, desregulación y remigración en un programa que el partido quiere llevar intacto a las urnas.

El voto por correo ocupa la parte más operativa del mensaje. ‘No es un recelo al voto por correo, es un recelo sobre Sánchez’, precisa Abascal, que advierte de que el procedimiento tiene ‘una custodia’ y ‘unos tiempos’ que dejan margen a la manipulación. Su recomendación es explícita: ‘Animo a todos los españoles a que ese día vayan a votar en la urna’. Y promete ‘hacer todo’ hasta el 29-N para que Sánchez no consiga sumar.

Sobre la vivienda, Abascal señala a Pedro Sánchez como ‘el principal culpable’ de la crisis y sostiene que las medidas del Ejecutivo expulsan vivienda del mercado de alquiler. Su diagnóstico es aritmético: si las casas son las mismas y llegan cinco millones de personas, faltan casas. De ahí su conclusión: ‘la continuidad de Sánchez es criminal para los intereses de España’.

Qué exige Vox al PP y qué margen real tiene

Abascal condiciona cualquier entendimiento futuro con el Partido Popular a gestos verificables. Le pide romper los acuerdos con los ‘tránsfugas socialistas’ y con los ‘islamistas’ en Ceuta y abandonar ‘cualquier tipo de coalición’ en el Parlamento Europeo. En paralelo, reivindica que Vox ya ha demostrado capacidad de pacto: gobiernos en cuatro regiones que, dice, funcionan ‘de manera razonable’.

El margen es estrecho y depende de la aritmética. Vox cuenta con 33 diputados en el Congreso de los Diputados, tercera fuerza de la Cámara, y no consta una respuesta pública del PP a esta exigencia concreta. La formación sostiene que su voluntad de entendimiento es ‘incluso mayor’, aunque la traduce en condiciones que aún no han obtenido contestación.

La estrategia de Vox en la recta final hacia el 29-N

La lectura interna es clara. Vox quiere que la campaña se dirima sobretodo en el terreno de la soberanía y la seguridad, donde sus posiciones son más nítidas y el desgaste del Gobierno en inmigración, mayor. Fijar Ceuta como prioridad permite al partido hablar de frontera con un caso concreto y marcar perfil propio frente a un Partido Popular que, según su diagnóstico, evita el choque frontal con el Ejecutivo en esta materia.

El precedente pesa. Vox ya vivió la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos que mantenía con el PP, y desde entonces su dirección aplica una regla: primero el programa, después el acuerdo. Ese criterio explica su foco en el voto presencial, donde su electorado es más movilizable, y en la agenda migratoria europea.

Abascal resume el riesgo del adversario con un dato que repite en cada intervención: si el parque de vivienda no crece y la población aumenta, el encarecimiento del alquiler es inevitable. Es el argumento que el partido piensa mantener hasta el 29 de noviembre, con una promesa cerrada de por medio: ‘Vox no va a dar sorpresas’.

Huelva arranca la plantación de la fresa de la nueva campaña con los frutos rojos como líderes europeos

Enrique Ramos
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Huelva arranca la plantación de la fresa de la nueva campaña con los frutos rojos como líderes europeos

La campaña de la fresa arranca en Huelva con la plantación a mano de unas 70.000 plantas por hectárea.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Los campos de Huelva han comenzado la plantación de la nueva campaña de la fresa, una labor manual que se extiende durante todo el mes de octubre.
  • ¿Dónde y quién? En la provincia de Huelva, la principal zona de cultivo de fresa de Andalucía, con el sector fresero y el conjunto del agro onubense como protagonistas.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Es una de las principales fuentes de empleo de la Costa Occidental de Huelva y el Condado de Huelva, y de ella depende la fresa que llegará a los mercados europeos en invierno.

Uno a uno. A mano. Así vuelven a llenarse estos días los campos de Huelva, donde octubre es sinónimo de plantación. En cada hectárea se colocan alrededor de 70.000 plantas que tendrán que echar raíces antes de dar sus primeros frutos. El trabajo es minucioso y no admite atajos: de cómo se asiente cada planta depende buena parte de lo que ocurra después.

La pasada campaña se sembraron unas 6.500 hectáreas en la provincia de Huelva, la principal zona de cultivo de esta fruta en Andalucía. Esa superficie sitúa al litoral onubense en el centro de un sector que se extiende por la Costa Occidental de Huelva y el Condado de Huelva, con el agua y el clima como dos variables que marcan cada temporada.

Octubre, el mes que decide toda la campaña

En octubre se concentra la plantación, y en esas semanas el calendario manda. Las temperaturas de los próximos días serán determinantes para que las plantas arraiguen bien y las primeras fresas puedan empezar a recogerse durante el invierno. El agricultor fresero Manuel de la Corte explica que ese arraigue inicial condiciona el arranque de la recolección y la calidad del fruto que después llega al mercado.

El grueso de la mano de obra se incorporará más adelante, cuando la planta empiece a producir. Hasta entonces, el campo onubense vive una fase silenciosa hecha de preparación del terreno, colocación del plástico, riego y trasplante. Quienes conocen el sector saben que un octubre frío o un exceso de lluvia pueden retrasar todo el calendario.

Setenta mil plantas por hectárea, colocadas una a una: así se construye, cada octubre, el liderazgo europeo de la fresa de Huelva.

El Gobierno ha subrayado el liderazgo europeo de los frutos rojos en el arranque de esta campaña, marcada por un inicio exigente en el campo. La plantación ha comenzado con normalidad, pero el sector mira al termómetro y al cielo antes de dar por buena la temporada.

Un liderazgo europeo con acento onubense

frutos rojos Huelva

Los frutos rojos —fresa, frambuesa, arándano y mora— son una de las grandes cartas de la exportación agroalimentaria andaluza, y la provincia de Huelva concentra la mayor parte de esa producción. El reconocimiento del Ejecutivo central al liderazgo europeo del sector no es solo un gesto: detrás hay una red de explotaciones familiares, cooperativas y comercializadoras que colocan fruta andaluza en los mercados europeos a lo largo de todo el invierno.

La campaña no se juega solo en el campo. Cada temporada exige planificar la mano de obra, coordinar el transporte refrigerado y ajustar precios en un mercado muy competitivo, donde otros orígenes del Mediterráneo y del norte de Africa presionan la oferta. A eso se suma la dependencia del agua, un asunto estructural en la provincia.

En el plano institucional, la Junta de Andalucía es la administración competente en agricultura y agua en la comunidad, mientras la AEMET se convierte en referencia obligada para seguir la evolución de las temperaturas en estas semanas decisivas para el arraigue.

La Lectura Andaluza

Andalucía es una potencia agroalimentaria, y los frutos rojos son una de sus mejores cartas en Europa. La provincia de Huelva lidera un cultivo que no entiende de atajos: 6.500 hectáreas la pasada campaña, decenas de miles de plantas en cada una y un calendario que arranca en octubre y se estira hasta bien entrada la primavera.

Para quien vive en la Costa Occidental de Huelva o en el Condado de Huelva, la fresa no es un producto más: es empleo, es actividad en el pueblo y es la razón por la que muchas familias organizan su año alrededor de la campaña.

La lectura de proximidad es clara. Lo que ocurra en estas semanas de plantación se notará después en el precio de la fruta en las fruterías y en las plazas de abastos, pero también en el número de jornales que se contraten y en el volumen de facturación de las cooperativas. Un arraigue flojo se traduce en menos kilos; una primavera con calor adelantado, en una recolección más corta e intensa.

Mirando hacia delante, el sector afronta la campaña con dos frentes abiertos: el agua y el coste de producción. La recolección podría comenzar en el invierno y prolongarse durante la primavera de 2027, con los mercados europeos pendientes de si la oferta andaluza llega en tiempo y forma. Andalucía planta hoy lo que Europa comerá mañana y lo hace, un año más, a mano.

Figaredo sitúa el recorte del gasto y la revisión de pensiones en el programa de Vox

Rodrigo Casado
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Figaredo sitúa el recorte del gasto y la revisión de pensiones en el programa de Vox

José María Figaredo sitúa el recorte del gasto y la revisión de las pensiones en el eje del programa económico de Vox.

Qué propone Figaredo para las pensiones y el gasto público

El número dos del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) sostiene que el sistema público de reparto, tal como está diseñado, no es sostenible a medio plazo. Su diagnóstico parte de dos presiones simultáneas: el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom, que tensarán unas cuentas ya exigidas. Sobre esa base, defiende introducir un componente de capitalización individual que complemente el actual modelo de reparto, sin renunciar a la solidaridad intergeneracional que lo sostiene.

La propuesta responde a una tesis de fondo: que las pensiones públicas afrontan un problema estructural de financiación. Figaredo califica el sistema de ‘zombi’ y lo da por quebrado, un diagnóstico que la formación defiende en cada comparecencia. Para Vox, garantizar las prestaciones futuras obliga a revisar el diseño, no solo a elevar las cotizaciones.

En el plano fiscal, Vox plantea sustituir la estructura actual del IRPF por un esquema con un mínimo exento de 22.000 euros, un tipo del 15% hasta los 70.000 euros de renta y otro del 25% para las superiores, eliminando buena parte de las deducciones y bonificaciones vigentes. A esa rebaja se suman, según el partido, la reducción del IVA general y del reducido y la supresión de gravámenes sobre la energía.

El propio Figaredo reconoce una merma de recaudación de 46.000 millones de euros al año por la reforma del IRPF. Vox sostiene que el ajuste se compensaría con la eliminación de las subvenciones superiores a 100.000 euros anuales, aunque no ha detallado qué programas concretos desaparecerían ni el ahorro exacto de cada partida.

La propuesta fiscal y la revisión del sistema de pensiones forman, en la lectura de la formación, un mismo paquete: reducir la presión sobre las rentas del trabajo y reordenar el peso del Estado en la economía. Es el eje que Vox quiere llevar a la próxima cita con las urnas.

Vox no presenta la revisión de las pensiones como un ajuste, sino como una condición para sostener el sistema cuando llegue el pico de jubilaciones.

Qué recorrido tiene la propuesta y cómo responde el Gobierno

El impacto de la iniciativa depende de dos variables que el propio debate deja al descubierto. La primera es la demográfica: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el gasto público en pensiones aumentará alrededor de 3,4 puntos del PIB entre 2022 y 2050, cuando se alcance el pico de presión por la jubilación de los baby boomers. La segunda es la política: la propuesta se ha conocido antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las críticas han llegado de inmediato desde la izquierda. Una tribuna publicada en El Salto acusa a Figaredo de ‘desempolvar la motosierra’ y advierte de que la reforma rompería el acuerdo intergeneracional que sostiene el sistema de reparto. El Gobierno de coalición defiende que las pensiones no están quebradas y que la revalorización conforme al IPC es una obligación legal desde la derogación, en 2021, de la reforma de 2013 aprobada bajo el mandato de Mariano Rajoy.

La tribuna crítica sostiene que el esfuerzo es asumible para una economía como la española y que el verdadero problema es de ingresos, no de gasto. Vox llega al debate con la tesis contraria. El choque de marcos define el pulso.

La estrategia de Vox y su pulso con el PP

El movimiento de Figaredo encaja en la estrategia de Vox de marcar perfil propio frente al Partido Popular en el terreno económico y fiscal. La formación lleva meses reclamando una rebaja fiscal que el PP no ha respaldado con la misma intensidad, y la cita del 29 de noviembre convierte cada propuesta en una carta de presentacion ante el electorado.

Queda por ver qué parte del programa llega intacta a una eventual negociación. La reducción del gasto y la revisión del sistema de pensiones son las medidas más sensibles, y su defensa pública obliga a Vox a sostener el argumentario frente a los ataques del Gobierno y de sus socios. La próxima campaña medirá si esa apuesta moviliza o resta.

Pentágono eleva a 21 las bajas en la guerra con Irán y suma dos no de combate

Alvaro Villar
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Pentágono eleva a 21 las bajas en la guerra con Irán y suma dos no de combate

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Defense Casualty Analysis System (DCAS), la base oficial de bajas del Pentágono, pasa de 18 a 21 militares estadounidenses muertos vinculados a la guerra con Irán desde el 28 de febrero. Dos de las nuevas entradas son bajas no de combate.
  • ¿Quién está detrás? El Departamento de Guerra, rebautizado así en 2025, que hasta ahora sostenía que el recuento era correcto frente a las denuncias de la prensa estadounidense.
  • ¿Qué impacto tiene? Una cuenta opaca a tres semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, con una factura militar superior a los 43.600 millones de dólares y la moral de la tropa bajo sospecha.

El Pentágono eleva a 21 las bajas oficiales en la guerra con Irán y reconoce 865 militares heridos desde el 28 de febrero. La corrección llega un mes después de que seis funcionarios estadounidenses denunciaran que la base de datos oficial estaba por debajo de la realidad, y de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, despachara el asunto con un exabrupto: ‘una mentira absoluta’.

El recuento que el Pentágono ha tenido que corregir

El Defense Casualty Analysis System (DCAS) es la base donde el Departamento de Guerra registra cada fallecimiento y cada herida. El viernes incorporó tres nombres y elevó el recuento oficial a 21. Dos de esas bajas son no de combate: el comandante de la Guardia Nacional del Ejército Sorffly Davius, de 46 años, fallecido en Kuwait el 6 de marzo, y un marino no identificado que murió por suicidio en septiembre. La tercera entrada es el sargento Devin A. Seibel, de 26 años, fallecido en mayo en un accidente de instrucción en Irak.

Hay un matiz que el Pentágono no ha aclarado. Seibel murió en Irak, pero el Ejército no vincula el accidente a la guerra con Irán: lo encuadra en la Operación Inherent Resolve, la campaña de más de una década contra el Estado Islámico. Con su inclusión, el cómputo amplio de militares estadounidenses fallecidos en Oriente Próximo desde el 28 de febrero sube a 22, la misma cifra que ya había publicado el diario estadounidense The Washington Post citando a seis funcionarios.

El Pentágono no quiso comentar los cambios y se limitó a repetir que mantiene ‘un compromiso firme con la contabilidad transparente y precisa’ de todas las bajas. La respuesta tiene poco de aclaración y bastante de fórmula.

La reacción política en Washington fue inmediata. Los representantes demócratas Adam Smith y Chrissy Houlahan calificaron el error de ‘una vergüenza’ para las Fuerzas Armadas y sentenciaron que ‘no hay excusa para un fallo de esta magnitud’. El reproche no es menor: el recuento oficial es la base sobre la que el Congreso autoriza fondos, despliegues y prórrogas de misión.

Un recuento oficial que solo se corrige cuando lo publica la prensa no es rendición de cuentas: es gestión de daños.

De la moral de la tropa a las urnas de noviembre

guerra Irán

El desgaste no aparece en el DCAS. El mes pasado, la Armada reconoció que ocho marinos del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln intentaron quitarse la vida durante un despliegue de diez meses que incluyó la guerra con Irán. La divulgación llegó después de los informes sobre agotamiento, caída de la moral, y escasez de alimentos y suministros básicos a bordo.

En el plano electoral, el coste se acumula. Una encuesta de Reuters e Ipsos de septiembre situó en el 62% el porcentaje de estadounidenses que desaprueba los ataques contra Irán, y el Mando Central estimó la factura en 43.600 millones de dólares hasta el 3 de septiembre, según las cifras entregadas a los legisladores. Las legislativas del 3 de noviembre están a tres semanas y el asunto ya forma parte de la campaña.

Trump sostiene que la campaña es un éxito. También dijo que la guerra terminaría justo después de las elecciones y, más tarde, que afronta una ‘gran decisión’ sobre si reanudar los ataques de gran escala para cerrarla. Esa frase, leída en el Pentágono, suena a que el calendario militar lo marca el calendario electoral.

Equilibrio de Poder

El viernes, Trump habló por teléfono con Vladimir Putin. Según el relato del Kremlin, el presidente ruso insistió en que un arreglo diplomático sigue siendo posible y repitió la oferta de Moscú de quedarse con el uranio enriquecido iraní. El asesor presidencial Yury Ushakov aseguró que Trump acogió con satisfacción la implicación rusa. Es una lectura oficial rusa, sin confirmación de la Casa Blanca, y conviene tratarla como tal. Aun así, el movimiento tiene fondo: Moscú se coloca como garante del expediente nuclear iraní, algo que incomoda en Bruselas y descoloca a Israel. Washington gana un interlocutor para cerrar el frente antes de las urnas; Teherán, tiempo.

Para España el tablero se traduce en dos frentes. El primero es energético: el estrecho de Ormuz concentra en torno a una quinta parte del petróleo mundial y cualquier escalada llega en semanas a las refinerías españolas y al IPC. El segundo es logístico. Rota y Morón son nodos permanentes del dispositivo estadounidense y, en una campaña abierta contra Irán, dejan de ser retaguardia. Moncloa no ha movido ficha en público. A eso se suma el flanco sur: cuando el foco se desplaza al Golfo, el Magreb y el Sahel pierden prioridad.

No es la primera vez que el Pentágono ajusta su contabilidad a posteriori. En enero de 2020, tras el ataque iraní con misiles balísticos contra la base de Ain al-Asad, la versión oficial fue que no había estadounidenses heridos; meses después se diagnosticaron más de un centenar de traumatismos craneoencefálicos. La secuencia se repite: negación, filtraciones, corrección silenciosa. El riesgo inmediato es doble. Uno, que la presión electoral empuje a Trump a reanudar los bombardeos para no cerrar la guerra en falso. Dos, que una salida negociada con Moscú como intermediario entregue a Putin una baza nuclear que Europa no controla. La próxima ventana crítica es el 3 de noviembre. La siguiente actualización del DCAS dirá cuánto de la contabilidad oficial era un error y cuánto, una decisión.

El Canal de Panamá recorta a 32 tránsitos diarios por la sequía: lluvias un 34% bajo la media

Elena Ríos
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El Canal de Panamá recorta a 32 tránsitos diarios por la sequía: lluvias un 34% bajo la media

El Canal de Panamá opera desde el 15 de septiembre con 32 tránsitos diarios, frente a los 38 habituales, por la sequía que deja las lluvias un 34% por debajo de la media histórica.

De 38 a 32 tránsitos diarios: la letra pequeña de un recorte en dos fases

La vía interoceánica bajó primero de 38 a 34 cruces al día desde el 3 de septiembre y aplicó después un segundo recorte hasta los 32, acompañado de nuevos límites de calado para los buques. La decisión la adoptó la Autoridad del Canal de Panamá ante la caída sostenida del nivel de agua en el sistema de embalses que alimenta las esclusas. El resultado es una capacidad operativa por debajo de la que la vía necesita para absorber la demanda habitual de portacontenedores, graneleros y gaseros.

Vamos a los datos. Desde mayo, las precipitaciones se han situado un 34% por debajo de la media histórica y los aportes hídricos a la cuenca han caído un 44%. Por el canal pasa alrededor del 5% del tráfico marítimo mundial, de modo que cada tránsito recortado se convierte en días de espera, rutas más largas y sobrecostes que viajan río abajo hasta la cadena de suministro. Un portacontenedores que no cruza por Panamá rodea Sudamérica o espera turno, y ninguna de las dos opciones sale gratis en emisiones.

El contexto climático no invita al optimismo. El Niño se declaró en junio y el boletín del 13 de agosto de la NOAA, la agencia estadounidense de océanos y atmósfera, otorga más de un 90% de probabilidad de que El Niño alcance intensidad muy fuerte a lo largo del otoño y hasta principios de 2027, la categoría más alta de las cuatro que maneja. La misma agencia sitúa en un 69% la probabilidad de que el trimestre de octubre a diciembre supere la intensidad de todos los episodios registrados desde 1950.

Once cuencas bajo estrés hídrico: el mapa que ya sufre el fenómeno

Panamá mantiene once cuencas bajo estrés hídrico y declaró la emergencia, una situación que comparte con Honduras y El Salvador. En Tegucigalpa, las fuentes que abastecen la capital alcanzaron niveles críticos y las autoridades implantaron turnos de suministro de entre diez y veinte días.

Los efectos también se dejan ver en Sudamérica. Colombia registró en agosto incendios concentrados en el departamento del Tolima, con más de 50.000 hectáreas afectadas. Perú ha suspendido de forma reiterada las temporadas de pesca de anchoveta desde mayo, porque el agua cálida empuja a los peces adultos a mayor profundidad o hacia el sur. Y en Chile se declaró el estado de catástrofe en Atacama y Coquimbo tras las tormentas de julio, con el paso fronterizo Cristo Redentor cerrado más de treinta días.

La sequía ha dejado de ser una variable meteorológica del canal: hoy decide cuántos barcos cruzan, a qué precio y cuánta agua sobra para el resto del país.

En el Caribe, las condiciones asociadas al fenómeno tienden a deshacer los huracanes. La agencia estadounidense calcula un 55% de probabilidad de que la temporada atlántica quede por debajo de lo normal, un alivio relativo que a cambio agrava la sequía en islas como Jamaica y Puerto Rico, privadas de una fuente habitual de lluvia. Desde la Organización Meteorológica Mundial, Bárbara Tapia Cortés advirtió de que la intensidad no determina por sí sola las consecuencias: la preparación y la vulnerabilidad previa pesan tanto como el propio episodio.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Tránsitos diarios: de 38 a 34 desde el 3 de septiembre y a 32 desde el 15, con nuevos límites de calado.
  • Déficit hídrico: lluvias un 34% por debajo de la media histórica desde mayo y aportes a la cuenca un 44% menores.
  • Alcance global: por la vía pasa cerca del 5% del tráfico marítimo mundial.
  • Presión regional: once cuencas panameñas bajo estrés hídrico y más de 50.000 hectáreas afectadas por incendios en el Tolima colombiano.
tráfico marítimo

El efecto dominó: del embalse al precio del contenedor

Una restricción de calado o de tránsitos no se queda en el canal. Obliga a las navieras a reprogramar escalas, a consolidar carga en buques mayores o a desviar rutas por el cabo de Hornos o por Suez, con más días de navegación y más combustible quemado. La mayoría de las navieras que operan las rutas entre Asia y la costa este de Estados Unidos traslada ese sobrecoste a los fletes, y el flete acaba en el precio del producto que llega al supermercado.

El mismo mecanismo empuja a los importadores a exigir a sus proveedores logísticos planes de contingencia y a medir la huella de carbono del transporte, un criterio que ya pesa en los informes de sostenibilidad a través de las emisiones de alcance 3. La decisión de una naviera de recalcular su ruta es, en la práctica, una decisión de coste y de descarbonización a la vez.

Lo que el canal enseña: el clima ya es un coste logístico

Lo ocurrido en Panamá no es una anomalía, sino el anticipo de un modelo en el que el agua condiciona la infraestructura crítica. El canal funciona con agua dulce y su sistema de esclusas depende de un ciclo hidrológico que la crisis climática está alterando. La comparación con otras infraestructuras es inevitable: operadores portuarios y eléctricos ya incluyen escenarios de estrés hídrico en sus planes de inversión, y los reguladores europeos incorporan ese riesgo en los requisitos de reporte de sostenibilidad.

Hay un problema de fondo: el plazo. Un recorte de tránsitos se anuncia en semanas; un embalse se recupera en temporadas de lluvia y la capacidad de adaptación se mide en décadas. Si el episodio supera la intensidad de todos los registrados desde 1950, como apunta la NOAA para el trimestre de octubre a diciembre, la pregunta deja de ser cuándo vuelve la normalidad al canal y pasa a ser cuánta capacidad hay que reconstruir para operar en un clima que no será el del siglo pasado. La vía mueve cerca del 5% del comercio marítimo mundial y no tiene sustituto inmediato.

El agua es la nueva restricción de capacidad.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: cada tránsito optimizado y cada límite de calado bien gestionado evitan emisiones extra por rutas alternativas de miles de kilómetros.
  • Modelo que cambia: la logística mundial deja de planificar solo con el precio del combustible y empieza a hacerlo con la disponibilidad de agua dulce.
  • Para las próximas generaciones: adaptar la infraestructura crítica al estrés hídrico hoy evita que el comercio global dependa de un clima que ya no existe.

Miles de personas marchan en Londres para exigir a Starmer el embargo de armas a Israel

Alvaro Villar
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Miles de personas marchan en Londres para exigir a Starmer el embargo de armas a Israel

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Miles de personas han marchado este sábado en el centro de Londres, desde Victoria Embankment hasta el Parlamento, para exigir el embargo total de armas a Israel y el boicot comercial.
  • ¿Quién está detrás? Plataformas propalestinas y activistas como Ismail Patel, de Friends of Al-Aqsa, que acusan a Downing Street de una respuesta ‘performática’.
  • ¿Qué impacto tiene? Coloca a Keir Starmer ante el mismo dilema que afrontan Berlín, Roma y Madrid: hasta dónde se puede recortar el suministro sin romper la relación estratégica con Israel.

La marcha de Londres por el embargo de armas a Israel ha reunido a miles de personas frente al Parlamento británico. Los manifestantes exigen a Keir Starmer que corte el suministro militar y comercial con Israel, una demanda que Downing Street considera ya atendida en parte.

La protesta arrancó a mediodía en Victoria Embankment y avanzó hacia Westminster entre banderas palestinas, kufiyas, y pancartas con lemas como ‘End the genocide’, ‘Free Palestine’, ‘Disarm Israel, save lives’ y un irónico ‘Make empathy great again’. Entre los asistentes se coló, según las imágenes difundidas desde el centro de la capital, una pareja de recién casados que se sumó a la comitiva.

Qué exige la calle y qué concede ya Downing Street

No era una marcha más. La convocatoria llegó cuatro días después del tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023 —cerca de 1.200 israelíes muertos y 250 personas tomadas como rehenes— y de la campaña militar israelí que vino después. La ONU calcula que alrededor de 1,98 millones de personas, el 90% de la población de Gaza, han sido desplazadas desde entonces, y buena parte de la infraestructura de agua y saneamiento del enclave ha quedado dañada o destruida.

Los convocantes concentran la exigencia en el cese total de las exportaciones de armamento y el boicot al comercio con Israel. ‘Las exigencias realistas son que las armas a Israel se detengan por completo y que se boicotee el comercio con Israel’, declaró a RT el periodista y comentarista político Syed Mohsin Abbas, presente en la manifestación y responsable del pódcast The Deep Dive Perspective. Abbas añadió que los manifestantes reclaman al Gobierno británico ‘esfuerzos mucho más contundentes’ para forzar a Israel a cumplir con el derecho internacional.

Downing Street sostiene que ya ha movido ficha. Mantiene suspendidas parte de las licencias de exportación de equipos que podrían emplearse en Gaza y ha restringido el comercio vinculado a los asentamientos israelíes en los territorios palestinos, negando autorizaciones a bienes que puedan contribuir materialmente a la ocupación. El paquete, sin embargo, no toca la parte más pesada del suministro, y los convocantes lo saben.

El embargo de armas ha dejado de ser una consigna de la calle para convertirse en un test de credibilidad para las capitales europeas.

Ismail Patel, responsable de la campaña británica Friends of Al-Aqsa (FOA), fue más explícito. A su juicio, las restricciones se limitan a lo vinculado a los asentamientos y evitan la decisión de fondo sobre armamento y comercio. Patel califica la postura del Ejecutivo de Starmer de ‘performática’: gestos con valor simbólico, sin consecuencias materiales para la maquinaria militar israelí.

El agujero del sistema de licencias británico

embargo armas Israel

El régimen de licencias británico es, sobre el papel, uno de los más estrictos de Europa. Los criterios que el Reino Unido heredó de la Unión Europea obligan a denegar exportaciones cuando exista un riesgo claro de que el material se emplee para violar el derecho internacional humanitario.

En la práctica, ese filtro arrastra una excepción que ningún Gobierno ha querido tocar: los componentes de programas multinacionales como el caza F-35, ensamblados parcialmente en suelo británico y reinsertados después en una cadena de suministro que acaba en Israel. Se suspende la parte visible; se mantiene la invisible. El registro de transferencias internacionales que publica SIPRI permite seguir ese rastro año a año.

La comparación europea incomoda. Alemania, Italia y el Reino Unido concentran el grueso de las exportaciones europeas de defensa a Israel, mientras España mantiene desde finales de 2023 la suspensión de nuevas licencias de armamento. Bruselas tiene abierta, además, la revisión del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel, la cláusula que subordina la relación comercial al respeto de los derechos humanos. Esa palanca sigue sin accionarse del todo.

Equilibrio de Poder

En Washington la lectura es casi opuesta. La administración de Donald Trump ha convertido el apoyo a Israel en un eje explícito de su política exterior y presiona a los aliados europeos para que no abran brechas en el suministro; cualquier restricción unilateral se interpreta como una grieta en el flanco occidental. Moscú observa el espectáculo con interés, porque cada fisura entre Europa y Estados Unidos alimenta su relato de la doble vara. Conviene retener un dato: la fuente principal de estas declaraciones, la cadena rusa RT, tiene incentivos propios para amplificar esa división. El hecho verificable es la protesta, y su tamaño.

Para España el asunto tiene dos derivaciones. La primera es de coherencia: si el Gobierno presume de un embargo de facto mientras la UE no cierra el comercio con Israel, la distancia entre el discurso y la letra del Acuerdo de Asociación reaparece en cada comparecencia parlamentaria. La segunda es industrial: los programas europeos —FCAS, Eurofighter, componentes de doble uso— operan con cadenas de suministro globales, y cualquier endurecimiento de licencias acaba repercutiendo en las empresas que participan en ellos. El precedente está en Marruecos, donde cada expediente de la JIMDDU, la junta interministerial que autoriza el material de defensa, genera meses de fricción.

A medio plazo, el movimiento que importa no está en Londres sino en Bruselas. Si la revisión del artículo 2 avanza hacia una suspensión parcial —algo que la Comisión Europea planteó formalmente hace alrededor de un año y que el Consejo nunca ha cerrado—, el marco de la relación comercial entre la UE e Israel cambiará de forma estructural, no simbólica.

Si se queda en el cajón, la marcha de este sábado se repetirá con el mismo guion el próximo otoño: la misma pancarta, el mismo recorrido, la misma respuesta. Ese es el escenario más probable. La presión existe. La mayoría, no. Hungría, la República Checa y Austria bloquean cualquier medida comercial contra Israel, y Alemania ejerce de freno silencioso.

Nadie espera que una manifestación cambie por sí sola una política de exportación. Tampoco que un Gobierno británico rompa el programa del F-35 por presión de la calle. Pero la protesta deja una fotografía útil: la sociedad civil ha entendido que la palanca no está en el discurso moral, sino en el expediente técnico de licencias. El hito a vigilar no es la próxima pancarta, sino la próxima votación del Consejo sobre el artículo 2. Ahí se decide si el embargo deja de ser un eslogan.

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