El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha confirmado que antes de que termine el mes de julio el Gobierno aprobará un nuevo real decreto-ley de prórroga obligatoria de alquileres. Lo ha anunciado en una entrevista en ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER, donde ha precisado que la medida será «reforzada» y afectará a unos 3 millones de inquilinos en zonas de mercado tensionado.
Qué incluye el nuevo decreto: prórroga, alquiler de temporada y más IVA turístico
Según ha detallado el ministro, el texto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en las próximas semanas abordará tres ejes principales. En primer lugar, la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de vivienda habitual, que impedirá el fin automático de la relación arrendaticia cuando el propietario no ofrezca una alternativa viable. «Antes de final de mes habrá un nuevo Decreto Ley para llevar de nuevo la prórroga reforzada para proteger a 3 millones de inquilinos», ha declarado.
En segundo lugar, la regulación de los alquileres de temporada, un mecanismo que, según Bustinduy, «se utilizan año a año para subir la renta sin ningún control». La nueva norma pondrá coto a esta práctica para evitar que los arrendadores encadenen contratos temporales con el mismo inquilino y sorteen así los límites a la actualización de rentas. Y en tercer lugar, regulará los alquileres de habitaciones, «que es donde vive la gente más vulnerable.
Además, el decreto incluye una medida fiscal concreta: gravar los alquileres turísticos con el tipo general del 21% de IVA, en lugar del 10% reducido que se aplica actualmente. El Gobierno justifica este cambio en la necesidad de equiparar fiscalmente los alojamientos de corta duración con el resto de consumos.
El contexto: la derogación de mayo y las nuevas matizaciones a Junts
Este decreto recupera lo esencial de la normativa que el Congreso derogó en mayo de 2026 con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Aquella votación tumbó la prórroga automática de alquileres que el Ejecutivo de coalición había aprobado meses antes. Ahora el texto vuelve con «matizaciones» que, según el ministro, «hicieron algunos de los grupos políticos que entonces no la apoyaron», en clara referencia a Junts.
Bustinduy ha asegurado que incluso «los mayores fondos de inversión propietarios de vivienda en este país» han aceptado la legalidad de las prórrogas. La afirmación busca despejar las dudas sobre un posible recurso judicial por parte del sector, aunque juristas consultados recuerdan que un decreto-ley puede ser impugnado ante el Tribunal Constitucional si se aprecia vulneración de derechos.
El nuevo decreto recupera lo esencial de la norma derogada en mayo e incorpora las exigencias que Junts puso sobre la mesa para no volver a tumbarlo.
El impacto en inquilinos y propietarios
Para los cerca de 3 millones de hogares que residen en alquiler en zonas tensionadas, la prórroga obligatoria significa que ningún contrato de vivienda habitual caducará sin que el propietario ofrezca una prórroga en condiciones similares. Si el propietario necesita recuperar la vivienda para uso propio o de un familiar, deberá demostrarlo con un preaviso y garantías, según el borrador que maneja el Ministerio.
Del lado de los propietarios, la extensión forzosa de los contratos limita la capacidad de ajustar rentas al alza, pero el decreto mantendrá la actualización máxima anual vinculada al índice de precios al consumo (IPC) —con topes— para evitar la congelación absoluta. La patronal del sector ya ha anunciado que estudiará la constitucionalidad de la medida una vez se publique en el BOE.
El texto también prevé un régimen sancionador para los arrendadores que recurran fraudulentamente a los contratos de temporada o de habitaciones para eludir la prórroga. La cuantía de las multas quedará fijada en el articulado definitivo, que el Ministerio de Derechos Sociales ultima estos días.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? El ministro Pablo Bustinduy ha confirmado en la Cadena SER que antes de que termine julio se aprobará un decreto-ley de prórroga obligatoria de alquileres.
👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Consejo de Ministros y unos 3 millones de inquilinos en zonas tensionadas.
⏭️ ¿Qué pasa ahora? El Gobierno llevará el decreto al Consejo de Ministros antes del 31 de julio; una vez aprobado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
Soledad Fernández Doctor, exdirectora de la Agencia Tributaria, ha comparecido este lunes ante la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI y ha desvinculado su salida del cargo de la inspección a José Luis Rodríguez Zapatero. El Grupo Parlamentario Popular del Senado, con mayoría absoluta, ha impulsado la citación para esclarecer posibles irregularidades en la gestión tributaria de altos cargos. La comparecencia pone de relieve los fallos de control de la Agencia Tributaria en el caso del empresario Julio Martínez y refuerza la ofensiva del PP en la Cámara Alta contra lo que Génova considera una doble vara de medir.
Soledad Fernández Doctor negó este lunes en el Senado que su salida de la Agencia Tributaria guarde relación con la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y esgrimió la confidencialidad tributaria para blindar los detalles del expediente. La comparecencia, solicitada por el PP, forma parte de la comisión que investiga el papel de la SEPI y de la propia Agencia en la gestión de ayudas y fiscalizaciones a altos cargos.
Desvinculación y escudo de confidencialidad
La exdirectora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, aseguró que llevaba “mucho tiempo” queriendo dejar el cargo y que el asunto de Zapatero “no ha tenido nada que ver” con su decisión. Ante las reiteradas preguntas del portavoz popular, insistió en que no ha recibido presiones ni “inconvenientes” por haber impulsado la inspección al expresidente.
Sin embargo, la compareciente se escudó en el artículo 95.3 de la Ley General Tributaria para no facilitar los detalles de esa u otras investigaciones, alegando que la información afecta a un procedimiento judicial aún en curso, el letrado de la comisión le rebatió, subrayando que los testimonios ante una comisión de investigación sobre altos cargos están amparados por las excepciones del mismo artículo, pero Fernández Doctor mantuvo su negativa: “No me voy a arriesgar” a un posible delito de revelación de secretos.
El PP afea los fallos con Julio Martínez
Durante el interrogatorio, el senador Salvador de Foronda puso el foco en el empresario Julio Martínez, cuyo caso es uno de los ejes de la comisión. De Foronda relató cómo el empresario no presentó declaraciones de la renta durante varios ejercicios, a pesar de que la Agencia Tributaria sabía que cobraba como administrador con retenciones y que abonaba 60.000 euros mensuales por un inmueble en la calle Diego de León mientras mantenía sus cuentas a cero.
La exdirectora reconoció un “lamentable error” en los sistemas de alarma de la Agencia, y reveló que el área de gestión había realizado “alguna actuación” sobre Martínez, aunque sin precisar más. “Ya le he dicho bastante”, respondió cuando De Foronda le pidió más concreción.
El Eje del Poder Popular
La comisión del Senado se ha convertido en uno de los instrumentos clave de la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta para tensar al Gobierno allí donde el Congreso bloquea la acción de la oposición. En este caso, la citación de la exdirectora de la Agencia Tributaria no es un hecho aislado: se suma a la batería de comparecencias que el Grupo Parlamentario Popular ha orquestado desde la legislatura pasada para fiscalizar las decisiones de los organismos controlados por el Ejecutivo.
El PP interpreta la negativa de Fernández Doctor a compartir información como una muestra de la “opacidad” que, a su juicio, caracteriza al Gobierno de coalición. Fuentes de Génova consultadas por Moncloa.com subrayan que el Senado seguirá ejerciendo su capacidad de investigación “sin atajos” mientras el Ejecutivo no rinda cuentas ante la opinión pública. La presencia de los barones territoriales —Ayuso, Moreno, Mazón— en la estrategia es constante, ya que estas comisiones aportan al relato que el PP necesita en los parlamentos autonómicos.
El historial reciente respalda esta ofensiva: el Senado ya forzó en la anterior legislatura la comparecencia de altos cargos en la trama de los fondos europeos, y cada nueva sesión sirve para mantener viva una agenda de control que la oposición en el Congreso apenas consigue trasladar al debate diario. La próxima cita relevante será la comparecencia de otros responsables de la Agencia, prevista para las próximas semanas.
El PP ha convertido el Senado en un contrapoder real: cada citación en la Cámara Alta es una pieza de una estrategia de desgaste al Ejecutivo que no por lenta deja de ser efectiva.
La baliza V16 se va a poner en funcionamiento plenamente este verano y por eso, la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) reclama una planificación realista, un análisis de riesgos y un incremento de medios personales antes de imponer nuevas obligaciones asistenciales a las patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. IGC manifiesta su preocupación tras el anuncio realizado por el director general de Tráfico, Pere Navarro, de que la Dirección General de Tráfico dictará próximamente una instrucción para que las patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil acudan de forma obligatoria a auxiliar a los conductores que activen una baliza V16 conectada.
Desde IGC explican que «comparten plenamente cualquier medida encaminada a mejorar la seguridad vial y la protección de los usuarios de las carreteras. Sin embargo, considera que la implantación de esta nueva obligación debe ir acompañada de un análisis previo de su impacto y de una dotación suficiente de recursos humanos y materiales que garantice su viabilidad».
Pere Navarro, director de la DGT. AGENCIAS
El presidente de IGC, Daniel Fernández, ha manifestado que «la realidad diaria de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es bien distinta a la que parece desprenderse del anuncio realizado por la DGT. En numerosas provincias las plantillas son claramente insuficientes para atender los cometidos que actualmente tienen encomendados, lo que obliga a prestar servicio con un número muy limitado de patrullas, especialmente en determinados horarios y zonas geográficas».
Es decir, que imponer una obligación de acudir a todas las activaciones de balizas V-16 sin reforzar previamente las plantillas «puede provocar que las escasas patrullas disponibles deban abandonar otras funciones esenciales de vigilancia, prevención y auxilio, reduciendo significativamente la capacidad de respuesta ante accidentes, infracciones graves o situaciones de emergencia que se produzcan simultáneamente», añaden.
Además, desde una perspectiva estrictamente policial, resulta imprescindible valorar los posibles riesgos derivados de un uso indebido o malicioso del sistema. Porque «la generación intencionada de avisos falsos o innecesarios podría ser utilizada por organizaciones criminales o grupos organizados para atraer patrullas hacia puntos concretos y dejar temporalmente sin presencia policial determinadas zonas o itinerarios, facilitando la comisión de otros hechos delictivos mientras los efectivos disponibles se encuentran movilizados atendiendo dichas incidencias», dicen desde IGC.
Utilidad de la baliza V16
No se trata de cuestionar la utilidad de la baliza V16 ni el avance tecnológico que supone para la seguridad vial, sino de advertir que cualquier sistema que genere una respuesta automática de los servicios policiales debe incorporar protocolos de gestión del riesgo, criterios de priorización y una adecuada planificación operativa.
Especialmente llamativo resulta que, según los datos facilitados por la propia DGT, «el número de incidencias conocidas haya pasado de unas 8.600 mensuales antes de la implantación generalizada de la baliza a aproximadamente 69.000 incidencias al mes en la actualidad. Este incremento exponencial pone de manifiesto la enorme carga potencial que puede recaer sobre unas plantillas que ya soportan una importante falta de efectivos», dice IGC.
Independientes de la Guardia Civil considera que antes de aprobar cualquier instrucción que incremente las obligaciones operativas de la Agrupación de Tráfico resultaría imprescindible:
Realizar un estudio técnico sobre el impacto real que tendrá la medida en el servicio.
Reforzar las plantillas de la Agrupación de Tráfico para garantizar una respuesta eficaz sin menoscabar el resto de funciones policiales.
Establecer protocolos de priorización de avisos que permitan gestionar los recursos disponibles de manera eficiente.
Incorporar mecanismos que detecten y minimicen posibles usos fraudulentos o malintencionados del sistema de avisos.
Los guardias civiles llevan décadas prestando auxilio a los usuarios de las carreteras siempre que las circunstancias operativas lo han permitido. «Lo que no puede hacerse es seguir incrementando las obligaciones de servicio sin dotar previamente a la Guardia Civil de los efectivos necesarios para cumplirlas con las debidas garantías», añade IGC.
La seguridad vial exige medidas eficaces, pero también realistas. Ninguna instrucción administrativa puede suplir la falta de personal que desde hace años viene denunciando esta asociación.
Independientes de la Guardia Civil reitera la disposición a colaborar con la Dirección General de Tráfico y con el Ministerio del Interior «para que cualquier medida destinada a mejorar la seguridad de los ciudadanos sea compatible con una prestación del servicio eficaz, sostenible y basada en criterios estrictamente operativos», concluyen.
El 27 de mayo de 2026 la empresaria Carmen Pano, imputada en el Caso Koldo y en la causa de Hidrocarburos, declaraba ante los agentes de la Benemérita que instruyen el caso Leire que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, había intentado sobornarla para que cambiase su declaración en el Tribunal Supremo sobre la presunta entrega de 90.000 euros, cantidad que declaró haber depositado en la sede nacional del PSOE. Este martes, la abogada Leticia de la Hoz, tiene que declarar a este respecto como investigada ante el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, instructor del Caso Leire. Si la abogada decide declarar -tiene derecho a no hacerlo porque está investigada-, su comparecencia será larga por la complejidad de las preguntas a las que hay que responder.
La declaración de Carmen Pano y la ratificación posterior de su chófer y amigo Álvaro Gallego, declarando que habían recibido ofertas para «compensarlos» económicamente por cambiar sus declaraciones durante el juicio en el Tribunal Supremo del caso Koldo, donde la abogada representó a Koldo García, asesor del ex ministro Ábalos, ha puesto entre la espada y la pared a Leticia de la Hoz, que intercambió conversaciones de mensajería con Leire Díez.
La llamada «fontanera» del PSOE está imputada en la causa que lleva su nombre por intentar influir en las causas judiciales que afectan al PSOE y a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Durante su declaración Pano explicó que «previamente a comparecer en la sede del juzgado instructor de su causa, sobre dos semanas antes del 18 de febrero de 2025, desde el despacho de Leticia de la Hoz contactaron con Álvaro Gallego diciéndoles que querían reunirse con Álvaro Gallego y con la manifestante ‘para hacerles una propuesta'». según recoge la propia declaración de la empresaria ante la UCO.
Tras aquello, ambos accedieron a reunirse en varias ocasiones, todas ellas antes de la primera comparecencia judicial de Carmen Pano, en el despacho del bufete IDBO Consultants, en la calle Serrano de Madrid.
Las reuniones eran siempre «por la tarde, a partir de las cinco, la primera reunión la mantuvieron con Leticia de la Hoz y Ángel Fernández, socio del despacho quién, dirigiendo la conversación, les dijo tanto a ella como a Álvaro Gallego, que «había gente interesada en hablar con vosotros sobre las entregas de dinero en Ferraz», a lo que les preguntó «gente del partido», respondiéndole Leticia de la Hoz, que sí, «gente del partido, gente del PSOE». Insistiendo ante el asombro que les había causado la propuesta, Leticia de la Hoz les respondió que ‘era para salvar el culo a Ábalos y a Koldo'», declaró Carmen Pano a los agentes.
«A los pocos días, entre el lunes o el martes de la semana anterior al 18 de febrero, Leticia de la Hoz llamó a Álvaro Gallego y les citó para mantener una nueva reunión, también por la tarde y a partir de las cinco, en el despacho de Serrano», continuó la empresaria.
Segunda reunión con Leticia de la Hoz
Esta segunda reunión se celebró entre Pano, Gallego y De la Hoz, donde «se les informa que, en adelante, todo se va a llevar desde ese despacho no siendo necesario acudir al de Felipe II dado que iban a ser ellos, los de IDBO, los que llevarían las conversaciones que interesaban la «otra gente del PSOE» Leticia de la Hoz les explicó más detalles contextualizándoles que el interés de ella y de la otra «gente» era el de salvar a Ábalos y Koldo, a quienes definió como «cabezas de turco», explicándoles que, en todo caso, el «malo» era Víctor de Aldama», según la misma declaración.
Es durante esta reunión cuando presuntamente la abogada pidió a ambos que les «echaran una mano» cambiando la versión de lo publicado en los medios de comunicación respecto de la entrega de dinero en efectivo en Ferraz. Pretendían, en un primer momento, que se «echara por tierra» lo declarado y que se cambiara por «la entrega de documentos» y, entiende ella, situar la responsabilidad de la recepción del dinero en efectivo procedente de los hidrocarburos, en Víctor de Aldama», sigue el documento de la UCO. Siempre, según la empresaria, «tras ello, Leticia de la Hoz les dijo que fueran pensando que es lo que querían a cambio de aceptar lo propuesto y se despidieron».
Luego, Leticia de la Hoz, habría llamado de nuevo a Álvaro Gallego y les citó, nuevamente en su despacho, por la tarde y a partir de las cinco: «En esta tercera reunión (…), tras preguntarle Leticia de la Hoz si ya habían pensado que querían a cambio del «favor», la manifestante les dijo que si, que ella lo que necesitaba era pagar su casa y la boda de su hija Leonor María González Pano, todo ello porque no tenía ingresos. Leticia de la Hoz, le preguntó «cuanto sería eso» y la manifestante le explicó que querría 25.000 euros para «la boda de Leonor» y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa. Por su parte, Álvaro Gallego añadió que el querría 15.000 euros para la compra de un coche».
Siempre según la declarante, «tras ello, Leticia de la Hoz salió de la sala grande de juntas. A los 5 o 10 minutos regresó con un teléfono en manos libres mientras conversaba con un hombre mientras les hacía el gesto de que se mantuvieran callados. Hablando con el interlocutor, Leticia de la Hoz y en presencia de ambos, le dijo a éste que ella, Leticia, si les creía (a la manifestante y a Álvaro Gallego), que sabía que lo que se había publicado en los términos en los que se había publicado era cierto y que también tuvieran en cuenta «todo» porque también estaba el tema del «chalet de La Alcaidesa», y que por lo tanto, le dijo a su interlocutor que aceptara lo que querían».
En un momento de la conversación, «Leticia de la Hoz, tapando el micrófono, le preguntó a Álvaro Gallego cual era el motivo por el que tenían que darle dinero, respondiéndoles éste que «porque él era el chofer, era el que había llevado a Carmen a Ferraz y porque lo sabía y había visto todo», dijo la empresaria.
La alusión a la existencia de un posible micrófono podría hacer entender que las conversaciones fueron grabadas y, por tanto, el juez podría solicitar esas grabaciones. Sin duda una de las preguntas a la abogada de Koldo García será sobre si esas reuniones fueron grabadas por el despacho.
Finalmente, «la cuarta reunión se celebró, nuevamente mediante comunicación previa de Leticia de la Hoz a Álvaro Gallego, el viernes 14 de febrero de 2025, en la sala de reuniones pequeña del despacho. Dicha reunión finalizó entorno a las 21:00 horas. (…) En dicha reunión trataron los detalles del acuerdo previamente alcanzado entre Leticia de la Hoz y su interlocutor no identificado (únicamente puede aportar que era la voz de un varón adulto, muy grave y autoritaria, que podría reconocer si volviera a escucharla).
Pano dijo que «Ángel Fernández les confirmó que «habían aceptado todo», que le pagarían el alquiler de la casa entre cinco y siete años, que les darían los 25.000 euros para pagar la boda de su hija Leonor y que también le entregarían los 15.000 euros que quería Álvaro Gallego para comprarse el coche».
«Tras preguntarle la manifestante como justificarían estos ingresos, el abogado le respondió, que no se preocupara, que lo arreglarían ellos, bien mediante la instrumentalización de algún tipo de contrato laboral, algún contrato de intermediación pero que, en definitiva, estuviera tranquila porque ellos lo arreglarían todo y que lo considerara resuelto. Que todo el dinero que recibirían se justificaría a través de la misma vía».
El soborno parecía concretarse cuando Pano y Gallego pidieron que «le explicaran que era lo que tendrían que decir, ya que Ángel Fernández sabía que el martes próximo tenían que acudir a testificar al juzgado. El abogado les dijo que tenían que manifestar que la culpa era íntegramente de Víctor de Aldama, que todo lo había realizado Víctor de Aldama y, respecto de los sobres, que «desconocía completamente lo que había dentro» que únicamente era un sobre blanco cerrado metido dentro de otra bolsa, y que, en ningún caso mencionara la palabra dinero. Si acaso, diversa documentación».
«Ángel Fernández concluyó diciéndoles que si todo lo que les pedían se concretaba en la próxima declaración judicial, iniciarían los trámites necesarios para comenzar a entregarles el dinero y que «continuarían hablando» sobre otros temas que les sirvieran para «quitar presión» a Ábalos y Koldo», sigue la declaración.
La reunión finalizó «acordando reunirse tras la comparecencia judicial del 18 de febrero de 2025, en la cual, al estar ejerciendo la defensa de Koldo García, Leticia de la Hoz podría comprobar que la declaración se habría ajustado a lo pretendido», explicó Pano.
Pero la empresaria habló con su abogado, Javier Gómez Bermudez y «le sorprendió mucho lo tratado en las reuniones, y desconfiaba de que pudiera ir en su contra. Dado que ese lunes le recomendó su abogado que no accedieran a ello, las declaraciones que realizaron en las posteriores comparecencias judiciales a las que fueron citados, siempre fueron ajustadas a la realidad de los hechos y no a la versión que interesaba la abogada Leticia de la Hoz y el PSOE».
No fue el último contacto que ambas mujeres tuvieron, ya que «tras la declaración que prestó en el Tribunal Supremo el 25 de febrero de 2025, en la cual, tal y como se publicó en diversos medios de comunicación que ratificó la entrega de dinero en efectivo procedente de los hidrocarburos en la sede del PSOE en Ferraz, Leticia de la Hoz contactó con Álvaro Gallego y le dijo que se «olvidaran de ella, de ese despacho y de esa dirección» «que con ellos no querían volver a trabajar con ellos» (….)».
En el sumario del Caso Leire aparece una reunión entre Leire Díez, Leticia de la Hoz y el también abogado Ismael Oliver: «Finalmente, el 18.03.2025, tal y como se desprende de esta misma conversación, se habría producido una reunión en el despacho de Oliver, en la que habrían participado Leire, Oliver y Leticia. La misma se habría señalado para las 16:30 horas, resultando que a las 18:05 horas y sin que se tenga conocimiento de si la misma había finalizado en ese momento, Leticia remite a Leire un documento denominado como «Relato de hechos denuncia The Objetive v2.docx», recoge el informe de la Guardia Civil.
Intento de compra
La trama de este presunto intento de compra de voluntades comenzó a fraguarse a mediados del año 2024. Las actuaciones de la Guardia Civil detallan de manera precisa las declaraciones en sede policial de dos testigos clave en este entramado: María del Carmen Pano Sánchez y Álvaro Gallego García. Pano, quien conocía los entresijos de las operaciones bajo sospecha por su dilatada experiencia en el ámbito empresarial de los hidrocarburos, entró en contacto ese verano con la abogada Leticia de la Hoz tras una serie de recomendaciones profesionales.
Koldo García, ex asesor de Ábalos, y su abogada Leticia de la Hoz (Fuente: Agencias)
Un alquiler de siete años y un coche a cambio de cambiar la versión
La premisa que el despacho de abogados quería instalar en el sumario penal requería que tanto Pano como Gallego declararan ante el juez instructor que sus visitas a Ferraz se limitaron exclusivamente a «la entrega de documentos» institucionales o corporativos, desterrando de forma tajante cualquier alusión a bolsas o sobres con fajos de billetes. La versión oficial que se pretendía imponer dictaba que los testigos debían asegurar que desconocían por completo el contenido de los sobres, describiéndolos si acaso como «un sobre blanco cerrado metido dentro de otra bolsa».
Una vez planteado el escenario, los abogados instaron a los testigos a ponerle precio a su colaboración forzosa. En la tercera reunión, las demandas económicas de los implicados quedaron fijadas sobre la mesa de juntas: Carmen Pano solicitó 25.000 euros en efectivo para sufragar los gastos de la boda de su hija, Leonor María González Pano, y una ayuda mensual de entre 2.500 y 2.800 euros para costear el alquiler de su vivienda familiar, ya que carecía de ingresos estables en ese momento. Por su parte, Álvaro Gallego reclamó la cantidad de 15.000 euros destinados a la adquisición de un vehículo particular.
Entrevistas de la UCO
Durante la instrucción del Caso Leire los agentes de la UCO realizaron varias entrevistas a testigos relacionados de una u otra manera con Leire Díez, considerada «fontanera» del PSOE. Una de las últimas fue el 27 de mayo, mediante conversación telefónica con Álvaro Gallego, el que fue chófer del empresario Víctor de Aldama y también de Carmen Pano, la mujer que dijo haber entregado 90 mil euros en la sede nacional del PSOE. El chófer confirmó que la abogada Leticia de la Hoz le ofreció 15,000 euros «para comprarse un coche».
Los agentes preguntaron a Gallego sobre la noticia publicada acerca de «la entrega de dinero en efectivo proveniente de los hidrocarburos que se habría efectuado en la calle Ferraz, sede del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y la citación formal para que compareciera en el Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza n°5 en calidad de testigo en febrero de 2025».
El chófer contestó que «mantiene amistad con Carmen Pano, y que, como consecuencia de las relaciones que mantienen con gente del sector de los hidrocarburos conocieron a la abogada Leticia de la Hoz y el despacho IDBO Consultans SL.
Álvaro Gallego también explicó que «fue él quien llevó en coche a Carmen Pano cuando efectuó la segunda entrega de dinero en efectivo, tal y como ha declarado ante los tribunales en las distintas comparecencias en las que ha sido interesado para ello».
Pero, tras la publicación de esas noticias, «Leticia de la Hoz (abogada de Koldo García) le contactó para pedirle una reunión en su despacho para proponerle a él y a Carmen Pano, una serle de cuestiones a cambio de una compensación».
Según la declaración de Gallego, «tras hablarlo con Carmen Pano accedieron a ello. Que las negociaciones con Leticia de la Hoz se realizaron a lo largo de cuatro reuniones, todas ellas en el despacho de IDBO de la calle Serrano 32 de Madrid. En alguna de ellas participó el socio de ésta llamado Ángel».
El chófer acudió a reuniones
El chófer explicó a los agentes más o menos lo mismo que había declarado Carmen Pano: «que Leticia de la Hoz actuaba en coordinación y representación de «gente del partido, gente del PSOE» y que lo que querían era que Carmen Pano cambiara su declaración respecto de la entrega de dinero en efectivo en la calle Ferraz. Que querían proteger a Ábalos y a Koldo por ser los cabeza de turco de Víctor de Aldama, responsable último de todo lo que estaba ocurriendo. Querían que declararan que en lugar de dinero eran documentos y que el dinero, en cualquier caso, se lo quedó Víctor de Aldama».
A cambio de que Carmen Pano volviese a llamar a periodistas para cambiar su versión anterior en la que dijo haber entregado 90 mil euros en la sede del PSOE y a cambio de que «él no manifestara que había visto dinero en la bolsa que entregó, ofrecieron a Carmen Pano el pago mensual de 2.500 euros del alquiler de su casa durante 7 años, 25.000 euros para que pudiera pagar la boda de su hija Leonor y a él, le entregarían 15.000 euros para que pudiera comprarse un coche», según la misma declaración.
Tras la última reunión del total de cuatro que tuvieron, «en la que Ángel hablando por Leticia de la Hoz les aseguró que no tendrían problemas en cobrar ya que este dinero se justificaría a través de la instrumentalización de la contratación de Carmen Pano corno trabajadora, o a través de la instrumentalización de contratos de intermediación u otra fórmula similar, se despidieron», continuó explicando el chófer.
Pero tras su declaración en el Tribunal Supremo durante el juicio del Caso Koldo y «como no se produjo en los términos que quería la gente del PSOE, Leticia de la Hoz, presente en la declaración por ser la abogada de Koldo García, le llamó y rompió las relaciones con ellos».
El chófer añadió que «quiere dejar constancia que lo declarado ante los distintos tribunales fue la verdad de lo que ocurrió y que lo que querían que declararan la abogada y la gente del partido era una declaración falsa que pretendía culpar únicamente a Víctor de Aldama y exculpar a Ábalos y Koldo«.
El Consejo de Ministros ha desclasificado hoy que el CNI intervino los teléfonos de dos exdiputados de la CUP con autorización del Supremo. La decisión, que levanta el secreto de la información clasificada, llega cuatro años después del estallido del procés y reabre una herida que la inteligencia española intenta cerrar con el bisturí de la justicia.
David Fernández y Carles Riera, ambos exmiembros del Parlament por la CUP, fueron objeto de interceptación de comunicaciones durante varios periodos entre 2019 y 2022. Según la documentación remitida al juzgado de instrucción 32 de Barcelona, el CNI habría empleado el software israelí Pegasus, desarrollado por NSO Group, para infectar sus terminales móviles. Las fechas hablan: Fernández, entre finales de 2019 y junio de 2020; Riera, entre junio de 2020 y mayo de 2022. Ambos encajaban en una carpeta abierta por el Tribunal Supremo bajo el epígrafe de “actividades contrarias a la seguridad nacional”.
El circuito judicial: quién sabía qué y cuándo
El auto de autorización lo emitió el juez único del Centro de Inteligencia en el Supremo, la figura que controla —en teoría— que el CNI no se extralimite. Pero la desclasificación parcial de este viernes oculta precisamente los fragmentos que revelarían los métodos, procedimientos y fuentes que usó el servicio. La actual directora, Esperanza Casteleiro, ha podido informar sobre la “naturaleza” de las actividades bajo sospecha, pero no sobre cómo se pinchó la conversación o qué llevó a seleccionar a esos dos nombres. Es decir: el Gobierno dice que todo fue legal, pero tacha lo que demostraría esa legalidad.
Eso, en el oficio, se llama clasificación diferida: se levanta el velo lo justo para satisfacer a un juez, pero sin desnudar el tradecraft. He visto este patrón demasiadas veces. El CNI no revela su caja de herramientas ni cuando está en el banquillo. Y, permítame, tiene razón en hacerlo: si un zero-click exploit deja de ser secreto, deja de valer.
Lo paradójico es que esta operación llega a los titulares no por un leak, sino por la querella de los propios espiados, apoyada en los informes de Citizen Lab. El laboratorio canadiense, un referente en la detección de malware estatal, había detectado rastros de Pegasus en los móviles de Fernández y Riera en 2022. El Gobierno negó entonces —y aún niega— haber pinchado a Albert Botran, también de la CUP, pese a que su terminal también contenía trazas. Una negativa que deja flotando una pregunta incómoda: si no fue el CNI, ¿quién infectó ese móvil?
Pegasus como arma de contrainteligencia doméstica
El software Pegasus es la navaja suiza del ciberespionaje contemporáneo. Permite a su operador extraer mensajes, correos, geolocalización y hasta activar el micrófono sin que el propietario sepa nada. En España, su uso en territorio nacional solo está contemplado con autorización judicial previa —y así lo certifica el Gobierno en este caso—, pero el historial de infecciones en líderes independentistas, políticos de Podemos y miembros del propio Gobierno central ha creado una sombra de desconfianza que el CNI no logra disipar.
El espionaje no se deslegitima por su tecnología, sino por la opacidad con la que se administra la autorización judicial.
Fernández no figuraba en la lista de 18 objetivos que la exdirectora Paz Esteban desveló en 2022 ante la comisión secreta del Congreso. Riera sí estaba anotado. El dato es relevante porque desmonta la idea de que el CNI se limitó a la lista confesada: hubo nombres fuera del radar parlamentario. La vigilancia sobre Fernández se extendió un año y medio, justo cuando ya había dejado la política institucional, pero seguía activo en movilizaciones post sentencia del procés.
Yo ya escribí en El quinto elemento que “los próximos 11S empezarán con un clic”. Pegasus es exactamente ese vector. No hace falta un ejército en la calle; basta con infectar el móvil de un disidente y escuchar. Lo que me inquieta no es que el CNI use esa herramienta —está en su manual—, sino la opacidad con la que se administra la cadena de autorizaciones. ¿Quién evalúa si la amenaza a la seguridad nacional justifica un año y medio de pinchazo a un político ya retirado?
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
El caso que hoy ocupa los juzgados de Barcelona tiene tres capas de lectura. La primera es técnica: el vector de ataque, es puro ciberguerra con armamento de doble uso comprado a un contratista privado israelí. La segunda es judicial: un magistrado del Supremo firmó las escuchas, lo que da cobertura legal al espionaje doméstico. Y la tercera es política: la Moncloa de 2026 decide desclasificar ahora, con el procés ya amortiguado y el independentismo institucional recompuesto, en un gesto que busca proyectar transparencia sin ceder un ápice en la soberanía del CNI sobre sus métodos.
En el vector de amenaza, nos movemos en el terreno de la infiltración a través de un exploit de día cero —o one-click, según la versión de NSO— dirigido contra terminales de alto valor. La herramienta es conocida: Pegasus, en sus múltiples versiones, permite el acceso persistente y enriquecido al dispositivo. El coste operativo es alto, y su despliegue requiere una infraestructura de mando y control que Citizen Lab ha documentado con precisión.
En cuanto a las agencias implicadas, el CNI actúa como agencia atacante —perdón, “investigadora”— bajo el paraguas del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT). La agencia defensora, en este contexto, es la propia CUP y sus exdiputados, pero el control recae en el tribunal del Supremo. Un tercer actor, Citizen Lab, monitoriza desde fuera. Y aunque no se menciona, el Mossad —como Estado exportador a través de NSO— observa de reojo cada vez que su herramienta estrella salta a la prensa europea.
Sobre el nivel de clasificación estimado, a juzgar por la naturaleza de las actividades reveladas —interceptación de comunicaciones de exdiputados por presuntas amenazas a la seguridad nacional—, el material no desclasificado debe rozar el Top Secret a nivel operativo, aunque la estructura judicial impone una etiqueta de Confidencial para los autos que autorizan las intervenciones. Esa paradoja —la justicia muy reservada, la inteligencia aún más— es la que alimenta la sospecha.
El precedente histórico inmediato es el escándalo Pegasus de 2022, que costó el puesto a Paz Esteban y confirmó que la Casa de Castelló pinchó a 18 independentistas. Pero si escarbamos más, hay un eco más profundo: la tensión entre el poder del Estado para espiar a sus ciudadanos y el control de los jueces es tan vieja como la democracia. En Estados Unidos, el escándalo de las escuchas sin orden del FISA Court en los años 70 llevó a la creación de la Foreign Intelligence Surveillance Court. En España, la reforma de 2002 del CNI ya preveía que las intervenciones domésticas requerían aval judicial. La pregunta es si ese aval es un control real o un sello en blanco.
Como autor de Desnudando a Google, ya advertí que la tecnología desborda los marcos legales. Aquí tenemos un caso de libro: la herramienta es privada, el comprador es un servicio de inteligencia, la autorización es judicial, pero el ciudadano nunca sabrá exactamente qué información se extrajo ni durante cuánto tiempo se almacenó. Así que, mientras los jueces de Barcelona esperan el volcado de autos censurados, yo me quedo con la misma frase que escribí hace años: “Alguien tenía que decir que el rey Google va desnudo.” Y el rey CNI, en este caso, también lleva poca ropa.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por Sacyr contra la resolución complementaria del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023, que fijaba en 570 millones de euros la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) por el rescate de las autopistas radiales R-3 y R-5. El fallo, con efectos directos sobre la liquidación definitiva, ordena al Gobierno recalcular la indemnización y pone fin a un proceso que se prolonga ya por más de una década.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala Tercera del Tribunal Supremo (sentencia de 2 de junio de 2026) anula la resolución complementaria de 2023 y urge al Ejecutivo a dictar ya la liquidación definitiva de la RPA.
¿Qué base jurídica aplica? Se apoya en su propia jurisprudencia sobre el correcto cálculo de la responsabilidad patrimonial derivada de concesiones fallidas, reiterando que la demora de más de diez años vulnera el principio de seguridad jurídica.
¿Qué impacto tiene? Obliga al Ministerio de Transportes a recalcular la indemnización, aunque la deuda final no corresponde íntegramente a Sacyr —ligada a fondos de titulación— pero la constructora mantiene interés legítimo para impugnar la cuantía.
Antecedentes del proceso
La concesión de las radiales R-3 y R-5, junto con un tramo de la M-50, fue adjudicada en 1999 a un consorcio formado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC para un periodo de cincuenta años. Las infraestructuras entraron en servicio en 2004, pero la crisis financiera llevó a la sociedad concesionaria al concurso de acreedores en 2012. El rescate por parte del Estado, ejecutado bajo el mandato de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), generó la obligación de indemnizar las inversiones realizadas.
La primera cuantificación de la RPA fue anulada por el Tribunal Supremo en sentencias previas que declararon que la fórmula aplicada no se ajustaba a derecho. El Consejo de Ministros aprobó entonces, el 27 de diciembre de 2023, una resolución complementaria que elevaba la indemnización en 451 millones de euros respecto al cálculo anterior, hasta un total de 570 millones. Sacyr, pese a haber cedido la gestión de la infraestructura a la SEITT y a que la deuda original fue adquirida por fondos de titulación como TDA, Bothar y Kommunalkredit, recurrió esta segunda liquidación por considerarla insuficiente y contraria a la jurisprudencia consolidada.
El fallo de la Sala Tercera
La sentencia del Tribunal Supremo anula la resolución complementaria de 2023 y declara que la determinación de la responsabilidad patrimonial ha sufrido una demora “más que prudente”, acumulando más de diez años para finiquitar el contrato. Se insta al Gobierno a dictar ya la liquidación definitiva sin necesidad de más demora, lo que implica una orden directa de recalcular la cuantía con arreglo a los criterios fijados por la propia jurisprudencia de la Sala.
El fallo subraya el interés legítimo de Sacyr para impugnar el cálculo, a pesar de que la deuda no vaya destinada directamente a la constructora. El alto tribunal entiende que el proceso no busca reclamar la deuda originaria, sino determinar correctamente la cuantificación de la RPA, un extremo que afecta a la posición jurídica de la empresa. De hecho, la mayoría de las nueve autopistas rescatadas siguen en fase de segunda resolución, y hasta la fecha el Estado ha abonado provisionalmente 1.684 millones de euros por estos rescates.
La Sala Tercera convierte la prolongada demora administrativa en el cálculo de la RPA en un supuesto de vulneración de la seguridad jurídica exigible a la Administración.
La Doctrina del Tribunal
La resolución consolida la doctrina jurisprudencial sobre el cálculo de la responsabilidad patrimonial en concesiones rescatadas. Se apoya en sentencias previas de la misma Sala —entre ellas, las que anularon la primera liquidación de la R-3 y R-5— para configurar un estándar de diligencia que proscribe demoras superiores a la decena de años. El tribunal insiste en que la valoración de la inversión debe ajustarse a criterios objetivos de mercado y que cualquier resolución complementaria posterior no puede desvirtuar los parámetros fijados en la legislación sobre contratos del sector público (artículo 247 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y el régimen de responsabilidad del artículo 32 de la Ley 40/2015).
Desde el punto de vista procesal, la sentencia refuerza la noción de interés legítimo de las constructoras originarias, aunque ya no sean titulares de la deuda. La jurisprudencia sobre la legitimación activa en estos supuestos, vinculada a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2021 (rec. 456/2018), queda así matizada: el concesionario mantiene un vínculo directo con la correcta cuantificación del daño patrimonial que habilita la impugnación, diferenciando claramente la titularidad de la deuda del derecho a controlar la liquidación administrativa.
El impacto práctico sobre los litigios pendientes en el sector de las infraestructuras es inmediato. El Gobierno se ve abocado a revisar las provisiones presupuestarias para el pago de indemnizaciones, y los fondos de titulación acreedores verán condicionado el importe final que percibirán. La sentencia no fija una cifra concreta, pero obliga a que la nueva liquidación respete los criterios jurisprudenciales ya consolidados, lo que puede incrementar la factura definitiva para el erario público.
FICHA DEL CASO
El caso: Recurso contencioso-administrativo de Sacyr contra la resolución complementaria del Consejo de Ministros (27/12/2023) que fijó la RPA por el rescate de las radiales R-3 y R-5 en 570 millones de euros.
Datos importantes: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 2 de junio de 2026; anula la resolución y ordena la liquidación definitiva. No se dispone de número de sentencia en la fuente consultada.
Fecha de los juicios: La vista se celebró antes de la emisión del fallo; la sentencia se publicó en el CENDOJ en julio de 2026.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado sentencia (STSJ CAT 3671/2025, de 13 de julio de 2026) por la que estima parcialmente el recurso de suplicación de un trabajador y condena a la empresa al pago de 6.979 euros más intereses moratorios, al considerar que la retención de salarios constituyó una doble sanción prohibida por el principio de non bis in idem.
El caso pivota sobre la inasistencia al trabajo de un empleado tras recibir el alta médica. La empresa, Ambulancias Domingo S.A.U., no solo le despidió disciplinariamente por faltas muy graves, sino que además dejó de abonarle los salarios correspondientes al período anterior al despido. El TSJ de Cataluña confirma la procedencia del despido, pero rechaza de plano la segunda sanción económica.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, en sentencia STSJ CAT 3671/2025, estima parcialmente el recurso: confirma el despido disciplinario pero condena a la empresa a abonar los salarios impagados.
¿Qué base jurídica aplica? El principio de non bis in idem (artículo 25.1 de la Constitución) impide que los mismos hechos reciban dos sanciones distintas, como el despido y la pérdida del salario.
¿Qué impacto tiene? Fija doctrina para los juzgados de lo social sobre la improcedencia de acumular sanciones laborales por una única conducta, reconociendo al trabajador 6.979 euros.
Antecedentes del proceso: inasistencia y despido disciplinario
El trabajador, Carlos Antonio, prestaba servicios para Ambulancias Domingo S.A.U. desde mayo de 2025, con contrato indefinido a tiempo completo y un salario de 2.070 euros mensuales. Tras una incapacidad temporal de 545 días, el Instituto Nacional de la Seguridad Social emitió resolución el 8 de marzo de 2023 acordando la extinción de la IT por recuperación total. La empresa, al conocer que el empleado presentaba una discapacidad del 34%, adaptó su puesto de trabajo derivándolo al servicio de limpieza de ambulancias.
Pese a los sucesivos avisos mediante burofax, el trabajador no se reincorporó a su jornada laboral. Transcurridos más de 20 días sin noticias, la compañía inició un expediente sancionador el 9 de mayo de 2023 y, el 29 de mayo, le notificó el despido disciplinario por faltas muy graves de no asistencia al trabajo y desobediencia.
El empleado impugnó el despido ante el Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona, que en sentencia de 18 de junio de 2025 desestimó íntegramente sus pretensiones. El juzgado consideró indiscutidas las omisiones de asistencia y calificó el incumplimiento como revestido de suficiente antijuridicidad para habilitar el despido disciplinario.
El fallo: procedencia del despido, pero condena a abonar salarios
El trabajador recurrió en suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, integrada por los magistrados Luis Revilla Pérez (ponente), Emilio García Olles y María Macarena Martínez Miranda. En su recurso, reclamaba el abono de 3.243 euros en concepto de salarios impagados y la parte proporcional de vacaciones no disfrutadas, por un total de 4.288 euros. La empresa, por su parte, defendía que el trabajador no tenía derecho a percibir retribución alguna al no haberse reincorporado tras el alta médica.
La Sala confirma la procedencia del despido disciplinario al no existir «cualquier justificación» para la inasistencia. Sin embargo, rechaza el argumento de la empresa sobre los salarios. A juicio del tribunal, dejar de abonar el salario correspondiente al período anterior al despido «supondría una doble imputación sancionadora por unos mismos hechos», lo que vulnera el principio de non bis in idem.
En consecuencia, el fallo estima parcialmente el recurso: mantiene la extinción contractual pero reconoce el derecho del trabajador a percibir la liquidación pendiente y los salarios impagados, por un importe total de 6.979 euros, cantidad a la que deberán añadirse los intereses moratorios del 10%.
La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña prohíbe expresamente que una empresa pueda despedir a un trabajador y, además, dejar de abonarle el salario del periodo anterior al despido, al constituir una doble sanción por los mismos hechos.
La doctrina del Tribunal
La sentencia refuerza la aplicación del principio de non bis in idem en el ámbito laboral, prohibiendo que una misma conducta (la inasistencia al trabajo) dé lugar a dos consecuencias punitivas: el despido y la pérdida del salario ya devengado. Aunque el artículo 25.1 de la Constitución Española se refiere expresamente a sanciones penales y administrativas, la jurisprudencia constitucional ha extendido su núcleo esencial a las sanciones disciplinarias laborales cuando existe identidad de sujeto, hecho y fundamento (por todas, STC 2/2003).
En el presente caso, la empresa sancionó la inasistencia con el despido disciplinario, pero además decidió no abonar el salario de los días en que el trabajador, pese a estar de alta médica, no se reincorporó. Para la Sala, la retención salarial carecía de cobertura legal y suponía una segunda reacción punitiva contra los mismos hechos, lo que resulta incompatible con el ordenamiento jurídico. La doctrina que se asienta es clara: el despido disciplinario ya agota la capacidad sancionadora de la empresa, y cualquier medida adicional de contenido económico sobre el mismo incumplimiento constituye una doble sanción prohibida.
Este criterio tiene un impacto inmediato en los litigios laborales, pues recuerda a los juzgados de lo social la necesidad de examinar si la empresa ha reaccionado con una única medida sancionadora o ha acumulado varias sobre la misma conducta. La proyección de la doctrina se extiende a todos aquellos supuestos en los que, tras un despido, la empresa pretenda retener salarios, vacaciones o cualquier otra retribución vinculada al mismo período y hecho causante.
FICHA DEL CASO
El caso: Despido disciplinario por inasistencia al trabajo y posterior reclamación de salarios impagados por el mismo período, resuelto por la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña mediante recurso de suplicación.
Datos importantes: Sentencia STSJ CAT 3671/2025 (fecha real 2026); artículos aplicados: 25.1 CE (non bis in idem), arts. 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores (despido disciplinario); cuantía reconocida: 6.979 euros más intereses del 10%.
Fecha de los juicios: Vista oral ante el Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona (sentencia de 18 de junio de 2025); fallo del TSJ de Cataluña dictado el 13 de julio de 2026.
Personas acusadas y por qué: Demandante: Carlos Antonio (trabajador) por despido y salarios; demandada: Ambulancias Domingo S.A.U. por doble sanción laboral.
Los programas MOVES han canalizado ya 3.035 millones de euros en ayudas a la movilidad eléctrica en España, un volumen de inversión que ha permitido subvencionar 204.915 vehículos eléctricos y 160.095 puntos de recarga en todo el territorio. El balance, coordinado por el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica, confirma que estas convocatorias se han convertido en la principal palanca pública para acelerar la descarbonización del transporte, con un ecosistema que combina ayudas al particular, despliegue de infraestructura y proyectos de innovación tecnológica.
Más de 200.000 vehículos eléctricos y 3.035 millones movilizados: el balance de MOVES
Las cifras actualizadas que maneja el IDAE reflejan el alcance real del programa. Hasta la fecha, los fondos NextGenerationEU integrados en el Plan de Recuperación han impulsado 204.915 vehículos electrificados, de los cuales el 88,4% son turismos. El resto se reparte entre furgonetas, motocicletas, cuadriciclos y bicicletas eléctricas, ampliando el espectro de la movilidad cero emisiones más allá del automóvil particular.
A esto se suman 160.095 puntos de recarga, una cifra que incluye tanto estaciones públicas como puntos vinculados a plazas de estacionamiento privadas. La capilaridad de esta red es uno de los factores que más preocupa a los potenciales compradores: sin una infraestructura de recarga visible y fiable, la decisión de dar el salto al coche eléctrico se atasca. Las ayudas MOVES han atacado ese cuello de botella con una inversión que, en el caso de MOVES III, supera los 990 millones de euros solo en ayudas a la compra y puntos de recarga asociados.
La electrificación del parque móvil español no depende solo del precio del coche: sin puntos de recarga, la transición se detiene.
Cómo se reparten las ayudas: del turismo particular al camión de reparto
El programa ha diversificado sus líneas para llegar a varios segmentos del mercado. El grueso del presupuesto lo concentran MOVES II y MOVES III. La primera convocatoria, con cerca de 40 millones de euros, financió 9.074 vehículos y 6.436 puntos de recarga. La segunda, la más cuantiosa, ha facilitado ya 158.018 vehículos y 120.409 puntos. La mayor parte del dinero ha ido a parar a turismos particulares, pero no todo.
Las convocatorias específicas para empresas amplían el alcance:
MOVES Flotas ha destinado 23,85 millones a 44 proyectos de electrificación de flotas corporativas ligeras.
MOVES Flotas Plus suma otros 7,8 millones para 20 iniciativas que incluyen, por primera vez, ayudas para bicicletas eléctricas, motocicletas y cuadriciclos eléctricos.
MOVES Singulares ha inyectado 162,41 millones en 161 proyectos de innovación tecnológica, con foco en recarga inteligente y soluciones Vehicle to Grid (V2X), la tecnología que permite devolver energía desde el vehículo a la red eléctrica.
Este último apartado merece atención. Los proyectos V2X no son solo un ejercicio de ingeniería: permitirán que una flota de vehículos funcione como una batería distribuida, estabilizando la red en momentos de alta demanda y abaratando la factura eléctrica del propietario. Es la clase de innovación que convierte un coche en algo más que un medio de transporte.
El despliegue de la recarga rápida en los grandes corredores
Otro de los ejes estratégicos que revela el balance es la apuesta por la recarga de alta potencia en las principales autovías. La primera convocatoria de MOVES Corredores de Recarga ha concedido 97 millones de euros para 341 proyectos ubicados en la red transeuropea de transporte. Esas actuaciones instalarán 2.674 nuevos puntos de recarga, muchos de ellos con potencias de entre 300 y 400 kW, lo que permite recuperar la autonomía en pocos minutos. Cada estación incorpora al menos un cargador de 150 kW, cumpliendo así con el reglamento europeo AFIR, que fija estándares mínimos para garantizar la interoperabilidad y la fiabilidad de la red.
El cumplimiento del AFIR es relevante por lo que implica para la movilidad de larga distancia. Quien viaja por carretera necesita la certeza de que, en cualquier corredor principal, va a encontrar un punto de recarga rápido y operativo. Sin esa capa de infraestructura, el coche eléctrico queda confinado al uso urbano o suburbano. Las ayudas europeas están acelerando ese despliegue, pero el ritmo de instalación sigue siendo uno de los indicadores que marcarán la diferencia entre un plan bienintencionado y una red que realmente funcione.
📊 Impacto ecológico en cifras
CO2 evitado: No detallado en el balance oficial, aunque la sustitución de más de 200.000 vehículos de combustión por eléctricos supone una reducción relevante en el sector difuso del transporte.
Capacidad / magnitud: 204.915 vehículos eléctricos financiados y 160.095 puntos de recarga instalados con ayudas públicas.
Inversión: 3.035 millones de euros movilizados entre fondos NextGenerationEU y presupuesto nacional.
Equivalencia tangible: Los puntos de recarga de alta potencia en corredores equivalen a cubrir las principales autovías con estaciones capaces de cargar un turismo eléctrico al 80% en menos de 20 minutos.
Lo que esta política empuja en la cadena de suministro
El efecto MOVES no se agota en el punto de venta del concesionario. La financiación de 204.915 vehículos ha generado un volumen de demanda que obliga a los fabricantes a acelerar sus planes de electrificación y a los instaladores eléctricos a multiplicar su presencia en el mercado. La instalación de 160.095 puntos de recarga, muchos de ellos vinculados a plazas de aparcamiento, ha movilizado a empresas de ingeniería, instaladores eléctricos y gestores de carga, creando un ecosistema económico que va más allá de la venta del coche.
Además, los 161 proyectos de recarga inteligente y V2X están sentando las bases para un modelo energético en el que el vehículo no solo consume electricidad, sino que la almacena y la devuelve. Esto interesa directamente a las distribuidoras eléctricas, que ven en las baterías rodantes un recurso para gestionar los picos de demanda sin necesidad de nuevas centrales de respaldo. Es un camino que apenas empieza a recorrerse, pero que apunta a una integración mucho más profunda entre movilidad y sistema eléctrico.
La red de recarga rápida en los grandes corredores es la condición necesaria para que el coche eléctrico salga de la ciudad.
Dónde pone el foco el reto pendiente
Los programas MOVES han demostrado una capacidad de tracción que pocos instrumentos de política industrial han logrado en España. Pero los datos también señalan dos tareas pendientes. La primera es la continuidad del ritmo inversor. El próximo ciclo de financiación europea definirá si la inercia se mantiene o si el mercado se enfría justo cuando más necesita consolidarse. La segunda es la capilaridad de la recarga fuera de los grandes corredores: las áreas rurales y las ciudades medias, que también necesitan puntos de recarga accesibles para que la movilidad eléctrica no sea un privilegio exclusivo de las grandes áreas metropolitanas.
El balance, en conjunto, es un ejemplo de lo que ocurre cuando la inversión pública se alinea con los objetivos de descarbonización del PNIEC y el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. Ahora bien, conviene recordar que las ayudas a la compra son un acelerador, no un sustituto de la competitividad del mercado. La verdadera prueba de fuego será si, cuando los incentivos se reduzcan, la demanda se sostiene por sí misma.
Análisis: qué significa este balance para la transición del transporte
El balance de MOVES es, ante todo, la confirmación de que la descarbonización del transporte por carretera ha entrado en una fase de despliegue masivo, pero todavía con un fuerte componente de ayudas públicas. Sin los fondos Next Generation, difícilmente se habrían alcanzado estas cifras en tan poco tiempo. Esto no invalida la política —al revés, demuestra que los incentivos funcionan—, pero sí obliga a seguir de cerca la evolución del mercado cuando el apoyo se modere.
Comparado con otros países europeos, España ha logrado un crecimiento notable en la instalación de puntos de recarga, aunque sigue por detrás de Francia o Alemania en términos absolutos. La diferencia está en la densidad: mientras que en Centroeuropa la red de recarga ya es razonablemente tupida en buena parte del territorio, aquí el despliegue se concentra en los grandes ejes y en las áreas urbanas de mayor renta. La oportunidad de la próxima fase de ayudas será precisamente cubrir ese hueco y asegurar que la movilidad eléctrica no se convierta en un factor de desigualdad territorial.
El dato más alentador, sin embargo, está en los 161 proyectos singulares. Las tecnologías V2X y la recarga bidireccional pueden cambiar la relación entre el coche y la red eléctrica, transformando cada batería en un activo para el sistema. Es pronto para evaluar su impacto real, pero el hecho de que se estén financiando ya con fondos públicos indica que la regulación y la industria se preparan para un modelo energético más distribuido.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
Beneficio medible: Más de 200.000 vehículos de combustión sustituidos por eléctricos y una red de recarga que se aproxima a los 200.000 puntos operativos entre los financiados y los ya existentes.
Modelo que cambia: El vehículo eléctrico deja de ser una opción minoritaria y empieza a contar con la infraestructura necesaria para competir en igualdad con el motor de combustión en el uso diario.
Para las próximas generaciones: La capilaridad de la red de recarga y la integración con el sistema eléctrico reducirán la dependencia de los combustibles fósiles en el transporte, responsable de una cuarta parte de las emisiones nacionales.
Nestlé ha invertido 12 millones de euros desde 2021 junto a 500 agricultores y ganaderos españoles para implantar prácticas de agricultura regenerativa. Los resultados ya son medibles: 43.600 toneladas de CO2e menos en las granjas lecheras de la cornisa cantábrica y una rebaja del 40% en las emisiones de los cultivos de cereal que utiliza la compañía, según los datos de la propia multinacional.
12 millones de euros para restaurar el suelo y el ecosistema
La inversión se reparte en tres grandes bloques. Cerca de 6 millones han ido a las 110 explotaciones de leche de Galicia, Asturias y Cantabria que abastecen a las fábricas de La Lechera y de nutrición infantil. Otros 1,5 millones han financiado a los 26 agricultores —23 en Castilla y León y 3 en Navarra— que cultivan los cereales para las papillas de la planta cántabra de La Penilla de Cayón. El resto se ha destinado a los productores de tomate de Extremadura que nutren la fábrica de Solís en Miajadas, donde todas las salsas ya proceden de cultivos con certificación de Producción Integrada.
En total, la cifra se enmarca dentro de los más de 112 millones de euros que la compañía ha dedicado a sostenibilidad en toda su cadena de valor en España en los últimos cinco años. “La agricultura regenerativa es un pilar fundamental para alcanzar las cero emisiones netas en 2050”, explicó Jordi Llach, Director General de Nestlé España, durante la presentación.
La inversión no es puntual: hay un modelo de acompañamiento técnico que guía al productor en cada paso hacia el laboreo reducido y la rotación de cultivos.
El impacto medible: 43.600 toneladas de CO2e y un 40% menos en cereales
El proyecto más avanzado se localiza en las granjas lecheras. Con el apoyo de Fundación Global Nature, desde 2021 se han ejecutado planes de fertilización a medida, siembra directa, rotación de cultivos y potenciación de leguminosas. A esto se suma la instalación de placas solares y el recubrimiento de las balsas de purines, medidas que han permitido dejar de emitir 43.600 toneladas de CO2e hasta finales de 2024.
En la cadena del cereal, los 26 agricultores que trabajan ya con técnicas regenerativas han logrado un 40% de reducción media de CO2e por tonelada producida. La receta incluye mínimo laboreo, siembra directa y cubiertas vegetales en invierno, evitando el arado profundo y manteniendo la estructura del suelo. Las 20.000 toneladas anuales de trigo, avena y cebada que se emplean en las papillas infantiles provienen íntegramente de estos campos.
📊 Impacto ecológico en cifras
CO2e evitado: 43.600 toneladas en granjas lecheras más un 40% de ahorro por tonelada en cereales.
Superficie y productores: 500 agricultores y ganaderos; 5.000 hectáreas de cereal regenerativo.
Inversión: 12 millones de euros desde 2021; 1,5 millones exclusivos en el programa cerealista.
Equivalencia tangible: Las 20.000 toneladas de grano cubren íntegramente la demanda de papillas infantiles de Nestlé en España.
Detrás de las cifras hay un esfuerzo de formación. Nestlé ha impulsado un programa de agroemprendimiento en Cantabria con la consultora Veterinarios Asociados: diez meses de teoría y práctica en las granjas para jóvenes ganaderos. Desde 2021, más de 40 alumnos han participado, una palanca que ataca directamente el relevo generacional, uno de los cuellos de botella del sector.
Más allá de la inversión: el reto de la agricultura regenerativa en Europa
Aunque los datos de Nestlé son sólidos, su escala plantea una pregunta: ¿hasta qué punto puede replicarse este modelo fuera de una cadena de suministro cerrada? La compañía controla la relación directa con sus proveedores, lo que le permite financiar la transición sin depender de las subvenciones públicas. Sin embargo, la agricultura regenerativa aún carece de un estándar regulatorio único en la UE. La Estrategia de la Granja a la Mesa (Farm to Fork) y la Taxonomía Verde europea abren la puerta, pero los criterios técnicos que definan qué es “regenerativo” siguen en debate.
En este contexto, el programa de Nestlé funciona como un banco de pruebas. Los resultados en Cantabria —43.600 toneladas evitadas— son comparables a los de otras grandes compañías europeas que han empezado a trasladar el coste de la descarbonización al eslabón primario. La diferencia es que aquí la mayoría de los agricultores aplica técnicas sin haber recibido compensaciones extra fuera del contrato con la empresa, lo que demuestra que la rentabilidad agronómica puede existir incluso en la fase de arranque.
El dato que lo cambia todo: las 20 000 toneladas de cereal regenerativo ya cubren el 100% de las papillas infantiles en España.
La letra pequeña importa. Los 12 millones de euros invertidos hasta ahora representan menos del 1% de la facturación de la filial española de Nestlé, pero su impacto se amplifica porque la reducción de emisiones se produce en el Scope 3, el más difícil de gestionar para cualquier gran consumo. Si el programa se extiende a otras geografías —y el objetivo corporativo es que el 20% de las materias primas clave provengan de fuentes regenerativas en 2025— el volumen de CO2e evitado podría multiplicarse.
No obstante, la promesa de emisiones netas cero para 2050 necesita hitos intermedios verificables. Nestlé ha fijado 2025 como primera foto del avance, pero por ahora solo ha comunicado los datos de la leche y el cereal en España. La transparencia sobre el resto de las materias primas será el verdadero test de si estamos ante un plan de descarbonización o ante un escaparate de buenas prácticas.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
Beneficio medible: 43.600 toneladas de CO2e evitadas en ganadería y un 40% de ahorro por tonelada en cereal certifican que la agricultura regenerativa descarboniza donde el impacto es mayor.
Modelo que cambia: La integración vertical del programa demuestra que una gran empresa puede financiar la transición del sector primario sin depender de subsidios, con resultados inmediatos en el Scope 3.
Para las próximas generaciones: El fomento del relevo generacional en las granjas y la conservación del suelo aseguran que la producción de alimentos no agote el recurso más escaso, mientras se forma a quienes lo trabajarán.
¿Qué ha pasado? El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reordenado su gabinete para proteger áreas estratégicas como Sanidad, Educación y Agricultura de la influencia de Vox, tras el pacto de investidura firmado el 2 de julio.
¿Quién está detrás? Juanma Moreno, con el respaldo de la cúpula del PP andaluz, ha situado a Antonio Sanz y Carolina España como vicepresidentes que flanquean al único consejero de Vox, Manuel Gavira.
¿Qué impacto tiene? La decisión asegura que las carteras más sensibles permanezcan en manos del PP, limitando el alcance real de Vox en el Ejecutivo autonómico y refrendando la «vía andaluza» de moderación frente a las presiones del Gobierno central.
Juanma Moreno ha reordenado su gobierno con una jugada de precisión quirúrgica: blindar las áreas estratégicas de la Junta de Andalucía frente a Vox sin romper el pacto de investidura que le garantiza la estabilidad parlamentaria. El anuncio, que se produce apenas diez días después de la firma del acuerdo, refuerza la idea de que los populares mantienen el control absoluto sobre las políticas clave.
La ‘operación sándwich’: Sanz y España flanquean a Gavira
El presidente andaluz ha situado al único consejero de Vox, Manuel Gavira —vicepresidente y responsable de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local—, entre dos figuras de de su máxima confianza. Por un lado, Antonio Sanz asume la vicepresidencia primera y mantiene la cartera de Presidencia, Sanidad y Emergencias; por otro, Carolina España ocupa la vicepresidencia tercera y continúa al frente de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de la portavocía del Gobierno. La disposición, que fuentes de San Telmo describen como un «cordón sanitario» político, limitan de facto el margen de maniobra de Gavira y le priva de interlocución directa con los centros de poder del Ejecutivo andaluz.
Sanz, que ya asumió Sanidad tras el fallo del programa de cribado de cáncer de mama, se consolida como el número dos del Gobierno y sustituto de Moreno en caso de ausencia. Carolina España, por su parte, es la encargada de defender la acción del Ejecutivo y elaborar los presupuestos autonómicos, una tarea que inquietaba al presidente ante el retraso en la firma del pacto. Ambos, junto a la estructura del PP, forman una pinza que garantiza que la «vía andaluza» —la marca de moderación y gestión que Moreno defiende— no se desvirtúe por las exigencias de su socio.
La elección no es casual. Ambos vicepresidentes cuentan con una trayectoria intachable dentro del partido: Sanz fue delegado del Gobierno en Andalucía y hombre clave en la transición desde el PSOE al PP en la comunidad; España, economista de formación, ha pilotado las cuentas públicas en los años más complicados de la crisis sanitaria y energética. Su peso político eclipsa al del consejero de Vox, cuyo departamento, pese al rimbombante nombre —Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local—, tiene competencias limitadas.
Áreas blindadas: Sanidad, Educación y Agricultura fuera del alcance de Vox
Más allá del flanqueo personal, Moreno ha asegurado que las carteras de mayor calado social queden en manos de consejeros del PP, alejándolas de cualquier tentación de injerencia por parte de la formación de Santiago Abascal. Sanidad, la principal preocupación de los andaluces, sigue bajo la responsabilidad de Antonio Sanz. Educación, que recupera su denominación tradicional —en lugar del anterior ‘Desarrollo Educativo y Formación Profesional’—, la dirige Carmen Castillo, dando continuidad a políticas como la gratuidad de la educación infantil, ya implantada en el curso pasado.
Agricultura, una de las consejerías más codiciadas por Vox en otras comunidades autónomas, permanece bajo el control de Ramón Fernández Pacheco. Las organizaciones agrarias habían reclamado estabilidad y la continuidad de las líneas de trabajo abiertas durante la anterior legislatura. Del mismo modo, Cultura queda fuera del ámbito de gestión de Vox y la seguirá dirigiendo Patricia del Pozo, otro peso pesado del PP andaluz.
Blindar las áreas sensibles no es solo una cuestión de poder: es la garantía de que la ‘vía andaluza’ no se desdibuje por las exigencias de un socio que nunca ha ocultado su deseo de marcar territorio.
La decisión de Moreno envía un mensaje nítido: el acuerdo con Vox es un mal necesario para garantizar la gobernabilidad, pero no condiciona la hoja de ruta del Ejecutivo. Como ha repetido el propio presidente en varias ocasiones, «el PP y Vox son partidos diferentes».
El Eje del Poder Popular
La operación de blindaje diseñada por Moreno no es un simple ajuste técnico. Es una declaración de fuerza hacia dentro y hacia fuera del partido. Hacia dentro, porque refuerza su liderazgo frente a cualquier tentación de Génova de tutelar las decisiones autonómicas desde Madrid. Hacia fuera, porque marca distancias con un socio de investidura que, a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana o en Extremadura, apenas ha logrado arañar poder real en el Ejecutivo andaluz.
En Valencia, Vox se hizo con la vicepresidencia primera y consejerías de peso como Cultura y Justicia; en Extremadura, el partido de Abascal condicionó la investidura con exigencias programáticas que llevaron al límite a la dirección nacional del PP. En Andalucía, en cambio, el desembarco de Vox ha sido mucho más modesto. Manuel Gavira maneja áreas de gestión limitada —Turismo, cierto— pero Justicia, por ejemplo, se reduce a la administración de medios personales y materiales, sin capacidad para nombrar jueces o fiscales, competencia exclusiva del Estado. La desregulación y la administración local son también materias con escaso margen para políticas rupturistas.
La lectura estratégica es clara: Moreno ha logrado lo que ningún otro barón territorial del PP en comunidades con presencia de Vox: mantener el control absoluto sobre las políticas que realmente importan al ciudadano. Sanidad, Educación, Agricultura, Economía y Hacienda seguirán gestionándose según los criterios del PP y de la «vía andaluza», una suerte de centrismo moderado que ha conseguido una mayoría amplia en las urnas y que el propio Feijóo ha convertido en espejo para el partido a nivel nacional.
Eso sí, el blindaje no exime de riesgos. La convivencia con Vox será tensa; Gavira intentará visibilizarse, y el Gobierno de Sánchez no dudará en explotar cualquier grieta. Pero por ahora, Moreno ha tejido una red de confianza tan densa que las fugas parecen improbables. El próximo hito será la elaboración de los presupuestos autonómicos para 2027, donde Carolina España deberá cuadrar las demandas de Vox sin desvirtuar la hoja de ruta del PP. Un examen de fuego para la ya asentada «vía andaluza».
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: El PP mantiene el control de las áreas estratégicas en Andalucía pese al pacto con Vox, demostrando que la «vía andaluza» es compatible con acuerdos puntuales sin ceder en lo esencial.
Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
Próximo hito: Elaboración y presentación de los presupuestos autonómicos para 2027, donde se pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para integrar las demandas de Vox sin renunciar a su hoja de ruta.
Decathlon tiene un secreto que muchos clientes ignoran: cada euro que gastas en la tienda se transforma automáticamente en puntos. No hace falta buscar cupones por internet ni esperar a un Black Friday. Basta con estar registrado como socio para que el descuento llegue solo, compra tras compra.
El programa se llama Decathlon Member y funciona de forma silenciosa en segundo plano. Por cada euro gastado, tanto en tienda física como en la web, se suman 10 puntos a tu cuenta, y esos puntos se convierten después en cheques descuento reales que se restan directamente del importe a pagar.
Cómo funciona el sistema de puntos de Decathlon
El mecanismo es más sencillo de lo que parece. Al registrarte en el programa recibes 100 puntos de bienvenida sin necesidad de comprar nada, un empujón inicial que ya te acerca al primer cheque disponible. A partir de ahí, cada compra suma puntos de forma automática si has iniciado sesión en tu cuenta.
También existen vías alternativas para acelerar el proceso. Escribir una reseña de un producto aporta 10 puntos adicionales, con un límite de 20 reseñas al año, y quienes registran su actividad deportiva en aplicaciones compatibles pueden sumar hasta 500 puntos semanales por practicar deporte con regularidad. Es, en cierto modo, una forma de que Decathlon premie tanto la fidelidad de compra como el estilo de vida activo de sus clientes.
El cheque de 10 euros y otras recompensas disponibles
Según recoge un reciente análisis publicado en Decathlon, la cadena francesa combina sus rebajas de temporada con el programa de fidelidad para maximizar el ahorro de quienes compran material deportivo con regularidad. La empresa, filial del Decathlon Member, factura más de 15.000 millones de euros al año y mantiene presencia en más de 70 países, lo que le permite sostener este tipo de programas de fidelización a gran escala.
Los tramos de canje están claramente definidos: con 1.800 puntos se desbloquea un cheque de 3 euros para compras desde 35 euros; con 3.000 puntos, uno de 5 euros para compras desde 60 euros; y con 6.000 puntos, el codiciado cheque de 10 euros, aplicable a partir de 120 euros de compra. Cada cheque generado tiene una validez de un mes desde que se desbloquea, así que conviene planificar la compra antes de que caduque.
Dónde consultar tus puntos y cómo canjearlos
Consultar el saldo es tan sencillo como entrar en el perfil de socio, ya sea desde la web de Decathlon o desde la aplicación móvil. Ahí aparece el número exacto de puntos acumulados y las ventajas que ya están disponibles para desbloquear, incluidos cheques descuento, sorteos y promociones con marcas colaboradoras.
El canje se hace en segundos: se selecciona la ventaja deseada, se revisan las condiciones asociadas y se pulsa el botón para activarla. El cheque queda entonces disponible en formato de código de barras, listo para escanearse en caja o introducirse en el proceso de pago online. Decathlon Member convierte así un gesto tan simple como identificarse al pagar en una fuente constante de pequeños ahorros.
Errores comunes que retrasan tu primer cheque
Muchos clientes acumulan puntos sin darse cuenta de que no los están aprovechando, y casi siempre el motivo es el mismo: olvidan iniciar sesión antes de pagar. En tienda física, esto significa escanear la cuenta en caja; en la web, simplemente estar identificado antes de completar el pedido.
Otro fallo habitual es dejar caducar los cheques ya generados, que solo tienen un mes de validez desde su desbloqueo. También conviene recordar que los puntos ganados por compras expiran a los 12 meses, mientras que los obtenidos por actividad deportiva caducan en solo tres meses si no se canjean a tiempo.
Verificar que la cuenta esté vinculada antes de cada compra, tanto online como en tienda
Revisar el saldo de puntos periódicamente desde la app para no perder oportunidades de canje
Canjear el cheque generado dentro del primer mes, antes de que pierda validez
Sincronizar apps deportivas compatibles (Strava, Garmin, Kiprun) para sumar puntos extra cada semana
Por qué este tipo de programas van a más
La tendencia en el retail deportivo apunta claramente hacia estos sistemas de fidelización basados en puntos, y Decathlon lleva ya varios años perfeccionando el suyo con actualizaciones periódicas en el catálogo de ventajas. La fórmula funciona porque no exige esfuerzo extra al cliente: el ahorro llega solo, sin necesidad de cazar cupones ni estar pendiente de fechas concretas.
Lo más razonable es esperar que estos programas sigan ampliando sus vías de acumulación, especialmente las ligadas a la práctica deportiva, un terreno donde Decathlon ya se diferencia de otras cadenas de retail. Para quien compra material deportivo con cierta frecuencia, activar la cuenta de socio y mantenerla identificada en cada compra es, sencillamente, dinero que de otra forma quedaría sobre la mesa.
La UE evalúa prohibir las redes sociales a menores de 13 años y exigir a las plataformas que prueben su seguridad, según una propuesta presentada hoy. Hoy te cuento los detalles del informe que un grupo de expertos creado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha entregado este lunes en Bruselas. La conclusión principal: la Unión debería armonizar sus normas para restringir el acceso de los niños a las redes, con un enfoque gradual que va desde el veto total a las pantallas hasta los 3 años, pasando por una navegación supervisada hasta los 13. A partir de esa edad, las plataformas tendrían que demostrar que son espacios seguros para los adolescentes.
El enfoque gradual que los expertos defienden
El grupo asesor, liderado por los profesores Jorg Fegert y Mari Melcior, propone una hoja de ruta escalonada. Tal y como recoge el informe, no se trata de una prohibición absoluta para todos los menores. La primera fase excluye por completo las pantallas hasta los 3 años. Después, entre los 3 y los 13 años, se permitiría un uso limitado y siempre bajo la supervisión de padres, tutores o profesores. A partir de los 13, se abriría la puerta a la navegación sin supervisión, pero solo si la plataforma demuestra que su entorno es seguro y adecuado para la edad del usuario.
La ciencia detrás de la propuesta y la postura de Von der Leyen
Según el documento, no hay evidencia científica de que las redes sociales aporten beneficios a los menores de 13 años, mientras que sí aumentan los riesgos de daños psicológicos, adicción y exposición a contenidos inapropiados. Los investigadores identifican la franja de los 10 a los 13 años como la «más vulnerable». Von der Leyen, en la presentación del informe, ha comparado la navegación en redes sin control con entregar las llaves del coche a un menor sin carné. «Corresponde a las plataformas demostrar que son seguras; solo entonces se abre esa puerta a partir de los 13», ha declarado. La presidenta ha evitado confirmar si propondrá una edad mínima europea vinculante, aunque ha adelantado que su Colegio de Comisarios estudiará el documento y preparará una propuesta legislativa para después del verano.
La propuesta no parte de cero. Ya el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) fija en 16 años la edad para que un menor pueda consentir el tratamiento de sus datos, aunque permite a los Estados miembros rebajarla hasta los 13. España, por ejemplo, la mantiene en 14 años. Esta nueva iniciativa buscaría unificar criterios y reforzar la protección, especialmente frente a los algoritmos y los riesgos de adicción. Puedes consultar los detalles del marco actual en la entrada de Wikipedia sobre el RGPD.
Fuentes comunitarias insisten en que el grupo no defiende una «prohibición global», sino ayudar a que el menor disponga de herramientas para un Internet adaptado a cada fase. «Se trata de que los niños tengan una experiencia digital adecuada a su edad», explican.
El consenso entre los expertos es claro: la responsabilidad de demostrar la seguridad recae en las plataformas, no en los padres. Von der Leyen considera que el statu quo actual es insostenible.
El impacto para España y el tablero europeo
Para España, la armonización europea supondría un cambio significativo, ya que actualmente la edad de consentimiento digital está en 14 años y no existe una prohibición legal de acceso a redes sociales por debajo de esa edad. Una norma comunitaria unificaría el criterio en los 13 años, obligando a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad mucho más robustos. A nivel europeo, la propuesta podría integrarse en la revisión de la Ley de Servicios Digitales, que ya exige a las grandes tecnológicas evaluar riesgos para los menores. Países como Francia y Países Bajos ya han avanzado legislación similar, por lo que el movimiento de Von der Leyen busca capitalizar ese impulso y evitar una fragmentación del mercado único digital.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? Un grupo de expertos creado por Ursula von der Leyen propone prohibir las redes sociales a menores de 13 años y exigir a las plataformas que demuestren su seguridad.
👤 ¿Quiénes están implicados? La presidenta de la Comisión Europea, los profesores Jorg Fegert y Mari Melcior, y los Estados miembros que deberán armonizar sus normas.
⏭️ ¿Qué pasa ahora? El Colegio de Comisarios estudiará el informe durante el verano y Von der Leyen preparará una iniciativa legislativa en otoño.
