El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido la legalidad del decreto de aplazamiento de las elecciones previstas para el 14F, tras su suspensión cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y ha dicho que el Govern seguirá tomando las medidas necesarias para que los catalanes puedan votar con «toda la seguridad sanitaria».
En una entrevista este martes en TV3, ha subrayado que el aplazamiento se decidió por consenso y de acuerdo con informes jurídicos sanitarios: «Estamos tranquilos en tanto que defendiendo la salud de la ciudadanía».
Ha sostenido que su objetivo es «que nadie tenga miedo de ir a votar» por riesgo de contagio, en el escenario de una tercera ola que afecta a la capacidad asistencial y que puede dar lugar a confinamientos que impidan a la personas ir a votar, ha dicho.
«Si somos herederos de un Govern que está encarcelado y en el exilio por el derecho a voto, también lo haremos para defender el derecho de voto con toda la seguridad sanitaria», pero ha añadido que la decisión final y la responsabilidad que conlleva están en manos del TJSC.
ILLA Y EL PSC
Aragonès ha lamentado que se cuestione el aplazamiento de los comicios al Parlament, y no el de las elecciones en Galicia y Euskadi: «Cuando se trata de Catalunya, la justicia siempre tiene otro sesgo».
Ha dicho que le sorprende que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esté «planteando poder avanzar el toque de queda pero mira hacia otro lado cuando se podría producir una movilización de 5 millones de personas» en los colegios electorales.
Y ha acusado al PSC de «instigar» a entidades afines a presentar los recursos para parar los comicios, a su juicio, por motivos electorales que no tienen en cuenta los intereses generales, algo ante lo que ha afirmado estar indignado.
SOBRE DIMITIR
Preguntado por posibles dimisiones por el decreto cautelarmente suspendido, ha mantenido que el Govern lo adoptó tras deliberar y que asumen todas las «responsabilidades» al respecto.
Y ha añadido que la Generalitat tomará las decisiones necesarias para proteger a la ciudadanía ante la Covid-19, aunque sean impopulares, sin que les «tiemble el pulso».
