El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el real decreto que formaliza el traspaso de funciones y servicios de la sanidad penitenciaria a Navarra.
El acuerdo inicial entre el Gobierno de España y el de Navarra se tomó el pasado 2 de junio, en la Junta de Transferencias.
Mediante la aprobación del real decreto, a partir del 1 de agosto, la Comunidad foral ejercerá, dentro de su ámbito territorial y para el centro penitenciario ubicado en Pamplona, las funciones de asistencia sanitaria (incluidas las de índole médico-legal) establecidas en la legislación penitenciaria.
Este ejercicio deberá garantizar los derechos de los internos como usuarios de los servicios de salud, la accesibilidad de este colectivo a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso.
Seguirán siendo ejercidas por la Administración del Estado la coordinación general de la sanidad penitenciaria en el marco de la garantía de equidad y calidad en el acceso a las prestaciones de la cartera de servicios de la sanidad penitenciaria y la elaboración de estadísticas para fines estatales en el ámbito de la sanidad penitenciaria.
Para garantizar la coordinación del ejercicio de sus funciones respectivas en el ámbito penitenciario, el Ministerio del Interior y el departamento correspondiente del Gobierno de Navarra constituirán una Comisión de Coordinación y una Comisión Técnica de Seguimiento del centro penitenciario.
El acuerdo también contempla el traspaso a la Comunidad foral de diez efectivos de personal funcionario y laboral, adscritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Finalmente, conforme al régimen de convenio económico entre el Estado y la Comunidad foral de Navarra, este acuerdo comporta la valoración a nivel nacional de las cargas asociadas al traspaso que asciende a 131.339.227,17 euros.
A este montante se le aplica un índice de imputación fijado actualmente en dicho convenio económico en el 1,6%, por lo que resulta que la Comunidad foral minorará en 2.101.427,63 euros la aportación por la que contribuye a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas.
Junto a Navarra, hasta el momento esta competencia solo la asumen, tras así haberlo solicitado, Cataluña y el País Vasco.
