La portavoz del Govern catalán, Patricia Plaja, ha anunciado este martes que la Generalitat se personará como acusación popular en todos los procedimientos que se hagan ante Fiscalía y la justicia relacionados con el espionaje a líderes independentistas.
En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha destacado que personándose en estas causas buscan que los responsables de este espionaje «asuman las responsabilidades que les corresponden» y proteger a los servidores públicos.
Plaja ha defendido que han tomado esta decisión por «convicción y por obligación estatutaria», y ha asegurado que los servicios jurídicos del Govern están trabajando para fundamentar con rigor todas las querellas relacionadas con este asunto.
Según ella, el Estatut establece que los poderes públicos de Catalunya deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos «sean reales y efectivas», y deben fomentar que las tecnologías de la información se pongan al servicio de los ciudadanos y no afecten negativamente en sus derechos.
Plaja ha aclarado que el hecho de personarse en estas causas no quiere decir que la Generalitat no presentará las denuncias que crea oportuno sobre el caso Pegasus: «Son dos vías diferentes», después de que la semana pasada el Ejecutivo anunciara que denunciaría el asunto en todas las instancias.
Ha asegurado que el gabinete jurídico de la Generalitat está trabajando de manera prioritaria en recopilar las pruebas necesarias para decidir qué querella presentar «de manera fundamentada, con pruebas e indicios».
En este sentido, también están estudiando cómo presentar la querella individual del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aunque ha avisado de que no es una cuestión de «hacerlo más rápido, sino de hacerlo mejor».
Al ser preguntada por si la Generalitat también se personará en la causa del espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contestado que «no se descarta» y que se está estudiando cada caso.
500 ALTOS CARGOS
Además, la portavoz del Ejecutivo catalán ha explicado que la Agència de Ciberseguretat está revisando los dispositivos móviles de al menos 500 altos cargos de la Generalitat para analizar la seguridad de sus teléfonos.
Ha señalado que hay la «sospecha» de que podrían haber más afectados por el espionaje pero todavía no tienen la certeza, aunque ha avisado de que no es una cuestión de cuántos afectados haya porque cree que si fueran quince en lugar de 65 sería igual de grave.
