Las nuevas condiciones para el Turno de Oficio aprobadas por la Comunidad de Madrid han sido del agrado de los profesionales. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera que las nuevas medidas por las que se actualizan los módulos y las cuantías relativas a la subvención de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, el Turno de Oficio, son positivas, aunque solicita que se amplíen y se mantengan en el tiempo. Con ello, la Comunidad de Madrid cerca la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre el ministro Félix Bolaños, que tiene pendiente reformar este aspecto.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aseguró hace menos de un mes en el Senado que el Gobierno reformará el reglamento de la Asistencia Jurídica Gratuita en el sentido de las demandas formuladas por el Consejo General de la Abogacía «cuanto antes». Durante la sesión de control al Ejecutivo y respondiendo a una pregunta de la senadora de UPN Mar Caballero, Bolaños manifestó que el que los abogados del Turno «tengan una remuneración justa, unos honorarios adecuados a la labor que hacen es desde luego una necesidad».
LA ABOGACÍA RECLAMA EL PAGO HOMOGÉNEO EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL TURNO DE OFICIO
La Abogacía reclama una nueva Ley de Asistencia Jurídica y Defensa Universal que contemple el pago homogéneo en todas las comunidades de todas las actuaciones realizadas por los abogados del turno de oficio por designación colegial o requerimiento judicial.
En las VIII Jornadas de Justicia Gratuita, celebradas el 18 y 19 de abril en Valladolid con la participación de 200 profesionales de la abogacía, se sentaron las bases para la futura norma que sustituirá a la actual de 1996 y cuyo contenido ya está negociando la Abogacía con el Gobierno para mejorar las condiciones en las que se presta este servicio esencial.
En las conclusiones se señala que la nueva norma «debe respetar el modelo actual de asistencia jurídica gratuita y tener en cuenta principalmente a la Abogacía que gestiona y presta el servicio». Y destaca la necesidad de «homogeneizar para todo el territorio nacional un elenco mínimo de las actuaciones procesales y extraprocesales en las que intervienen los profesionales de la abogacía en materia de justicia gratuita que son susceptibles de contraprestación económica».
Además se reclama que se fijen «criterios suficientes, sostenibles y equilibrados, sobre la financiación de este servicio público, de tal forma que cuenten con cobertura presupuestaria los costes del mismo».
Y en ese sentido se pide que se introduzca «el criterio de pago universal al profesional de la abogacía por el cual se garantizaría la contraprestación en todas las actuaciones realizadas por designación colegial -a través del turno de oficio- o por requerimiento judicial, y ello aun cuando el justiciable no sea acreedor del derecho a la justicia gratuita, o le sea denegado -y éste no haya abonado los honorarios del profesional-».
La cuestión del incremento de los baremos se recoge también, ya que se pide que se introduzcan criterios «para la actualización de las compensaciones y pagos que al menos contemplen las modificaciones del IPC anual».
Asimismo, se reclama que se amplíen los servicios de asesoramiento jurídico inicial y gratuito a determinados sectores, como a las mujeres ante cualquier supuesto de violencia, a presos, inmigrantes y supuestos de protección internacional.
LA COMUNIDAD DE MADRID INCLUYE UN INCREMENTO DEL 4% EN TODOS LOS BAREMOS
Las medidas impulsadas por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración local de la Comunidad de Madrid, incluyen por primera vez un incremento lineal, que será del 4%, en todos los baremos e incorporan nuevas actuaciones.
En concreto, se incluyen como nuevas actuaciones a efectos de pago la Orden de Alejamiento del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la doble condición por acusación/defensa, la demanda reconvencional, la doble condición por demandante/demandado y el recurso de apelación contra el auto de prisión y contra las medidas de internamiento en Juzgados de Menores.
Además, se extiende a todas las jurisdicciones la aplicación de algunos módulos hasta ahora limitados, como la ejecución de títulos judiciales, las visitas a prisión y los casos de especial complejidad.
«Es esencial que las negociaciones continúen y que se implementen mejoras adicionales en futuras regulaciones para asegurar que el sistema de justicia sea accesible y equitativo para todos los ciudadanos»
Estas medidas se interpretan desde el ICAM como un avance significativo en el reconocimiento del trabajo esencial que realizan los abogados de oficio. Sin embargo, la institución colegial estima que son solo un primer paso en el marco de un diálogo constructivo para garantizar mejoras continuas y sustanciales en las condiciones de los profesionales que desempeñan este papel tan crucial en el sistema de justicia.
Así lo ha reconocido el diputado del ICAM responsable de Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo. «Agradecemos que la Comunidad de Madrid haya atendido nuestras peticiones. Es significativo que se incorporen las nuevas actuaciones y que, por primera vez, se comprometa a una subida lineal de todos los baremos. Aunque reconocemos que estos avances son insuficientes, valoramos positivamente este esfuerzo inicial. Es crucial que este compromiso no sea puntual y se mantenga a lo largo del tiempo con incrementos anuales».
En el marco de las negociaciones abiertas con el Gobierno regional, el ICAM sigue comprometido con su objetivo de luchar por incrementos lineales que además de poner en valor la labor realizada por los abogados de oficio, aseguren su justa remuneración.
«Estamos avanzando, pero no debemos lanzar campanas al vuelo», añade Mayllo. «Es esencial que las negociaciones continúen y que se implementen mejoras adicionales en futuras regulaciones para asegurar que el sistema de justicia sea accesible y equitativo para todos los ciudadanos».
EL NUEVO BAREMO DE MADRID PARA EL TURNO DE OFICIO
Por eso el Colegio de Abogados de Madrid ha agradecido a la Comunidad de Madrid este gesto inicial y reitera su disposición a seguir colaborando de manera constructiva para mejorar las condiciones del turno de oficio. De acuerdo a lo establecido en la Orden, el nuevo baremo se aplica a todas las actuaciones justificadas desde el 1 de enero y los nuevos módulos se aplicarán a todas las actuaciones efectivamente realizadas desde el 1 de enero de 2024.
Según el baremo del turno de oficio en un procedimiento penal el tribunal del jurado ha pasado de cobrar 600 a 624 euros. En un procedimiento civil por un juicio ordinario se cobran 416 euros frente a los 400 de antes y por una liquidación de herencia 312 euros (antes 300,51 euros). En un procedimiento contencioso-administrativo los precios han subido hasta 125,01 por la vista previa y a 312,53 por el recurso. En un procedimiento laboral el baremo ha subido hasta 234 euros y 176,80 por el recurso. Además, por el servicio de asistencia al detenido o preso se pagará 228,80 euros frente a 220 que se ganaba antes.
