EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Un informe de la ONIF, incorporado al caso Plus Ultra y filtrado por el diario Público, señala que los gobiernos de Madrid y Andalucía abonaron 192.000 euros a empresas de Julio Martínez, presunto testaferro de Zapatero.
- ¿Quién está detrás? La información procede del sumario judicial y la amplifica un medio históricamente hostil a los ejecutivos de Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla.
- ¿Qué impacto tiene? El PP defiende la legalidad de todos los contratos y denuncia una campaña de desgaste contra dos de sus barones con mejor valoración electoral.
Un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) incorporado al sumario del caso Plus Ultra revela que la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía abonaron al menos 192.000 euros a sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, señalado como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. La noticia, aireada este lunes por el diario Público, ha puesto a dos de las administraciones más emblemáticas del PP en el centro de un huracán mediático que Génova interpreta como una operación política.
Un informe de la ONIF, aireado por un medio afín a La Moncloa
El documento, fechado el 25 de febrero y al que ha tenido acceso exclusivo Público, recoge que Madrid Digital abonó 96.753,02 euros en 2023 y otros 32.436 euros en 2024, lo que suma 129.189,68 euros. A esa cifra se añaden 50.106 euros pagados por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en 2023 y 62.307 euros desembolsados por la Junta de Andalucía entre 2020 y 2024. En total, los 192.000 euros que el sumario atribuye a los ejecutivos de Isabel Díaz Ayuso y de Juanma Moreno Bonilla.
Sin embargo, las fuentes consultadas por esta redacción matizan dos extremos. El primero, que el NIF de la Junta de Andalucía que figura en el informe es un identificador genérico de la administración autonómica, no uno ligado a un contrato singular con las empresas investigadas. El segundo, que ni el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ni la ONIF han cuestionado la legalidad de las adjudicaciones. El foco de la instrucción sigue siendo la presunta trama de tráfico de influencias que habría tejido el expresidente socialista, no los pagos de las comunidades gobernadas por el PP.
Los pagos detallados
El informe recoge que Madrid Digital, organismo encargado de la transformación tecnológica de la región, abonó 96.753,02 euros en 2023 y 32.436 euros en 2024 a una sociedad del entramado de Julio Martínez. A eso se suman 50.106 euros pagados en 2023 por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid se limitan a señalar que cualquier contrato se ajustó a la Ley de Contratos del Sector Público y que, en caso de que el juez requiera documentación, se entregará de inmediato.
La Junta de Andalucía, por su parte, figura como pagadora de 62.307 euros entre 2020 y 2024. Fuentes del gobierno andaluz precisan que el NIF que aparece en el expediente es un código agregado, no vinculado a un centro de gasto concreto, y que están revisando los asientos contables para determinar si existió un contrato directo con las sociedades de Julio Martínez o si se trata de cargos imputados a terceros proveedores con los que la Junta trabajó de forma rutinaria.
El contrato con Aldesa: un proceso de licitación ordinario
El diario
Público
intenta vincular estos pagos con otra adjudicación de la Comunidad de Madrid: las obras de renovación de la superestructura de vía de la Línea 1 del Metro, en el tramo Atocha-Valdecarros. La UTE Valdecarros, participada en un 65 % por el Grupo Aldesa, se adjudicó el contrato en febrero de 2023 por un importe inicial de 15,75 millones de euros, que tras dos modificados alcanzó los 19 millones.
La licitación, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, fue un procedimiento abierto y transparente, con otras dos uniones de empresas que compitieron por el mismo lote. Las ampliaciones de plazo —ocho meses más allá de la fecha prevista de febrero de 2024— no fueron imputables a la contratista, según consta en los documentos de la Plataforma de Contratación de Madrid. Que Aldesa aparezca mencionada en el auto no implica en modo alguno una irregularidad en la adjudicación, sino que el grupo constructor figura entre las entidades analizadas por el juez en su instrucción sobre la presunta intermediación de Zapatero a favor de Plus Ultra.
El Eje del Poder Popular
El ruido generado por la filtración tiene tres destinatarios evidentes: los presidentes de las dos comunidades más pobladas gobernadas por el PP. Tanto Ayuso como Moreno Bonilla encabezan todas las encuestas y representan, hoy por hoy, el contrapeso territorial más sólido al Gobierno de coalición. La estrategia que detectamos en Génova es clara: resistir sin entrar en el cuerpo a cuerpo que busca el adversario y poner el foco sobre la verdadera naturaleza del sumario.
“Aquí no hay un ‘caso PP’. Hay una investigación que apunta a un expresidente del PSOE y que, de rebote, menciona pagos legales de administraciones que funcionan con escrupulosa transparencia”, resumió ayer un dirigente de la cúpula popular. Esa va a ser la línea argumental que compartirán todos los portavoces territoriales. En la cumbre de presidentes autonómicos del PP celebrada en Toledo el pasado mes de abril ya se abordó la necesidad de blindar los procedimientos de contratación y de anticiparse a cualquier intento de intoxicación judicial.
Las comunidades populares superan con holgura el 60 % del PIB nacional. Desestabilizar a sus líderes con informes parciales y titulares rotundos es, según el análisis de la dirección nacional, la respuesta de un Gobierno que no logra competir en el terreno de la gestión. La solvencia fiscal y administrativa de Madrid y Andalucía, reconocida por la AIReF y por las agencias de rating, es el mejor escudo frente a acusaciones que, por el momento, no van acompañadas de ningún reproche penal a los gobiernos autonómicos.
La investigación judicial no señala irregularidad alguna en los contratos de las administraciones populares; señala, en todo caso, la presunta trama de un ex presidente socialista.
No obstante, el riesgo reputacional es real. Cualquier mención en un sumario, por tangencial que sea, obliga a los equipos de comunicación a desplegar un esfuerzo adicional para explicar lo evidente: que un pago registrado en una contabilidad oficial no equivale a un acto ilícito. La prudencia con la que los gabinetes de Madrid y Andalucía están manejando la información hasta disponer de todos los datos sugiere que la apuesta es por la clarificación y no por la confrontación inmediata.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Transparencia y legalidad ante un ataque político que busca embarrar la gestión impecable de las comunidades del PP.
- Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) y Juanma Moreno Bonilla (presidente de la Junta de Andalucía).
- Próximo hito: Comparecencia en las respectivas asambleas autonómicas una vez que los servicios jurídicos hayan analizado la totalidad del sumario.
