EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición de ley orgánica que obliga a los presos de ETA a pedir perdón de forma expresa y pública para obtener beneficios penitenciarios como el tercer grado y blinda a las víctimas para recurrir esas decisiones.
- ¿Quién está detrás? La iniciativa está impulsada por la vicesecretaria de políticas sociales del PP, Cuca Gamarra, y cuenta con el respaldo de Alberto Núñez Feijóo y de la mayoría absoluta del PP en el Senado.
- ¿Qué impacto tiene? La ley, de aprobarse, supondría un freno a la política penitenciaria del Gobierno vasco, que ya ha concedido 149 terceros grados y 61 libertades condicionales a exmiembros de ETA, y refuerza la voz de las víctimas ante los tribunales.
El Grupo Parlamentario Popular ha puesto este miércoles sobre la mesa del Congreso una medida largamente reclamada: una proposición de ley orgánica para endurecer los requisitos de acceso al régimen penitenciario para los condenados por delitos de terrorismo, en particular los exmiembros de ETA. La iniciativa, registrada el pasado 14 de mayo y respaldada por la cúpula del partido, exige una “declaración expresa, pública e inequívoca de perdón” como condición para conseguir el tercer grado o la semilibertad y otorga a las víctimas el derecho a recurrir cualquier medida que relaje el cumplimiento de las penas.
Perdón explícito y un nuevo protagonismo para las víctimas
La reforma, que modifica el Estatuto de la Víctima, impone un requisito hasta ahora ausente: que el terrorista solicite por escrito y en audiencia pública el perdón de las víctimas, sin el cual no podrá beneficiarse de las salidas progresivas de prisión. “No se trata de una cuestión de arrepentimiento verbal, sino de una manifestación clara y jurídicamente vinculante”, subraya el texto, firmado por la portavoz Ester Muñoz e impulsado por la vicesecretaria Cuca Gamarra.
Además, las víctimas adquieren un papel activo que hasta ahora no tenían. Podrán personarse ante el juez de vigilancia penitenciaria para oponerse a la concesión del tercer grado o de la semilibertad. Este blindaje procesal, según fuentes del GPP, pretende “corregir el déficit de protección que sufren quienes padecieron la violencia terrorista y ven cómo sus verdugos reciben beneficios sin el menor gesto de contrición”.
El contexto: la política del Gobierno vasco y el bloqueo parlamentario
La iniciativa del PP aterriza en un momento de especial crispación en el País Vasco. Las salidas de presos como Txeroki —puesto en semilibertad gracias a la flexibilización del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario— han reavivado las protestas de asociaciones como la AVT y Covite. Según datos que maneja el GPP, se han contabilizado 149 terceros grados —acordados en su mayoría por la administración vasca—, 61 libertades condicionales y alrededor de 20 semilibertades vinculadas al artículo 100.2. Varias de estas decisiones, como las concedidas a los históricos Anboto o Gadafi, han sido después revocadas por los tribunales a instancias de la Fiscalía.
El perdón, en este caso, no lo otorga el Gobierno vasco: lo exige la ley.
La propuesta popular tendrá que lidiar con la resistencia del Congreso, donde el bloque de investidura suele rechazar cualquier medida que apunte a una mayor dureza penitenciaria con los miembros de la banda armada. La última iniciativa que intentó llegar a la Cámara Baja, impulsada por UPN para impedir que exetarras vieran reconocida su actividad como mérito para la docencia, fue vetada con los votos en contra de los grupos que sostienen al Gobierno. La portavoz del PSN navarro llegó a acusar en 2024 al PP de “utilizar los trámites para difamar a las y los socialistas”.
El Ministerio del Interior, por su parte, se escuda en que la mayoría de las competencias penitenciarias son autonómicas. La realidad, sin embargo, es que cuando la polémica escala a los juzgados, las decisiones de la Ejecutiva vasca suelen corregirse. A eso se suma que el Senado, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado sin éxito varias mociones reclamando al Gobierno “el máximo rigor y respeto a la legalidad vigente” en esta materia. El nuevo texto legislativo aspira a abrirse paso esta vez con un giro en el debate.
La exigencia de un perdón público y explícito no es un formalismo: es la línea roja que las víctimas y los tribunales han venido reclamando sin que el Ejecutivo vasco la haya asumido.
El Eje del Poder Popular
En Génova la iniciativa se lee en clave de política de Estado y, al mismo tiempo, como un movimiento útil para cohesionar al partido y atraer a un electorado que exige firmeza frente a lo que considera privilegios a los condenados por terrorismo. “El PP siempre ha estado del lado de las víctimas —recuerdan fuentes de la cúpula— y ahora, con la mayoría de las competencias penitenciarias transferidas, toca poner el contrapunto legislativo”. La propuesta, sin embargo, no deja de ser un órdago al Gobierno de coalición: si el Congreso vuelve a tumbar la reforma, el Senado popular podrá vetar la ley y devolverla al punto de partida, alargando el desgaste parlamentario de La Moncloa.
En el plano territorial, el foco está en el País Vasco y Navarra. Aunque el PP no gobierna en esas comunidades, la iniciativa resuena con fuerza en los municipios y en las asociaciones de víctimas, tradicionalmente cercanas al centro-derecha. Además, la reforma del Estatuto de la Víctima afecta a todo el territorio nacional, por lo que un alcalde popular en cualquier ciudad española podrá reclamar su aplicación. La dirección nacional confía en que este tipo de propuestas no solo refuercen el mensaje de “ley y orden” sino que también conecten con una sociedad que, según los sondeos, sigue considerando a ETA como una lacra abierta.
El precedente histórico es claro: durante los gobiernos de Aznar y Rajoy, el PP impulsó el Pacto de las Libertades contra el Terrorismo y la política de dispersión de presos. Aquella estrategia fue maltratada por el Ejecutivo actual y ha sido sustituida por acercamientos y traslados masivos. Ahora, la proposición de ley devuelve al partido a un terreno que domina y donde la grieta con el Ejecutivo es máxima. El riesgo inmediato es que la izquierda logre bloquear la tramitación en la Comisión de Justicia, pero la dirección parlamentaria popular ya maneja la opción de presentar enmiendas que obliguen a la mayoría a retratarse.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: “Defensa de las víctimas del terrorismo y de la legalidad penitenciaria frente a los beneficios otorgados por el Gobierno vasco a los condenados por ETA”.
- Protagonista: Cuca Gamarra (vicesecretaria de políticas sociales del PP e impulsora de la iniciativa)
- Próximo hito: Calificación de la proposición por la Mesa del Congreso y su posterior debate en la Comisión de Justicia, donde el PP espera que el Senado popular actúe de contrapeso si el Congreso la rechaza.
