EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Blasket ha registrado una de las sentencias que condenan a España a pagar 688 millones de euros en trece distritos judiciales donde la Selección podría jugar el Mundial 2026.
- ¿Quién está detrás? El fondo estadounidense Blasket, asesorado por King & Spalding, adquirió los laudos de arbitraje derivados del recorte de primas a las renovables.
- ¿Qué impacto tiene? Eleva la presión para cobrar la deuda y amenaza con embargos a proveedores de la Selección durante el mayor escaparate global.
El fondo estadounidense Blasket ha dado un paso legal que convierte el Mundial de Fútbol 2026 en la peor pesadilla financiera para España. Ha registrado una de las sentencias firmes que condenan al país a pagar 688 millones de euros en trece tribunales federales de distrito donde la Selección Española podría disputar partidos. La maniobra, adelantada por Expansión y confirmada por fuentes judiciales consultadas por Merca2.es, busca cobrar los laudos arbitrales derivados del recorte de primas a las renovables que el Gobierno aplicó hace una década.
El movimiento se produce apenas 48 horas antes del inicio del torneo, con el combinado nacional ya confirmado en Atlanta y México. Blasket ha analizado todos los cruces posibles: desde octavos hasta una hipotética final. “Hemos registrado la sentencia en los trece estados que pueden acoger a España para adelantarnos a cualquier combinación de fechas y sedes”, explicó un portavoz a esta redacción. Es la primera vez que un fondo litigante usa el calendario deportivo como palanca de cobro.
Los laudos proceden del varapalo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) propinó a España por el tijeretazo a las primas de las renovables en 2013. Blasket ha ido comprando derechos de cobro y ya ejecutó embargos menores, como el del Instituto Cervantes de Utrecht. Ahora, el foco está en los flujos de patrocinio, logística y derechos de televisión que orbitan alrededor del equipo de De la Fuente.
La ofensiva legal y el Mundial como palanca
La estrategia no es nueva. Hace meses, el fondo requirió a proveedores como Adidas y la cadena Hilton información sobre los pagos vinculados a la participación de España. El objetivo es identificar flujos económicos susceptibles de embargo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha respondido enviando escritos en los que se desliga de la controversia, insistiendo en que es un ente privado independiente del Estado. Pero los tribunales estadounidenses pueden no verlo igual si consideran que la Federación actúa como instrumento del Reino de España.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que “cualquier intento de embargo requerirá un procedimiento en el que España podrá defender sus intereses”. En la práctica, la Abogacía del Estado deberá presentar alegaciones en cada distrito, con el riesgo de que un juez autorice medidas cautelares durante el torneo. El impacto reputacional sería demoledor: ver pabellones o cuentas bancarias bloqueadas en pleno Mundial proporcionaría a Blasket una vitrina global de presión.
Detrás de este pulso se esconde el eterno conflicto del Tratado de la Carta de la Energía, que ha permitido a inversores extranjeros reclamar compensaciones millonarias por cambios regulatorios. España acumula una treintena de laudos desfavorables, con una exposición total que supera los 1.500 millones de euros. Hasta ahora, el Gobierno ha optado por no pagar y recurrir, una estrategia que ha funcionado con otros acreedores pero que Blasket está decidido a romper.
La coyuntura del Mundial 2026 convierte un litigio de más de una década en un problema con escaparate global. Blasket ha encontrado el momento perfecto para tensar la cuerda.
El calendario judicial ya está en marcha. La sentencia ha sido registrada en tribunales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas, California y otros tres estados. Si la Selección avanza, cada eliminatoria podría activar un procedimiento distinto. Para España, la cuenta atrás ha comenzado.
El Eje del Poder Europeo
La crisis de los laudos renovables no es un problema español aislado. Italia, República Checa y Eslovenia también enfrentan reclamaciones multimillonarias por cambios en sus políticas energéticas. Pero España concentra el mayor número de condenas, lo que la convierte en el laboratorio de pruebas para los fondos de litigación. La Comisión Europea ha intentado poner orden: en 2024 impulsó la salida coordinada de la UE del Tratado de la Carta de la Energía, pero el proceso es lento y no afecta a los laudos ya emitidos.
En Bruselas, la lectura es doble. Por un lado, se teme que el caso Blasket siente un precedente que aliente a otros inversores a seguir la misma táctica durante eventos internacionales. Por otro, se reconoce que la negativa sistemática de España a pagar los laudos —avalada por el Tribunal de Justicia de la UE tras el fallo Achmea— choca con la realidad de los tribunales de terceros países, donde la inmunidad soberana es más débil. El eje París-Berlín observa con preocupación: si España cede ahora, se abrirá la veda para docenas de reclamaciones.
Para el Gobierno de Sánchez, la factura de 688 millones equivale a cerca del 0,5% del gasto público anual, una cifra nada desdeñable cuando Bruselas acaba de reactivar las reglas fiscales. A eso se suma el coste político: el Mundial 2026 es la primera gran cita deportiva tras la Eurocopa ganada en 2024, y cualquier imagen de embargo empañaría la marca España. Fuentes de Moncloa consultadas por Merca2.es insisten en que “no habrá pago a los fondos buitre”, pero reconocen que la presión será máxima si algún juez estadounidense bloquea cuentas federativas.
El precedente histórico está en la crisis del petróleo de los años 70, cuando varios países intentaron embargar bienes de Estados soberanos durante eventos globales. Entonces, la diplomacia prevaleció. Ahora, con un Mundial como telón de fondo, la capacidad de Blasket para forzar una negociación dependerá de la paciencia de los tribunales. El final del torneo, el 19 de junio, no será necesariamente el final del litigio, pero sí puede marcar un antes y un después en la ejecución de laudos contra Estados en eventos internacionales.
