La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cuantificado en más de 300.000 euros los beneficios obtenidos por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su familia entre 2015 y 2024, según un informe oficial de 162 páginas entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
La investigación, enmarcada en la causa que investiga la presunta red corrupta en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, señala que Cerdán obtuvo ‘fuentes de ingresos’ no declaradas y que él y su entorno familiar pudieron embolsarse 323.178,41 euros por diferentes vías. El informe de la UCO ha analizado una década de movimientos patrimoniales y aporta indicios de pagos irregulares a través de la empresa Servinabar, vinculada al entorno del exdirigente socialista.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La UCO de la Guardia Civil ha entregado un informe que cifra en 323.178,41 euros los beneficios de Santos Cerdán y su familia procedentes de la trama corrupta del Ministerio de Transportes.
- ¿Dónde y cuándo? La investigación se centra en adjudicaciones amañadas entre 2018 y 2021 y movimientos bancarios desde 2014 hasta junio de 2025, analizados por la UCO.
- ¿Qué resultado? El informe detalla pagos de alquileres, sueldos a familiares, renting de vehículos y el uso de tarjetas de empresa, y destaca que Servinabar recibió el 87% de sus ingresos de la constructora Acciona.
El Informe de la UCO: 162 Páginas de Análisis Patrimonial
La UCO rastreó los movimientos de las cuentas bancarias de Santos Cerdán desde 2014, cuando era diputado en el Parlamento de Navarra, hasta su ingreso en prisión provisional en junio de 2025 por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Los agentes destacan un cambio operativo: hasta 2018 retiraba anualmente más de 10.000 euros en efectivo, pero a partir de 2019 prácticamente dejó de hacerlo, pese a mantener el nivel de gasto con tarjetas. Este patrón, unido al ingreso en metálico de 18.261,56 euros de origen desconocido entre 2014 y 2017, apunta a ‘una fuente de financiación alternativa’, según el informe.
El analisis de las liquidaciones de gastos presentadas por Cerdán al PSOE y al Congreso reveló discrepancias significativas, especialmente en 2020, cuando reclamó gastos cuatro veces superiores a los movimientos bancarios reales. La UCO aplicó ‘un criterio de prudencia’ y plantea que pudo haber inflado los gastos o haber utilizado dinero de procedencia desconocida para justificarlos.
La Trama de Adjudicaciones y el Papel Clave de Servinabar
En el epicentro de la causa se sitúa Servinabar, empresa navarra cuyo propietario, Joseba Antxon Alonso, es amigo personal de Cerdán. La UCO mantiene que el exdirigente posee el 45% de las participaciones, extremo que él niega. El informe documenta que Alonso intentó comprar un piso en Madrid por cerca de un millón de euros para uso de Cerdán y su esposa, operación que se frustró por discrepancias con los vendedores.
Los 323.178,41 euros que la Guardia Civil atribuye a la familia del exdirigente proceden de múltiples vías: 1.300 euros mensuales abonados a su esposa por una empresa de Armilla (Granada) en la que nunca trabajó, el pago de una multa de tráfico, alquileres, renting de vehículos y compras de mobiliario, todos ellos sufragados con cargo a las cuentas de la trama.
El vínculo con Acciona resulta determinante. Según el análisis policial, entre 2015 y 2025 Servinabar ingresó 8,65 millones de euros, de los que 7,5 millones (87,04%) procedían de la constructora o de proyectos vinculados a ella. En los años de Ábalos al frente del ministerio, esa dependencia se disparó hasta el 95,72% en 2019 y el 99,81% en 2020. La UCO concluye que Cerdán actuó como ‘enlace’ para amañar contratos a cambio de comisiones del 2%.
La UCO constata que la familia Cerdán se benefició de 323.178,41 euros de la trama, y que Servinabar recibió el 87% de sus ingresos de Acciona, evidencia del presunto tráfico de influencias.
El Contexto Operativo
La investigación de la UCO se enmarca en la intensa actividad de la Guardia Civil contra la corrupción en la contratación pública. Según datos del Ministerio del Interior, solo en los últimos cinco años las unidades especializadas han participado en la desarticulación de más de 200 tramas de corrupción, con un volumen de fondos públicos recuperados que supera los 1.500 millones de euros. La capacidad de la UCO para analizar durante más de un año el patrimonio de un cargo público y destapar rentas ocultas refleja la sofisticación de los medios técnicos y humanos de la Benemérita en la lucha contra el crimen económico.
En este caso, el juez Ismael Moreno mantiene una pieza secreta relacionada con los reembolsos de gastos del PSOE, donde se investiga si los billetes de alta denominación —apodados ‘chistorras’, ‘soles’ y ‘lechugas’ en conversaciones intervenidas— pudieron ser blanqueados a través de las liquidaciones. La UCO ha solicitado además autorización judicial para acceder a las cuentas de la esposa, hija, hermana y cuñado de Cerdán, lo que evidencia que la investigación sigue abierta y se esperan nuevas diligencias en los próximos meses. Con este informe, la Guardia Civil no da por concluida la investigación sobre el patrimonio del exdirigente.
