El Govern movilizará 255 millones de euros anuales para rehabilitar viviendas degradadas y recuperar pisos en desuso en Cataluña. El Programa Regenera, pactado con ERC, tendrá una vigencia de tres años y concentrará sus primeros esfuerzos en los barrios donde el deterioro del parque residencial ya compromete la habitabilidad.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Energética, Sílvia Paneque, y la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, presentaron el plan este lunes en Esparreguera (Barcelona). Lo hicieron con un mensaje compartido: Cataluña necesita vivienda nueva, pero no puede permitirse seguir perdiendo la que ya tiene.
Los datos del parque residencial explican la urgencia. Cataluña cuenta con alrededor de cuatro millones de viviendas, y el 60% se construyeron antes de 1980. En las zonas catalogadas de vulnerabilidad socioeconómica, el deterioro progresivo pone en riesgo las condiciones de habitabilidad de 560.000 viviendas, una de cada siete del país. Son edificios de otra época, con normativa de otra época.
Qué contiene el Programa Regenera y por qué prioriza los barrios vulnerables
El plan se despliega en seis líneas de actuación. La intervención directa sobre los barrios y los edificios más vulnerables se lleva la mayor parte de la dotación; a partir de ahí, el programa contempla la creación de oficinas de apoyo a la ciudadanía, préstamos públicos para financiar obras, la adquisición de viviendas para engrosar el parque público y medidas específicas para municipios rurales y de pequeña dimensión.
Esas oficinas buscan resolver uno de los problemas clásicos de este tipo de programas: el desconocimiento. Muchas comunidades de vecinos no saben a qué ayuda pueden optar, quién les tramita el proyecto ni cuánto tardará la resolución. El acompañamiento se convierte así en una pieza tan relevante como el dinero.
La sexta línea apunta a un obstáculo menos visible y más persistente: las barreras técnicas, administrativas y económicas que frenan las reformas. Comunidades de propietarios sin capacidad de ahorro, edificios con proyectos complejos y trámites que se alargan durante meses. En los municipios pequeños, ese cuello de botella es todavía más estrecho, porque no hay empresas de rehabilitación cerca ni volumen suficiente para que las obras salgan a cuenta.
Rehabilitar un edificio cuesta una fracción de lo que cuesta levantarlo, pero exige una maquinaria administrativa que Cataluña todavía no tiene afinada.
Capella resumió la lógica del programa con una frase que funciona también como aviso: ‘Cataluña necesita construir vivienda nueva, pero también debe evitar perder el parque de vivienda que ya tenemos’. La portavoz republicana conoce el terreno. Antes que Paneque, ocupó precisamente la consejería de Territorio.
De 190 a 255 millones: el precio del pacto presupuestario con ERC
El programa nace de la negociación de las cuentas públicas. El acuerdo cerrado con ERC en mayo dejó la dotación presupuestaria en 190 millones de euros anuales, treinta más de los inicialmente acordados con la formación de Oriol Junqueras. A esa cantidad se suma una línea de financiación del Institut Català de Finances (ICF) que eleva el total anual hasta los 255 millones. El plan se reparte a lo largo de tres ejercicios.
La lectura política tiene dos capas. ERC exhibe ante su militancia un resultado tangible de su apoyo a los presupuestos de Salvador Illa, en un momento en que la relación entre socios vive bajo escrutinio permanente. El Govern, por su parte, despliega una política de vivienda sin entrar en el terreno más incómodo: los precios del alquiler y la intervención del mercado. Los 255 millones anuales equivalen a unos 32 euros por catalán, una cifra modesta para el tamaño del problema.
Rehabilitar no es construir: la asignatura pendiente de la ejecución
Cataluña lleva dos décadas intentando intervenir en sus barrios más castigados, y no siempre con éxito. El Pla de Barris que impulsó el tripartit en 2004 sirvió para coordinar a la Generalitat y a los ayuntamientos en la mejora de espacios públicos y equipamientos, pero su alcance quedó lejos de resolver el fondo del asunto. La lección fue incómoda: identificar el edificio es fácil; movilizar a sus propietarios, bastante menos.
La comparación con los fondos europeos de rehabilitación que gestiona el Gobierno central invita a la prudencia. Los programas estatales de ayudas a la eficiencia energética de los edificios arrastran una ejecución desigual en buena parte del país, con comunidades autónomas incapaces de absorber el dinero comprometido dentro de los plazos. Cataluña no es una excepción.
Ahí está el riesgo del Programa Regenera. Los 255 millones son un techo teórico, no una ejecución garantizada. La parte que sale de las cuentas públicas tiene un recorrido conocido, mientras que la línea de crédito del ICF depende de que las comunidades de propietarios se animen a firmar préstamos. Eso no se decreta. Se convence, y despacio.
El tercer frente es el parque público. Comprar viviendas para engordar la bolsa de alquiler social es la línea que más rédito político da y también la más lenta: cada operación exige negociar con propietarios privados, revisar cargas y cumplir plazos registrales. Nada de eso encaja bien con las urgencias que el Ejecutivo catalán quiere proyectar.
El primer balance real llegará cuando se publiquen las convocatorias y se cierre el primer ejercicio completo de ejecución. Hasta entonces, conviene recordar que la mayoría de los planes de rehabilitación catalanes no ha fracasado por falta de diagnóstico, sino por falta de capacidad para gastar. Ahí está la prueba que el Govern tiene pendiente.
