EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha admitido este lunes en el Senado que revisar la cartografía de zonas inundables exige al menos dos años.
- ¿Quién está detrás? El Ministerio para la Transición Ecológica, los organismos que dependen de él y las administraciones que comparecen en la comisión de investigación de la DANA.
- ¿Qué impacto tiene? Los municipios afectados seguirán planificando su prevención con mapas en revisión mientras las obras de emergencia ya están cerradas.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha cifrado este lunes en al menos dos años la actualización de los mapas de zonas inundables en España.
La cifra la puso encima de la mesa en la comisión de investigación del Senado sobre la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos, el fenómeno que desencadenó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024). Ese órgano examina las circunstancias que rodearon la catástrofe del 29 de octubre y la respuesta de cada administración. Morán acudió a defender la gestión de los organismos asociados a su ministerio. Salió con un calendario que ninguna administración había puesto por escrito hasta ahora.
Dos años para tener mapas nuevos y una defensa cerrada de la gestión
Su argumento es jurídico antes que técnico. La revisión de una cartografía de suelos inundables busca, según explicó, trasladar seguridad jurídica a los posibles afectados, y ese recorrido —desde que se abre el procedimiento hasta que concluye— no baja de los dos años. Dicho de otra forma: el mapa que decide dónde se construye no se revisa en meses.
El propio secretario de Estado se apresuró a acotar la lectura de sus palabras. Que la cartografía esté en revisión, sostuvo, no equivale a que no se hayan ejecutado obras en el conjunto del territorio golpeado por la riada. Las actuaciones de emergencia, dijo, ya están concluidas.
La distinción importa porque son dos relojes distintos. Uno mide lo urgente: retirar lodos, reparar acequias, reabrir carreteras. El otro mide lo estructural: saber, con un plano oficial en la mano, qué suelo se inunda, con qué frecuencia, y con qué consecuencias para quien vive encima. Esa segunda capa es la que ordena los planes de evacuación de los ayuntamientos, las licencias urbanísticas y las primas del seguro. Sigue pendiente.
Actualizar un mapa de riesgo no salva vidas por sí solo, pero evita que la próxima vez se improvise con el agua ya dentro de las casas.
Esta discusión tampoco es nueva. Cada gran inundación de las últimas décadas —Biescas en 1996, Murcia en 2012— devolvió a la primera plana la misma pregunta: por qué la prevención se revisa después de la catástrofe y no antes. Lo que cambia esta vez es la escala del territorio afectado y el volumen de obras, licencias y ayudas que dependen de esa cartografía.
En clave nacional, la comisión no juzga solo a un ministerio. Repasa cómo respondieron el Gobierno central, la Generalitat y las diputaciones el día de la riada y en los meses posteriores, y sus conclusiones acabarán alimentando el debate en el Congreso. Ninguna administración quiere ser la que firmó el retraso del mapa.
Quién actualiza los mapas y por qué los plazos se estiran
La cartografía de zonas inundables se elabora desde el Ministerio para la Transición Ecológica, con los datos de las confederaciones hidrográficas y de los organismos de cuenca. Después, los ayuntamientos la incorporan a su planeamiento urbanístico y las comunidades autónomas a sus planes de emergencia. Tres escalas administrativas, un único documento de referencia y un procedimiento de revisión que, por diseño, va despacio.
De ahí sale el nudo del asunto. Mientras el mapa oficial está en revisión, los municipios trabajan con la versión anterior del documento, y decisiones que dependen de ella —una licencia, un plan de evacuación, una obra de defensa— se siguen tomando sobre un suelo que quizá ya merece otra clasificación. Para los ayuntamientos afectados, eso significa moverse con certezas provisionales durante al menos dos años más.
El Escenario Valenciano
En la Comunitat Valenciana, la pelota está en dos tejados. El Consell de Juanfran Pérez Llorca, el gobierno autonómico que preside la Generalitat desde diciembre de 2025, mantiene su pacto con Vox y canaliza la reconstrucción a través del Plan RERD, el instrumento con el que distribuye los fondos de recuperación. El reloj que marca ese plan, eso sí, mide la obra ejecutada, no la cartografía pendiente.
En las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños), PSPV y Compromís llevan meses reclamando un calendario cerrado de prevención. La respuesta del Consell suele remitir al reparto competencial, que sitúa la cartografía en manos del Estado.
La política valenciana arrastra, además, el proceso judicial abierto por la DANA, en el que el expresident Carlos Mazón sigue siendo una de las figuras centrales. Dimitió el 3 de noviembre de 2025 por su gestión de la catástrofe y conserva su acta de diputado en las Corts. Su nombre aparece en cada comparecencia sobre lo que falló aquel 29 de octubre.
El calendario aprieta. El 29 de octubre de 2026 se cumplen dos años de la riada, una fecha que volverá a medir los balances del Consell, del Gobierno de Pedro Sánchez y de las asociaciones de afectados. Antes de esa cita quedan nuevas sesiones de la comisión del Senado, y el PP nacional tendrá que decidir cuánto pesa la DANA en su discurso. Para los vecinos de las zonas inundables, el mapa seguirá siendo, por ahora, el de siempre.
Ficha del Caso
- El caso: El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, defiende en el Senado la gestión de la DANA de su ministerio y admite que revisar los mapas de zonas inundables exige al menos dos años.
- Datos importantes: La revisión de la cartografía de suelos inundables no baja de los dos años. Las obras de emergencia derivadas de la DANA están concluidas, según el ministerio. La catástrofe se produjo el 29 de octubre de 2024 y su segundo aniversario llega el 29 de octubre de 2026.
- Resumen: Los municipios afectados seguirán planificando su prevención con mapas en revisión mientras el Senado, el Congreso y las administraciones cruzan responsabilidades sobre lo que falló.
